STC13650-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13650-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00341-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 18 de marzo de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ingrid Marcela Zapata Ipia, en representaci\u00f3n de su menor hija, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los intervinientes en el tr\u00e1mite que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, en representaci\u00f3n de su menor hija, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, salud e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a las autoridades querelladas \u00abresuelva en derecho el tr\u00e1mite incidental por desacato, que motiva la misiva y que termin\u00f3 de manera arbitraria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ingrid Marcela Zapata Ipia, en representaci\u00f3n de su menor hija, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, al considerar quebrantado el debido proceso, habida cuenta de que no dio tr\u00e1mite al incidente formulado en contra de Coosalud EPS; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, quien con fallo de 29 de octubre de 2020 accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de amparo, al considerar que dej\u00f3 de pronunciarse sobre el eventual incumplimiento de los numerales 3\u00b0 y 4\u00b0 de la sentencia de tutela objeto de verificaci\u00f3n, por lo que le orden\u00f3 al despacho judicial encausado \u00abresolver nuevamente dar aplicaci\u00f3n o no al tr\u00e1mite de incidente de desacato solicitado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, la promotora formul\u00f3 incidente de desacato en contra del Juzgado, al considerar que no hab\u00eda dado cumplimiento a la orden de tutela; el 11 de diciembre de 2020 el Tribunal se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite incidental, al considerar que exist\u00eda cumplimiento al fallo. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la actora, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, no cuenta con un veh\u00edculo automotor para llevar a la menor a las citas m\u00e9dicas, adem\u00e1s \u00abno tiene ning\u00fan deber u obligaci\u00f3n de asistir a tramitar transportes a la oficina de Coosalud EPS cuando la accionada neg\u00f3 el transporte (exigiendo orden m\u00e9dica)\u00bb, raz\u00f3n por la que la orden de tutela no est\u00e1 cumplida. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que con el actuar de los querellados se vulner\u00f3 las prerrogativas imploradas a favor de su menor hija. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Hospital Benjam\u00edn Barney Gasca E.S.E. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, pues atendi\u00f3 a la menor en consulta ambulatoria, remiti\u00e9ndola en oportunidad a las diferentes especialidades m\u00e9dicas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; manifest\u00f3 que el 11 de diciembre de 2020 se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite incidental, por cuanto el Juzgado criticado cumpli\u00f3 lo ordenado en el fallo de tutela de 29 de octubre anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Personer\u00eda Santiago de Cali inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues no es de su competencia decidir de fondo sobre las pretensiones expuestas en la solicitud de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luc\u00eda arbitraria, pues el Tribunal encontr\u00f3 que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali cumpli\u00f3 la orden impartida en el fallo de tutela de 29 de octubre de 2020 <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00ablo que pretende la peticionaria es valerse de la acci\u00f3n de tutela para buscar una decisi\u00f3n diferente a la proferida en el incidente de desacato, desconociendo que lo resuelto hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, lo cual impide revivir una controversia superada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora manifestando que \u00abla providencia carece total\u2026 congruencia y de derecho que promueve la impunidad en favor en favor de la delincuencia o victimarios, que evidencia dec\u00eda de leer las pruebas e investigar los antecedentes, que desconoce por complejo los hechos reales, las conductas dilatorias, y evidencia no compadecimiento de la condici\u00f3n de salud de la menor, y acomodada a los beneficios del victimario y tirano Juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que es viable la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (Citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, de entrada advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, habida cuenta que no luce arbitrario el prove\u00eddo de 11 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s del cual el Tribunal acusado se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite incidental propuesto por la actora en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali; pues, en verdad, all\u00ed se hizo un an\u00e1lisis razonado del caso concreto, encontrando incumplida la orden constitucional emitida a favor de la gestora. <\/p>\n
En efecto, tras relatar la figura del desacato y el objeto del mismo en aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia constitucional (T-421\/03), de cara al caso concreto, estudi\u00f3 la obligaci\u00f3n impuesta, precisando que: <\/p>\n
\u201cTERCERO: ordenar a Coosalud EPS que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas calendario contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva la petici\u00f3n elevada por Ingrid Marcela Zapata Ipia el 30 de enero de 2020, en donde se le d\u00e9 una respuesta completa, clara, precisa, de fondo y de manera congruente con lo solicitado. CUARTO: ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, ponga en su conocimiento la respuesta NURC 2-2020-69361 del 12 de junio de 2020 a la se\u00f1ora Ingrid Marcela Zapata Ipia. QUINTO: ordenar a Coosalud EPS que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n y en adelante, garantice el tratamiento integral en favor de la menor Danna Sofia Dagua Zapata, respecto a su diagn\u00f3stico de dermatitis at\u00f3pica, xerosis cut\u00e1nea, constipaci\u00f3n, y el procedimiento de diagn\u00f3stico para descartar posible s\u00edndrome de hiperinmunoglobulina E (IGE). Lo anterior, en procura de que sean prestados los servicios que disponga el m\u00e9dico tratante en consideraci\u00f3n a los mencionados diagn\u00f3sticos con el fin de lograr la recuperaci\u00f3n o estabilizaci\u00f3n integral de la salud de la ni\u00f1a. SEXTO: ordenar a Coosalud EPS que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, autorice el cubrimiento de los gastos de transporte a la ciudad de Cali para la menor Danna Sofia Dagua Zapata y su madre como acompa\u00f1ante Ingrid Marcela Zapata Ipia, donde la primera realiza las citas m\u00e9dicas y controles, que son necesarios para tratar las enfermedades que padece\u201d. <\/p>\n
Teniendo como base dichas ordenes, decant\u00f3 la Sala que nada se indic\u00f3 en el tr\u00e1mite incidental respecto del cumplimiento de las \u00f3rdenes del numeral tercero, cuarto y sexto. De manera que, dentro del presente tr\u00e1mite incidental se ha de analizar si las mismas ya fueron objeto de estudio dentro del desacato adelantado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali. Espec\u00edficamente, lo concerniente a las peticiones elevadas ante Coosalud EPS y la Superintendencia Nacional de Salud y la entrega de los auxilios de transporte. <\/p>\n
Seguidamente, frente al cumplimiento impartido a la referida orden, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Se alleg\u00f3 al proceso medios de prueba por parte del Juez Quinto Penal del Circuito de Cali, donde se advierte que mediante auto del 6 de noviembre de 2020 volvi\u00f3 a resolver la solicitud de desacato elevada por la accionante. Decisi\u00f3n que, en atenci\u00f3n a lo dispuesto por la Sala, indic\u00f3 que se verific\u00f3 que el 10 de septiembre de 2020 Coosalud EPS hab\u00eda dado respuesta a la accionante, de manera que se daba cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero. <\/p>\n
Misma conclusi\u00f3n arrib\u00f3 respecto de la orden del numeral cuarto. Indic\u00f3 que se estableci\u00f3 que la Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio del mes de junio de 2020 hab\u00eda resuelto de fondo la solicitud de la accionante. de manera que no exist\u00edan razones para considerar desacato a lo ordenado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los vi\u00e1ticos, punto que resalta la accionante como incumplido, seg\u00fan se logra extraer de los videos y la gran cantidad de archivos y escritos adjuntados a la solicitud de apertura de incidente de desacato, indic\u00f3 se indica en la decisi\u00f3n que Coosalud E.P.S., dada la renuencia de la madre de la menor a comparecer a sus oficinas sin explicaci\u00f3n razonable, procedi\u00f3 a consignar los costos de transporte a trav\u00e9s de Efecty por valor de $36.000 pesos, para que se desplazara a las citas programadas. Sin embargo, dicho dinero no fue reclamado ni tampoco compareci\u00f3 a las citas m\u00e9dicas. <\/p>\n
Sobre este aspecto, cuestiona la agente oficiosa de la menor que no se le consult\u00f3 al momento de definir el monto de los vi\u00e1ticos que deb\u00eda pagar Coosalud. Esta inconformidad en manera alguna puede ser de recibo para la Sala porque la definici\u00f3n del valor del transporte no puede ser fijada a discrecionalidad de la accionante ni tampoco de la EPS. Su fijaci\u00f3n debe estar sujeta a est\u00e1ndares objetivos que permitan asegurar los fines del mismo, es decir, garantizar el transporte de ida y vuelta de la menor junto con su madre a las citas m\u00e9dicas programadas en Cali. <\/p>\n
En ese sentido, se tiene que, en efecto, dentro del tr\u00e1mite incidental adelantado por el Juez Quinto Penal del Circuito, Coosalud EPS alleg\u00f3 medios de prueba con los cuales acredit\u00f3 que el valor de los vi\u00e1ticos se estableci\u00f3 conforme al valor de las tarifas de transporte intermunicipal publicadas en el portal virtual del Terminal de Transporte de Cali sobre la empresa L\u00edneas del Valle, donde se indica que el precio por persona es de $6.000 pesos. Es decir que, el total del pasaje de ida y vuelta para la menor y su madre ser\u00eda de $24.000. Es decir que, de los $36.000 consignados, queda un excedente de $12.000. <\/p>\n
Ahora, respecto del transporte necesario para el traslado desde la Terminal de Transporte de Cali hasta la Cl\u00ednica Fundaci\u00f3n Club Noel, IPS donde se programan las citas de la menor, indic\u00f3 Coosalud que existe una distancia de 5.23 kil\u00f3metros con un tiempo de viaje de 16 minutos. Distancia que, seg\u00fan las tarifas establecidas por la alcald\u00eda de Santiago de Cali para el servicio de transporte p\u00fablico taxi, se cubrir\u00eda con la ida y vuelta con los $12.000 pesos. Respecto de esta informaci\u00f3n, si bien, Coosalud tuvo en cuenta para definir el costo del transporte en taxi tarifas del a\u00f1o 2014, error completamente inobservado por el juez Quinto Penal del Circuito, lo cierto es que, verificado el costo actual del transporte, dicha distancia no superar\u00eda los $6.000 pesos. De manera que, los $12.000 pesos restantes son suficientes para garantizar el transporte de la menor y su madre en taxi. Medio de transporte que, incluso, otorga un grado de comodidad alto cuando existen otros medios de transporte p\u00fablicos que bien pueden utilizar, pues la menor no se encuentra en condiciones de salud que impidan la utilizaci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En esa medida, advierte la Sala que los yerros argumentativos que ameritaron la intervenci\u00f3n del juez constitucional para anular dicho tr\u00e1mite, han sido subsanados, en la medida que se tuvieron en cuenta todas las \u00f3rdenes impartidas en la acci\u00f3n de tutela que conoce el Juez quinto Penal del Circuito. Luego, deviene palmario el cumplimiento de la orden emitida por esta Dependencia. Raz\u00f3n por la cual, no se hace necesario el tr\u00e1mite de desacato, por lo que la Sala se abstendr\u00e1 de iniciar el mismo, pues la transgresi\u00f3n advertida ha sido superada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como el despacho accionado, con apoyo en las pruebas recaudadas, la normatividad aplicable al caso concreto y, espec\u00edficamente, en la conducta asumida por aqu\u00e9l de cara a la orden constitucional, concluy\u00f3 que el fallo de tutela ha sido acatado, especialmente lo relativo a los vi\u00e1ticos y transportes hac\u00eda la cl\u00ednica, con el fin de atender las citas programadas para la menor. <\/p>\n
En este orden de ideas, esas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [este juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador natural] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha sostenido de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo dicho en precedencia impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Asunto recepcionado en esta Sala Especializada el 24 de septiembre de 2021. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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