STC13654-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13654-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01987-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por C\u00e9sar Ignacio D\u00edaz Agudelo frente al fallo proferido el 16 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, petici\u00f3n, \u00abacceso a una correcta y eficiente administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por los accionados ante la falta de resoluci\u00f3n de las solicitudes que les present\u00f3 respecto de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar: i) a la DIAN, darle \u00abrespuesta clara, precisa, congruente y de fondo al derecho de petici\u00f3n radicado\u00bb; y ii) al Juzgado convocado, adelantar \u00ablas actuaciones que le son inherentes con ocasi\u00f3n a lo solicitado en el petitum del derecho de petici\u00f3n objeto de esta acci\u00f3n\u00bb y \u00abresolver las peticiones\u00bb que le ha incoado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo seguido -desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os- por el actor contra Cipecol Ltda. y Diana Isabel Nassif de Rima, la DIAN inform\u00f3 que con resoluci\u00f3n del 25 de julio de 2019 orden\u00f3 seguir adelante el cobro por una obligaci\u00f3n tributaria del a\u00f1o 2011 a cargo de Cipecol, por $5.356.000, m\u00e1s los intereses moratorios. <\/p>\n
2.2. El 2 de agosto \u00faltimo el actor formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la DIAN rog\u00e1ndole solicitar al Juzgado aludido poner a su disposici\u00f3n la suma de $25.000.000, con la cual afirma se cancelar\u00eda la obligaci\u00f3n tributaria y, seguidamente, \u00e9l podr\u00eda recibir el pago de lo que le deben; as\u00ed mismo, los d\u00edas 3 y 4 siguientes deprec\u00f3 al estrado judicial coadyuvar su solicitud y tr\u00e1mite ante la DIAN. <\/p>\n
2.3. Adem\u00e1s, el pasado 11 de agosto el Juzgado inform\u00f3 al quejoso que en el Banco Agrario y a \u00f3rdenes del mentando proceso ejecutivo en el que es acreedor, obran $368\u2019796.837. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 no haber desconocido los derechos del reclamante porque, \u00ab[c]omo quiera que la petici\u00f3n constitucional se centra en dejar a disposici\u00f3n de la DIAN la suma de $25.000.000.00\u00bb, lo cierto es que al \u00abno encontrar el oficio No 970 del 4 de marzo de 2021 en el expediente [comunicaci\u00f3n con la que supuestamente la DIAN le pidi\u00f3 dejar a su disposici\u00f3n los dineros], ha requerido a dicha entidad para que remita el mismo\u00bb, sin que haya recibido respuesta satisfactoria al respecto; que \u00ab[n]o se encuentra pendiente de resolver ninguna solicitud del accionante\u00bb; y que \u00abcada una de los requerimientos han (sic) sido resueltos por el despacho, siendo ajustados a lo solicitado por cada uno de los interesados\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que el asunto cuestionado no cursa all\u00ed sino en el despacho referido a espacio, a quien corri\u00f3 traslado de la presente queja constitucional. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales deprec\u00f3 decretar \u00abla existencia de la carencia actual del objeto por hecho superado con respecto a la presunta vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n\u00bb, comoquiera que la solicitud \u00abdel accionante fue contestada de fondo mediante oficio No. 1-32-274-579- 215 de fecha 10 de septiembre de 2021\u00bb, en el cual le indic\u00f3 que en esa misma data \u00abofici\u00f3 por correo electr\u00f3nico al Juzgado\u2026 y se solicit\u00f3 \u201cponer a disposici\u00f3n de forma INMEDIATA, los dineros que por concepto de embargo reposan en su Despacho a favor de la DIRECCI\u00d3N SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOT\u00c1\u2026, de conformidad con el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil y el 839 del Estatuto Tributario\u00bb; as\u00ed mismo, le manifest\u00f3 que \u00abuna vez ingresen los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, a la entidad y con estos\u2026 se cancele la totalidad de la obligaci[\u00f3]n\u2026 pendiente de pago, se proceder\u00e1 al levantamiento de las medidas cautelares y se enviara el comunicado a los bancos\u00bb, y \u00abse proferir\u00e1 auto de terminaci\u00f3n del proceso de cobro coactivo de la sociedad CIPECOL LTDA\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que se present\u00f3 un hecho superado, en la medida en que, en el curso de esta acci\u00f3n de tutela, \u00abla entidad accionada, en acatamiento al proceso coactivo, solicit\u00f3 al Juzgado, la conversi\u00f3n de los dineros, en la cantidad que estim\u00f3 necesaria para sufragar la totalidad del tributo adeudado, luego de lo cual, proceder\u00e1 a levantar las cautelas, es decir, la respuesta deprecada ya se dio\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, \u00aben lo atinente a los reclamos frente al Juzgado\u00bb, que al dar respuesta a la tutela \u00e9ste \u00abadujo que, al revisar el proceso ejecutivo, no encontr\u00f3 el mencionado oficio 970 del 4 de marzo de 2021, por ende, procedi\u00f3 a requerir a la DIAN para que lo remitiera\u00bb; de donde, \u00abcomo \u00e9sta \u00faltima entidad ya comunic\u00f3 al despacho judicial, la necesidad de la conversi\u00f3n de los dineros y su l\u00edmite, en aras de pagar el proceso coactivo en contra de CIPECOL Ltda., y a su vez, el despacho requiri\u00f3 tal aserto, tambi\u00e9n [se] halla superada la circunstancia que dio origen al reclamo constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo porque, en su sentir, el Tribunal, erradamente, \u00abencontr\u00f3 satisfechas las actuaciones, cargas y\/o competencias que le ata\u00f1en al Juzgado aqu\u00ed accionado con lo contenido en auto del\u2026 (19) de agosto de 2021\u2026[,] a trav\u00e9s del cual requiere a la DIAN para que le allegara copia del oficio N\u00b0 1-32-274-579-212; \u2026que fue aportado por dicha entidad desde el veintid\u00f3s de junio de 2021 y que pese a reposar en el expediente han transcurrido m\u00e1s de dos (2) meses, sin que el Despacho inicie las actuaciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que, \u00abcontrario a lo considerado por el a quo, la petici\u00f3n objeto de esta acci\u00f3n no puede entenderse materialmente resuelta y\/o absuelta de fondo por cuanto no se han efectuado a la fecha por parte del Juzgado y la DIAN\u2026 las siguientes actuaciones: 1. No se ha puesto a \u00f3rdenes de la DIAN de forma inmediata dentro de los procesos o proceso que lleva en contra de Cipecol\u2026 y\/o Diana Isabel Nassif de Rima, la suma de\u2026 ($25.000.000) para que se cancele la obligaci\u00f3n contenida en la resoluci\u00f3n No. 700042\u2026 del 25 de julio del 2019 a cargo de Cipecol\u2026[,] con los intereses moratorios. 2. Una vez est\u00e9 el Dep\u00f3sito o T\u00edtulo Judicial a disposici\u00f3n de la DIAN, esa entidad se sirva proferir un auto en el cual: a.- Se d\u00e9 por terminado el proceso que cursa contra Cipecol\u2026 por pago de la obligaci\u00f3n. b.- Se sirva levantar cualquier medida cautelar ordenada por la DIAN en contra de Cipecol\u2026 y\/o Diana Isabel Nassif de Rima\u2026, comunicando mediante oficio al Juzgado\u2026 que los demandados no tienen procesos coactivos en curso y se levante cualquier medida cautelar practicada u ordenada previamente por la DIAN\u00bb. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N RELEVANTE EN EL ASUNTO CRITICADO <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, la cual se concentra en que no se han tomado las medidas pertinentes para atender la solicitud del quejoso en punto a dejar a disposici\u00f3n de la DIAN los dineros suficientes para satisfacer la obligaci\u00f3n coactiva que all\u00ed se exige a Cipecol, se anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, como lo es el Juzgado convocado, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, en todo caso, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, se observa que, con posterioridad al fallo de tutela de primer grado y frente a las solicitudes referidas por \u00e9l como irresueltas, se pronunci\u00f3 de forma expresa el estrado encartado con auto del 22 de septiembre de 2021, pues all\u00ed, luego de advertir que en el oficio 970 del 4 de marzo anterior la DIAN no solicit\u00f3 dejar a su disposici\u00f3n \u00abuna suma de dinero en espec\u00edfico, m[a]s si\u2026 que \u201cse sirva convertir los T\u00edtulos de Dep\u00f3sito Judicial a [su] favor\u2026\u00bb, se itera que dispuso: i) informar a dicha entidad el estado actual del juicio ejecutivo; ii) requerirla para que indique de forma detallada el monto que \u00abse debe dejar a su disposici\u00f3n, de lo cual se proceder\u00e1 una vez se encuentren los presupuestos del art\u00edculo 465 del CGP\u00bb; iii) elaborar \u00abun informe de [los] t\u00edtulos judiciales que est\u00e9n a disposici\u00f3n de [ese] asunto\u00bb; y iv) \u00abconocido el valor que la DIAN indique dejar a su disposici\u00f3n\u00bb, a trav\u00e9s de la Oficina de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, entregar \u00aba la parte demandante y\/o su apoderado con facultad expresa para recibir, los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que se encuentren a disposici\u00f3n y para el presente proceso, hasta el monto de las liquidaciones del cr\u00e9dito y costas aprobada\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente rito supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como conculcadora de derechos esenciales, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador acusado se pronuncie frente a la solicitud de impulso procesal respecto al traslado de dineros a la DIAN para satisfacer el cobro coactivo que all\u00ed se adelanta y obtener el levantamiento de medidas cautelares, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
De all\u00ed que el resguardo no pueda prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
2.3. Por otro lado, siendo obvio que para cuando se radic\u00f3 la demanda y se dict\u00f3 el fallo de tutela de primer grado (16 de septiembre de 2021), no exist\u00eda la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el Juzgado acusado el 22 de septiembre \u00faltimo, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad, se ocupe de ella, comoquiera que no pudo ser cabalmente controvertida en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes, correspondi\u00e9ndole al actor agotar, ante el fallador ordinario, cualquier tipo de discusi\u00f3n frente a la misma. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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