STC13656-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13656-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03713-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor denunci\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso por parte de la Colegiatura acusada porque en la acci\u00f3n popular donde \u00e9l act\u00faa como coadyuvante, incoada por Vanessa P\u00e9rez Zuluaga contra la C\u00e1mara de Comercio de Dosquebradas (rad. 2019-00132), con auto del 5 de octubre \u00faltimo se declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia dictada en primera instancia; decisi\u00f3n con la cual, adujo, se pas\u00f3 por alto lo reglado en los preceptos 5\u00ba y 37 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la encausada dar tr\u00e1mite a la mentada alzada. <\/p>\n
2. Esta Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, porque el prove\u00eddo fustigado, del pasado 5 de octubre, se notific\u00f3 por estado al d\u00eda siguiente y para el 11 posterior -cuando se envi\u00f3 la respuesta- estaba pendiente de ejecutoria. <\/p>\n
Posteriormente, el 12 de octubre del a\u00f1o en curso, se certific\u00f3 a esta Corte que \u00abno reposa en el expediente memorial con recurso alguno contra el [mentado] auto\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda Municipal de Dosquebradas deprec\u00f3 \u00abdespachar de manera desfavorable las pretensiones de amparo constitucional formuladas por\u2026 Arias Id\u00e1rraga\u2026[,] como quiera que en ning\u00fan momento [le] ha transgredido garant\u00eda constitucional alguna que [le] fuere inherente\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Risaralda rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante, y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno por parte de [esa] Entidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el reparo planteado en la demanda de tutela, de entrada se advierte el fracaso del resguardo solicitado, por cuanto, para exponer la queja aqu\u00ed planteada, espec\u00edficamente la relacionada con el supuesto desacierto en la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia del a-quo en el juicio recriminado, el quejoso no agot\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda frente al auto del 5 de octubre \u00faltimo, mediante el cual el Tribunal convocado adopt\u00f3 tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de las herramientas ordinarias de defensa que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy precepto 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para confirmar la negativa frente al amparo reclamado en esa ocasi\u00f3n, dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, de entrada vislumbra la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional ha de confirmarse porque, muy a pesar de las alegaciones del censor, lo cierto es que aduciendo los reparos tra\u00eddos en la presente demanda de amparo, conforme se lo permit\u00eda el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, tuvo la posibilidad, ante el juez natural y en la oportunidad legal, de controvertir cada uno de aquellos autos a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, lo cual no hizo, permitiendo que \u00e9stos cobraran ejecutoria; circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, configur\u00e1ndose la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, atado a lo all\u00ed definido. <\/p>\n
Al respecto, frente a la inviabilidad de la salvaguarda por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones… que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado en STC3512-2015, 26 mar. 2015) (CSJ STC677-2021, 3 feb., rad. 2020-00581-01). <\/p>\n
3. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo pedido. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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