STC13657-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13657-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 23 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Alejandro D\u00edaz Casta\u00f1o contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esta misma cuidad, y Davivienda S.A., actuaci\u00f3n a la que fueron vinculadas las partes en el tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n y \u00abhabeas data\u00bb, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto el fallo de tutela de 19 de octubre de 2020 emitido por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el 2 de octubre anterior el despacho Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad y, en consecuencia, \u00abse ordene al Banco Davivienda a responder\u2026 todas y cada una de [sus] solicitudes y peticiones elevadas en relaci\u00f3n con la cuenta de ahorros -fijo diario 0570- n\u00b0 007470439170 de la que fu[e] cuentahabiente desde el 24 de agosto de 2012, hasta su cancelaci\u00f3n, el dos (2) de junio de 2016; y, a que la respuesta sea CLARA, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de f\u00e1cil comprensi\u00f3n; PRECISA, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en informaci\u00f3n impertinente y sin incurrir en f\u00f3rmulas evasivas o elusivas; CONGRUENTE, de suerte que abarque la materia objeto de la petici\u00f3n y sea conforme con lo solicitado; y CONSECUENTE con el r\u00e9gimen en que estas se han realizado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Alejandro D\u00edaz Casta\u00f1o promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra de Davivienda S.A., al considerar que su garant\u00eda de petici\u00f3n fue quebrantada, por lo que pidi\u00f3 se le ordenara a la convocada \u00abd[ar] respuesta a las solicitudes relacionadas con su cuenta de ahorros fijo diario 0570 No. 007470439170 de la cual fue cuentahabiente desde el 24 de agosto de 2012 hasta el 2 de junio de 2016\u00bb, pues el 14 de agosto de 2020 pidi\u00f3 copia elegible y en formato pdf de cada uno de los extractos generados, solicitud que reiter\u00f3 el d\u00eda 20 siguiente, al tiempo que pretendi\u00f3 copia de los comprobantes de consignaci\u00f3n realizados a su cuenta, fecha y montos. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, quien con fallo de 2 de octubre de 2020 neg\u00f3 el amparo suplicado por hecho superado, pues las peticiones fueron contestadas; determinaci\u00f3n confirmada el 19 de octubre siguiente por el despacho Treinta Civil del Circuito de esta ciudad y, con auto de 3 de noviembre de 2020 neg\u00f3 la nulidad deprecada por el promotor, tras indicar que \u00abDavivienda S.A. acredit\u00f3 haber remitido la respuesta al derecho de petici\u00f3n a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica ja.diaz912@uniandes.edu.co, por lo que concluye el despacho se encuentra superada la situaci\u00f3n incoada por el activante\u00bb. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 el quejoso, en lo medular, que las sedes judiciales accionadas al resolver su primigenia solicitud de amparo \u00abtuvieron como cierta, sin serlo, la entrega de todos los documentos solicitados\u00bb, adem\u00e1s, tampoco tuvo en cuenta que Davivienda no dio respuesta clara, comprensible ni de fondo a cada petici\u00f3n elevada. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que los jueces criticados tuvieron como acreditado \u00abque la accionada respondi\u00f3 integralmente [sus] peticiones, pero sin practicar la prueba que acreditara la entrega de los extractos peticionados, mismos que ni fueron entregados al consumidor financiero ni aportados con la contestaci\u00f3n de la accionada\u00bb; adem\u00e1s, porque tampoco es cierto que Davivienda \u00abhaya enviado a ja.diaz912@uniandes.edu.co \u2026respuesta alguna a las peticiones del 14 y 20 de agosto de 2020\u00bb, toda vez que existe una inconsistencia en el dominio de la cuenta que all\u00ed se refiri\u00f3, esto es, \u00abunidades.edu.co\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el 3 de diciembre de 2020 y 19 de agosto de 2021, esto es, con posterioridad a los fallos criticados, reiter\u00f3 la solicitud a Davivienda, pues dicha entidad financiera \u00abno ha hecho entrega de los extractos de Mayo de 2013; Mayo de 2014; Mayo de 2015 y Marzo de 2016\u00bb, as\u00ed como \u00ablos comprobantes de consignaci\u00f3n solicitados a fin de determinar el nombre de quien los haya realizado de modo que ruego su env\u00edo inmediato en un formato que sea legible y de conformidad con la relaci\u00f3n actualizada el 23 de octubre de 2020\u00bb; sin embargo, ante estas nuevas peticiones, el ente financiero guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no procede acci\u00f3n supralegal contra sentencias de tutela, adem\u00e1s porque si existi\u00f3 alg\u00fan desafuero por los falladores querellados, el promotor ante la Corte Constitucional a pretender la revisi\u00f3n del fallo, incluso, su eventual insistencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, pues las sentencias de tutelas censuradas datan de 2 y 19 de octubre de 2020. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, a los que adicion\u00f3 que ante el silencio de la entidad financiera, debe \u00aboperar la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 20 del [decreto 2591 de 1991]\u00bb; destac\u00f3 que el a quo constitucional \u00abpas\u00f3 por alto las peticiones elevadas a Davivienda el tres (3) de diciembre de 2020 y el 19 de agosto de 2021, tal y como se narr\u00f3 en los hechos de la solicitud de amparo\u00bb, situaci\u00f3n que, \u00abconfigura una nueva vulneraci\u00f3n a [su] derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ya que omite resolver todos los puntos sobre los que ha debido ocuparse\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 19 de octubre de 2020, que confirm\u00f3 el proferido el 2 de octubre anterior por el despacho Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, que neg\u00f3 la solicitud de amparo por \u00e9l deprecada, tras considerar que se configur\u00f3 un hecho superado, por cuanto Davivienda S.A. el 22 de septiembre de 2020 dio respuesta a las peticiones formuladas el 14 y 20 de agosto anterior; decisi\u00f3n que, deduce, tuvo como cierto, sin serlo, la entrega de todos los documentos solicitados. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el 29 de enero de 2021, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-8038735), sin que aqu\u00e9l efectuara solicitud alguna ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, frente al hecho nuevo endilgado por el actor, esto es, la falta de respuesta por parte de Davivienda S.A. de las peticiones que elev\u00f3 el 3 de diciembre de 2020 y 19 de agosto de 2021, se tiene que tales solicitudes no tienen relaci\u00f3n directa con los fallos cuestionados, pues tal como lo afirm\u00f3 el promotor, son solicitudes que formul\u00f3 con posteridad de dichas decisiones, por lo que, sin asomo de duda, aflora la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le son aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, que en lo que aqu\u00ed interesa, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n
Ahora, en el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe, se itera, el inconforme lo dirigi\u00f3 contra Davivienda S.A., respecto de las solicitudes que el 3 de diciembre de 2020 y 19 de agosto de 2021 directamente radic\u00f3 el actor, de las que, deduce, no le dieron respuesta o fueron insuficientes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad relacionada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-). <\/p>\n
<\/p>\n
1. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite respecto de Davivienda S.A., est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De otra parte, en cuanto a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u201d, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u201d (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado en lo relativo a los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
5.1. As\u00ed mismo, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja dirigida contra Davivienda S.A., a la oficina de asignaciones de los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver, en primera instancia, ese reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
1. Confirmar el fallo impugnado en lo referente al amparo deprecado contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que se refiere a Davivienda S.A., sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena remitir de inmediato copia del expediente a la oficina de asignaciones de los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver, en primera instancia, ese reclamo constitucional. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama, l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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STC13657-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13657-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}