STC13662-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13662-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00880-01 (Aprobada en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Jairo Antonio Musso Torres frente a la sentencia de 13 de mayo pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, Sala Penal; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado 12\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00eddem, as\u00ed como los dem\u00e1s part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales \u00abal debido proceso, a la defensa y a la igualdad\u00bb, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n jurisdiccional requerida. <\/p>\n
Y, en concreto, que se ordene dejar sin valor lo dirimido con relaci\u00f3n a la \u00abacumulaci\u00f3n\u00bb, dispuesta dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab2004-00041\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado 12\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad se surte, bajo el consecutivo descrito a espacio, la vigilancia de la condena intramural impuesta contra el titular del resguardo, en fallo de 12 de enero de 20052, por el delito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb, que est\u00e1 siendo purgada en el establecimiento carcelario La Picota. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho estrado judicial opt\u00f3 mediante auto de 21 de agosto de 2020, en \u00faltimas, por \u00ab[a]cumular\u00bb al expediente \u00ablas penas impuestas\u00bb en otros decursos3 frente al tutelante; providencia que, a su turno, devino ratificada por el Tribunal fustigado mediante pronunciamiento de 17 de febrero de la anualidad que transcurre, en sede de apelaci\u00f3n4. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante sostuvo que con las determinaciones acabadas de aludir se trasgredieron sus intereses, por cuanto, en apretada s\u00edntesis, le fue impedido a la defensa acceder a los paginarios acumulados y, asimismo, dej\u00f3 de ser aplicada la normativa m\u00e1s favorable al caso (ley 599 de 2000, art. 31), en contraste a como lo hicieran los jueces de conocimiento. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las dependencias judiciales accionadas respaldaron, por aparte, la pertinencia de sus resoluciones. <\/p>\n
2. Las fiscal\u00edas involucradas tambi\u00e9n se opusieron, separadamente, a la ventura de la clama. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, a la postre, que los autos disentidos \u00abest\u00e1n dotad[o]s de argumentos razonables, a partir de la interpretaci\u00f3n del marco normativo aplicable\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante, quien con la ayuda de su mandatario persisti\u00f3 en los reproches y discrep\u00f3 de lo dirimido por el a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se conduce a analizar el auto de 17 de febrero de los corrientes en sus cimientos, pues fue el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por definir el debate ahora tra\u00eddo. <\/p>\n
N\u00f3tese que all\u00ed el Tribunal recriminado, en lo estrictamente medular, acot\u00f3: <\/p>\n
\u2026No es discutible que el delito de desaparici\u00f3n forzada es una conducta de ejecuci\u00f3n permanente, que se inicia con la retenci\u00f3n arbitraria de la v\u00edctima, consum\u00e1ndose de manera indefinida en el tiempo hasta la terminaci\u00f3n de ese estado de privaci\u00f3n de libertad, ya porque de alguna manera se recobra [e]sta (el victimario la libera, se fuga o es rescatada), ya porque se ocasiona su deceso. Pero en este evento, esto es, si a la persona se le causa la muerte despu\u00e9s de su privaci\u00f3n de libertad, es evidente que la consumaci\u00f3n del delito de desaparici\u00f3n forzada se proyecta hasta cuando se sabe de la ubicaci\u00f3n de sus restos. La desaparici\u00f3n forzada es un delito permanente que se proyecta en el tiempo mientras perdura el ocultamiento y termina cuando se sabe de la v\u00edctima, viva o muerta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Si se tiene en cuenta que la ley 890 de 2004, seg\u00fan su art\u00edculo 15, entr\u00f3 a regir el 1 de enero de 2005, en cuanto a que la pena m\u00e1xima por concurso es de 60 a\u00f1os (art\u00edculo 1), es claro que las acusaciones que abarcan los delitos de desaparici\u00f3n forzada y concierto para delinquir en los primeros 4 casos [contra el condenado], tienen acusaci\u00f3n con fecha posterior a esta (1 de enero de 2005)\u2026, de modo que los delitos que en esos casos se atribuyeron se siguieron ejecutando despu\u00e9s de la vigencia de la ley 890 de 2004, y por lo tanto la decisi\u00f3n del juzgado de penas al acumular jur\u00eddicamente las impuestas en 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, no es arbitraria sino razonada, ajustada a esta norma legal. <\/p>\n
S[\u00f3]lo en el caso (v) la acusaci\u00f3n es de(\u2026) antes de la vigencia de la ley 890 de 2004, pero este hecho (\u2026) no tiene la eficacia de enervar el hecho de que todas las dem\u00e1s son posteriores y por lo tanto el problema jur\u00eddico planteado en el recurso no contiene suficientes elementos cr\u00edticos de juicio para enervar las razones del juzgado en la decisi\u00f3n tomada\u2026 <\/p>\n
Criterio que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas y, por ende, las r\u00e9plicas no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, m\u00e1s all\u00e1 de lo acontecido en la tramitaci\u00f3n del asunto reprochado, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el juez de alzada revalid\u00f3 la acumulaci\u00f3n dispuesta por el despacho judicial que vigila las penas impuestas contra aquel; planteamientos que improbable es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del basamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, per se, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n [de salvaguarda] para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al [litigio] sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone reafirmar el veredicto tutelar de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, s\u00f3lo hasta el 16 de septiembre de los corrientes, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Establecida finalmente en 90 meses de prisi\u00f3n, m\u00e1s multa de 6.500 s.m.l.m.v. <\/p>\n
3\u0002 Por los punibles de \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb y \u00abhomicidio\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Intentada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
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