STC13686-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13686-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2021-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 3 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Estevens Navarro Castro contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Granada, Bancolombia S.A. y Reintegra S.A.S. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital e igualdad, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas en el proceso ejecutivo hipotecario de radicado 2014-00115-00. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Bancolombia S.A. promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Juan Estevens Navarro Castro el 20 de junio de 2014. Por reparto, el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Granada, quien en sentencia del 6 de mayo de 2015, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO. DECRETAR la venta en p\u00fablica subasta del inmueble hipotecado previo avalu\u00f3 del mismo y con su producto p\u00e1guese el cr\u00e9dito del demandante, por capital, intereses y costas <\/p>\n
SEGUNDO. En cumplimiento a lo preceptuado por el 521 del C.P.C. pract\u00edquese la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por las partes. <\/p>\n
TERCERO. Condenar en costas del proceso a cargo de la parte demandada, y se se\u00f1ala la suma de 5.000.000.oo como agencias en derecho1\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el estrado enjuiciado decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble hipotecado2, el 26 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, el actor impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, al estimar que las sociedades convocadas no tuvieron en cuenta su calidad de v\u00edctima del conflicto armado. Y como tal, debieron aplicar el principio de solidaridad y la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n en lo que respecta a la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones dinerarias adeudadas. <\/p>\n
Asimismo, reproch\u00f3 que, \u00ablas actuaciones de las autoridades judiciales accionadas o vinculadas a estos tr\u00e1mites, en el sentido de continuar los procesos ejecutivos, despu\u00e9s de conocer la situaci\u00f3n de desplazamiento del deudor, adolec\u00edan del defecto denominado DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL\u00bb, al prescindir de aplicar la jurisprudencia que rige la materia3. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, i) la suspensi\u00f3n inmediata del juicio ejecutivo 2014-00115-00, ii) abstenerse de cobrar intereses moratorios y la condena en costas, iii) aplicar todos los alivios y beneficios que dispone la Ley 1448 de 2011, dada su condici\u00f3n de v\u00edctima y, iv) la nulidad del proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como medida provisional, solicit\u00f3 \u00abORDENAR LA SUSPENSI\u00d3N DE LA DILIGENCIA DE REMATE del inmueble de mi propiedad \u201cVilla Luz\u201d, ubicado vereda Los Maracos, municipio de Granada, Meta [\u2026] pues de realizarse la diligencia de remate, se incurrir\u00eda en violaci\u00f3n flagrante, directa e irreversible violaci\u00f3n de mis derechos fundamentales y humanos [\u2026]\u00bb. Asimismo, \u00absolicit\u00f3 [\u2026] DAR LA ESPECIAL PROTECCI\u00d3N Y TRATO PREFERENCIAL PARA MI PROGENITORA AMINTA CASTRO RODR\u00cdGUEZ [\u2026] A QUIEN TENGO A MI CARGO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Bancolombia S.A., por conducto de su representante legal4, manifest\u00f3 que \u00abotorgo\u0301 varios cr\u00e9ditos al se\u00f1or JUAN ESTEVENS NAVARRO CASTRO [\u2026] En un momento de la relaci\u00f3n comercial se present\u00f3\u0301 un irregular h\u00e1bito de pago por parte del deudor, alcanzando una altura de mora considerable, por lo que el banco conforme a sus pol\u00edticas y condiciones decide iniciar proceso ejecutivo, en el Juzgado Civil del Circuito de Granada Meta Radicado No. 5031331030012014001150, en contra del cliente JUAN ESTEVENS NAVARRO CASTRO. [\u2026] en uso de sus facultades cedi\u00f3\u0301 el saldo restante a su favor a la persona jur\u00eddica SOCIEDAD REINTEGRA S.A.S, y conforme a auto de fecha 8 de octubre de 2019, se acepta la cesi\u00f3n de los derechos del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abcarece de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, como quedo\u0301 indicado en los hechos, Bancolombia no es acreedor, ni demandante actual en el proceso ejecutivo, radicado No. 5031331030012014001150\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Reintegra S.A.S5., indic\u00f3 que \u00abel 31 de enero de 2018, las entidades Bancolombia S.A. y REINTEGRA S.A.S. celebraron un contrato de compraventa de cartera mediante el cual, la segunda adquiri\u00f3 un portafolio de cr\u00e9ditos, dentro del que se encuentra los cr\u00e9ditos a cargo del se\u00f1or JUAN ESTEVENS NAVARRO CASTRO. Por el incumplimiento en el pago de los cr\u00e9ditos [\u2026] Bancolombia lo remite al cobro jur\u00eddico conociendo de la acci\u00f3n el Juzgado Civil del Circuito de Granada \u2013 Meta, bajo el radicado 2014 -00115, donde la entidad financiera le brindo\u0301 todas las alternativas de pago sin que presentara intensi\u00f3n de pago a pesar de que no contaba con la condici\u00f3n de desplazado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abel proceso ejecutivo en contra del se\u00f1or NAVARRO CASTRO se ha llevado conforme a las etapas procesales determinadas ajust\u00e1ndose en derecho y bajo todas las garant\u00edas procesales, en el cual se ha respetado a plenitud las formas propias del juicio. Si bien es cierto que [\u2026] se ha puesto en contacto con la sociedad REINTEGRA S.A.S. lo cierto es que su condici\u00f3n de v\u00edctima acaece posterior al entrar en mora, es decir el desplazamiento es posterior a los tr\u00e1mites procesales que se surten en el proceso. La norma citada por el accionante, ley 1448 de 2011 art 128, es clara al decir que los efectos de esta solo aplicaran a cr\u00e9ditos y pasivos que se hayan obtenido con posterioridad al hecho generador de su calidad de v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que no se cumplieron los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Al respecto, explic\u00f3 que el gestor \u00abnunca exteriorizo\u0301 oposici\u00f3n, pese a que pudo exponer ante la autoridad judicial cognoscente los argumentos que revelo\u0301 en el escrito tutelar, controvirtiendo el mandamiento de pago, formulando excepciones de m\u00e9rito, presentando recursos ordinarios u objetando la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y de las costas, no obstante, opto\u0301 por mantener una postura silenciosa y pasiva, advirtiendo la cercan\u00eda de la fecha de diligencia de remate del inmueble hipotecado, coyuntura donde en forma lib\u00e9rrima decide acudir directamente a esta sede, empero, la ocasi\u00f3n es propicia para recabar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario y residual que no debe invocarse de forma preferente, paralela o complementaria a los medios ordinarios previstos en el orden jur\u00eddico para la defensa de los intereses jur\u00eddicos, luego resulta imperioso denegar la s\u00faplica\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, advirti\u00f3 \u00abque para el momento de presentaci\u00f3n de esta salvaguarda excepcional (20 de agosto de 2021), han transcurrido m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os desde que se profiri\u00f3\u0301 la sentencia que ordeno\u0301 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado y que genera la inconformidad del actor, pot\u00edsima raz\u00f3n para concluir que la queja constitucional no se promovi\u00f3\u0301 dentro de un t\u00e9rmino razonable, ni proporcionado, seg\u00fan el pensamiento dominante sobre esta exigencia temporal [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, insisti\u00f3 que su caso \u00abtiene RELEVANCIA CONSTITUCIONAL pues plantea la aplicaci\u00f3n del PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD frente a una persona perteneciente a un grupo vulnerable (agricultor-v\u00edctima) que cuenta con especial e innegable protecci\u00f3n constitucional, dadas mis condiciones de vida y la violencia de la que he sido v\u00edctima, las cuales me hacen titular del derecho a obtener un trato especial por parte de TODAS las Autoridades P\u00fablicas [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, afirm\u00f3 que \u00abconocida mi grave situaci\u00f3n, ajena a mi voluntad, a lo largo de los hechos, no resulta exigible al suscrito, la imposici\u00f3n de cargas como la de demostrar mayor diligencia para controvertir actuaciones propias de los togados, adem\u00e1s, LA INMEDIATEZ no constituye un obst\u00e1culo para la prosperidad de la tutela, ni puede servir de fundamento para negarla, en raz\u00f3n a que el proceso ejecutivo puede ser suspendido en cualquier etapa de la diligencia de remate [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan se extrae del contenido de la demanda, el gestor, censura al Juzgado Primero Civil del Circuito de Granada de proferir sentencia el 6 de mayo de 2015, con la cual se orden\u00f3 decretar la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado en hipoteca en el juicio ejecutivo de radicado 2014-00115-00. Igualmente, reprocha la omisi\u00f3n de Bancolombia S.A. y Reintegra S.A.S. de aplicar la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n en la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones adeudadas. Ello pues, estima que desconocieron su calidad de v\u00edctima del conflicto armado, lo que deviene en un perjuicio irremediable para \u00e9l y su n\u00facleo familiar, toda vez que la diligencia de remate qued\u00f3 prevista para el 26 de agosto de 2021. <\/p>\n
2. Temprano advierte esta Sala que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada se debe confirmar. <\/p>\n
3. En efecto, la Corte concluye la improcedencia del ruego, por cuanto no se atiende al presupuesto de inmediatez, el cual ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como necesario para la procedencia de la tutela. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la sentencia recriminada \u00ab6 de mayo de 2015\u00bb y, la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 25 de agosto de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues las alegadas en el escrito de impugnaci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
De manera que, no se observa irregularidad en el juez ejecutor al fijar la fecha para la venta p\u00fablica del bien gravado. Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (STC 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00, STC4709-2021, rad. 2021-00036-01). <\/p>\n
5. Con relaci\u00f3n al perjuicio irremediable, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026\u201cen principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales [\u2026]. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC del 29 de noviembre de 2006, exp. 2006-00079-01, citada en STC638-2017, 26 enero 2017, rad. 2017-00023-00). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, el perjuicio irremediable alegado por el promotor en procura de la protecci\u00f3n transitoria, no es circunstancia que tenga la potencialidad de enervar el cumplimiento de la actuaci\u00f3n judicial. M\u00e1xime, si se tiene en cuenta que aqu\u00e9lla obedeci\u00f3 al desarrollo del proceso legalmente tramitado. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 114-116 en \u201c0.1 Folio 1 a 132\u201d en Expediente Ejecutivo 2014-00115-00 PDF. <\/p>\n
2\u0002 Inmueble denominado \u201cVilla Luz\u201d, ubicado en el municipio de Granada Meta. FMI No. 236-45282. <\/p>\n
3\u0002 CC T-520\/2003, T-697\/2011 y T-726-2010. <\/p>\n
4\u0002 Yohanna Paola Navas M\u00e9ndez. <\/p>\n
5\u0002 Martha Luc\u00eda Mesa Ram\u00edrez. <\/p>\n
<\/p>\n
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