STC13691-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13691-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el primero de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo promovido por Ariel Uriel Figueroa Urmendiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y a las partes e intervinientes del proceso 1999-00113. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en el referido juicio. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que fue capturado el 6 de febrero de 1997 y, surtido el proceso respectivo, se le impusieron dos condenas de 40 a\u00f1os y 2 meses y de 41 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, que fueron acumuladas, mediante decisi\u00f3n del 14 de marzo de 2001 emanada del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, para una pena definitiva de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Posteriormente, el 31 de diciembre de 2001, aquella fue redosificada a 40 a\u00f1os. <\/p>\n
En el a\u00f1o 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley 975 de 2005, se le concedi\u00f3 la rebaja del 10% de la pena, luego de manifestar perd\u00f3n p\u00fablico a las v\u00edctimas y de demostrar su insolvencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
El 3 de abril de 2007, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Palmira le concedi\u00f3 la libertad condicional, sin embargo, fue revocada, el 16 de noviembre de 2016, por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Cali; el 18 de abril de 2018 se present\u00f3 voluntariamente, raz\u00f3n por la que ha estado detenido por 3 a\u00f1os, 1 mes y 16 d\u00edas, para un total redimido de 21 a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1s 10 a\u00f1os de libertad condicional. <\/p>\n
El 23 de junio de 2020 solicit\u00f3 al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, que fue negado por auto del 24 de agosto de 2020, ante la falta de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas y de demostraci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica. Esa decisi\u00f3n fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 17 de marzo de 2021, a pesar de haber enviado la misma \u00abdocumentaci\u00f3n de 2006 donde demostr\u00e9 el perd\u00f3n a las v\u00edctimas e insolvencia econ\u00f3mica (\u2026)\u00bb y de que uno de los Magistrados present\u00f3 salvamento de voto, con fundamento en la sentencia CSJ STP13145-2017. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que padec\u00eda una afecci\u00f3n en la pr\u00f3stata, por lo cual necesitaba obtener una adecuada atenci\u00f3n o tratamiento. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que se analizara su caso, dado que se vulneraron sus derechos, \u00abporque no se le dio importancia a las pruebas amparadas por el Ministerio P\u00fablico y el Magistrado del mismo tribunal (sic) as\u00ed como las demostradas por mi (sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja solicit\u00f3 que se tuvieran en cuenta los argumentos citados en la providencia acusada, \u00abtoda vez que no se incurri\u00f3 en ning\u00fan acto que transgrediera derechos fundamentales del accionante, por cuanto lo que reclam\u00f3 fue resuelto de fondo en el citado prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja retom\u00f3 los argumentos expuestos en su providencia del 24 de agosto de 2020, respecto del requisito legal exigido en el literal b del numeral 4 del art\u00edculo 38B de la Ley 599 de 2000, para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria. Destac\u00f3 que, examinadas las condenas, estableci\u00f3 que no exist\u00eda acreditaci\u00f3n de que el accionante hubiera cancelado en favor de los diferentes beneficiarios las sumas por concepto de perjuicios o su insolvencia econ\u00f3mica, por lo que neg\u00f3 la solicitud de ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en el lugar de residencia, decisi\u00f3n que posteriormente confirm\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n orden\u00f3 oficiar a los Juzgados Quinto y Diecis\u00e9is Penales del Circuito de Cali, \u00abpara que certifiquen si ya fueron reparados los da\u00f1os ocasionados con el delito o el pago de la indemnizaci\u00f3n se asegur\u00f3 (\u2026)\u00bb; igualmente, exhort\u00f3 al condenado, \u00abpara que mediante prueba documental acredite ante este Juzgado cualquiera de los aspectos antes se\u00f1alados\u00bb y a\u00f1adi\u00f3 que, una vez obtenida la informaci\u00f3n requerida, se pronunciar\u00eda de nuevo sobre la prerrogativa legal. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 308 Judicial en Materia Penal de Cali manifest\u00f3 que particip\u00f3 en el proceso 1999-00113-00 del 4 de junio de 2016 al 8 de abril de 2019, mientras fue vigilado por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, periodo en el que las actuaciones se adecuaron al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda D\u00e9cima Local de Cali sostuvo que conoci\u00f3 del proceso en el que result\u00f3 condenado el actor por el Juzgado Quinto Penal Municipal de esa ciudad. En relaci\u00f3n con el salvamento de voto de la providencia acusada, sostuvo que se debe \u00abtener en cuenta la normatividad vigente donde se avizora que el condenado cumpli\u00f3 los requisitos para el otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria contemplados en la ley 1709 de 2014 cuyo art\u00edculo 23 adicion\u00f3 a la Ley 599 de 2.000, el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal\u00bb y las medidas adoptadas para sustituir la pena de prisi\u00f3n en aras de mitigar el impacto de la pandemia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, al concluir que fue \u00abexpuesto como un recurso ordinario, que como una real afectaci\u00f3n habilitante de la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, m\u00e1xime que, revisada la providencia del 17 de marzo de 2021, no constituye una v\u00eda de hecho ni se asoma defecto alguno, pues en ella se estableci\u00f3 la falta de acreditaci\u00f3n de la insolvencia econ\u00f3mica del actor. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que el a quo decret\u00f3 pruebas y que era en el tr\u00e1mite incidental que adelanta el despacho de conocimiento que el tutelante deb\u00eda \u00abacreditar la imposibilidad de pagar los perjuicios econ\u00f3micos y, de ser as\u00ed, postular una nueva solicitud de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el juez constitucional debe \u00absolicitar pruebas testimoniales en compa\u00f1\u00eda de un perito t\u00e9cnico antes decidir la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, con el objeto de establecer si la pol\u00edtica carcelaria del Estado Social Derecho se materializ\u00f3 en el \u00abciudadano URIEL\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que se le permita al tutelante seguir construyendo su familia, \u00abcomo un hombre libre y no en una c\u00e1rcel\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto proferido el 17 de marzo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante el cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de negar la solicitud de ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, dado que, en su criterio, existe prueba de su insolvencia econ\u00f3mica, desde 2006, que le impide reparar a las v\u00edctimas. <\/p>\n
Habi\u00e9ndose negado la petici\u00f3n de amparo, en sentencia de primera instancia, el abogado Jos\u00e9 Alberto Arce Velasco, quien adujo ser el abogado del tutelante y quien, de acuerdo con lo informado por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja1, actu\u00f3 como defensor en el respectivo proceso penal, alleg\u00f3 escrito en el que solicit\u00f3 que se permita al tutelante seguir fortaleciendo su familia en libertad. <\/p>\n
Por tanto, por auto del 19 de julio de 2021, la Hom\u00f3loga Penal concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta. <\/p>\n
2. De manera preliminar advierte la Sala que, si bien el abogado Jos\u00e9 Alberto Arce Velasco, en el escrito allegado con posterioridad al fallo no dijo expresamente impugnar la decisi\u00f3n de primera instancia, s\u00ed formul\u00f3 argumentos en contra de la decisi\u00f3n judicial censurada, esto es, la adoptada por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, por la cual se neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria al accionante. <\/p>\n
En ese orden, como quiera que el documento fue aportado despu\u00e9s de emitida la sentencia de primera instancia y que se dispuso surtir el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, esta Sala estudiar\u00e1, como juez ad quem, su procedencia. <\/p>\n
3. La Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto el impugnante, Jos\u00e9 Alberto Arce Velasco, no acredit\u00f3 su apoderamiento especial para intervenir en esta salvaguarda en nombre de Ariel Uriel Figueroa Urmendiz y, en consecuencia, no est\u00e1 legitimado para impugnar el veredicto de la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, por tanto, no es posible resolver los reparos formulados por \u00e9l en esta instancia. <\/p>\n
En asuntos similares, la Sala ha destacado que: <\/p>\n
\u00abEs evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb (se subraya) (CSJ ATC3027-2017, Reiterada en STC6395-2021 y STC10232-2021). <\/p>\n
En ese aspecto, debe se\u00f1alarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha establecido: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
De manera que son los poderdantes, esto es, las personas cuyos intereses representan los abogados en los respectivos juicios, quienes pueden resultar afectados con las actuaciones all\u00ed surtidas y, en consecuencia, son las personas con inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n para impetrar y actuar en sede de amparo constitucional. Por tanto, para acudir a la acci\u00f3n de tutela, los togados deben contar con poder especial. <\/p>\n
En ese orden, aunque el impugnante fue notificado de la existencia del ruego, lo cierto es que no cuenta con el se\u00f1alado poder para intervenir en nombre del presunto afectado y no es el titular de los derechos presuntamente vulnerados. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, el inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentren autorizados por la ley para recurrir, sino que con la providencia motivo de impugnaci\u00f3n se le hubiese ocasionado un perjuicio. La raz\u00f3n es sencilla: si la decisi\u00f3n no le causa ning\u00fan agravio no puede importarle su contenido y mucho menor demandar su revocatoria. Una pretensi\u00f3n de esa entidad est\u00e1 llamada al rechazo\u00bb (CSJ SP, 15 feb. 2010, rad. 31767) (ATP802-2021), citada en STC10545-2021. <\/p>\n
En consecuencia, ante la falta de poder especial para representar en esta sede al accionante y la ausencia de un agravio respecto del impugnante para censurar la providencia de primer grado, quien tampoco manifest\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso del actor, no hay lugar a efectuar estudio de fondo alguno, por lo que se ratificar\u00e1 el fallo objetado. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 (Subcarpeta2, documento TRAZABILIDAD JUZGADO 4). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13691-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13691-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58451","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58451\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}