STC13694-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13694-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2021-00210-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Valero Pi\u00f1eros y Luz Marina Bernal L\u00f3pez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo hipotecario de radicado 50001310300320140006600. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial convocada, en el proceso ejecutivo hipotecario referido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. El banco BBVA promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra los accionantes, con el fin de obtener el recaudo de lo adeudado por concepto de dicha obligaci\u00f3n, para lo cual aport\u00f3 la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de la hipoteca abierta -2384 del 14 de mayo de 2008- y 3 pagar\u00e9s que respaldaban la deuda, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado accionado. <\/p>\n
2.2. El 30 de abril de 2014, el despacho cognoscente libr\u00f3 mandamiento de pago, teniendo en cuenta unos saldos de capital de las cuotas causadas desde el 29 de noviembre de 2013 al 29 de febrero de 2014, sus intereses y el saldo de capital acelerado establecido en uno de los pagar\u00e9s allegados con la demanda inicial. <\/p>\n
2.3. El se\u00f1or Luis Alberto Valero Pi\u00f1eros contest\u00f3 la demanda, a trav\u00e9s de apoderado, proponiendo la excepci\u00f3n de falta de requisitos formales, porque \u00abLos Pagar\u00e9s, t\u00edtulos valores base de recaudo ejecutivo, no contine la firma de quien lo crea\u00bb y la de inexistencia de la obligaci\u00f3n, porque no \u00absuscribio (sic) o firmo (sic) las cartas de instrucciones y los pagar\u00e9s base de recaudo ejecutivo (\u2026) solo llevan la firma de la otra demandada LUZ MARINA BERNAL LOPEZ\u00bb. La se\u00f1ora Bernal L\u00f3pez contest\u00f3 proponiendo la primera de las excepciones referidas. <\/p>\n
2.4. El 16 de agosto de 20161, la autoridad judicial censurada llev\u00f3 a cabo la audiencia concentrada de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del CGP y, tras no advertir causal de nulidad que invalidara lo actuado, profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 i) declarar no probadas las excepciones de la demanda y ii) ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de las obligaciones hipotecarias se\u00f1aladas en el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, as\u00ed como por el capital y los intereses referidos en los 2 pagar\u00e9s restantes, objeto de cobro. <\/p>\n
2.5. La parte demandada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia y, por auto del 16 de julio de 2019, el Tribunal declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, porque el mandamiento de pago no hab\u00eda incluido todos los pagar\u00e9s allegados, decisi\u00f3n que fue revocada el 29 de enero de 2021, toda vez que los interesados no alegaron la irregularidad referida, \u00abconducta que apareja el saneamiento y\/o convalidaci\u00f3n t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n surtida\u00bb y en raz\u00f3n a que, al contestar la demanda, proponer excepciones e \u00abinclusive en el disenso del recurso de alzada\u00bb, se defendieron respecto de las obligaciones contenidas en los 3 pagar\u00e9s, por tanto, la apelaci\u00f3n se resolvi\u00f3 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 16 de julio de 2021, confirmando la sentencia atacada y condenando en costas a la parte recurrente. <\/p>\n
2.6. Los promotores censuraron la decisi\u00f3n adoptada en la audiencia de 16 de agosto de 2016, concretamente, en el cap\u00edtulo de saneamiento del proceso, por cuanto \u00abse dijo \u2018En este estado de la diligencia y no observ\u00e1ndose causal de nulidad alguna que deba declararse, no habiendo lugar a adoptar medidas de saneamiento, pues se ha observado el debido proceso\u00bb, dado que, en su criterio, s\u00ed \u00abdaba lugar a tomar medidas de saneamiento, por lo que se dijo en la sentencia que dio fin a la Primera Instancia\u00bb, en el sentido que en el mandamiento de pago no se hab\u00edan incluido los tres pagar\u00e9s, pero se continu\u00f3 la ejecuci\u00f3n respecto de aquellos. <\/p>\n
Adujeron que la funcionaria judicial incumpli\u00f3 \u00abcon sus deberes establecidos en el Art. 4 y 7 del C.G.P.\u00bb y destacaron que la vulneraci\u00f3n de sus derechos se dio en esa instancia, porque el Juzgado cognoscente \u00abdej\u00f3 de manera inconclusa, la nulidad observada en la sentencia\u00bb, debiendo declararla. <\/p>\n
3. Pidieron, conforme a lo relatado, que se tutelen sus garant\u00edas fundamentales y, en consecuencia, \u00abORDENAR A LA JUEZ TERCERA CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLVICENCIO, se repitan las audiencias concentradas de los Arts. 372 y 373 del C.G.P. (\u2026) donde la juez de ese entonces, advirti\u00f3 la nulidad planteada y no la subsano (sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado convocado solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, por no haberse agotado el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la acci\u00f3n, al encontrar incumplido el principio de subsidiariedad, por cuanto \u00ab(i) Si consideraban que se hab\u00eda presentado alguna irregularidad generadora de nulidad en desarrollo de las audiencias celebradas el d\u00eda 16 de agosto de 2016 en el citado proceso ejecutivo hipotecario, debieron proponerla al interior de dicha actuaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 134 del CGP; y (ii) De acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 320 y siguientes de la citada codificaci\u00f3n, tuvieron la oportunidad de exponer como reparo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la decisi\u00f3n de primer grado, el argumento de vulneraci\u00f3n soportado en el presunto desconocimiento de los deberes establecidos en los art\u00edculos 4 y 7 del CGP, para que este fuese examinado y resuelto por el Superior funcional\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, sostuvo que no se observ\u00f3 el requisito de inmediatez, \u00abporque desde el momento en que se adoptaron las decisiones cuestionadas (16 de agosto de 2016), en las que presuntamente se gener\u00f3 la irregularidad planteada por la parte actora, hasta la fecha en que se present\u00f3 la solicitud de tutela (18 de agosto de 2021, seg\u00fan acta reparto secuencia No. 3000901), han transcurrido 5 a\u00f1os y 2 d\u00edas, plazo que no es razonable ni oportuno en los t\u00e9rminos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para promover la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de los promotores, citando la providencia proferida por el Tribunal el 16 de julio de 2019, que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo, bajo los mismos argumentos que dan lugar a la presente tutela, sin que en dicho prove\u00eddo \u00abse le haya tachado de haber incurrido\u00bb en desconocimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad; as\u00ed mismo, reiter\u00f3 el car\u00e1cter fundamental del derecho al debido proceso. Por lo anterior, solicit\u00f3 ordenar \u00abel AMPARO DE TUTELA SOLICITADO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se le ordene a la autoridad judicial acusada realizar nuevamente la audiencia concentrada de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del CGP, celebrada el 16 de agosto de 2016, pues consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales, en raz\u00f3n a que, en el cap\u00edtulo de saneamiento del proceso, el Juzgado de conocimiento indic\u00f3 que no hab\u00eda causal alguna de nulidad por declararse y, por tanto, no hab\u00eda lugar a adoptar medidas de correcci\u00f3n, no obstante, en su criterio, s\u00ed debieron tomarse acciones de saneamiento, dado que, en la diligencia, se advirti\u00f3 una irregularidad, porque en el mandamiento de pago solo se hizo menci\u00f3n a uno de los pagar\u00e9s allegados. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada, en cuanto neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, lo cual es sufiente para concluir que el amparo es inviable. <\/p>\n
2.1. En efecto, es evidente que los actores desperdiciaron los medios de defensa que tuvieron a su alcance, toda vez que, en su momento, no alegaron en el proceso la nulidad que proponen en esta sede constitucional, ni manifestaron su inconformidad en la audiencia concentrada celebrada el 16 de agosto de 2016 cuando el operador judicial estableci\u00f3 que no hab\u00eda \u00abcausal de nulidad alguna que deba declararse\u00bb ni medida de saneamiento por adoptar, ni expusieron su reproche como reparo del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
Tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad la salvaguarda impetrada, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
2.2. De lo narrado advierte esta Sala que los promotores contaron con la oportunidad de exponer a la autoridad judicial accionada las razones de su inconformidad y no lo hicieron, lo cual, como se indic\u00f3, es sufiente para concluir que el amparo es inviable. <\/p>\n
3. Lo anterior no obsta para se\u00f1alar que, respecto de la decisi\u00f3n de saneamiento adoptada por el Juzgado accionado en la referida audiencia, que ahora se cuestiona, tambi\u00e9n se incumple con el requisito de inmediatez, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, pues fue proferida el 16 de agosto de 2016. Frente al tema, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
4.- Ahora bien, en relaci\u00f3n con la providencia de 16 de julio de 2019, referida por el apoderado de los accionantes en su escrito de impugnaci\u00f3n, por la cual el Tribunal declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, aduciendo que en el mandamiento de pago solo se hab\u00eda hecho menci\u00f3n a uno de los pagar\u00e9s allegados, \u00abomitiendo lo relativo a las obligaciones restantes\u00bb, sin tener en cuenta los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, advierte la Sala, en primer lugar, que aquella fue revocada, mediante auto de 29 de enero de 2021, en virtud del recurso de s\u00faplica formulado por el apoderado del banco BBVA y en consideraci\u00f3n a que la irregularidad decretada no fue alegada por los interesados, quienes, adem\u00e1s, s\u00ed ejercieron, a lo largo del proceso, su derecho de defensa frente a las obligaciones contenidas en los t\u00edtulos restantes. <\/p>\n
De otro lado, se resalta que los tutelantes presentaron una acci\u00f3n de tutela previa (2021-00339), entonces dirigida contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, por la decisi\u00f3n adoptada en el prove\u00eddo del 29 de enero de 2021, con el fin de que se dejara sin efecto, frente a lo cual, esta Sala, mediante sentencia STC1345-2021, concluy\u00f3 \u00abque la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional\u00bb2. <\/p>\n
De manera que, en oportunidad anterior, los actores hab\u00edan intentado cuestionar, en sede constitucional, que no se anulara el tr\u00e1mite objeto de debate porque en el mandamiento de pago no se incluyeron los 3 pagar\u00e9s allegados con la demanda ejecutiva, presentando entonces una tutela contra el Tribunal, ocasi\u00f3n en la que, como se vislumbra, la Sala consider\u00f3 que no se hab\u00edan vulnerado los derechos de los accionantes, todo lo cual torna improcedente la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
5.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LE NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 02DEMANDA.pdf. Expediente de Acci\u00f3n de Tutela. Fls. 16 a 26 <\/p>\n
2\u0002 Confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en STL3708-2021. <\/p>\n
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STC13694-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC13694-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2021-00210-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}