STC13696-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13696-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la \u00abintimidad personal\u00bb y dignidad humana, presuntamente trasgredidas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que Andr\u00e9s Felipe Rivas Jim\u00e9nez formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la UAEGRTD, por la presunta omisi\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n. Por reparto, el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Cali, quien \u00abse abstuvo de adoptar alguna medida tendiente a garantizar mis bienes jur\u00eddicos tutelados1\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, tras ser vinculado en dicho tr\u00e1mite, se enter\u00f3 que la Unidad entreg\u00f3 por Oficio URT-DJR-00372 del 21 de junio de 2021, su hoja de vida y una copia de su examen m\u00e9dico de salud ocupacional, al se\u00f1or Rivas Jim\u00e9nez. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, censura que la autoridad convocada al suministrar informaci\u00f3n personal, viol\u00f3 \u00abla reserva legal de documentos que integran el fuero de la intimidad personal\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abORDENAR, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIO\u0301N DE TIERRAS DESPOJADAS ABSTENERSE de entregar la informaci\u00f3n descrita en precedencia o utilizar la misma para cualquier fin no autorizado por el suscrito\u00bb y, \u00abadelantar las actuaciones que correspondan conforme la ley 734 de 2002\u00bb. Asimismo, inst\u00f3 \u00abORDENAR al se\u00f1or ANDRE\u0301S FELIPE RIVAS JIMENEZ, ABSTENERSE de utilizar la informaci\u00f3n que arbitrariamente le fue entregada\u00bb. Y al Juzgado Cuarto de Familia de Cali \u00abadoptar las medidas tendientes a garantizar el goce pleno de mis derechos fundamentales vulnerados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Cali, manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela esta instituida para salvaguardar derechos fundamentales, y el aqu\u00ed\u0301 citado considera se le vulner\u00f3 el derecho fundamental \u201ca la privacidad e intimidad de las personas\u201d, tambi\u00e9n lo es que dentro de la presente acci\u00f3n de tutela no se puede entrar a decir con respecto de su petici\u00f3n, pues en esta acci\u00f3n en particular se est\u00e1n resolviendo, hechos derechos y pretensiones expuestas por el accionante el se\u00f1or Andr\u00e9s Felipe Rivas Jim\u00e9nez, mismo con los que no hay identidad, como para entrar a estudiar una posible acumulaci\u00f3n y tomar decisi\u00f3n frente a ello cuando no es este el camino para logarlo, teniendo para su reclamaci\u00f3n, el se\u00f1or JUAN CARLOS SANDOVAL IZQUIERDO, si considera vulnerados los derechos que menciona, la correspondiente reclamaci\u00f3n administrativa ante la misma entidad o adelantar la acci\u00f3n constitucional para salvaguardarlos\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla documentaci\u00f3n que le fue entregada al se\u00f1or ANDR\u00c9S FELIPE RIVAS JIM\u00c9NEZ en virtud de la respuesta contenida en el Oficio URT-DJR-00372 de 21 de junio de 2021, se encuentra relacionada directamente con el proceso de contrataci\u00f3n suscrito por el accionante con la UAEGRTD en el a\u00f1o 2019 y fue suministrada en virtud del principio de publicidad en la contrataci\u00f3n. Adem\u00e1s, es informaci\u00f3n p\u00fablica que se encuentra cargada en debida forma en la plataforma SECOP II\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta al examen m\u00e9dico ocupacional, comento que \u00abobedece a una certificaci\u00f3n en el que se identifica si el paciente es apto o no para trabajar, recae entonces en el m\u00e9dico tratante respetar la reserva de la historia cl\u00ednica, la cual es desconocida para cualquier entidad contratante en el entendido que estos solo emiten un documento para indicar que la persona es pata o no para iniciar su proceso de contrataci\u00f3n o de vinculaci\u00f3n seg\u00fan sea el caso\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali, neg\u00f3 el resguardo, por considerar que la actuaci\u00f3n de la Unidad \u00abfue leg\u00edtima, de ella no puede predicarse lesividad ius fundamental alguna frente a hecho consumado desde antes de promoverse la tutela primigenia, que tuvo su causa en la denunciada omisi\u00f3n de RIVAS de entrega de otra informaci\u00f3n diferente, reclamo que la juez defini\u00f3\u0301 adversamente por estimar configurado el hecho superado en sentencia impugnada por el all\u00e1\u0301 promotor, autoridad frente a la cual no cabe predicar quebranto alguno por no ser materia de su decisi\u00f3n los hechos de la demanda promotora de este, razones suficientes para la denegaci\u00f3n del amparo implorado\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, tras considerar que el a quo constitucional \u00abse bast\u00f3\u0301 en considerar y avalar los argumentos del accionante, que presento\u0301 a su ama\u00f1o interpretaci\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n que al respecto ha desarrollado el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social. Una valoraci\u00f3n integral del asunto, consist\u00eda si quiera en revisar la integralidad de tal norma, para haberse dado cuenta que los planteamientos de la entidad accionada, son de plano subjetivos de cara a lo que en realidad determina el contexto jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, aclar\u00f3 que, \u00aben t\u00e9rminos de estricto derecho una cosa es reconvenir (llamar la atenci\u00f3n, rega\u00f1ar, reprender) y otra es presentar una acci\u00f3n de reconvenci\u00f3n o demanda de reconvenci\u00f3n en un proceso jurisdiccional que entiendo fue confundido por los jueces en estos tr\u00e1mites, respecto de mis pretensiones [\u2026] un lenguaje t\u00e9cnico y apropiado en estricto tenor constitucional, tiene que interpretarse por el Juez, en el escenario en que se utiliza, independiente de la jurisdicci\u00f3n a que aquel pertenezca, en este caso por ser jurisdicci\u00f3n de civil-familia, los operadores judiciales, entendieron se trataba de una demanda y no de una pretensi\u00f3n de llamar la atenci\u00f3n habida lesi\u00f3n de mis intereses, lo cual es perfectamente dable al juez constitucional en virtud de sus facultades ultra y extra petita\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor censura a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras por haber entregado su hoja de vida y su certificado m\u00e9dico de salud ocupacional a Andr\u00e9s Felipe Rivas Jim\u00e9nez. Igualmente, reprocha la conducta omisiva del Juzgado Cuarto de Familia de Cali de proceder en defensa de sus derechos al proferir el fallo de tutela del 13 de julio de 2021. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, analizadas las probanzas obrantes en el plenario, se constata que el se\u00f1or Rivas Jim\u00e9nez solicit\u00f3 copia del contrato n\u00ba. 1050-2019 suscrito entre Juan Carlos Sandoval Izquierdo y la UAEGRTD, el 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
Con posterioridad, la entidad enjuiciada dio respuesta a la petici\u00f3n por Oficio URT-DJR-00372 del 21 de junio de 2021, entregando copia de los documentos requeridos. Por consiguiente, el Despacho enjuiciado declar\u00f3 improcedente el amparo por hecho superado, en prove\u00eddo del 13 de junio de 2021. <\/p>\n
3. De lo narrado, la Sala concluye la ausencia de vulneraci\u00f3n frente a las prerrogativas a la intimidad y dignidad humana enrostradas por el actor. Al respecto, vale la pena aclarar que, toda contrataci\u00f3n sometida al r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n estatal deber\u00e1 ser publicada y, como tal, todos los soportes aportados devienen en p\u00fablicos. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 1712 de 2014, se\u00f1ala que: <\/p>\n
\u00abPublicidad de la contrataci\u00f3n. En el caso de la informaci\u00f3n de contratos indicada en el art\u00edculo 9\u00b0 literal e), trat\u00e1ndose de contrataciones sometidas al r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n estatal, cada entidad publicar\u00e1 en el medio electr\u00f3nico institucional sus contrataciones en curso y un v\u00ednculo al sistema electr\u00f3nico para la contrataci\u00f3n p\u00fablica o el que haga sus veces, a trav\u00e9s del cual podr\u00e1 accederse directamente a la informaci\u00f3n correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, el literal e) del canon 9\u00ba ib\u00eddem, dispone lo siguiente: <\/p>\n
\u00abe) Su respectivo plan de compras anual, as\u00ed como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversi\u00f3n, las obras p\u00fablicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deber\u00e1 se\u00f1alarse el tema espec\u00edfico, de conformidad con el art\u00edculo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestaci\u00f3n de servicios, deber\u00e1 publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electr\u00f3nico, de conformidad con el formato de informaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos y contratistas\u00bb. (se resalta) <\/p>\n
Por ello, el proceder de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras -al proveer la hoja de vida del aqu\u00ed accionante- no se tiene como irrazonable, habida cuenta que todos los documentos que convergen en el proceso de contrataci\u00f3n -incluida la minuta- son p\u00fablicos, conforme lo estipula la normatividad antes citada. <\/p>\n
3.1. Por su parte, con relaci\u00f3n a la entrega de la certificaci\u00f3n m\u00e9dica en salud ocupacional, se comparte lo expuesto en la providencia impugnada, en el sentido que, <\/p>\n
\u00ablo protegido con la reserva es la historia cl\u00ednica, conforme a lo preceptuado en el art. 24 del C.P.A.C.A., modificado por el art. 1 de la Ley 1755 de 2015, definida en el art. 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 1995 de 1999 como \u201cun documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronol\u00f3gicamente las condiciones de salud del paciente, los actos m\u00e9dicos y los dem\u00e1s procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atenci\u00f3n. Dicho documento \u00fanicamente puede ser conocido por terceros previa autorizaci\u00f3n del paciente o en los casos previstos por la ley\u201d, que particularmente en el caso de la ocupacional define el art. 14 de la Resoluci\u00f3n 2346 de 2007 como: \u201cel conjunto \u00fanico de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronol\u00f3gicamente las condiciones de salud de una persona, los actos m\u00e9dicos y los dem\u00e1s procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atenci\u00f3n. Puede surgir como resultado de una o m\u00e1s evaluaciones m\u00e9dicas ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de exposici\u00f3n a factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral, as\u00ed\u0301 como resultados de mediciones ambientales y eventos de origen profesional. – Par\u00e1grafo. La historia cl\u00ednica ocupacional forma parte de la historia cl\u00ednica general, por lo que le son aplicables las disposiciones que a esta la regulan.\u201d, por lo que se trata de documento inconfundible con la certificaci\u00f3n emitida por el m\u00e9dico evaluador de la aptitud del contratista, profesional a quien le esta\u0301 vedado revelar dicha historia del evaluado, como lo dispone el par\u00e1grafo \u00fanico del art. 4 id, que a letra dice: El m\u00e9dico debe respetar la reserva de la historia cl\u00ednica ocupacional y s\u00f3lo remitir\u00e1\u0301 al empleador el certificado m\u00e9dico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempe\u00f1ar la labor\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, ante la inexistencia de un comportamiento reprimible por parte de lo accionados, no puede abrirse paso el abrigo constitucional, ya que: <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026). <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u00bb (CC T-130\/14, citada en STC137-2021). <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Por sentencia del 13 de julio de 2021, el Juzgado Cuarto de Familia de Cali declar\u00f3 carencia actual de objeto, tras haber resuelto la petici\u00f3n formulada por Andr\u00e9s Felipe Rivas Jim\u00e9nez. <\/p>\n
<\/p>\n
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