STC13697-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13697-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00340-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 8 de septiembre de 2021, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00abart 29 CN Y EL ACCESO A LA ADMINISTARCION DE JSUTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada en la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00119-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El gestor, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular2 para la protecci\u00f3n de los derechos colectivos de la poblaci\u00f3n que se moviliza en silla de ruedas, en la cual solicit\u00f3 la construcci\u00f3n de una rampa de acceso adecuada en el establecimiento de comercio accionado denominado \u201cAPOSTAR\u201d. Por reparto, el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado encarado, el cual, el 30 de junio de 2021, decidi\u00f3 inadmitir la demanda, al encontrar algunas falencias en ella, entre las que se destaca la falta de cumplimiento de lo reglado por el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020, y la ausencia de precisi\u00f3n de la entidad contra la que se dirig\u00eda la acci\u00f3n. Para ello, otorg\u00f3 el t\u00e9rmino 3 d\u00edas. <\/p>\n
2.2. El 2 de julio de 2021, la ciudadana Cotty Morales Caama\u00f1o, solicit\u00f3 ser reconocida como coadyuvante de la acci\u00f3n constitucional referida3. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, al haber trascurrido el t\u00e9rmino procesal en silencio, la autoridad judicial recriminada, el 14 de julio siguiente4, resolvi\u00f3 rechazar la acci\u00f3n, en cumplimiento del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 20 de la Ley 472 de 1998. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que no era necesario pronunciarse sobre la solicitud de coadyuvancia. <\/p>\n
Inconformes con esa decisi\u00f3n, el actor y la coadyuvante presentaron por separado recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, la citada autoridad mantuvo su postura, al no encontrar suficientes motivos para revocar su prove\u00eddo. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, el promotor acudi\u00f3 a esta senda, aduciendo que \u00abla juez cree poder rechazar mi acci\u00f3n popular, OLVIDANDO de tajo que cumplo lo que me impone y ordena el art 18 ley 472 de 1998, en la acci\u00f3n donde prima derecho sustancial la tutelada , cree que el decreto 806 de 2020, derog\u00f3 lo que me impone el art 18 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, lo que no es cierto en derecho, pues la ley 472 de 1998 es una ley especial y aut\u00f3noma , regida por normas propias y para que la acci\u00f3n sea admitida es muy claro lo que me impone el art 18 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que \u00abSE ORDENE inmediatamente a la tutelada admitir mi acci\u00f3n popular, amparado derecho SUSTANCIA, PUES CUMPLO LO QUE ME IMPONE ART 18 LEY 472 DE 1998 SE ORDENE A LA TUTELADA, que m\u00e1s nunca exija requisitos para admitir una acci\u00f3n de linaje Constitucional, diferentes a los que me ordena el art 18 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abSE ORDE a la tutelada, probar en derecho que el decreto 806 del 2020, derog\u00f3 tacita o expresamente lo que me impone el art 18 de la ley especial y aut\u00f3noma , regida por normas propias, ley 472 de 1998 a fin de probar que debo cumplir dicho decreto 806 de 2020, y as\u00ed valorar como un simple decreto cambia una ley especial y aut\u00f3noma dentro de una acci\u00f3n de LINAJE CONSTITUCIONAL se valore como el juzgado 2 civil circuito de Pereira, admiti\u00f3 mis acciones populares 2021 143,144,,155,117,114,151, 164,165,166,167,159,161,162,163, todas a\u00f1o 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente de la acci\u00f3n popular 660013103001-2021-00119-00, e inform\u00f3 las actuaciones procesales que adelant\u00f3 en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, comunic\u00f3 que al verificar su sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, no se encontraron registro relacionados con solicitudes de orientaci\u00f3n referente a la acci\u00f3n popular en comento. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad, en raz\u00f3n a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor. <\/p>\n
3. La Personar\u00eda Municipal de Pereira, inform\u00f3 que el accionante no acudi\u00f3 a esa autoridad para solicitar la defensa de sus derechos en la acci\u00f3n constitucional. Y tampoco le fue remitido copia de las diligencias relacionadas con el asunto discutido, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de todo tipo de responsabilidad. <\/p>\n
4. El Municipio de Pereira, manifest\u00f3 atenerse a lo probado por los jueces constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional a-quo, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ab\u2026las decisiones adoptadas por el juzgado accionado fueron precedidas de interpretaciones razonables y por ende, al margen de compartirlas o no, resulta imposible la intervenci\u00f3n del juez de tutela a fin de imponer un criterio diferente, como el postulado por el accionante, o para acceder a pedidos tales como ordenarle al accionado \u201cprobar en derecho que el decreto 806 del 2020, derog\u00f3 t\u00e1cita o expresamente lo que me impone el art 18 de la ley especial y aut\u00f3noma, regida por normas propias, ley 472 de 1998\u201d, o para que se \u201cvalore como el juzgado 2\u00ba civil circuito de Pereira, admiti\u00f3 mis acciones populares 2021 143,144,,155,117,114,151, 164,165,166,167,159,161,162,163, todas a\u00f1o 2021\u201d, fines ajenos a la protecci\u00f3n de derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, real objeto de protecci\u00f3n de este mecanismo de amparo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, limit\u00e1ndose a consignar en correo electr\u00f3nico la siguiente expresi\u00f3n \u00abAPELO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo estudio, el gestor se duele de la decisi\u00f3n proferida por la autoridad accionada el 24 de agosto de 2021, con la cual se confirm\u00f3 el rechaz\u00f3 de su acci\u00f3n popular, al no subsanar las falencias anotadas en prove\u00eddo del 30 de junio de la misma anualidad. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada se debe confirmar. En efecto, no se recibe como irrazonable la determinaci\u00f3n rebatida, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, de la revisi\u00f3n del plenario se observa que el Juzgado accionado el 30 de junio de 2021, resolvi\u00f3 inadmitir la acci\u00f3n popular por presentar varias falencias relacionadas con la omisi\u00f3n de dar cumplimiento a lo establecido por el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020. Adicionalmente, requiri\u00f3 al actor para que definiera contra que entidad dirig\u00eda su pretensi\u00f3n. Para ello, otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas. <\/p>\n
Ante la ausencia de pronunciamiento, el Despacho accionado, mediante auto de 14 de julio de 2021, opt\u00f3 por rechazar la acci\u00f3n popular. Inconforme, el actor y su coadyuvante interpusieron recurso de reposici\u00f3n. No obstante, la mentada autoridad, en prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021, resolvi\u00f3 no reponer, en consideraci\u00f3n a que \u00ab\u2026el fundamento de los mismos se circunscribe a apreciaciones propias de los recurrentes, pues, el actor popular solo se limita a mencionar que cumple con el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, sin tener presente lo estatuido por el inciso 4\u00b0 del Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 6, en el entendido que la exigencia de presentar la demanda y anexos para reparto en forma simult\u00e1nea con el env\u00edo a la parte demandada por medio electr\u00f3nico o, de no conocerse este, de manera f\u00edsica, se requiere en cualquier jurisdicci\u00f3n, incluyendo obviamente las acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00ab[L]o expuesto por la coadyuvante no es suficiente para reponer la decisi\u00f3n tomada, toda vez que la base de sus argumentos enfocados al supuesto ejercicio de una vulneraci\u00f3n a la comunidad por parte de la demandada por una posible omisi\u00f3n no puede analizarse sin antes efectuar el tr\u00e1mite pertinente bajo el debido proceso y este solo se satisface en este momento procesal con la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020, que el aparte puntual dice: \u201c(\u2026) el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y sus anexos a los demandados. (\u2026)\u201d. Norma que fue instituida para cualquier tipo de demanda.\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no se puede recibir como irrazonable. Ello pues, fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto en torno al tema debatido -requisitos actuales de la demanda en acciones populares-. En efecto, se comprob\u00f3 que el actor omiti\u00f3 por completo acatar lo ordenado en el prove\u00eddo que inadmiti\u00f3 su demanda, dejando pasar el t\u00e9rmino de tres d\u00edas otorgado por la ley para subsanar los defectos anotados. Por tanto, lo que correspond\u00eda era rechazar la demanda, como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Y es que ciertamente, enfoc\u00f3 su acci\u00f3n constitucional a diferir de la postura del despacho enjuiciado frente a la aplicaci\u00f3n o no del Decreto 806 de 2020, para el estudio de los requisitos de la demanda en acciones populares. Sin embargo, se aclara que existieron otros motivos para el rechaz\u00f3 de la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
En este orden de ideas, se insiste, tales inferencias no pueden ser recibidas como irrazonables, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun., rad. 2016-01050; STC17205-2019, 16 dic. 2019, rad. 2019-04126-00). <\/p>\n
5. En un caso de tintes similares, esta Sala manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab3. A pesar de que, lo previamente expuesto, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n, vale la pena a\u00f1adir que el resguardo tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prove\u00eddo del 31 de mayo de 2021, que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el quejoso, no luce arbitrario, pues en la citada decisi\u00f3n el juzgado accionado explic\u00f3 los motivos por lo que no se pod\u00eda dar curso a la demanda, respecto de lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
En el auto por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda, se indic\u00f3 <\/p>\n
: \u201c\u2026Revisado el escrito de ACCI\u00d3N POPULAR, se observa que el mismo no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la normativa antes transcrita, por las siguientes razones: <\/p>\n
– Al mencionar los intereses colectivos vulnerados, no precisa el art\u00edculo al cual se refiere, se limita a mencionar unos literales de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
– No se acredita con al presenta de la acci\u00f3n, la remisi\u00f3n de la misma a la contraparte, lo cual est\u00e1 claramente establecido en los art\u00edculos 3 y 6 del del decreto 806 de 2020, el cual, aplica para la jurisdicci\u00f3n constitucional, como bien lo manifiesta el mismo accionante en su escrito. Cabe anotar que la aplicaci\u00f3n del decreto es integral, y aplica para ambas partes de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal\u2026\u201d <\/p>\n
Al momento de subsanar la acci\u00f3n popular, el accionante lo hace respecto del primer punto, pero frente al \u00faltimo aspecto se pronuncia indicando que el Decreto 802 de 2020 (sic), no aplica en acciones populares, y que en ese sentido se ha pronunciado ya la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
No obstante, al hacer la revisi\u00f3n de las providencias citadas por el accionante: 11001-02-03-000-2020-02722-00 y 11001-02-03-000-2020- 02448-00, que corresponde a las que fueron las encontradas en el sistema de b\u00fasqueda de la p\u00e1gina de la Corte, por ser la \u00fanicas mencionadas con el radicado completo, observa esta c\u00e9lula judicial, que en la mismas, en parte alguna se menciona que el Decreto 806 de 2020, no sea aplicable a la jurisdicci\u00f3n constitucional o espec\u00edficamente a las acciones populares; pues lo que all\u00ed se explica es la forma en que procede el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, en donde concluy\u00f3 la Corte Suprema de Justicia que comoquiera ya las mismas ven\u00edan tramit\u00e1ndose bajo normativa anterior, con la que inclusive fue concedido el recurso, para la sustentaci\u00f3n debi\u00f3 aplicarse el C.G.P y no el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el Alto Tribunal de Cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no desconoce la aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020, a las acciones populares, por el contrario, explica la forma en que aplica de acuerdo con el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n normativa\u2026 <\/p>\n
Lo anterior, contrario a lo considerado por el actor popular, lo que hace es reafirmar la aplicabilidad del Decreto 806 de 2020, pues en dichas sentencias lo que explica la Corte, es la forma como procede la aplicaci\u00f3n, conforme con las reglas que rige el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y como quiera que las acciones han sido presentadas en vigencia del Decreto 806 de 2020, no hay duda, que debe darse aplicaci\u00f3n al mismo. <\/p>\n
Ahora bien, menciona el accionante al momento de subsanar que desconoce la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la accionada. Al respecto cabe resaltar, que el mismo est\u00e1 contenido, bien en sus p\u00e1ginas oficiales o en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, e inclusive en los buscadores de navegaci\u00f3n de internet; pero si aun as\u00ed, no le es posible obtenerla, ello, no lo exime de remitir la acci\u00f3n, pues el Decreto 806 de 2020, en su art\u00edculo 6\u00ba que reza en lo pertinente: \u201c\u2026De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditar\u00e1 con la demanda el env\u00edo f\u00edsico de la misma con sus anexos\u2026\u201d <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el estrado criticado interpret\u00f3 el art\u00edculo 6\u00b0 el decreto 806 de 2020 y concluy\u00f3 que como el actor no acat\u00f3 la carga impuesta en dicha norma, en el sentido de remitir copia de la demanda a su contraparte, lo que tampoco hizo en el t\u00e9rmino concedido para subsanar el libelo, se impon\u00eda su rechazo.\u00bb. (STC7975-2021, 1 jul, rad 2021-00098-01) <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2, 02Tutela.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-21, Anexo 01ExpedienteDigitalizadoC3, Sub-Carpeta 02SegundaInstancia. Carpeta 013 EXPEDIENTE J12CCpdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1, 05SolicitudCoadyuvanciaYAccesoProceso.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-2, 06Auto20210714RechazaDemanda.pdf <\/p>\n
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STC13697-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13697-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00340-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}