STC13731-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13731-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2020-00613-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP le instaur\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima, el Juzgado S\u00e9ptimo de Paz y el Juzgado de Paz de Reconsideraci\u00f3n, ambos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, en consecuencia, se \u00abinvalide o deje sin efecto jur\u00eddico alguno, o se decrete la nulidad absoluta de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 20 de junio de 2017 y 18 de mayo de 2018, respectivamente, por el Juzgado 7\u00ba de Paz de Ibagu\u00e9, y el Juez de Paz de Reconsideraci\u00f3n que deciden la controversia patrimonial incoada por Construcciones JF S.A.S. en contra de la (gestora) estando en curso de una incompetencia absoluta para conocer y fallar la controversia puesta en conocimiento de esos juzgados de paz\u00bb. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que el 15 de noviembre de 2017 tom\u00f3 a t\u00edtulo de arrendamiento el inmueble ubicado en la \u00abC 108 2 Sur 05 el Jard\u00edn\u00bb, por un t\u00e9rmino de siete (7) a\u00f1os y, que, por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, Construcciones JF SAS pidi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Paz de Ibagu\u00e9 la restituci\u00f3n del inmueble, el reajuste del canon y el pago de indemnizaci\u00f3n moratoria, demanda que se admiti\u00f3 para \u00abdirimir en equidad\u00bb (27 mar. 2017). <\/p>\n
Expuso que en ese tr\u00e1mite se cometieron varios yerros, entre ellos: (i) John Edisson Navarro Godoy dijo actuar en nombre de la proponente sin ser representante legal o procurador judicial de \u00e9sta, (ii) El monto de las pretensiones era superior a la cuant\u00eda establecida para la jurisdicci\u00f3n de paz y, (iii) Se dict\u00f3 sentencia sin contar con la competencia para ello (25 may. 2017). <\/p>\n
Indic\u00f3 que interpuesto recurso de reconsideraci\u00f3n (7 jul. 2017), se confirm\u00f3 lo decidido en primera instancia (18 may. 2018), de lo que se enter\u00f3 el 26 de septiembre de 2019, cuando Construcciones JF requiri\u00f3 el cumplimiento de los \u00abfallos en equidad\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que al \u00abactuarse sin competencia\u00bb y sin el pleno convencimiento de que Godoy Navarro representaba los intereses de la convocante, se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho que menoscaba sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2.- La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia de Ibagu\u00e9 y el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima adujeron falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, mientras que Construcciones JF SAS se opuso al resguardo, asegurando que el litigio se ajust\u00f3 a las reglas procedimentales. <\/p>\n
La accionante, agreg\u00f3 como hecho nuevo, que quien suscribi\u00f3 el veredicto de reconsideraci\u00f3n no ostentaba dicha calidad, por remoci\u00f3n del cargo dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 el amparo por no cumplir el presupuesto de la inmediatez, \u00abtoda vez que se produce transcurridos m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la sentencia de segunda instancia\u00bb, aclarando, que \u00abEl argumento del accionante, consistente en que el requisito en comento debe entenderse cumplido por cuanto solo se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n de segunda instancia de los jueces de paz el 26 de septiembre de 2019, cuando la firma Construcciones JF SAS radic\u00f3 solicitud de cumplimiento a lo acordado en esa jurisdicci\u00f3n, no es de recibo, pues ello podr\u00eda eventualmente considerarse si el accionante no hubiera tenido la posibilidad de conocer la existencia del tr\u00e1mite con anterioridad, pero ello no es as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que \u00abel mismo togado aqu\u00ed accionante fue quien present\u00f3 el recurso de reconsideraci\u00f3n ante el juez de paz, luego de la sentencia proferida en primera instancia el 25 de mayo de 2017, en cuyo tr\u00e1mite actu\u00f3 como representante Jhon Edison Navarro Godoy, quien fuera la persona designada por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, seg\u00fan as\u00ed se evidencia de la audiencia en la cual se avoc\u00f3 conocimiento de la actuaci\u00f3n el 24 de marzo de 2017\u00bb y, que \u00abEl reparo del demandante relativo a que el juez de paz carec\u00eda de competencia para declarar el incumplimiento del contrato de arrendamiento y ordenar la restituci\u00f3n del inmueble, es infundado\u00bb dado que \u00e9sta \u00abestaba determinada por la naturaleza misma del conflicto, el cual reca\u00eda sobre un contrato de arrendamiento que una de las partes consideraba incumplido. Se trataba sin duda de un asunto susceptible de transacci\u00f3n, en el que la cuant\u00eda no supera el tope establecido por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 497\/99\u00bb. <\/p>\n
La gestora apel\u00f3 porque, en su sentir, se desconoce la aplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de inmediatez y la falta de competencia de los juzgadores\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque se advierte una irregularidad que afectar\u00eda el rito surtido en primera instancia, dado que las pretensiones no se dirigieron en contra del Consejo Superior de la Judicatura ni la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima, por lo que su vinculaci\u00f3n resulta aparente, esta Sala para no dilatar la definici\u00f3n del auxilio sometido a reparto desde del 20 de febrero de 2020 y preservar la primac\u00eda de los \u00abderechos fundamentales\u00bb, asume la impugnaci\u00f3n del asunto asignado a esta dependencia el 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se advierte el fracaso de la tutela y la consiguiente convalidaci\u00f3n de lo confutado, porque se inobserv\u00f3, sin excusa valida, el \u00abrequisito de la inmediatez\u00bb que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
2.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que entre la fecha del \u00abfallo del juez de reconsideraci\u00f3n\u00bb (18 may. 2018.) que convalid\u00f3 el de primer grado y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (20 feb. 2020), transcurrieron un (1) a\u00f1o, nueve (9) meses y dos (2) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para acudir a este excepcional sendero. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la interesada se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Colegiatura denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.2.- Ahora, si bien, en algunos casos se ha superado la ausencia de la exigencia temporal aludida, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo acaece cuando la demora en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas debido a que lo afirmado por la sedicente, en el sentido, que \u00absolo vin(o) a conocer el fallo de segunda instancia en equidad, cuando el 26 de septiembre de 2019, la firma Construcciones JF SAS, radica petici\u00f3n (\u2026) solicitando se d\u00e9 cumplimiento a los fallos en equidad\u00bb, no constituye raz\u00f3n v\u00e1lida para conjurar su desidia en la interposici\u00f3n de esta especial v\u00eda, porque lo advertido es el comportamiento negligente de la impulsora, no s\u00f3lo para acudir a esta senda excepcional, sino tambi\u00e9n en el decurso objetado. <\/p>\n
En efecto, del libelo genitor y las providencias adosadas, se tiene que: (i) La quejosa, en el juicio combatido, s\u00f3lo compareci\u00f3 a la audiencia de \u00abavocar conocimiento\u00bb por intermedio de Jhon Edisson, permaneciendo silente respecto del anhelo all\u00ed perseguido (24 mar. 2017); (ii) En la \u00absentencia en equidad\u00bb (20 jun. 2017), se calific\u00f3 de \u00abincurioso\u00bb el comportamiento de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al abandonar el proceso y no atender a los llamados para surtir las etapas subsiguientes; (iii) Pese a que formul\u00f3 la \u00abreconsideraci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 32 Ley 197 de 1999), desatendi\u00f3 la carga prevista en el canon 32 del marco citado, esto es, no realiz\u00f3 ning\u00fan esfuerzo para conformar el \u00abcuerpo colegiado\u00bb que \u00ab estar\u00e1 conformado por el juez de paz de conocimiento y dos jueces de paz que de com\u00fan acuerdo se\u00f1alen las partes\u00bb (subrayado fuera del texto), lo que dio lugar al impulso oficioso (Art\u00edculo 32) y, (iv) En la \u00abreconsideraci\u00f3n\u00bb, se reiter\u00f3 su dejadez de colaborar con la justicia, amen que sus argumentos no eran oportunos para repeler la \u00abcompetencia\u00bb ni la \u00abindebida representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aspecto frente al cual, la Sala ha doctrinado: \u00ab(\u2026) es deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia, pues no pueden excusar su falta de diligencia o la de su apoderado, para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional tard\u00edamente\u00bb (STC5694-2018). <\/p>\n
Esto es as\u00ed, porque, las circunstancias aqu\u00ed observadas, como en otras ocasiones lo ha considerado la Sala, impiden \u00abpredicar al reclamante el desconocimiento de la suerte de la actuaci\u00f3n emprendida, puesto que seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia era carga que pesaba en [\u00e9l], ya directamente ora a trav\u00e9s de su apoderado judicial\u2026 \u2018[N]o puede olvidarse, existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ SC, 10 mayo 2011, Exp. 00365-01) (CSJ STC15768-2016, 1\u00ba nov. 2016, rad. 2016-03038-00 citada en STC5694-2018). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el fallo opugnad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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