STC13732-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13732-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2021-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela promovida por Fedor Manuel Orozco Raudales contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el consecutivo 2009-00789. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Por conducto de apoderado, el gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna\u00bb para que, en consecuencia, se \u00abde[jen] sin efecto el mandamiento de pago y la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb expedidos en el asunto reprochado. <\/p>\n
En sustento, narr\u00f3 que en su contra se inici\u00f3 juicio hipotecario con base en el pagar\u00e9 n\u00ba 572525600001082, en el cual se hizo constar que el banco Davivienda, el 30 de noviembre de 2004, le prest\u00f3 $30.907.864,40, \u00absuma que destinar\u00eda a la adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, \u00abel contrato de mutuo -que se anex\u00f3 a la demanda como t\u00edtulo ejecutivo y que sirvi\u00f3 de base al mandamiento de pago, no se celebr\u00f3\u00bb; pues ante el requerimiento efectuado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar a la entidad financiera, la misma no hizo referencia al acuerdo \u00absupuestamente celebrado el 30 de noviembre de 2004, sino a uno suscrito entre los contendientes, el 17 de julio de 1998, pr\u00e9stamo desembolsado el 29 de diciembre de 1999\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que, tanto el \u00abpagar\u00e9\u00bb como la carta de autorizaci\u00f3n, se anexaron con espacios en blanco, discordancias alegadas a trav\u00e9s de las excepciones de \u00abnulidad absoluta del contrato que se hizo constar en el pagar\u00e9 presentado como t\u00edtulo de recaudo ejecutivo, por fraude a la ley\u00bb, \u00abfalta de idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb y \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, entre otras, las cuales fueron desestimadas por el a quo, quien, adem\u00e1s \u00aborden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb (6 mar. 2020); decisi\u00f3n confirmada por el estrado del circuito accionado (26 jul. 2021). <\/p>\n
Relat\u00f3 que Davivienda cedi\u00f3 el cr\u00e9dito litigioso a Isabel Cristina G\u00f3mez Tangarife, contrariando el mandato perentorio del art\u00edculo 24 de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sentencia de primera instancia no se emiti\u00f3 \u00aben consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y las excepciones alegadas y probadas\u00bb y que el ad quem \u00absoslay\u00f3 a toda costa la soluci\u00f3n de los puntos planteados en el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
El Quinto Civil Municipal reliev\u00f3 que el precursor, desde cuando fue notificado del mandamiento de pago, ha hecho uso de los medios de contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n otorgados por la ley, \u00ablo que demuestra la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional de tutela para controvertir las decisiones desfavorables, soportado en los mismos argumentos\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Valledupar deneg\u00f3 el resguardo, tras determinar que el pronunciamiento del fallador fustigado no es desproporcionado, ni arbitrario \u00absino que corresponde al an\u00e1lisis del caudal probatorio recaudado durante la litis, valorado a la luz de la sana cr\u00edtica, frente a lo cual no puede el juez de tutela inmiscuirse en los criterios del juez de conocimiento, m\u00e1xime que no se advierte irregularidad alguna\u00bb. <\/p>\n
4.- El suplicante impugn\u00f3 haciendo un recuento de la legislaci\u00f3n que rige los sistemas de financiaci\u00f3n de vivienda UPAC y UVR, as\u00ed como la restructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y se\u00f1al\u00f3 que el juez ordinario y el constitucional de primera instancia, pasaron por alto los precedentes horizontales y verticales sobre la materia. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n
\u00abEl banco al presentar la demanda no advirti\u00f3 que se trataba de un cr\u00e9dito hipotecario desembolsado en Julio de 1998, inmerso dentro del universo de aplicaci\u00f3n de la ley 546 de 1999, como se puede deducir de la escritura p\u00fablica de hipoteca, el cual, conforme a la evoluci\u00f3n jurisprudencial que la ley de vivienda ha tenido, constituye un t\u00edtulo complejo, sin embargo, con el t\u00edtulo valor no se aport\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, requisito sine qua non para su admisi\u00f3n, el cual se ha adelantado en todas sus etapas, sin que el juzgado haya realizado el control de legalidad establecido en el art\u00edculo 132 del C.G.P., si se tiene en cuenta que el cr\u00e9dito objeto de cobro corresponde a un cr\u00e9dito de vivienda otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite la revisi\u00f3n del plenario objetado pronto permite colegir que la determinaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Valledupar (26 jul. 2021), por medio de la cual convalid\u00f3 la de primer grado, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal como lo expresa el tutelante. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl primer reparo presentado por el recurrente, tiene que ver con la supuesta incongruencia de la sentencia de primera instancia. Sobre este punto, se pronuncia el ad quem expresando que la sentencia apelada no es incongruente, pues est\u00e1 fundamentada en los hechos alegados por el Banco en la demanda y en general por ambas partes, recayendo estrictamente sobre el litigio y sin extenderse sobre asuntos externos a \u00e9l. En la demanda indic\u00f3 el Banco que el deudor hab\u00eda suscrito un pagar\u00e9 que es el que se ejecuta y sobre el cual se ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n y adem\u00e1s determin\u00f3 que la obligaci\u00f3n ejecutada existe desde 1999\u00bb (\u2026). <\/p>\n
La sentencia dictada por la primera instancia se circunscribi\u00f3 a analizar el mismo t\u00edtulo valor que fue aportado por el ejecutante y no otro, otra cosa es que, como consecuencia de las excepciones, se hay tenido que extender el an\u00e1lisis hacia la existencia de la obligaci\u00f3n subyacente, pero eso no implica alterar el objeto litigado, pues se trata del mismo. Esto es que, la sentencia, en vez de ser incongruente, abarc\u00f3 toda la cuesti\u00f3n del debate procesal y estableci\u00f3 que la obligaci\u00f3n que recoge el pagar\u00e9 existe en la realidad\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[D]ebe tenerse claro que no se ha probado que la obligaci\u00f3n originaria se haya extinguido por alguna de las modalidades del C.C. (pago, novaci\u00f3n, etc.) pues \u00fanicamente fue sometida a reestructuraci\u00f3n. En otras palabras y para decirlo m\u00e1s concreto, se trata de la misma obligaci\u00f3n, aunque restructurada, o sea, modificada en algunas de sus condiciones o cruzadas con otras. Ninguna prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n existe en el C\u00f3digo Civil, C\u00f3digo de Comercio, C\u00f3digo General del Proceso para que pueda ser ejercida las acciones emanadas de un t\u00edtulo ejecutivo que se ha originado con posterioridad a la obligaci\u00f3n. Para los t\u00edtulos valores, por el contrario, a menudo, se crean como garant\u00eda del pago de una obligaci\u00f3n existente desde cierto tiempo atr\u00e1s y para el caso del se\u00f1or FEDOR OROZCO, viene de argumentarse y de probarse, que adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario que posteriormente fue reestructurado, y a consecuencia de esa reestructuraci\u00f3n, se firm\u00f3 el pagar\u00e9 que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero al segundo reparo formulado por el ejecutado, consistente en una incorrecta valoraci\u00f3n del t\u00edtulo valor y la transgresi\u00f3n al art\u00edculo 422 del ordenamiento instrumental civil, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abTodo lo examinado en el proceso deja ver que la obligaci\u00f3n incorporada en el pagar\u00e9 base, es concordante entre s\u00ed, en forma tal que, todas las pruebas convergen en la existencia de una obligaci\u00f3n que est\u00e1 retratada, sin alteraciones, en el t\u00edtulo. Es as\u00ed como el pagar\u00e9, siendo prueba exclusiva del derecho, se ve a su vez fortalecido procesalmente con otra pruebas del acervo, tal como el interrogatorio de parte y el dictamen rendido por el perito de la Superintendencia Financiera, el cual, en ning\u00fan momento desvirt\u00faa la existencia del cr\u00e9dito de $30.907.864.40, puesto que reconoce que no se trata de un cr\u00e9dito aparte, sino de una reestructuraci\u00f3n del inicial, as\u00ed, entonces, es posible colegir que la obligaci\u00f3n contra\u00edda por el se\u00f1or FEDOR OROZCO con el banco Davivienda se encuentra vigente, est\u00e1 garantizada en el t\u00edtulo valor (pagar\u00e9) que se cobra. <\/p>\n
Se deduce de lo anterior, que el ejecutado s\u00ed debe al Banco ejecutante la obligaci\u00f3n descrita en el pagar\u00e9 y que fue la misma obligaci\u00f3n de la que se habl\u00f3 en la demanda y se debati\u00f3 en toda la instancia, misma sobre la cual el ejecutado firm\u00f3 una carta de autorizaci\u00f3n para llenar espacios en blanco y que tambi\u00e9n es congruente con el pagar\u00e9 adosado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la \u00abrestructuraci\u00f3n\u00bb fue aceptada por el demandado en el interrogatorio rendido en el coercitivo; por tanto, estim\u00f3 que atacar la idoneidad del t\u00edtulo valor resultaba contradictorio, ya que el deudor reconoce que el cr\u00e9dito tuvo modificaciones por incremento del valor prestado, condiciones de amortizaci\u00f3n e intereses, lo que influy\u00f3 en \u00abla conformaci\u00f3n del t\u00edtulo valor, sin que la obligaci\u00f3n inicial haya perecido\u00bb. <\/p>\n
Frente a la \u00abcesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, asever\u00f3 que la discusi\u00f3n sobre los efectos de la misma en el proceso, \u00abhac\u00eda parte del tr\u00e1mite de primera instancia, en el cual no ten\u00eda injerencia a trav\u00e9s de la apelaci\u00f3n del fallo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esboz\u00f3 que la queja del actor respecto a los espacios en blanco en el pagar\u00e9 y la carta de instrucciones radicaba en los requisitos formales sobre los cuales no pod\u00eda solventar, porque \u00abde acuerdo al art\u00edculo 430 del C.G.P. tales aspectos del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo pod\u00edan discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo y no [eran] susceptibles de reconocimiento o declaraci\u00f3n en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una arbitrariedad como lo anhela el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Ahora bien, el precursor en la impugnaci\u00f3n centr\u00f3 su exposici\u00f3n en la \u00abrestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb de vivienda adquiridos con el sistema UPAC y UVR y la legislaci\u00f3n que regula ese t\u00f3pico, discutiendo el desconocimiento de los precedentes horizontales y verticales existentes sobre el asunto; sin embargo, tal discrepancia no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, comoquiera que ese argumento no hizo parte de los aducidos en el escrito superlativo, por lo que constituye un hecho nuevo sobre el que esta Corte no puede manifestarse sin vulnerar el \u00abderecho de defensa\u00bb de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
Frente a esa tem\u00e1tica, esta Colegiatura ha dicho, que: <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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