STC13733-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13733-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00870-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de 2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Arboleda Perdomo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en la causa judicial que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso del proceso penal seguido en su contra por los delitos de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso agravado por el uso, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y supresi\u00f3n y ocultamiento de documento p\u00fablico y estafa agravada en la modalidad de tentativa, identificado con el radicado No. 2013-12355. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdej[ar] sin valor ni efecto la constancia secretarial de fecha 19 de agosto de 2020, donde se comienza a correr el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004\u00bb y en consecuencia \u00abque en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas se proceda a notificar en debida forma el fallo de segunda instancia proferido por [dentro del asunto]\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que el 30 de octubre de 2018 el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia condenatoria dentro del referido asunto, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y al llegar a la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad pidi\u00f3 se decretara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, solicitud que le fue negada con auto del 4 de marzo de 2020, del cual se enter\u00f3 porque el prove\u00eddo le fue enviado a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico pliniojosecalderon@gmail.com. <\/p>\n
Narra que en cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11657 de 5 de junio de 2020, su abogado actualiz\u00f3 su correo electr\u00f3nico cruz.abogados@cruzbabogados.com, en el Registro Nacional de Abogados, ya que la direcci\u00f3n de correo Leonardo,cruzb@cruzb.net, fue cancelado desde el 2019 por cambio de hosting y dominio. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 17 de julio de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, y el d\u00eda 24 siguiente se\u00f1al\u00f3 el 18 de agosto posterior como fecha para la lectura de fallo, actuaciones de las cuales no se enter\u00f3 en ese momento, porque el \u00faltimo auto, dice, no fue oportunamente incluido en el m\u00f3dulo de consulta de procesos de la rama judicial, pese a que as\u00ed lo impone el Acuerdo PCSJA20-11657 de 5 de junio de 2020 y el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, m\u00e1s aun cuando el prove\u00eddo tampoco fue enviado a su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Sostiene que la constancia secretarial del 19 de agosto de 2020 donde se manifest\u00f3 que iniciaba el t\u00e9rmino para interponer el recurso de casaci\u00f3n, no fue enviada a su correo electr\u00f3nico, ni al de su abogado o a la direcci\u00f3n f\u00edsica de \u00e9ste, por lo que se enter\u00f3 de las actuaciones mediante un telegrama que pudo leer hasta septiembre siguiente, en raz\u00f3n a que fue enviado a una direcci\u00f3n donde no estaba residiendo, noticia ante la cual su abogado pidi\u00f3 al Despacho el env\u00edo de la sentencia de segunda instancia, sin recibir respuesta alguna, por lo que el 17 de febrero de este a\u00f1o \u00e9ste pidi\u00f3 cita para verificar personalmente el estado del proceso, mensaje ante el cual se recibi\u00f3 copia del mentado prove\u00eddo <\/p>\n
Finalmente asegura, que s\u00f3lo hasta el 15 de marzo del a\u00f1o en curso fueron registradas la sentencia de segunda instancia y el traslado para interponer el recurso de casaci\u00f3n en el sistema de registro de actuaciones de la p\u00e1gina web de la rama judicial; no obstante, el 20 de abril del presente a\u00f1o el Tribunal le neg\u00f3 la solicitud para notificar nuevamente dicha decisi\u00f3n de fondo, situaciones por las cuales, asegura, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 del proceso cuestionado, inform\u00f3 que el 17 de julio de 2020 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la sentencia condenatoria de primer grado, decisi\u00f3n que ley\u00f3 en audiencia del 18 de agosto del mismo a\u00f1o, y, que se atiene a lo que resuelto en auto del20 de abril del presente a\u00f1o, que neg\u00f3 una solicitud del aqu\u00ed interesado para declarar la nulidad del proceso, con sustento en presuntas irregularidades en la notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
b.) El secretario del Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 indic\u00f3, que el 24 de octubre de 2018 el aqu\u00ed accionante fue condenado a 144 meses de prisi\u00f3n y multa de 473.49 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como determinador de los delitos de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso agravado por el uso, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y, autor del il\u00edcito de supresi\u00f3n y ocultamiento de documento p\u00fablico y estafa agravada en la modalidad de tentativa, decisi\u00f3n apelada por \u00e9ste, por lo que el expediente fue enviado al superior funcional. <\/p>\n
c.) La Procuradora 366 Judicial I Penal estim\u00f3, que est\u00e1n cumplidos los requisitos de procedencia de la protecci\u00f3n, porque la notificaci\u00f3n del fallo no se envi\u00f3 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del accionante, a la cual meses antes se hab\u00eda enviado una respuesta; adem\u00e1s, las actuaciones indebidamente notificadas fueron registradas en la p\u00e1gina web de la rama judicial hasta marzo de 2021. <\/p>\n
d.) El abogado de Juan Manuel Arboleda Perdomo dentro del juicio cuestionado, coadyuv\u00f3 la solicitud de \u00e9ste, porque no se le inform\u00f3 la fecha de lectura de la sentencia de segunda instancia, pese a que su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico estaba actualizada en la plataforma de la Unidad de Registro Nacional de Abogados \u2013URNA. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir que la solicitud de invalidaci\u00f3n elevada en este escenario \u00abfue presentada por el defensor de ARBOLEDA PERDOMO al interior del proceso penal, pero fue resuelta en forma negativa a sus intereses en auto del 20 de abril de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por lo que la Sala analizar\u00e1 dicha decisi\u00f3n\u00bb, encontrando que en la misma \u00abel Tribunal abord\u00f3 los aspectos puestos de presente ahora, en la demanda de tutela, y encontr\u00f3, contrario a lo propuesto por el accionante y de la delegada del Ministerio P\u00fablico en esta sede, que se libr\u00f3 comunicaci\u00f3n a JUAN MANUEL ARBOLEDA PERDOMO con destino a la direcci\u00f3n de residencia que hab\u00eda sido registrada en el expediente, sin que el procesado informara dentro de la actuaci\u00f3n de alg\u00fan cambio de domicilio. <\/p>\n
Tampoco procedi\u00f3 de esa manera el defensor del ahora accionante, pues aunque actualiz\u00f3 su correo electr\u00f3nico en la Unidad de Registro Nacional de Abogados, nada dijo al respecto, para efectos de comunicaciones dentro del proceso penal. <\/p>\n
Y, finalmente, recu\u00e9rdese que el mismo Tribunal se\u00f1al\u00f3 que el mandatario judicial, dentro de los argumentos para pedir la nulidad del tr\u00e1mite, reconoci\u00f3 que su defendido s\u00ed recibi\u00f3 la correspondiente comunicaci\u00f3n inform\u00e1ndole de la diligencia de lectura del fallo de segundo grado, \u00abpero que determin\u00f3 no leerlo pues observ\u00f3 el logo de MOVISTAR, sin percatarse que era una notificaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que mal podr\u00eda el libelista alegar la vulneraci\u00f3n de sus derechos ante su propia incuria. Tampoco, por ese aspecto, es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el caso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, reiterando lo manifestado en el escrito inicial, pero haciendo \u00e9nfasis en que la tutela se enfil\u00f3 \u00abcontra unos actos procesales, no se solicit\u00f3 la invalidez de una providencia judicial, sino la correcci\u00f3n de un proceder ajeno a la pr\u00e1ctica diligente y legal\u00bb, que busca la debida notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el ciudadano Juan Manuel Arboleda cuestiona, a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que dentro del proceso penal seguido en su contra, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no le haya notificado en debida forma la sentencia de segunda instancia cuya lectura se hizo el 18 de agosto de 2020, pues seg\u00fan su dicho, el enteramiento debi\u00f3 hacerse mediante el oportuno registro de las actuaciones en la p\u00e1gina web de la rama judicial, o mediante el env\u00edo de la respectiva decisi\u00f3n a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o a la de su abogado, o a la direcci\u00f3n f\u00edsica de \u00e9ste. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n se advierte que las mencionadas inconformidades fueron abordadas por la Colegiatura accionada en prove\u00eddo del 20 de abril del a\u00f1o que avanza, con que se neg\u00f3 la invalidaci\u00f3n del proceso que pretendi\u00f3 el aqu\u00ed inconforme con fundamento en similares motivos a los aqu\u00ed expuestos, decisi\u00f3n que no se advierte resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, lo cual se observa porque dicha autoridad anot\u00f3 all\u00ed que para atender el reclamo, \u00abse dispuso requerir a la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, con el objetivo que allegaran informe del tr\u00e1mite efectuado para lograr la notificaci\u00f3n del auto que fij\u00f3 fecha para lectura del prove\u00eddo, en ese orden de ideas, se recibi\u00f3 constancia secretarial suscrita por el doctor Camilo Andr\u00e9s Ariza Pinz\u00f3n, Escribiente adscrito a la Secretar\u00eda, en el que inform\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) los datos se extrajeron del proceso, toda vez que no se tiene acceso a la base de datos del sistema URNA, y que dentro del proceso de la referencia se corrieron los t\u00e9rminos del art\u00edculo 183 de la ley 906 de 2004, del 19 de agosto de 2020, a partir de las ocho de la ma\u00f1ana (8:00 a. m.), al 25 de agosto de 2020, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), toda vez que todas las citaciones se enviaron y que todas las partes quedaron notificados en estrados\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, resulta evidente que, la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 los tr\u00e1mites pertinentes con el objetivo de lograr la notificaci\u00f3n del auto que fij\u00f3 fecha para la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia y, por ende, garantizar la concurrencia de las partes y sujetos intervinientes, as\u00ed como el respeto a los derechos y garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
A lo que la Colegiatura accionada agreg\u00f3, que \u00abes dable precisar que la actuaci\u00f3n se\u00f1alada se efectu\u00f3 con los datos obrantes dentro del expediente, ello es, la direcci\u00f3n f\u00edsica del procesado y el correo electr\u00f3nico leonardo.cruzb@cruzb.net perteneciente al apoderado judicial de encartado, pues it\u00e9rese, para ese momento no se ten\u00eda acceso a la base de datos del sistema URNA por los funcionarios de la Secretar\u00eda, siendo imposible exigir la comunicaci\u00f3n a una direcci\u00f3n email desconocida, m\u00e1xime cuando el ahora petente nunca actualiz\u00f3 la informaci\u00f3n dentro del proceso de marras. <\/p>\n
Por otro lado, tampoco puede desconocerse lo descrito en el memorial allegado por el doctor Leonardo Cruz Bol\u00edvar, relativo a que su prohijado, JUAN MANUEL ARBOLEDA PERDOMO, recibi\u00f3 el oficio de comunicaci\u00f3n del auto que fij\u00f3 audiencia de lectura, pero que determin\u00f3 no leerlo pues observ\u00f3 el logo de MOVISTAR, sin percatarse que era una notificaci\u00f3n judicial, enter\u00e1ndose solo hasta el mes de septiembre del 2020 de una diligencia que se efectu\u00f3 el 18 de agosto de tal anualidad. <\/p>\n
Y en igual sentido, que ante petici\u00f3n allegada se dispuso a trav\u00e9s de auto del 29 de septiembre de 2020 remitir, nuevamente, copia del fallo de segunda instancia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 24 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de conocimiento de esta ciudad. <\/p>\n
Bajo tales hip\u00f3tesis, deviene como cierto que el tr\u00e1mite para la comunicaci\u00f3n del auto que fij\u00f3 la fecha de la audiencia de lectura cumpli\u00f3 con los par\u00e1metros de ley, propendiendo la presencia de las partes y sujetos interesados en la resoluci\u00f3n de la alzada propuesta por el procesado y si bien no se cont\u00f3 con la asistencia de JUAN MANUEL ARBOLEDA PERDOMO y el doctor Cruz Bol\u00edvar, es corroborado que tal situaci\u00f3n no se deriva de alguna falencia por parte del tr\u00e1mite desarrollado por la Secretar\u00eda de la Sala Penal. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3, que \u00abclarificada la correcta diligencia en la citaci\u00f3n a diligencia de lectura, y ante la petici\u00f3n de decretar la indebida notificaci\u00f3n del fallo, es menester recordar lo rese\u00f1ado en el art\u00edculo 169 de la Ley 906 de 2004, en tanto all\u00ed se consagra que las providencias se notifican a las partes en estrados y sin perjuicio de la no comparecencia de las partes citadas. Siendo as\u00ed, no hay lugar a retrotraer la actuaci\u00f3n y con ello habilitar un t\u00e9rmino que el propio libelista que representa los derechos del procesado dej\u00f3 fenecer. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se advierte que la precitada decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no obedeci\u00f3 a su capricho o arbitrariedad, sino que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, esa decisi\u00f3n se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las actuaciones verificadas dentro del proceso, al tamiz del razonable entendimiento de la normatividad procesal aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo claro entonces que lo expuesto por el inconforme ata\u00f1e m\u00e1s a diferencias con el criterio expuesto en la comentada decisi\u00f3n, que a la configuraci\u00f3n de alguna de las causales de procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Es que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la Colegiatura convocada verific\u00f3 en su decisi\u00f3n la manera como se enter\u00f3 al aqu\u00ed inconforme de la sentencia proferida en segunda instancia, y encontr\u00f3 que la actuaci\u00f3n procesal se surti\u00f3 mediante mensaje enviado al correo electr\u00f3nico del abogado defensor que figuraba dentro del proceso, y, con comunicaci\u00f3n dirigida a la direcci\u00f3n f\u00edsica del sentenciado, quien efectivamente la recibi\u00f3, solo que no abri\u00f3 oportunamente el sobre contentivo de la misma, sin que, de otro lado, pudiera reprocharse a la secretar\u00eda el no haber verificado en el sistema URNA si el apoderado del inconforme ten\u00eda otra direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico registrada en el proceso, ya que la dependencia inform\u00f3 que no ten\u00eda acceso a ese registro. <\/p>\n
Y si bien es cierto que en el sistema de gesti\u00f3n siglo XXI, disponible en la p\u00e1gina web de la rama judicial, no fue oportunamente registrada la providencia que se viene comentando, ello no es motivo v\u00e1lido para demeritar la notificaci\u00f3n previamente evidenciada, pues la omisi\u00f3n no relevaba al actor de estar atento a la correspondencia que pudiera recibir, ni tampoco exim\u00eda a su defensor de informar dentro del proceso su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico actualizada, tem\u00e1tica sobre la cual, de forma invariable ha sostenido esta Sala, que \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016) y, adem\u00e1s, \u00abque los sistemas de informaci\u00f3n son herramientas de comunicaci\u00f3n; empero, no constituyen medios de notificaci\u00f3n, por lo cual le corresponde a los interesados acudir a los despachos y revisar directamente los procesos\u00bb (CSJ STC8909-2017)\u00bb, \u00faltima aseveraci\u00f3n que ante la actual coyuntura, debe entenderse complementada por el deber de mantener actualizada la informaci\u00f3n de contacto y estar pendiente de las comunicaciones de los despachos judiciales. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que la citada postura, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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