STC13736-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13736-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2021-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela que Laura Helena Fl\u00f3rez Rojas \u2013 Gobernadora del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Males -, Mar\u00eda Evangelina Toro de Cuasialpud, Marcos Audias y \u00c1ngel Mar\u00eda Cuasialpud Toro le instauraron al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Ipiales, extensiva a la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas del Ministerio de Interior, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda Municipal de C\u00f3rdoba, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ipiales y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00170. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En respaldo, adujeron que el estrado convocado, en la sucesi\u00f3n de la causante Mar\u00eda Fidelina Cuasialpud promovida por Jos\u00e9 Benigno Cuasialpud, decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio \u00abEl Porvenir\u00bb identificado con M.I. n\u00ba 244-103348, que \u00abinventari\u00f3 y avalu\u00f3\u00bb, a pesar de su \u00abinembargabilidad\u00bb por pertenecer a la propiedad colectiva del Resguardo de Males de C\u00f3rdoba (N). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00f3rdoba llev\u00f3 a cabo el aprisionamiento del referido bien, diligencia en la que manifestaron que el mismo \u00ables hab\u00eda [sido] adjudicado en rigor de las leyes ancestrales\u00bb, y presentaron oposici\u00f3n, desestimada sin que se les informara acerca del \u00abt\u00e9rmino legal con el que contaban para oponerse o solicitar la exclusi\u00f3n\u00bb (25 abr. 2018). <\/p>\n
Afirmaron que son integrantes del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Males de C\u00f3rdoba (N), \u00absujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb y que \u00abostentan la posesi\u00f3n real, material y efectiva\u00bb del inmueble, pese a que en el folio de matr\u00edcula no aparece registrada la adjudicaci\u00f3n a su favor, en tanto \u00ablos t\u00edtulos ind\u00edgenas de adjudicaci\u00f3n y posesi\u00f3n\u00bb no son susceptibles de ese tr\u00e1mite, pero que reposan en el archivo de la Alcald\u00eda Municipal de C\u00f3rdoba \u00abque es el ente regulador\u00bb. <\/p>\n
Expresaron que desde el mes de julio de 2021 han sido perturbados con ofertas de compra frente a los derechos sucesorales que realizan personas ajenas a la comunidad ind\u00edgena, situaci\u00f3n que, en su entender, les puede ocasionar un \u00abperjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
2.- El Ministerio del Interior aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, precisando que \u00abes la Agencia Nacional de Tierras quien adelanta los procesos de constituci\u00f3n, ampliaci\u00f3n, saneamiento y clarificaci\u00f3n de territorios colectivos\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales relat\u00f3 las actuaciones surtidas, aclarando que en el litigio cuestionado \u00abno est\u00e1 inventariado alg\u00fan bien\u00bb. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Municipal de C\u00f3rdoba indic\u00f3 que \u00abno tiene alg\u00fan tipo de objeci\u00f3n ni oposici\u00f3n\u00bb respecto al amparo suplicado. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00f3rdoba se opuso a la salvaguarda, en tanto el Cabildo Ind\u00edgena no \u00abejerci\u00f3 la contradicci\u00f3n [frente al] (\u2026) decreto del embargo ni a la diligencia de secuestro (\u2026), es m\u00e1s, ni siquiera hizo uso de las facultades que el C\u00f3digo General del Proceso le concede en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 597\u00bb, de modo que esta excepcional v\u00eda no est\u00e1 prevista para \u00abrevivir etapas procesales ya concluidas\u00bb. <\/p>\n
Julio Cesar Erazo Castillo afirm\u00f3 que el 25 de abril de 2018 se llev\u00f3 a cabo la \u00abdiligencia de secuestre\u00bb donde fungi\u00f3 como \u00absecuestre\u00bb. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi pidieron su desvinculaci\u00f3n, la primera porque \u00ablos hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por ella\u00bb y advirti\u00f3 que el fundo \u00abno presenta traslape con solicitudes de formalizaci\u00f3n de territorios ind\u00edgenas\u00bb y la \u00faltima, en vista que los sedicentes no han requerido \u00abproductos catastrales o alguno de los tr\u00e1mites o servicios [que] presta (\u2026)\u00bb adem\u00e1s, de que los gestores \u00abcuentan con otros mecanismos dentro de la acci\u00f3n civil (\u2026) para ejercer los derechos que por este medio pretende hacer efectivos\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal de Pasto desestim\u00f3 el auxilio, en atenci\u00f3n a que: a) Los actores no han \u00abpresentado pedimento alguno relativo a poner en evidencia el presunto actuar reprochable de la autoridad judicial, especialmente en la inclusi\u00f3n del predio que se dice pertenece al territorio de una comunidad ind\u00edgena, am\u00e9n que el proceso todav\u00eda est\u00e1 en tr\u00e1mite, sin que se haya llevado a cabo la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb; b) No se satisface el presupuesto de la inmediatez, puesto que \u00abla demanda de sucesi\u00f3n data del 6 de agosto de 2015 y la diligencia de secuestro se realiz\u00f3 el 25 de abril de 2018, por lo que hasta la presentaci\u00f3n de este medio excepcional, han trascurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os en un caso, y 3 en el otro\u00bb y, c) No se estructura un perjuicio irremediable \u00abpor no estar probados los supuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad\u00bb. <\/p>\n
4.- Los querellantes impugnaron reiterando los argumentos del escrito genitor, destacando, que: 1) No fueron notificados de la existencia del proceso ni de la diligencia de secuestro y, por tanto, no contaban con una asesor\u00eda previa que les permitiera conocer las consecuencias jur\u00eddicas de tal audiencia y, 2) El a quo pas\u00f3 por alto la calidad de \u00absujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb que ostentan, someti\u00e9ndolos \u00aba tr\u00e1mites largos y engorrosos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que la \u00abtutela\u00bb no puede abrirse paso, por las razones que a continuaci\u00f3n se enlistan <\/p>\n
1.1.- Se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Ello, en vista que, examinado el expediente rebatido, se logr\u00f3 establecer que, entre el prove\u00eddo que decret\u00f3 medidas cautelares sobre la heredad con M.I. n\u00ba 244-103348 (31 dic. 2015), la pr\u00e1ctica de la \u00abdiligencia de secuestro\u00bb (25 abr. 2018) y la radicaci\u00f3n de la demanda supralegal (7 sep. 2021), transcurrieron m\u00e1s cinco (5) y tres (3) a\u00f1os, respectivamente; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha expresado que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
1.2.- En lo concerniente con las inconformidades de los impulsores con las medidas cautelares practicadas, en raz\u00f3n de la aducida \u00abinembargabilidad\u00bb del bien (M.I. n\u00ba 244-103348) por ser propiedad colectiva del Resguardo de Males de C\u00f3rdoba (N) y hab\u00e9rseles adjudicado su posesi\u00f3n, se avizora que la ayuda superlativa no satisface el \u00abpresupuestos de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque los libelistas no han puesto en conocimiento del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Ipiales las inquietudes aqu\u00ed tra\u00eddas, para provocar un pronunciamiento en torno al car\u00e1cter \u00abinembargable\u00bb del predio \u00abEl Porvenir\u00bb y el levantamiento de las cautelares que sobre \u00e9l recaen, pese a que el proceso de sucesi\u00f3n constituye el escenario en que por excelencia han de conjurarse los agravios invocados, sin que este sendero excepcional pueda ser utilizado para reemplazarlo, pues ostenta car\u00e1cter \u00absubsidiario\u00bb y residual. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, se advierte que de acuerdo con el art\u00edculo 2.14.20.3.1 del Decreto 1071 de 2015, los precursores podr\u00e1n, si as\u00ed lo estiman, solicitar a la Agencia Nacional de Tierras la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n de los territorios ancestrales, junto con la implementaci\u00f3n de medidas provisionales, pues como lo inform\u00f3 dicha entidad, el inmueble \u00abno presenta traslape con solicitudes de formalizaci\u00f3n de territorios ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que no es dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de controvertir dentro del litigio natural las \u00abactuaciones u omisiones\u00bb que critica, <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC6853-2018, STC10863-2020, entre otros). <\/p>\n
1.3.- Ahora, frente al anhelo de los accionantes tendiente a que se excluya de los \u00abinventarios\u00bb de la mortuoria el referido activo, se divisa que el menoscabo revelado es inexistente, en raz\u00f3n a que no se encuentra \u00abinventariado\u00bb, pues, si bien, el juzgador program\u00f3 diligencia para dicho fin para el 27 de octubre de 2017, cierto es que, a la misma no asistieron los extremos procesales, orden\u00e1ndose oficiar a la DIAN a fin de que se hiciera parte para los efectos legales a que hubiere lugar. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad del amparo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada entre otras en STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01, y en STC12011-2020, 18 dic. 2020, rad. 03381-00). <\/p>\n
1.4.- No desconoce la Sala que los quejosos pertenecen al Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Males de C\u00f3rdoba (N) y, por ello, son considerados como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional; sin embargo, tal condici\u00f3n per se, no es presupuesto suficiente para conceder la \u00abtutela\u00bb rogada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pese a que expresaron que la situaci\u00f3n puesta de presente les est\u00e1 ocasionado un perjuicio irremediable, ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acreditaron la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas pretendidas, de cara a los medios de defensa que pueden ejercer, que resultan ser id\u00f3neos y aptos para definir el asunto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que, <\/p>\n
(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n
2.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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