STC13738-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13738-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01865-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Inversiones Ion S.A. contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio ejecutivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad con funciones jurisdiccionales convocada, al no dar tr\u00e1mite a \u00abla solicitud de insolvencia\u00bb presentada en \u00abforma f\u00edsica\u00bb, pese a que ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital cursa en su contra proceso coercitivo para el recaudo de varias obligaciones dinerarias, con radicado No. 2017-00334-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, que se ordene a la Superintendencia de Sociedades, \u00abadmi[tir] del proceso de insolvencia acorde a lo indicado en el Decreto 560 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n se limit\u00f3 a manifestar, que desde el mes de octubre del a\u00f1o 2020, y en vista de las graves consecuencias econ\u00f3micas generadas por la pandemia del covid-19, \u00abinstaur\u00f3 proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades, acogi\u00e9ndose; (\u2026) a lo indicado en el decreto 560 de 2020\u00bb; que ha \u00abradicado dos veces solicitud de insolvencia por medio de la plataforma (\u2026) y [una] (\u2026) de forma f\u00edsica\u00bb, sin que se le haya dado una respuesta, pese a que ha \u00abtenido comunicaciones telef\u00f3nicas en apoyo al tr\u00e1mite de insolvencia, con el prop\u00f3sito de que el tr\u00e1mite sea lo m\u00e1s expedito posible, empero no ha sido eficaz la acci\u00f3n jur\u00eddico procesal solicitada\u00bb, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la mora en la resoluci\u00f3n de admisi\u00f3n del juicio concursal la afecta de manera directa, pues \u00abde darse (\u2026) el tr\u00e1mite de remate que cursa en el JUZGADO TERCERO DE EJECUCI\u00d3N, perder\u00eda su derecho de forma equitativa (\u2026) de acceder a un tr\u00e1mite que legalmente permite la protecci\u00f3n del patrimonio y la reactivaci\u00f3n de la empresa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, luego de hacer un breve resumen de las actuaciones adelantadas en el marco del juicio ejecutivo que se sigue en contra de Inversiones Ion S.A., dijo que el procedimiento hasta ahora realizado no se encuentra afectado de ning\u00fan vicio, ni ha vulnerado de manera alguna los bienes jur\u00eddicos primarios de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
b. Por su parte, el abogado Eduardo Vel\u00e1squez Brice\u00f1o, apoderado judicial de algunos de los ejecutantes, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo inquirido, en tanto que es temerario, porque en pret\u00e9rita oportunidad la compa\u00f1\u00eda accionante promovi\u00f3 otras dos acciones de este mismo linaje, alegando los mismos hechos y pretensiones. <\/p>\n
c. De otro lado, la abogada Carolina Sierra Benavides, en representaci\u00f3n del ejecutante Jos\u00e9 Tovar, adem\u00e1s de coincidir con que la presente demanda constitucional es temeraria, hizo \u00e9nfasis en que la sociedad inconforme ha incumplido con las formalidades procesales requeridas para dar apertura al proceso de insolvencia, motivo por el cual la Superintendencia de Sociedades no ha abierto dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de detallar cu\u00e1les fueron han sido tr\u00e1mites constitucionales que de esta misma naturaleza ha instaurado Inversiones Ion SA, consider\u00f3 que \u00aben este asunto, existe identidad entre las partes, petici\u00f3n y hechos que la fundamentan, adem\u00e1s, no se verifican eventos posteriores a la interposici\u00f3n de las otras acciones de tutela u omitidos en el tr\u00e1mite de las mismas, ni se evidencia cualquier otra situaci\u00f3n que no se haya tomado como base para decidirlas que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante. Es decir, la presente, es una actuaci\u00f3n temeraria, a todas luces, injustificada y reprochable\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s puso de presente, \u00abel amparo deprecado no est\u00e1 llamado a prosperar. Tal y como puede leerse en el comunicado 2021-01-438490, emitido el 6 de julio de 2021, por la Superintendencia de Sociedades, 2 en dos oportunidades se le han informado al gestor, o a su apoderado, las razones por las cuales la compa\u00f1\u00eda Inversiones ION, no ha sido admitida en proceso de insolvencia (\u2026). <\/p>\n
Quiere ello significar que, trat\u00e1ndose de un proceso debidamente reglado, entre otras, por la Ley 1116 de 2006, los interesados en el tr\u00e1mite, deben reunir los requisitos y presupuestos all\u00ed se\u00f1alados, de lo contrario, el Juez del concurso, en virtud del debido proceso y los principios de igualdad y eficiencia, se ver\u00e1 compelido al rechazo del mismo, por ende, incumbe al Representante legal de la empresa y\/o su apoderado, acreditar las exigencias de forma y de fondo, para viabilizar la admisibilidad de la solicitud\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inversiones Ion SA replic\u00f3 el anterior fallo, porque, seg\u00fan sus dichos, el asunto no fue estudiado de fondo, y el ad quem constitucional pas\u00f3 por alto que adem\u00e1s de las solicitudes que elev\u00f3 de manera virtual, y que fueron objeto de estudio en las anteriores acciones de tutela, hoy existe un hecho nuevo, y es la interposici\u00f3n de la solicitud de apertura del proceso concursal de manera \u00abf\u00edsica\u00bb, frente a la cual, nada ha manifestado la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por Inversiones Ion SA, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo refutado, pero, por las razones que a continuaci\u00f3n se indican: <\/p>\n
2.1. Le asiste raz\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda actora al manifestar, que contrario a lo considerado por el a quo constitucional, el presente amparo no es temerario, por cuanto en las acciones que de esta misma naturaleza se interpusieron en el pasado, y de las que conoci\u00f3 el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, y la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal tambi\u00e9n de esta urbe, respectivamente, si bien se discuti\u00f3 la falta de respuesta por parte de la Superintendencia de Sociedades frente a las peticiones elevadas a trav\u00e9s de la web, lo cierto es que en el caso sub examine, tambi\u00e9n se est\u00e1 reclamando dar tr\u00e1mite a la solicitud de insolvencia que se present\u00f3 de \u00abforma f\u00edsica\u00bb, motivo por lo cual, en apariencia, ciertamente existe un hecho nuevo. <\/p>\n
2.2. No obstante lo anterior, el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aunque la sociedad inconforme asegura haber presentado dicha solicitud de insolvencia, se insiste, de \u00abforma f\u00edsica\u00bb, no aport\u00f3 prueba de la susodicha radicaci\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades, y tampoco se\u00f1al\u00f3 siquiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la misma fue presentada; y aun cuando el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece, que si la autoridad encartada no rinde el informe que el juez de tutela le solicite, como en efecto ocurri\u00f3, pues la autoridad convocada guard\u00f3 silencio dentro del presente tr\u00e1mite, \u00abse tendr\u00e1n por ciertos los hechos\u00bb, esto no significa que solo por esa sola raz\u00f3n deba necesariamente accederse a lo que busca la sociedad promotora, pues aqu\u00e9lla es apenas una presunci\u00f3n que puede caerse por cualquiera de los elementos demostrativos allegados al expediente, o por lo que dejaron de anexarse, como lo que ocurre en este asunto, ante la falta de certeza de la radicaci\u00f3n de la plurimencionada solicitud, pues como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abaun en el evento de que las querelladas no se hubieran manifestado, esa circunstancia no conlleva, necesariamente, a que se tengan como ciertos los hechos en que se funda la acci\u00f3n y deba concederse (\u2026) porque a la postre, la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 es apenas un elemento de juicio que debe ser valorado en conjunto con las dem\u00e1s probanzas (CSJ, STC1298-2020). <\/p>\n
2.3. Por otra parte, no puede desconocerse que en la actualidad, y por las vicisitudes propias de la pandemia, la Supersociedades est\u00e1 recibiendo y tramitando los asuntos de manera virtual; y es que para poder emprender un an\u00e1lisis concreto que permita establecer si hubo o no vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, corresponde a la parte accionante aportar los elementos de prueba necesarios para concluir con certeza la infracci\u00f3n del orden constitucional, y en particular, debe acreditar la existencia material de la petici\u00f3n, y por supuesto, el hecho mismo de haberla puesto en conocimiento de la entidad destinataria de la solicitud. <\/p>\n
3. Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado, pero por las razones que se acaban de compendiar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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