STC13749-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13749-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nancy Arango Costa\u00edn contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco del verbal de nulidad de matrimonio civil que en su contra promovi\u00f3 Santiago Giraldo Llano, identificado con el radicado No. 2018-00149-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Manizales, \u00abse declare la nulidad desde el auto de admisi\u00f3n de la demanda, del [referido proceso] debido a que desde la radicaci\u00f3n de la misma el se\u00f1or Santiago Giraldo Llano falt\u00f3 al principio de lealtad procesal, induciendo en error al juez\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que en el 2008 tuvo un noviazgo con Santiago Giraldo Llano por virtud del cual comenzaron a cohabitar el 24 de diciembre de ese a\u00f1o y celebraron matrimonio civil en Panam\u00e1 el 7 de mayo de 2009, conviviendo como esposos hasta el 23 de diciembre de 2014, entretanto, Gloria Marcela Alzate Salazar tramit\u00f3 demanda de divorcio contra Santiago Llano Giraldo ante el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales, radicado 2009-00157, que culmin\u00f3 con sentencia del 19 de octubre de 2010, nugatoria de las pretensiones, por lo que los prenombrados pusieron fin a su v\u00ednculo, de mutuo acuerdo, y liquidaron la sociedad conyugal, el 17 de agosto de 2010 en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales. <\/p>\n
Asevera que el 29 de agosto de 2015, desconociendo el matrimonio de Santiago Giraldo con Gloria Marcela Alzate Salazar, protocoliz\u00f3 la uni\u00f3n que celebr\u00f3 con \u00e9ste en Panam\u00e1, y fue hasta mayo del presente a\u00f1o que se enter\u00f3 de la existencia del referido proceso para nulidad de la misma, cuando su mandataria judicial busc\u00f3 acordar con aquel la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; fue as\u00ed que ubic\u00f3 el asunto y encontr\u00f3 all\u00ed que el demandante afirm\u00f3 desconocer su direcci\u00f3n para notificaciones, por lo que fue emplazada y representada por curador ad litem, y a la postre el proceso termin\u00f3 con sentencia del 21 de noviembre de 2018, con que se declar\u00f3 la nulidad del matrimonio, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de la decisi\u00f3n en los registros civiles de nacimiento y matrimonio de los contrayentes. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que Santiago Giraldo Llano actu\u00f3 de manera desleal dentro del precitado asunto, ya que sab\u00eda d\u00f3nde ubicarla o cuando menos ten\u00eda los medios para obtener la informaci\u00f3n, ya que con anterioridad ella lo hab\u00eda demandado en un proceso de nulidad de compraventa de inmueble, del cual aquel tuvo conocimiento, asimismo, en un en un proceso ejecutivo al que fue vinculado Giraldo Llano, reposaba su informaci\u00f3n de contacto, y adem\u00e1s, ella siempre se ha desempe\u00f1ado en cargos p\u00fablicos, lo que le facilitaba a \u00e9ste indagar sobre su paradero, no obstante, nada de esto fue puesto en conocimiento del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Manizales, lo que entonces vicia el referido juicio, situaci\u00f3n que, asegura, hace necesaria la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Manizales, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del asunto, corroborando que dentro del mismo la aqu\u00ed interesada fue representada por curador ad litem, y que el 21 de noviembre de 2018 dict\u00f3 sentencia en que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
b.) Santiago Giraldo Llano se opuso a lo expuesto en el escrito inicial, y enfatiz\u00f3 en que para la fecha de tramitado el referido asunto, y actualmente, desconoce el lugar de residencia de la aqu\u00ed interesada o cualquier otro dato para contactarla. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales neg\u00f3 la protecci\u00f3n, porque \u00abla impulsora ten\u00eda a su alcance otras herramientas para el restablecimiento de su derecho, en tanto la causal de nulidad esbozada, contenida en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, puede ser alegada, entre otros, mediante el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, cuando no fuere dable invocarla en una oportunidad anterior, conforme al canon 134 en concordancia con el numeral 7 del art\u00edculo 355 ib\u00eddem (\u2026) teniendo en cuenta que, conforme a lo precisado por la actora, tuvo conocimiento de la providencia solo hasta mayo de 2021, es decir, la oportunidad para intercalarlo se encuentra latente a la luz del inciso 2 del canon 356 ib\u00eddem, aunado a que los supuestos f\u00e1cticos esbozados, en caso de ser demostrados, tienen la virtualidad de configurar la causal de nulidad contenida en el art\u00edculo 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y por tanto, la establecida en el numeral 7 del art\u00edculo 355 del mismo estatuto; escenario en el que deber\u00e1 acreditar el menoscabo de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, con motivos similares a los del escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en el actuar desleal con que Santiago Giraldo Llano actu\u00f3 dentro del referido decurso, y en los da\u00f1os y perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, que ha padecido por virtud de la decisi\u00f3n de fondo all\u00ed tomada, que transgreden la equidad de g\u00e9nero. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Arango Consta\u00edn cuestiona, puntualmente, la sentencia emitida el 21 de noviembre de 2018 por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Manizales, donde se resolvi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad del matrimonio civil celebrado en Panam\u00e1 el 7 de mayo del a\u00f1o 2009, registrado en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1 D.C., indicativo serial 6071192 entre Santiago Giraldo Llano (\u2026) y Nancy Arango Costa\u00edn (\u2026) por haberse demostrado la causal 12 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Civil\u00bb, en el marco del proceso verbal para nulidad de matrimonio civil tramitado entre los prenombrados, pues en su criterio, el demandante conoc\u00eda su lugar de residencia o cuando menos contaba con los medios para obtenerlo, pero en la demanda no lo inform\u00f3 y pidi\u00f3 de entrada su emplazamiento, lo que llev\u00f3 a que se emitiera la precitada decisi\u00f3n, que le ha causado m\u00faltiples perjuicios. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la protecci\u00f3n solicitada habr\u00e1 de negarse, por constarse incumplido el requisito de la subsidiariedad, ya que la promotora del amparo cuenta con otro medio de defensa id\u00f3neo y eficaz para obtener la defensa de las prerrogativas que aduce vulneradas, ello en raz\u00f3n a que si su descontento radica en que fue indebidamente notificada de la existencia del referido decurso, para ese prop\u00f3sito a\u00fan cuenta con la posibilidad de presentar recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo autoriza el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 ib\u00eddem, v\u00eda procedente siempre y cuando el supuesto vicio procesal no haya sido saneado, y a trav\u00e9s del cual es posible alegar las circunstancias tra\u00eddas a esta sede especial\u00edsima. <\/p>\n
Por consiguiente, si la inconforme no ha agotado todos los medios procesales que le brinda el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (STC2451-2021). <\/p>\n
4. Ahora, no es posible soslayar el incumplimiento del precitado requisito de procedibilidad de la tutela, para en su lugar estudiar el fondo del asunto cuestionado, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que el tiempo que tarde la gestora en promover el anotado recurso extraordinario, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza, sin que el mismo pueda en este caso estructurarse en torno a la inequidad de g\u00e9nero alegada por \u00e9sta, que por ende imponga aplicar ese enfoque al caso, ya que no se observa que en la situaci\u00f3n que suscit\u00f3 la presentaci\u00f3n del amparo, la accionante haya tenido una posici\u00f3n especial de debilidad manifiesta, derivada de su condici\u00f3n de mujer, o, que la v\u00eda procesal con que cuenta para procurar la salvaguarda de sus derechos, la ponga en una condici\u00f3n de desventaja frente a su contraparte, tem\u00e1tica sobre la cual la Sala ha considerado que, \u00abla administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026) (STC2287-2018)\u00bb (citado en STC7683-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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