STC13750-2021 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13750-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2021-00199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela promovida por la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena del Cauca AIC-EPSI-, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva al Procurador Regional del Huila, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el coercitivo n\u00ba 2021-00105. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00absalud\u00bb, \u00abvida\u00bb, \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abdiversidad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, de las comunidades ind\u00edgenas cuya poblaci\u00f3n es afiliada a la AIC EPSI para que, en consecuencia: i) Se \u00abdejara sin efecto el auto de libramiento de pago radicado n\u00ba 410013103005-2021-00105-00\u00bb, as\u00ed como el que decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de dineros de las cuentas bancarias de la asociaci\u00f3n; ii) Se ordenara al estrado fustigado que \u00aben adelante se abstenga de tomar alguna otra medida que vulnere y ponga en peligro los derechos fundamentales de las comunidades ind\u00edgenas que hacen parte de la cobertura AIC EPSI R\u00e9gimen subsidiado\u00bb y, iii) Se conminara a la Procuradur\u00eda General de Naci\u00f3n a prestar acompa\u00f1amiento y vigilancia en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
En sustento de sus rogativas, sostuvo que el juzgado accionado libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros de sus cuentas bancarias, limitando la medida a la suma de $1.500.000.000, en la demanda ejecutiva que la ESE \u00abCarmen Emilia Ospina\u00bb interpuso en su contra (14 may. 2021). <\/p>\n
Adujo que, al disponer las cautelas sobre recursos que hacen parte del Sistema General del Seguridad Social en Salud -SGSSS-, desconoci\u00f3 lo estipulado en los art\u00edculos 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 13 de la Ley 1122 de 2007, 2.6.4.1.4 del Decreto 780 de 2016, 594 del C\u00f3digo General del Proceso y 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establecen \u00abla inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos que financian la salud\u00bb, transgrediendo de esa forma, las garant\u00edas fundamentales de las \u00abmujeres generadoras de vida, ni\u00f1os, adolescentes y adultos mayores\u00bb de las comunidades ind\u00edgenas de la Regional Caldas, generando un perjuicio irremediable al \u00abno garantizar la ejecuci\u00f3n de las actividades de promoci\u00f3n de la salud y prevenci\u00f3n de la enfermedad\u00bb, en el marco del -Sistema Ind\u00edgena de Salud Propio Intercultural SISPI-. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda Regional del Huila inform\u00f3 que la gestora radic\u00f3 tres solicitudes relacionadas con la presunta extralimitaci\u00f3n de funciones del despacho convocado, remitidas a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para el inicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. En adici\u00f3n, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La E.S.E. \u00abCarmen Emilia Ospina\u00bb manifest\u00f3 que las \u00abmedidas cautelares\u00bb decretadas son leg\u00edtimas, pues \u00ablo que se busca con el embargo es precisamente el pago de servicios de salud prestados por la IPS que no ha saldado la EPS, incumpliendo su obligaci\u00f3n como actor del Sistema de Salud\u00bb. Igualmente rese\u00f1\u00f3 la jurisprudencia existente sobre las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos provenientes del SGP. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva reliev\u00f3 que \u00abde la lectura minuciosa efectuada a la demanda y sus correspondientes t\u00edtulos ejecutivos, se desprende sin lugar a equ\u00edvocos que su fuente corresponde a la actividad de salud, para la cual est\u00e1n destinados dichos recursos, haciendo perfectamente aplicable la excepci\u00f3n a ese principio (Inembargabilidad)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 la salvaguarda por incumplirse el presupuesto de subsidiariedad, como quiera que \u00abla accionante no ha controvertido la medida cautelar mediante el ejercicio de los mecanismo ordinarios de defensa judicial, como el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, \u00faltimo que es procedente por tratarse de un proceso de mayor cuant\u00eda en concordancia con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, o haber solicitado su levantamiento conforme el canon 597 ib\u00eddem; por el contrario, solo ha peticionado la reducci\u00f3n del embargo decretado, el cual no ha sido resuelto, y contra el que tambi\u00e9n proceder\u00edan los medios de impugnaci\u00f3n antes mencionados\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, adujo que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio inminente que habilite la intervenci\u00f3n superlativa, incluso, de manera transitoria. <\/p>\n
2.- La impulsora impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito introductor; expres\u00f3 su inconformidad con la decisi\u00f3n del Tribunal; asegur\u00f3 que s\u00ed est\u00e1 demostrado el \u00abperjuicio inminente e impostergable\u00bb, y comunic\u00f3 que propuso incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n y las excepciones de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido\u00bb, sin que a la formulaci\u00f3n del presente amparo se hubiese emitido pronunciamiento alguno al respecto, a pesar de su insistencia a trav\u00e9s de oficios y correos electr\u00f3nicos, \u00abes m\u00e1s la parte demandante envi\u00f3 una solicitud para que se redujera el valor embargado, sin [obtener] respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- En efecto, auscultado el expediente remitido a esta Corporaci\u00f3n, se observa que, en el compulsivo reprochado, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de la E.S.E. \u00abCarmen Emilia Ospina\u00bb en contra de la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena del Cauca AIC-EPSI y decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que pose\u00eda la demandada en cuentas bancarias (14 may. 2021). <\/p>\n
Ambos extremos de la lid requirieron \u00ablimitar y disminuir la medida cautelar de embargo de los dineros de la demandada en el Banco de Bogot\u00e1 a la suma de $300.000.000\u00bb y levantar las restantes medidas cautelares (15 jul. 2021), en tanto la AIC EPSI present\u00f3 incidente de nulidad alegando indebida notificaci\u00f3n, el cual fue admitido en prove\u00eddo (28 jul. 2021) en el que, adem\u00e1s, se corri\u00f3 traslado a la ejecutante de los medios exceptivos enarbolados por la pasiva. <\/p>\n
Revisado el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial se evidenci\u00f3 que las \u00faltimas actuaciones surtidas en ese decurso corresponden a dos constancias secretariales con las anotaciones \u00abexcepciones de m\u00e9rito presentada por la parte actora\u00bb y \u00abparte demandante descorre escrito de nulidad\u00bb (7 sep. 2021). <\/p>\n
Lo anterior refleja que contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, est\u00e1 pendiente por definirse la anulaci\u00f3n y las \u00abexcepciones\u00bb interpuestas por la censora; determinaciones a adoptar que podr\u00e1 controvertir \u00abmediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb en caso de resultar contrarias a sus intereses (arts. 318 y 321 CGP). <\/p>\n
De esa manera, al hallarse latente la resoluci\u00f3n de tales aspectos al tiempo de la proposici\u00f3n del socorro, este se torna presuroso, si se tiene en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio. <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u00ab(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, y en STC1441-2021) \u2013 Subrayado y negrita adrede. <\/p>\n
1.2.- En punto a los cuestionamientos contra el interlocutorio de 14 de julio pasado, en lo que al \u00abdecreto de las medidas cautelares\u00bb contra la AIC EPSI respecta, se vislumbra que no se satisface la exigencia de la \u00absubsidiaridad\u00bb, ya que no se observa que esta hubiese hecho uso de los mecanismos de defensa a su alcance, a pesar de que contra la misma cab\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, de acuerdo con los art\u00edculos 318 y 321-8 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la querellante tuvo la oportunidad de esgrimir ante el juzgador reprochado las disconformidades que plantea en este sendero especial, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir el mencionado auto. De ah\u00ed que, ante el desaprovechamiento de esa herramienta, deba soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Ello, porque <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Por lo anterior, no existe agravio que atribuir, pues no es de recibo que, sin haber elevado tales inquietudes al estrado confutado, aspire le sean solventadas directamente en esta sede residual. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, no obstante que la accionante aleg\u00f3 la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb con las cautelas decretadas en el compulsivo, sus fundamentos no demostraron la \u00abinminencia\u00bb del da\u00f1o, ni la \u00abimpostergabilidad de las medidas\u00bb anheladas, de cara a las herramientas judiciales sin agotar, convirti\u00e9ndose en un mero enunciado sin prueba alguna. Respecto a la tem\u00e1tica esta Colegiatura ha predicado que: (\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01, STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018 y STC3455-2020). <\/p>\n
2.- Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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