STC13751-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13751-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01945-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Rosa Moreno Gonz\u00e1lez y Carlos Alberto Ardila Saiz, contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por la autoridad encartada, al negarse a \u00abexcluir\u00bb del juicio de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante, con radicado N.\u00b0 11001-3103-040-2018-00334-00, la ejecuci\u00f3n hipotecaria impulsada por ellos frente a Argenis Rodr\u00edguez V\u00e1squez, para la \u00abadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidieron ordenarle al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta capital, \u00abproceder a excluir a los accionantes del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n radicado bajo el n\u00famero 11001-31-03-040-2018-00334-00, y, en su lugar, proceder a devolver el expediente contentivo del proceso de adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real de mayor cuant\u00eda No. 11001-31-03-019-2016-00585-00 al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas afirman, que en el enunciado compulsivo se emiti\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones el 27 de febrero de 2017, determinaci\u00f3n apelada y por lo cual se remitieron las diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; no obstante, como el expediente fue \u00abhurtado de las manos de una de las dependientes\u00bb del Despacho cognoscente antes de arribar a dicho Colegiado, se procedi\u00f3 a su reconstrucci\u00f3n; que surtida la anterior gesti\u00f3n, se enviaron las diligencias al ad quem, quien declar\u00f3 desierta la alzada el 2 de mayo 2018, cobrando ejecutoria el citado fallo. <\/p>\n
Aseguran que el lapso transcurrido para la anotada reconstrucci\u00f3n fue \u00abaprovechado por la ejecutada para promover, el 8 de junio de 2018\u00bb, el decurso concursal aqu\u00ed censurado, asunto al cual se remiti\u00f3, de manera irregular, el coercitivo por ellos iniciado, pues, en su criterio, la se\u00f1ora Rodr\u00edguez V\u00e1squez inici\u00f3 aquel asunto como \u00abmaniobra (\u2026) para evadir sus obligaciones\u00bb; adem\u00e1s, destacan que de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1116 de 2006 y los conceptos de la Superintendencia de Sociedades, no est\u00e1n satisfechos los presupuestos necesarios para adelantar la reorganizaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Aducen que como el tr\u00e1mite ejecutivo de \u00abadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real\u00bb ya ten\u00eda sentencia, no debi\u00f3 enviarse el expediente al concursal de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 19 y 20 \u00eddem; as\u00ed mismo acotan, que el canon 50 de la Ley 1676 de 2013, en cuanto a las \u00abgarant\u00edas reales en los procesos de reorganizaci\u00f3n\u00bb, establece que \u00e9stas tienen lugar, en ese \u00faltimo tr\u00e1mite, cuando los bienes perseguidos son \u00abnecesarios para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica del deudor\u00bb, exigencia no cumplida, pues el predio hipotecado es usado por la ejecutada \u00abcomo casa de habitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Relatan que los argumentos antes expuestos fueron aducidos dentro de la reorganizaci\u00f3n censurada ante el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta capital, con miras a lograr la exclusi\u00f3n del litigio compulsivo fallado en su favor; sin embargo, esa autoridad en auto de 19 de febrero de 2020, no accedi\u00f3 a sus pedimentos, y si bien incoaron reposici\u00f3n, la determinaci\u00f3n se mantuvo el 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
En su sentir, el funcionario querellado les ha causado \u00abun da\u00f1o antijur\u00eddico\u00bb, pues desconoce sus alegaciones y mantiene, injustificadamente, el conocimiento del rese\u00f1ado coercitivo. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes de la reorganizaci\u00f3n reprochada, y advirti\u00f3 que, si bien neg\u00f3 lo aqu\u00ed exigido por los querellantes, \u00abno ha actuado ni incurrido en una conducta contraria a derecho o en desmedro de las garant\u00edas constitucionales presuntamente vulneradas\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad refiri\u00f3, que conoci\u00f3 de la ejecuci\u00f3n hipotecaria impetrada por los censores frente a la se\u00f1ora Argenis Rodr\u00edguez V\u00e1squez, litigio que debi\u00f3 ser reconstruido ante el hurto del cual fue objeto; que \u00aben lo atinente a los reparos (\u2026) respecto del env\u00edo del proceso al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, es claro que tal actuaci\u00f3n se realiz\u00f3 en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1116 de 2006, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente ejecutoriada y frente a la cual los actores interpusieron el recurso de reposici\u00f3n, el cual tambi\u00e9n fue resuelto en su oportunidad\u00bb. <\/p>\n
c. El banco Davivienda S.A y la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda, por separado, adujeron su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que el resguardo no se dirige frente a ellas y tampoco han lesionado las prerrogativas de los tutelantes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, al no hallar arbitrariedad en las decisiones reprochadas, pues las mismas se ajustan a lo reglado en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006; por tanto, \u00abla determinaci\u00f3n de la funcionaria de negar la exclusi\u00f3n del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n que tiene bajo su conocimiento est\u00e1 soportada en un an\u00e1lisis cr\u00edtico de la normatividad que regula la materia puesta a su consideraci\u00f3n y una valoraci\u00f3n razonada del proceso correspondiente, sin que el disentimiento subjetivo del promotor del amparo habilite la intromisi\u00f3n del juez del amparo, en raz\u00f3n a que los funcionarios judiciales gozan de autonom\u00eda para interpretar las normas y valorar los medios de convicci\u00f3n, sin que sobrepasen el l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, lo que no se aprecia en este caso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconformes con esa decisi\u00f3n, los convocantes insistieron en lo aducido en el libelo introductor, y resaltaron que el a quo constitucional omiti\u00f3 pronunciarse sobre todos sus cuestionamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela de cara a las decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso, cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la existencia de causal de procedencia del amparo, la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla y la prontitud del reclamo. La misma fuente ha precisado que se incurre en causal de procedencia del amparo cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo, es decir, cuando la decisi\u00f3n judicial sea el producto de la arbitrariedad de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. En el presente caso, los promotores censuran, concretamente, que el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se negara a \u00abexcluir\u00bb del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante seguido respecto de Argenis Rodr\u00edguez V\u00e1squez, la ejecuci\u00f3n hipotecaria por ellos iniciada frente a la prenombrada para la \u00abadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n
3. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte la Corte que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 refrendada, conforme pasa a indicarse. <\/p>\n
3.1. Dentro de la \u00abejecuci\u00f3n hipotecaria -adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real-\u00bb con radicado 11001-31-03-019-2016-00585-00, iniciada por los accionantes contra Argenis Rodr\u00edguez V\u00e1squez, se emiti\u00f3 sentencia el 27 de febrero de 2017, donde se dispuso, particularmente, seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme al mandamiento de pago y proceder a la \u00abventa en p\u00fablica subasta del inmueble objeto de hipoteca, el cual se encuentra debidamente embargado (\u2026) para que con su producto se pague al demandante\u00bb. <\/p>\n
3.2. Dado el hurto del expediente referenciado y tras agotarse las diligencias correspondientes, en audiencia de 25 de junio de 2018 se decret\u00f3 su reconstrucci\u00f3n, luego de lo cual se envi\u00f3 el asunto al ad quem, para la definici\u00f3n de la alzada propuesta por la ejecutada frente al citado fallo. <\/p>\n
3.3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en diligencia de 2 de mayo de 2018 declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n enunciada, por falta de sustentaci\u00f3n, y dispuso la devoluci\u00f3n del asunto al a quo. <\/p>\n
3.5. En el t\u00e9rmino de traslado de la anterior manifestaci\u00f3n, los tutelantes esgrimieron cuestiones an\u00e1logas a las aducidas en esta acci\u00f3n constitucional; empero, el juez del asunto ejecutivo en prove\u00eddo de 31 de agosto posterior, orden\u00f3 el env\u00edo de las diligencias al funcionario a cargo de la acotada reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
3.6. Aunque los promotores incoaron reposici\u00f3n frente al anterior pronunciamiento, el mismo se mantuvo con auto de 17 de octubre de 2018. <\/p>\n
3.7. Una vez arrib\u00f3 el decurso compulsivo al juzgado accionado, los querellantes insistieron en los cuestionamientos aqu\u00ed planteados y deprecaron la exclusi\u00f3n de aquel asunto. <\/p>\n
3.8. En providencia de 15 de agosto de 2019, dicho estrado, adem\u00e1s de agregar a la reorganizaci\u00f3n la citada ejecuci\u00f3n, expresamente advirti\u00f3: \u00abatendiendo a lo manifestado por (\u2026) los se\u00f1ores MAR\u00cdA ROSA MORENO GONZ\u00c1LEZ y CARLOS ALBERTO ARDILA SAIZ, se advierte (\u2026) que de conformidad a lo consagrado en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 y el art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013, se dispone que no se continuar\u00e1n los procesos ejecutivos en contra del deudor en reorganizaci\u00f3n; as\u00ed las cosas y comoquiera que el proceso N\u00b0 11001310301920160058500 no se encuentra terminado ni se ha acreditado el pago, se niega su solicitud\u00bb. <\/p>\n
3.9. Nuevamente el 19 de diciembre de 2019, los tutelantes reiteraron la solicitud materia de esta salvaguarda ante el despacho accionado; sin embargo, en decisi\u00f3n de 19 de febrero de 2020 el fallador reiter\u00f3 su negativa, apoyado en iguales argumentos a los antes citados. <\/p>\n
3.10. Recurrida la anterior determinaci\u00f3n en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, el juzgador denunciado, en pronunciamiento de 15 de marzo de 2021 se neg\u00f3 a conceder la alzada por improcedente, y frente al remedio horizontal, resolvi\u00f3 mantener su postura, por cuanto, en s\u00edntesis, (i) tuvo por acreditada la calidad de comerciante de la deudora, conforme a la matr\u00edcula mercantil de persona natural all\u00ed aportada; (ii) advirti\u00f3 que el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, contrario a la tesis de los censores, no limitaba la remisi\u00f3n de los procesos ejecutivos con sentencia a los de reorganizaci\u00f3n; y, (iii) sostuvo que no ten\u00eda raz\u00f3n de ser lo alegado \u00aben torno a que el inmueble con garant\u00eda real no es necesario para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica de la deudora, pues ello nada tiene que ver con el deber legal que tienen los despachos que conozcan de procesos ejecutivos (\u2026), especialmente cuando no se evidencia como aqu\u00ed ocurre, que el bien haga parte de los excluidos de que trata el art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006, que establece con precisi\u00f3n los bienes que no formar\u00e1n parte del patrimonio a liquidar\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su decisi\u00f3n no resultaba arbitraria, pues <\/p>\n
\u00abtiene respaldo en el principio de universalidad que gobierna esta tipolog\u00eda de actuaciones, que permite que la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores queden vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciaci\u00f3n, y en una de las funciones del juez del concurso, que se circunscribe a que con base en la informaci\u00f3n presentada por el deudor en la solicitud, este reconozca y grad\u00fae las acreencias de conformidad con lo establecido sobre prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y asimismo, resuelva las objeciones presentadas cuando haya lugar a ello. <\/p>\n
Y que adicionalmente, hace parte de la finalidad que plantea el art\u00edculo 1 de la precitada normativa, comoquiera que el proceso de insolvencia al que est\u00e1n sometidas las personas naturales comerciantes y las jur\u00eddicas no excluidas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de car\u00e1cter privado o mixto, \u201ctiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor\u00bb. <\/p>\n
4. El panorama descrito evidencia, en primer t\u00e9rmino, la improcedencia del auxilio al desconocer el presupuesto de inmediatez, pues, conforme a lo expuesto, se observa que desde la providencia de 15 de agosto de 2019 -no recurrida- el juzgado accionado deneg\u00f3 la \u00abexclusi\u00f3n\u00bb del compulsivo hipotecario iniciado por los accionantes frente a Argenis Rodr\u00edguez V\u00e1squez, del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n denunciado; no obstante, los promotores s\u00f3lo acudieron a este amparo hasta 6 de septiembre de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, sin que los aqu\u00ed censores solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos presuntamente vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2685-2021). <\/p>\n
5. Ahora, aunque el anterior requisito de procedencia podr\u00eda eventualmente ceder, dada la insistencia de los reclamantes en la renombrada \u00abexclusi\u00f3n\u00bb del asunto compulsivo comentado -lo cual suscit\u00f3 el pronunciamiento de 19 de febrero de 2020, ratificado el 15 de marzo de 2021- lo cierto es que no se observa arbitrariedad en la gesti\u00f3n del fallador denunciado, pues en realidad, la sentencia favorable a las pretensiones de los tutelantes, ejecutoriada desde el 2 de mayo de 2019, no imped\u00eda la remisi\u00f3n del compulsivo al estrado accionado porque el mismo inici\u00f3 antes de la referida reorganizaci\u00f3n y a\u00fan no hab\u00eda concluido, cuesti\u00f3n sobre la cual el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 se\u00f1ala: \u00abAl partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala en torno a la importancia de unificar en un solo procedimiento el patrimonio del deudor comerciante e insolvente, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab[E]l art\u00edculo 4 de la Ley 1116 de 20061 establece la universalidad como uno de los principios nodales del r\u00e9gimen de \u201creorganizaci\u00f3n\u201d, el cual, se concreta en la reuni\u00f3n de \u201ctodos los acreedores\u201d del deudor alrededor de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Si bien aquella expresi\u00f3n no se desarrolla expl\u00edcitamente en aquel articulado, existen sendos c\u00e1nones que estudiados en su conjunto permiten concluir que con ella, el legislador pretendi\u00f3 reunir en un solo decurso todas las acreencias en cabeza del comerciante persona natural, con independencia de si se relacionaban o no con el giro ordinario de su actividad econ\u00f3mica. <\/p>\n
N\u00f3tese, la reglamentaci\u00f3n g\u00e9nesis de este pronunciamiento \u2013Ley 1116 de 2006-, es persistente y comprensiva al aludir como imperioso acoger en el concurso la integridad de las obligaciones a cargo del petente, por ejemplo, al instituir el contenido del \u201cacuerdo de reestructuraci\u00f3n\u201d indica: \u201c(\u2026) Las estipulaciones del acuerdo deber\u00e1n tener car\u00e1cter general, en forma que no quede excluido ning\u00fan cr\u00e9dito reconocido o admitido, y respetar\u00e1n para efectos del pago, la prelaci\u00f3n, los privilegios y preferencias establecidas en la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En el mismo sentido, el mandato 40 al erigir los efectos de la \u201creorganizaci\u00f3n\u201d y \u201cadjudicaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala: \u201c(\u2026) los acuerdos de reorganizaci\u00f3n y los acuerdos de adjudicaci\u00f3n celebrados en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley, ser\u00e1n de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociaci\u00f3n del acuerdo o que, habi\u00e9ndolo hecho, no hayan consentido en \u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En punto de los coercitivos contra la persona insolventada, tambi\u00e9n ordena la comentada ley que sin excepci\u00f3n, \u201ctodos\u201d esos juicios quedan supeditados al concurso, y deben registrarse en el acto de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos3. <\/p>\n
Sobre la palabra \u201ctodos\u201d atinado resulta recordar que deviene del lat\u00edn \u201ctotus\u201d, es decir, \u201ctodo entero\u201d; por su parte, la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola4 lo define como un adjetivo indicativo de la \u201ctotalidad de los miembros del conjunto denotado por el sintagma nominal al que modifica\u201d. Ello para significar que al emplear el vocablo \u201ctodos\u201d el legislador abarc\u00f3 la universalidad de acreencias y bienes del deudor. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea, al regular la liquidaci\u00f3n judicial, el mismo cuerpo normativo expuso como efectos de su apertura \u201cla remisi\u00f3n al Juez del concurso de todos los procesos de ejecuci\u00f3n que est\u00e9n sigui\u00e9ndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisi\u00f3n de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb (CSJ STC2114-2019). <\/p>\n
En esa misma decisi\u00f3n, esta Sala cuestion\u00f3 al all\u00ed accionado por negarle el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural comerciante al interesado frente a \u00abobligaciones de car\u00e1cter personal\u00bb, pues <\/p>\n
\u00ab[e]sa postura es discordante con la disciplina impuesta en la memorada Ley 1116 de 2006, como se plasm\u00f3 con antelaci\u00f3n, se insiste, porque a la reorganizaci\u00f3n deben acudir la integridad de los acreedores. <\/p>\n
Esta Sala, en lo pertinente se\u00f1al\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad: \u201c(\u2026) no puede reproch\u00e1rsele que hubiese entendido que no pod\u00eda seguir surtiendo el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas que establece el art\u00edculo 531 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que seg\u00fan el art\u00edculo 532 del mismo compendio, dichos procedimientos \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n aplicables a las personas naturales no comerciantes\u00bb (\u2026)\u201d\u00bb <\/p>\n
Lo anterior revela la ausencia de desafuero en la gesti\u00f3n cuestionada, pues el fallador criticado incorpor\u00f3 al juicio de reorganizaci\u00f3n el compulsivo iniciado por los tutelantes, teniendo en cuenta que el mismo, adem\u00e1s de iniciar antes del asunto concursal, no hab\u00eda finalizado, por cuanto el remate a\u00fan no se practicaba y, menos, el pago de la obligaci\u00f3n cobrada, cuestiones, todas ellas, que evidencian el apego del juez acusado a los principios de la Ley 1116 de 2006, aplicados en este caso, a una persona natural comerciante que procura la regulaci\u00f3n de su patrimonio a efectos de saldar sus deudas y continuar con su actividad. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, corresponde advertir que, aun cuando la ejecuci\u00f3n iniciada por los censores estaba orientada a lograr la \u00abadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 467 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez del compulsivo no aval\u00f3 tal solicitud, pues, sin oposici\u00f3n en ese punto por la pasiva -lit. e), num 3, \u00eddem- en la sentencia decret\u00f3, expresamente, el remate del bien hipotecado para pagar la acreencia con el producto de la almoneda y no la adjudicaci\u00f3n del inmueble por cuenta de la deuda, orden ausente de controversia por los tutelantes, quienes ahora no pueden exigir la aplicaci\u00f3n de los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 20136, dado que su acreencia privilegiada y ya reconocida en dicho fallo, podr\u00e1 ser graduada conforme a la ley en el juicio concursal censurado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, comoquiera que tal y como de manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Precepto 4 PRINCIPIOS DEL R\u00c9GIMEN DE INSOLVENCIA. El r\u00e9gimen de insolvencia est\u00e1 orientado por los siguientes principios: 1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Regla 34 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Art. 20. NUEVOS PROCESOS DE EJECUCI\u00d3N Y PROCESOS DE EJECUCI\u00d3N EN CURSO (\u2026) los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada (\u2026)\u201d. <\/p>\n