STC13752-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13752-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 13 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Mar\u00eda L\u00f3pez G\u00f3mez en nombre propio y como agente oficiosa de Blanca Elisa G\u00f3mez de L\u00f3pez, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante en la citada calidad, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad, al trabajo, a la vida y a la vivienda \u00abdigna\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, al ordenar el remate de un inmueble en el marco del proceso ejecutivo singular que Jorge Eduardo L\u00f3pez Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 frente a Jaime Alberto L\u00f3pez G\u00f3mez, con rad. 2020-00132-00. <\/p>\n
Solicita entonces, en suma, \u00absuspender [el] REMATE\u00bb al interior del referido asunto. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que su \u00abhermano es el titular del derecho de dominio\u00bb del apartamento 201 ubicado en la calle 11 No. 6-19, predio en el que vive con su se\u00f1ora madre \u00abdesde hace 21 a\u00f1os\u00bb, es decir, ejercen la \u00abposesi\u00f3n\u00bb por ese lapso \u00abrealizando diferentes mejoras locativas (\u2026) que suman un valor significativo en pesos\u00bb, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, orden\u00f3 el remate del aludido bien, circunstancia que les causa un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando su progenitora tiene 88 a\u00f1os de edad y algunas patolog\u00edas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, precis\u00f3, en suma, que la actora estuvo presente en la diligencia de secuestro del predio, sin embargo, \u00abno present\u00f3 oposici\u00f3n alguna, por lo que convalid\u00f3 el hecho que dicho inmueble hubiese sido depositado a un auxiliar de la justicia a \u00f3rdenes del Juzgado, por lo que sorprende que se adelante una acci\u00f3n de amparo cuando la accionante convalido en todo momento la actuaci\u00f3n judicial llevada a cabo en cumplimiento de la orden de pago de las obligaciones que se le imputaron al se\u00f1or JAIME ALBERTO L\u00d3PEZ G\u00d3MEZ (propietario del inmueble)\u00bb. <\/p>\n
b. El se\u00f1or Carlos Alberto Calder\u00f3n Correa y H\u00e9ctor Alirio Rom\u00e1n V\u00e1squez, aunque en escritos diferentes, luego de referirse a los hechos expuestos por la inconforme, coincidieron en puntualizar, que la protecci\u00f3n reclamada esta llamada al fracaso, pues, aqu\u00e9lla pretende revivir t\u00e9rminos fenecidos y nada obsta para que la agenciada acuda en nombre propio a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que las se\u00f1oras L\u00f3pez G\u00f3mez y G\u00f3mez de L\u00f3pez carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00abverificado que en el proceso ejecutivo (\u2026) no fueron reconocidas como poseedoras del predio cautelado, no les asiste legitimaci\u00f3n para solicitar por esta senda excepcional la suspensi\u00f3n del remate, ya que no detentan la condici\u00f3n de parte y tampoco de terceras, emergiendo ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, sin que sea menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, a m\u00e1s de agregar, que lo pretendido con la tutela es que se \u00abanalice\u00bb su situaci\u00f3n particular frente a la posesi\u00f3n que dice ostentar, m\u00e1xime cuando, asegura, desconoce de la diligencia de secuestro. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por Diana Mar\u00eda L\u00f3pez G\u00f3mez en nombre propio y como agente oficiosa de Blanca Elisa G\u00f3mez de L\u00f3pez, en lo fundamental, es que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, suspender la diligencia de remate ordenada en el marco del proceso ejecutivo singular que Jorge Eduardo L\u00f3pez Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 frente a Jaime Alberto L\u00f3pez G\u00f3mez, pues seg\u00fan su dicho, ostenta la posesi\u00f3n del inmueble objeto de subasta desde hace aproximadamente 21 a\u00f1os. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada al Despacho convocado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte de entrada que Diana Mar\u00eda L\u00f3pez G\u00f3mez y Blanca Elisa G\u00f3mez de L\u00f3pez, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, no son parte ni terceras con inter\u00e9s reconocido en el proceso coercitivo que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la suspensi\u00f3n de actuaciones procesales, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.). <\/p>\n
3.2. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de secuestro o entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021). <\/p>\n
4. Ahora, como lo pretendido por la gestora del amparo es, en \u00faltimas, que se reconozca la calidad de poseedora que asegura ostentar respecto del inmueble perseguido dentro de la ejecuci\u00f3n criticada, lo cierto es que, es ante el Juez natural, es decir, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga que debe comparecer en aras de obtener lo aqu\u00ed pretendido, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como este, no puede desplazar al funcionario a quien la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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