STC13753-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13753-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02018-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 22 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Juan David Cort\u00e9s Barros le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura Procedimientos de Insolvencia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 82066. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El tutelante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, para que, en consecuencia, se ordenara a la autoridad accionada \u00abpronunciarse en derecho respecto de la solicitud impetrada\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de ello, se\u00f1al\u00f3 que el 7 de abril de 2021, radic\u00f3 poder especial para representar a la Sociedad Colombiana de Vigilancia y Seguridad del Caribe Ltda. (Colviseg del Caribe LTDA), en el juicio concursal de insolvencia al que se someti\u00f3 Acosta & Acosta Construcciones S.A.S. en reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que realiz\u00f3 m\u00faltiples solicitudes para que se le reconociera personer\u00eda como apoderado de Colviseg del Caribe Ltda. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que no est\u00e1 desconociendo ninguna prerrogativa fundamental, primero, porque en los \u00abprocesos de insolvencia\u00bb ejerce funciones jurisdiccionales, por lo cual, sus actuaciones son de car\u00e1cter judicial y no administrativa, resultando improcedente invocar el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb para impulsar diligencias propias de la lid y, segundo, porque de conformidad con el art\u00edculo 2.2.2.9.2.4 de la Secci\u00f3n 2 del Cap\u00edtulo 9 del T\u00edtulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015, modificado por el art\u00edculo 4 del Decreto 065 de 2020, \u00ablos poderes y sustituci\u00f3n de \u00e9stos no requieren pronunciamiento por parte del Juez Concursal, luego entonces, la actuaci\u00f3n adelantada por este Despacho no resulta lesiva para los intereses del accionante\u00bb. <\/p>\n
Acosta & Acosta Construcciones S.A.S. expres\u00f3 que la demora alegada por el tutelante en cuanto al \u00abreconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica\u00bb se puede deber al \u00abc\u00famulo de procesos y\/o solicitudes que se est\u00e9n surtiendo ante la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el resguardo, puesto que el \u00abreconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica en el proceso insolvencia\u00bb, es un tema inherente a ese litigio, lo que torna inviable el amparo del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque la dependencia querellada no estaba obligada a referirse sobre el pedimento del actor, ya que, de acuerdo con el Decreto 0065 de 2020, \u201cpor el cual se modifica parcialmente el Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015 en diversas materias relativas a los procesos concursales\u201d, los memoriales que no requieren \u00abpronunciamiento\u00bb por parte del juez del concurso son, entre otros, los poderes y las sustituciones de poder. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 la libelista sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la convalidaci\u00f3n del fallo del a quo en tanto est\u00e1 fincado en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, inviabilidad del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb cuando de cuestionar aspectos inherentes al \u00abproceso judicial\u00bb se trata, y porque no se advierte la vulneraci\u00f3n aducida. <\/p>\n
1.1.- Se ha dicho que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la \u00abtutela\u00bb, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, ya que en observancia del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, se sostiene que \u00e9sta: <\/p>\n
\u201cse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u201d (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021). <\/p>\n
En el caso concreto, Juan David Cort\u00e9s Barros, obrando en nombre propio, requiere la custodia del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb para que le sea reconocida la calidad de apoderado de Colviseg del Caribe Ltda. Sin embargo, revisado el requerimiento que origin\u00f3 esta acci\u00f3n especial, resulta evidente que esa rogativa la elev\u00f3 en representaci\u00f3n de la referida empresa y no \u00aba nombre propio\u00bb, lo cual se corrobora en la demanda superlativa, donde afirma que el \u00abno pronunciamiento de dicha petici\u00f3n vulnera el derecho a la contradicci\u00f3n y defensa que constitucionalmente le asisten a mi mandante\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, no le asiste inter\u00e9s al precursor para acudir a esta v\u00eda excepcional \u00aben nombre propio\u00bb, ya que es di\u00e1fano que lo est\u00e1 haciendo en \u00abrepresentaci\u00f3n de Colviseg del Caribe Ltda.\u00bb. Adicionalmente, no alleg\u00f3 \u00abpoder especial\u00bb que lo facultar\u00e1 para ejercer esa funci\u00f3n, ni fue demostrado que la sociedad se encuentre impedida al punto que requiera la intervenci\u00f3n de un tercero en calidad agente oficioso para la defensa de sus prerrogativas. <\/p>\n
2.- Si alguna duda quedara frente a lo aducido en el numeral anterior, cabe memorar que, respecto de \u00absolicitudes\u00bb formuladas a las \u00abautoridades judiciales\u00bb calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, concernientes con pleitos a su cargo, deben diferenciarse las que se formulen ante los jueces, que son de dos clases: <\/p>\n
\u201c(i) [L]as referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debi\u00e9ndose sujetar entonces la decisi\u00f3n a los t\u00e9rminos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condici\u00f3n, bajo las normas generales del derecho de petici\u00f3n que rigen la administraci\u00f3n, esto es, el C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u201d (C-951-2014 reiterado en la STC 12410-2021, STC10535-2021). <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen por las reglas del mismo. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de protegerse por este camino supralegal. <\/p>\n
Por tanto, el atributo consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida cuando se discutan asuntos inherentes al litigio, salvo en lo relativo a gestiones de linaje \u00abadministrativo\u00bb. Ello se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026\u201d (STC8023-2020, reiterada en la STC6517-2021). <\/p>\n
En el sub lite como la suplica se orienta contra cuestiones de car\u00e1cter jurisdiccional ante la Superintendencia de Sociedades, no hay lugar a establecer el quebranto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino al \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
3.- No obstante, ninguna conculcaci\u00f3n a dicho atributo se observa, en tanto, si bien la entidad censurada \u00abno se pronunci\u00f3 respecto del reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica\u00bb al abogado de Colviseg del Caribe Ltda., lo cierto es que dicha omisi\u00f3n, tal como lo resalt\u00f3 el a quo, encuentra justificaci\u00f3n en el Decreto 0065 de 2020, \u00abPor el cual se modifica parcialmente el Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015 en diversas materias relativas a los procesos concursales\u00bb, que al respecto, en el art\u00edculo 4, estableci\u00f3 \u00abMemoriales que no requieren pronunciamiento judicial. No requieren pronunciamiento del juez del concurso los documentos que traten de los siguientes asuntos: (\u2026) 3. Los poderes y las sustituciones de poder\u201d (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Cabe precisar que, el Decreto 1074 de 2015 hab\u00eda sido modificado por el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.2.9.2.4. del Decreto 991 de 2018, en el mismo sentido a como lo hace el 0065 de 2020, esto es, en establecer que la constituci\u00f3n de \u00ablos poderes y las sustituciones\u00bb, es uno de aquellos \u00abeventos en que el expediente no ingresa al despacho\u00bb y, por consiguiente, es una actuaci\u00f3n en la que \u00abno se requiere de un pronunciamiento por parte del juez del concurso\u00bb y, que, el \u00faltimo precepto no derog\u00f3 el del a\u00f1o 2018. <\/p>\n
Adicionalmente, a la fecha, el precursor cuenta con la posibilidad de ejercer la vocer\u00eda que suplica, habida cuenta que en la lid \u201cconcursal\u201d no se requiere la aceptaci\u00f3n previa de la Superintendencia para que as\u00ed proceda. <\/p>\n
4.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13753-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13753-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02018-01 (Aprobado en Sala de trece de octubre de dos mil veintiuno) Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 22 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}