STC13755-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13755-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00092-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 16 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha dentro la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge William Sprockel Choles contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma urbe y la Agencia Nacional de Tierras, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al se\u00f1or Alberto Antonio Bonivento Brito, as\u00ed como a la Defensor\u00eda del Pueblo, a Luis Uriana – Autoridad Tradicional de la Rancher\u00eda Jarijin Amana, al Incoder, al Ministerio del Interior, a la Oficina de Asuntos Ind\u00edgenas, a la Alcald\u00eda del Distrito de Riohacha. y a las partes e intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 concretamente, que se ordene i) al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la comunicaci\u00f3n del fallo, responda la solicitud de reanudaci\u00f3n de la diligencia de entrega f\u00edsica y material del predio JARIJIN – AMANA, identificado con matr\u00edcula No. 210 \u2013 21043, con un \u00e1rea escriturada de 40 Has. 2.231 M2 ubicado en el Barrio Los Cerezos del municipio de Riohacha, La Guajira y que fuere suspendida por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda como consecuencia de la solicitud efectuada por la Agencia Nacional de Tierra \u2018ANT\u2019, en que se est\u00e1 investigando si el predio es Ancestral Ind\u00edgena que habita en La Guajira\u00bb; y, ii) a la Agencia Nacional de Tierras, \u00abque en un t\u00e9rmino perentorio de 48 horas, [manifieste] si el predio JARIJIN – AMANA, identificado con matr\u00edcula No. 210 \u2013 21043, con un \u00e1rea escriturada de 40 Has. 2.231 M2, que se encuentra en proceso de desalojo, es o no un Resguardo Ind\u00edgena o predio ancestral teniendo en cuenta todos los medios de pruebas que se tienen y lo dispuesto en la acci\u00f3n de tutela que resolvi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia y Laboral, en el amparo que solicitara el se\u00f1or LUIS URIANA contra el INCODER Y OTROS\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos adujo el interesado, en suma, que el inmueble denominado Jarijin – Amana, identificado con matr\u00edcula No. 210\u201321043, el cual \u00abse encuentra en la esfera del derecho privado y no [tiene] ninguna restricci\u00f3n para su comercializaci\u00f3n\u00bb, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la \u00abResoluci\u00f3n 1160 de agosto 8 de 1990, proferida por el Instituto de Reforma Agraria INCORA, en la que se [estipula] que [seg\u00fan] la titulaci\u00f3n del predio, este fue adjudicado a la se\u00f1ora CELINA URIANA y que \u00e9sta, transfiri\u00f3 el derecho de dominio a t\u00edtulo de venta al se\u00f1or ESNEIDER RAFAEL BARROS JARARIYU, y este, a su vez, lo transfiri\u00f3 al se\u00f1or ALBERTO ALFONSO BONIBENTO BRITO\u00bb, adem\u00e1s del \u00abreconocimiento urban\u00edstico en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 003\/2002, [tal y ] como lo acredita la Oficina Asesora de Planeaci\u00f3n, mediante certificaci\u00f3n fechada 20 de octubre de 2009\u00bb. <\/p>\n
Comenta que el citado se\u00f1or Bonivento Brito, constituy\u00f3 a su favor hipoteca en primer grado, como garant\u00eda de un contrato de mutuo celebrado entre las partes; que debido al incumplimiento de la obligaci\u00f3n pactada, se inici\u00f3 el respectivo proceso ejecutivo con garant\u00eda real, el cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, bajo el radicado 1995-02339-00, juicio en el que no existi\u00f3 ninguna oposici\u00f3n por el demandado, dict\u00e1ndose sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y llev\u00e1ndose a cabo la respectiva diligencia de remate, en la que se le adjudic\u00f3 la heredad base de la contienda. <\/p>\n
Refiere que librado el respectivo despacho comisorio para la diligencia de entrega, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Riohacha fij\u00f3 como fecha para la consecuci\u00f3n de \u00e9sta, la del 18 de enero de 2010, sin que hubiera podido materializarse ante las oposiciones propuestas por la \u00abcomunidad ind\u00edgena de la Rancher\u00eda Jarijin Amana\u00bb, quienes alegan que dicho \u00abterritorio (\u2026) corresponde a tierras ancestrales, ocupado por [ese] grupo \u00e9tnico\u00bb y, adem\u00e1s, acudieron ante la Agencia Nacional de Tierras y la Defensor\u00eda del Pueblo, con el fin de que se suspendiera de manera definitiva la entrega del predio legalmente embargado, secuestrado y rematado, cometido que sin lugar a equ\u00edvocos han logrado, pues la primera de esas autoridades, abri\u00f3 desde esa \u00e9poca una actuaci\u00f3n administrativa con el fin de establecer la calidad del inmueble en contienda. <\/p>\n
Alega, que pese a que ha puesto en conocimiento de tal situaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en vista de la enorme \u00abdilaci\u00f3n de las entidades antes mencionadas\u00bb, pues han transcurrido m\u00e1s de 10 a\u00f1os sin que resuelvan sobre la oposici\u00f3n de la Comunidad Ind\u00edgena aludida, este ente de control ha guardado silencio, y \u00ablo \u00fanico que ha hecho, es correr traslado a la Agencia Nacional de Tierras\u00bb, aun cuando es precisamente contra esa dependencia que versa la queja, y ha aportado las pruebas que certifican que la heredad que le fue adjudicada en remate, \u00abse encuentra en la esfera del derecho privado y no es Ancestral de ninguna comunidad ind\u00edgena\u00bb, circunstancias todas las anteriores que justifican la utilizaci\u00f3n de la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, luego de hacer una s\u00edntesis del tr\u00e1mite acaecido con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario instaurado por el aqu\u00ed interesado contra Alberto Bonivento Brito, el que le fue adjudicado al primero el inmueble objeto de la contienda, puso de presente que a la fecha, no ha sido posible realizar la diligencia de entrega de este, debido a la oposici\u00f3n por parte de la autoridad tradicional y dem\u00e1s miembros de la comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 que 2 de abril de 2014, se realiz\u00f3 una visita al inmueble para determinar su situaci\u00f3n, junto con las Secretar\u00edas de Asuntos Ind\u00edgenas y la Alcald\u00eda de Riohacha, \u00faltima solicito una reuni\u00f3n, con el fin de analizar y definir el t\u00f3pico de la exhumaci\u00f3n y levantamiento de una tumba donde reposa un ind\u00edgena wayuu, que se encuentra en el predio objeto de entrega; que ya el 7 de marzo de 2016, se comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del lugar, con el fin de que adelantara la entrega del inmueble adjudicado en remate al se\u00f1or Sprockel Choles. Que debido a la injerencia de diferentes entes tanto del orden municipal departamental y nacional, decidi\u00f3 otorgar un t\u00e9rmino prudencial a estas, con el fin de que se \u00abasignara un nuevo territorio a los miembros de la comunidad ind\u00edgena que se encontraba en el territorio objeto de la controversia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que desde esa fecha hasta hoy, la memorada diligencia ha venido siendo aplazada, por virtud de la solicitud elevada por la Agencia Nacional de Tierras, autoridad que inici\u00f3 la actuaci\u00f3n administrativa No. 2018510082998000E, a solicitud de la comunidad ind\u00edgena Jarijin Amana, y con el fin de adoptar las medidas de protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n de territorios ancestrales contemplado en el Decreto 1071 de 2015, en cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela radicado 2010-00008-00, mismo que a la fecha a\u00fan no ha culminado y en el que se orden\u00f3 que hasta tanto no se resolviera lo pertinente, deb\u00edan suspenderse todas las diligencias de car\u00e1cter policivo respecto del territorio reclamado. <\/p>\n
Adem\u00e1s hizo \u00e9nfasis, en que debido a los distintos requerimientos del adjudicatario para que se prosiga con la plurimencionada entrega, por auto del 3 de marzo de 2020, se dispuso requerir a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, para que informara en qu\u00e9 etapa se encontraba el citado tr\u00e1mite administrativo, entidad que en respuesta, adujo que \u00abse ponen de presente algunas complejidades que han impedido culminar el proceso de protecci\u00f3n del territorio ancestral. Entre las principales, se tienen la dificultad para establecer la naturaleza rural o urbana de los predios desenglobados del predio de mayor extensi\u00f3n, la plena identificaci\u00f3n de todos los terceros a quienes se les debe informar sobre la existencia del proceso en tr\u00e1mite para que, si as\u00ed lo desean, puedan presentar oposici\u00f3n o hacerse part\u00edcipes, as\u00ed como los asuntos relacionados con el proceso de sustracci\u00f3n del humedal, cuya competencia corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades ambientales. <\/p>\n
En este punto se hace necesario advertir que no ha sido posible la culminaci\u00f3n del Estudio Socioecon\u00f3mico, dado que se necesita de informaci\u00f3n requerida a la Alcald\u00eda de Riohacha con el fin de esclarecer un tema trascendental para adoptar la decisi\u00f3n final relacionada con la medida de protecci\u00f3n solicitada. Por lo anterior, se emitieron los siguientes oficios, los que a la fecha no cuentan con respuesta. Una vez proferida la respuesta por parte de la Alcald\u00eda, se espera poder avanzar con el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n ancestral solicitada\u00bb. <\/p>\n
b. A su turno, la Agencia Nacional de Tierras, empez\u00f3 por narrar el tr\u00e1mite que se ha venido adelantado desde el 7 de noviembre de 2017, cuando se apertur\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo originado por la solicitud de medidas de protecci\u00f3n que elev\u00f3 la Comunidad Ind\u00edgena Jarijin Amana, en lo que respecta a la diligencia de entrega aludida, siendo aquel \u00abun proceso administrativo de protecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de las tierras y territorios ocupados o pose\u00eddos ancestralmente y\/o tradicionalmente por los pueblos ind\u00edgenas, que se encuentra pr\u00f3ximo a la realizaci\u00f3n de una visita, que como resultado final, dar\u00e1 lugar o no, a una medida de protecci\u00f3n provisional sobre el predio, que tendr\u00e1 vigencia hasta tanto se concluya con un proceso de titulaci\u00f3n colectiva que dar\u00e1 inicio si llegare a comprobarse la ancestralidad o tradicionalidad de la ocupaci\u00f3n de la comunidad Wayuu del Clan Uriana\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, que de manera alguna ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues lo cierto es que la actuaci\u00f3n de la entidad, se ha ce\u00f1ido a normatividad aplicable al caso y a las competencias establecidas para tal efecto, a m\u00e1s que su adelantamiento tambi\u00e9n depende de la injerencia de otras autoridades, con el fin de establecer si debe o no imponerse la medida de protecci\u00f3n instada por la nombrada comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
c. Por su parte, tanto la Alcald\u00eda de Riohacha como la Gobernaci\u00f3n de la Guajira, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Incoder en liquidaci\u00f3n y el Ministerio del Interior, pidieron su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, luego de esgrimir al efecto que, no es de su competencia resolver sobre los pedimentos del gestor, m\u00e1xime cuando ninguna injerencia tienen en los tr\u00e1mites tanto judicial como administrativo que se adelantan frente al territorio base del reclamo. <\/p>\n
d. El Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la Guajira, empez\u00f3 por advertir, que ni \u00e9l, \u00abni cualquier otra dependencia de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n tiene injerencia alguna en el manejo directo o indirecto de las actuaciones o procesos que haya adelantado el accionante ante Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, -La Guajira- y Agencia Nacional de Tierras \u2018ANT\u2019, ni ante cualquiera de las dem\u00e1s entidades o personan vinculadas a la presente acci\u00f3n de tutela; como tampoco ha intervenido ni ha tenido injerencia alguna en las decisiones que hayan adoptado el despacho judicial o las entidades accionadas\u00bb, por lo que de manera preliminar, tambi\u00e9n inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, inform\u00f3 que \u00abha atendido personalmente al se\u00f1or JORGE WILLIAM SPROCKEL CHOLES, a quien se le ha informado verbalmente que la Procuradur\u00eda no tiene competencia para resolver el conflicto, presentado entre el accionante y los integrantes de la comunidad ind\u00edgena denominada JARIJIN AMANA, por cuanto que el conflicto tiene su g\u00e9nesis desde el extinto INCODER realiz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de un terreno dentro del cual se encuentra el humedal denominado \u2018El PATRON\u2019, a la se\u00f1ora CELINA URIANA, integrante de dicha comunidad ind\u00edgena, y quien vendi\u00f3 o entreg\u00f3 en garant\u00eda la parte del predio en donde se encuentra el humedal, por lo cual se dio origen al proceso ejecutivo que adelant\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, cuyo tramite es ajeno a las funciones de es[a] agencia del ministerio p\u00fablico\u00bb y, que \u00abde este conflicto no s\u00f3lo se ha dado traslado a la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT-, sino tambi\u00e9n a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Guajira \u2013 CORPOGUAJIRA-, por cuanto que el terreno en disputa hace parte del humedal \u2018El Patr\u00f3n\u2019, cuyo terreno es inalienable e imprescriptibles del estado como lo dispone el art\u00edculo 83 del Decreto ley 2811 de 1974 o C\u00f3digo de los Recurso Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, luego de referirse al derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como al tratamiento jurisprudencial del derecho de los pueblos ind\u00edgenas a constituir resguardos y el debido proceso administrativo y. al marco normativo del procedimiento para adelantar la medida de protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n de territorios ancestrales y\/o tradicionales, neg\u00f3 el resguardo implorado, tras advertir, en lo esencial, lo siguiente: <\/p>\n
Que en relaci\u00f3n con la supuesta tardanza en la administraci\u00f3n de justicia, \u00abobserva la sala que el proceso ejecutivo que origin\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del inmueble al actor, inici\u00f3 en el a\u00f1o 1995, y que el predio fue adjudicado al ejecutante se\u00f1or Jorge William Sprockel Choles, luego de varias diligencias de remate, en el a\u00f1o 2005. <\/p>\n
Posteriormente, la oficina judicial accionada en varias oportunidades dispuso la diligencia de entrega del inmueble objeto de litigio, encontrando oposici\u00f3n a la entrega por la autoridad tradicional y dem\u00e1s miembros de la comunidad ind\u00edgena vinculada al tr\u00e1mite de tutela, recibiendo oficios de diferentes entidades tendientes a generar espacios de dialogo di\u00e1logo que permitieran respetar los derechos fundamentales de la comunidad ind\u00edgena all\u00ed asentada. <\/p>\n
Sin embargo, la solicitud de la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien inmueble por parte de la Agencia Nacional de Tierras, se realiz\u00f3 mediante comunicaci\u00f3n del 24 de mayo de 2018, en la cual la entidad indic\u00f3 que hab\u00edan dado apertura al expediente No 2018510082998000E a nombre de la comunidad JARIN-JINAMANA, e inicios del procedimiento para adelantar la medidas de protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n de territorios ancestrales contemplado en el Decreto 1071 titulo 20, en cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela radicado 2010-00008-00 emitida por el Tribunal Superior se Riohacha Sala de decisi\u00f3n Civil, Laboral, Familia, instaurada por Luis Uriana contra el INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT y otros, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo de 2010. <\/p>\n
Con lo cual observa la sala que si bien ha pasado un tiempo considerable desde que la Agencia Nacional de Tierras inici\u00f3 el tr\u00e1mite establecido en el decreto 1071 de 2015, no se advierte desmedido teniendo en cuenta la complejidad del tema, toda vez que no depende solo de la gesti\u00f3n realizada por la ANT, sino que requiere de un estudio y gesti\u00f3n interinstitucional, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el territorio, poblaci\u00f3n, georeferenciaci\u00f3n, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes de constituci\u00f3n, ampliaci\u00f3n y saneamiento, resguardos de origen colonial o republicano, posesi\u00f3n ancestral y\/o tradicional de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no encuentra la sala motivos para ordenar que se acelere este proceso, toda vez que al interior del proceso administrativo es deber de la Agencia Nacional de Tierras garantizar los derechos adquiridos de la comunidad y de terceros ajustados a la constituci\u00f3n y la ley, de igual forma, no advierte la sala un perjuicio irremediable que permita la protecci\u00f3n de los derechos invocados por el actor, desplazando el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de amparo, toda vez que como se se\u00f1al\u00f3 previamente, la presente acci\u00f3n constitucional no cumple con este requisito, toda vez que debe concluir el procedimiento administrativo adelantado por la ANT, y una vez emitida una decisi\u00f3n el accionante puede ejercer la oposici\u00f3n que la ley le otorga. <\/p>\n
La no comprobaci\u00f3n de un perjuicio irremediable impide a esta Sala Constitucional, hacer una excepci\u00f3n v\u00eda de tutela, para acelerar el tr\u00e1mite tra\u00eddo a consideraci\u00f3n en privilegio de otros que actualmente est\u00e9n en tr\u00e1mite, circunstancia que no se demostr\u00f3, y por ende no podr\u00eda abrirse camino arbitrariamente a desplegar \u00f3rdenes en contra de las entidades accionadas y vinculadas a fin que otorguen preferencia al tr\u00e1mite objeto de censura, m\u00e1xime cuando el \u00fanico argumento que se advierte en el escrito inicial es una demora en la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, de las pruebas arrimadas al plenario, se advierte que en todo tiempo se ha imprimido tr\u00e1mite al asunto propuesto, sin embargo debido a la complejidad del tema y la comunicaci\u00f3n permanente entre diversas entidades p\u00fablicas genera una demora en el tr\u00e1mite, que a juicio de esta Sala es justificable y prudencial\u00bb. <\/p>\n
De otra parte indic\u00f3, que \u00abno se estima viable ordenar la protecci\u00f3n de derechos fundamentales distintos a los solicitados, verbigracia del derecho de petici\u00f3n, en tanto no se advierten conculcados, m\u00e1xime si se toma en consideraci\u00f3n que a pesar que el actor se\u00f1al\u00f3 haber \u2018presentado m\u00faltiples solicitudes y peticiones que no se han resuelto\u2019, lo cierto es que sus pretensiones en espec\u00edfico se enfocan en dar tr\u00e1mite c\u00e9lere a la entrega del predio Jarijin decretada en su favor, (\u2026) [a]m\u00e9n que no obran peticiones recientes con constancia de recibido por parte de las entidades accionadas y vinculadas que no hayan sido absueltas\u00bb. <\/p>\n
Empero, dispuso, conminar \u00aba las entidades, a realizar un tr\u00e1mite c\u00e9lere con miras a que la Agencia Nacional de Tierras pueda pronunciarse respecto a la condici\u00f3n del bien, as\u00ed las cosas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor de la salvaguarda, tras se\u00f1alar similares argumentos a los esbozados en la s\u00faplica introductoria y agregar, que debe accederse al amparo, con el fin de \u00abse le d\u00e9 un t\u00e9rmino perentorio a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que culmine el proceso descrito en el Decreto 1071 de 2015\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto, y circunscrita la corte a los se\u00f1alamientos efectuados en el escrito de impugnaci\u00f3n, se tiene que la inconformidad de la accionante se soporta, en lo fundamental, en que a la fecha, no le ha sido entregado el predio que le fue adjudicado hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os en p\u00fablica subasta por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, ello, en vista de la suspensi\u00f3n de toda actuaci\u00f3n que decret\u00f3 la Agencia Nacional de Tierras, hasta tanto no culmine el proceso administrativo de protecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de las tierras y territorios ocupados o pose\u00eddos ancestralmente y\/o tradicionalmente por los pueblos ind\u00edgenas, aperturado desde el 7 de noviembre de 2017, ante la solicitud de medidas de protecci\u00f3n elevada por la Comunidad Jarijin Amana, de conformidad a lo establecido en el T\u00edtulo 20 del Decreto 1071 de 2015, tr\u00e1mite que califica de moroso. <\/p>\n
3. Sobre la demora en las actuaciones administrativas, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. <\/p>\n
Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales […] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026). <\/p>\n
Asimismo, ha expuesto que: <\/p>\n
[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
4. De lo anterior se infiere que, en eventos donde se discute la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales por mora administrativa, la jurisprudencia de la Corte se\u00f1ala que solo puede dispensarse la protecci\u00f3n tuitiva cuando aqu\u00e9lla es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario; contrario sensu, si la tardanza en la resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento encuentra justificaci\u00f3n razonable, no tiene cabida este excepcional mecanismo de defensa de las prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
5. En ese sentido, no puede tildarse de injustificado el actuar de dicha entidad, cuando de acuerdo a lo narrado en el escrito con el que descorri\u00f3 el traslado de la demanda de amparo, describi\u00f3 paso a paso las actuaciones que ha venido adelantado a la luz del citado tr\u00e1mite administrativo desde que el mismo fue abierto, adem\u00e1s de brindar la respectiva explicaci\u00f3n acerca del por qu\u00e9 debi\u00f3 ordenarse la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega ordenada en el marco del juicio ejecutivo hipotecario en el que el aqu\u00ed interesado obr\u00f3 como ejecutante, y, luego, como adjudicatorio del predio rematado, para lo cual trajo a colaci\u00f3n el concepto emitido por su Oficina de Atenci\u00f3n Jur\u00eddica, el pasado 22 de julio, mediante radicado N\u00b0 20211030196763, en el que se anot\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[a]l aplicar los elementos de an\u00e1lisis sobre la norma contenida en el art\u00edculo 2.14.20.3.1 par\u00e1grafo 3\u00ba del Decreto 1071 de 2015, encontramos: a) Que la finalidad de la norma es impedir que se adopten medidas policivas que generen afectaciones a los derechos \u00e9tnico-territoriales alegados por las comunidades ind\u00edgenas, mientras la ANT determina, con grado de certeza y en el marco de los procedimientos de constituci\u00f3n, ampliaci\u00f3n, saneamiento y restructuraci\u00f3n de resguardos y\/o de protecci\u00f3n jur\u00eddica de las posesiones ancestrales, si efectivamente aquellas tienen respaldo f\u00e1ctico y normativo. b) Que al incluir la norma una competencia de potestad discrecional, corresponde a la Agencia determinar, a partir de las circunstancias y particularidades que informen cada caso concreto, si solicita o no a las autoridades de polic\u00eda la suspensi\u00f3n de los procedimientos que involucren las respectivas \u00e1reas o predios, teniendo en cuenta para ello que, adem\u00e1s del inter\u00e9s p\u00fablico en la protecci\u00f3n de los derechos \u00e9tnico-territoriales, tambi\u00e9n existe un deber estatal innegable, constitucional y legalmente respaldado, de amparar la propiedad privada leg\u00edtimamente constituida. c) Que para fundamentar la decisi\u00f3n en un sentido u otro -esto es, de solicitar o no la suspensi\u00f3n del(los) respectivo(s) procedimiento(s) de polic\u00eda, se precisa de una adecuada documentaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los hechos relevantes, como pueden ser, entre otros, la fecha de ocurrencia de los hechos que motivan al tercero a promover la respectiva querella policiva, la condici\u00f3n del tercero en t\u00e9rminos del tipo o forma de relaci\u00f3n jur\u00eddica ejercida sobre el predio, su arraigo en la regi\u00f3n, etc. De esta forma, resultar\u00eda irrazonable y desproporcionado, por ejemplo, solicitar la suspensi\u00f3n de un procedimiento policivo orientado a corregir los actos de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n o la tenencia, cuando aquellos hayan sido perpetrados en fechas recientes por las comunidades ind\u00edgenas, sea que las mismas hayan ocurrido con anterioridad o posterioridad a la presentaci\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n jur\u00eddica del supuesto territorio ancestral. (Negrilla agregada)\u00bb. <\/p>\n
6. Adem\u00e1s, la Agencia Nacional de Tierras, ante las distintas peticiones del se\u00f1or Sprockel Choles, le ha informado el estado del proceso de protecci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n ancestral del territorio, haciendo un recuento de todo lo actuado, por lo que de primera mano, conoce las vicisitudes presentadas en el mismo y las causas por las cuales, a la fecha, a\u00fan no ha culminado el mismo. <\/p>\n
7. No obstante lo anterior, y aun cuando hay razones para sostener la inviabilidad del amparo, por no evidenciarse trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial reclamada en la demanda de tutela, se exhorta a Agencia Nacional de Tierras, para que procure agilizar la resoluci\u00f3n de la defensa incoada por la mencionada comunidad ind\u00edgena, atendiendo que el tr\u00e1mite administrativo inici\u00f3 desde el mes de noviembre del a\u00f1o 2017, y que la diligencia de remate en la que se le adjudic\u00f3 el predio objeto de disputa al aqu\u00ed interesado, lo fue hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
8. Sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones acabadas de esgrimir. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y a la Agencia Nacional de Tierras ind\u00edquesele de manera expresa, lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 de la parte considerativa del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
En oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02. <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13755-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC13755-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00092-02 (Aprobado en Sala virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58483","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58483"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58483\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}