STC13756-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13756-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-03504-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jos\u00e9 Hugo Giraldo L\u00f3pez instaur\u00f3 contra Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias esa misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado n\u00b0 110013103023-1998-06499-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se declare la nulidad del auto en el que el tribunal convocado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de terminar el coactivo (25 ago. 2006) y, en consecuencia, se ordene al juzgado \u00abren[ovar] la actuaci\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Ahorram\u00e1s impetr\u00f3, ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el ejecutivo cuestionado (25 sep. 1998) en contra de Jorge Enrique Caicedo Torres como consecuencia de la obligaci\u00f3n hipotecaria que este contrajo en favor de aquella. Relat\u00f3 que luego de dictar sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (19 sep. 2001), se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado y la terminaci\u00f3n del proceso (17 ago. 2005) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la \u00e9poca, por tratarse de un cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda pactado en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). <\/p>\n
Indic\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue apelada por la ejecutante y revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (25 ago. 2006) quien consider\u00f3 que el coactivo no deb\u00eda terminar, entre otras razones, porque el ejecutado ten\u00eda otras obligaciones insatisfechas, distintas a las demandadas, que habilitaban la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real. Narr\u00f3 que el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 (5 nov. 2013) quien contin\u00fao con lo de su cargo. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 24 de abril de 2015, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lo declar\u00f3 propietario de los predios objeto de hipoteca en virtud del proceso de pertenencia que all\u00ed se adelant\u00f3. <\/p>\n
Expuso que el ejecutante inform\u00f3 al despacho de ejecuci\u00f3n que los predios embargados contaban con un nuevo propietario a fin de que se adoptaran \u00abmedidas de saneamiento\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que el juzgado tuviera al aqu\u00ed gestor como sucesor procesal del ejecutado inicial, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso (12 ago. 2019). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que una vez enterado de su vinculaci\u00f3n al pleito predic\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio (11 oct. 2019) porque, a su juicio, se desconoci\u00f3 lo consagrado en la Ley 546 de 1999 y el precedente establecido en la sentencia SU-813 de 2013 relativo a las condiciones de exigibilidad de la obligaci\u00f3n demandada, en concreto, lo atinente a la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb del cr\u00e9dito. Manifest\u00f3 que dicha petici\u00f3n fue denegada (6 nov. 2019) con el argumento consistente en que el asunto ya hab\u00eda sido definido por el tribunal aqu\u00ed accionado en el a\u00f1o 2006, motivo por el que \u00abdeb[\u00eda] estarse a lo resuelto\u00bb en esa ocasi\u00f3n. Agreg\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n fue recurrida sin \u00e9xito (11 mar. 2020). <\/p>\n
Finalmente, adujo que solicit\u00f3 nulidad de lo actuado porque, a su parecer, no se practic\u00f3 en debida forma su notificaci\u00f3n en el pleito (5 ago. 2021). <\/p>\n
De lo anterior, deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues, por un lado, considera que el juzgado se abstuvo de aplicar en su caso el precedente jurisprudencial que cobija al tipo de obligaciones ejecutadas y, por otro, estuvo indebidamente enterado de las actuaciones del coercitivo. <\/p>\n
2. El tribunal convocado se remiti\u00f3 a lo resuelto en la providencia acusada. El juzgado encartado defendi\u00f3 la legalidad de sus actos y remiti\u00f3 el expediente cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiadas las circunstancias que rodean el caso concreto, se observa que m\u00e1s all\u00e1 de que los reparos formulados por el actor, frente a la providencia del tribunal, puedan considerarse o no adecuados, lo cierto es que la Corte advierte un error may\u00fasculo por parte del juzgado accionado que amerita la injerencia constitucional para efectos de garantizar el debido proceso del accionante, como se pasa a exponer. <\/p>\n
2. La queja medular del gestor se reduce a que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 se rehus\u00f3 a estudiar de fondo los argumentos que, a su juicio, impon\u00edan la terminaci\u00f3n del proceso objeto de revisi\u00f3n, en virtud de los pronunciamientos jurisprudenciales que sobre la materia ha emitido esta Corporaci\u00f3n y la hom\u00f3loga Constitucional. <\/p>\n
En efecto, si bien est\u00e1 acreditado que el tema se resolvi\u00f3 en una primera oportunidad en autos del 17 de agosto de 2005 y 25 de agosto de 2006 por parte de las autoridades cognoscentes, en algo le asiste la raz\u00f3n al tutelante en el sentido que, con posterioridad a esas anualidades, la doctrina constitucional ha sentado nuevas bases que tornaban viable revaluar la cuesti\u00f3n propuesta por el \u00absucesor procesal\u00bb Jos\u00e9 Hugo Giraldo L\u00f3pez desde sus primeras intervenciones en el proceso en el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
Es decir, con independencia del asidero que pudieran tener las determinaciones que primigeniamente resolvieron el asunto relativo a la terminaci\u00f3n del coactivo, la verdad es que en este momento todav\u00eda hay posibilidad de estudiar el fondo de la petici\u00f3n del promotor dado que ella no ha precluido, como lo indic\u00f3 el accionado, debido a que no se ha demostrado que el auto aprobatorio del remate se encuentre registrado en los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los inmuebles objeto de garant\u00eda, ni que esos predios hayan sido adjudicados a personas distintas del ejecutante, oportunidades l\u00edmite para ventilar el asunto, seg\u00fan lo decantado por esta Sala al se\u00f1alar que: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretenden cobrar cr\u00e9ditos otorgados, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha indicado que, para acceder al amparo solicitado, por v\u00eda constitucional, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb [T- 881\/13]. (STC5248-2021, 12 de mayo de 2021). <\/p>\n
Despachado lo atinente a la oportunidad que tiene el precursor para elevar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, se observa del expediente que el argumento principal del despacho para denegar la petici\u00f3n del gestor radic\u00f3 en que el asunto ya hab\u00eda sido definido en el a\u00f1o 2006 por las autoridades que conoc\u00edan del pleito; sin embargo, es ampliamente conocido que en el a\u00f1o inmediatamente posterior a la decisi\u00f3n del tribunal la Corte Constitucional unific\u00f3 su criterio respecto del tema debatido al se\u00f1alar que: <\/p>\n
As\u00ed, en m\u00faltiple jurisprudencia, esta Corte ha afirmado que la correcta interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 debe estar orientada a entender que los procesos ejecutivos con t\u00edtulo hipotecario por deudas contra\u00eddas en UPAC, vigentes el 31 de diciembre de 1999, deben ser terminados luego de la correspondiente reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Si se observa la jurisprudencia constitucional relativa al tema en estudio, y lo esgrimido en el ac\u00e1pite titulado \u201cCausales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y aplicaci\u00f3n de la doctrina constitucional al caso concreto. Efectos de la sentencia\u201d de este fallo, la Corte ha concedido la tutela en situaciones similares a los casos sub judice por considerar que existe v\u00eda de hecho judicial por defecto sustantivo en aquellos casos en los cuales los jueces civiles omiten decretar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario vigente a 31 de diciembre de 1999, cuando se ha presentado la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para vivienda adquirido previamente. Al respecto, en la sentencia T-199 de 2005 dijo la Corte: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De todo lo anterior se deduce, entonces, que los procesos no deben darse por terminados, \u00fanicamente, por solicitud del ejecutado, sino que el juez debe, por ministerio de la ley, ordenar dicha terminaci\u00f3n, esto en cumplimiento del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y de los expresado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es menester para esta Sala determinar los requisitos que deben ser tenidos en cuenta por el juez ordinario para dar soluci\u00f3n, dentro del tr\u00e1mite del respectivo proceso civil, a casos que como los aqu\u00ed analizados. Debe observarse que estas subreglas se deducen de la interpretaci\u00f3n de la misma Ley 546 de 1999 y de la jurisprudencial constitucional existente al respecto. (\u2026) <\/p>\n
De igual forma, no est\u00e1 de m\u00e1s se\u00f1alar que algunos de los argumentos que fueron predicados hace m\u00e1s de una d\u00e9cada por el tribunal querellado han sido objeto de recientes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, en concreto, aquellos relativos a la existencia de otras acreencias insatisfechas por el deudor, y distintas de la demandada, como evento impeditivo para la terminaci\u00f3n del litigio. Ciertamente, a pesar de que en alg\u00fan momento campeo de manera autom\u00e1tica dicha tesis, en estos tiempos se impone la necesidad de evaluar esas circunstancias a fin de que el juez del asunto pueda determinar a ciencia cierta la verdadera situaci\u00f3n crediticia del gestor para de esa forma tomar la decisi\u00f3n culminar o no el pleito. Al respecto se dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala considera que lo m\u00e1s razonado es mantener la postura adoptada en la sentencia STC14779-2019, toda vez que, adem\u00e1s de lo dicho en esa oportunidad, se advierte que la legislaci\u00f3n vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad econ\u00f3mica de una persona. <\/p>\n
Por el contrario, conforme al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez deber\u00e1 apreciar las pruebas \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. <\/p>\n
Entonces, no basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, seg\u00fan lo expuesto (\u2026). <\/p>\n
Establecido ese panorama, es evidente que con posterioridad a la definici\u00f3n pret\u00e9rita del asunto surgieron nuevos pronunciamientos jurisprudenciales por parte de las altas Corporaciones que, con ocasi\u00f3n a las particularidades que rodearon ese tipo de coercitivos, sentaron las bases para armonizar la hermen\u00e9utica que, hasta la fecha, gobierna la materia, mismas que fueron expuestas por el censor ante el juez natural y que no fueron debidamente atendidas, a pesar de que deb\u00edan ser conocidas por la agencia encartada. <\/p>\n
De todo lo anterior fluye entonces que el despacho del circuito accionado se apresur\u00f3 al despachar la petici\u00f3n de Jos\u00e9 Hugo Giraldo L\u00f3pez pues se limit\u00f3 a sostener que el precursor \u00abmal podr\u00eda pretender (\u2026) revivir etapas fenecidas\u00bb tras considerar que el asunto hab\u00eda quedado definido en el a\u00f1o 2006, razones que carecen por completo de an\u00e1lisis de cara a los precedentes judiciales transcritos y, por ello, el interlocutorio de fecha 11 de marzo de 2020 se torna arbitrario y abre paso al auxilio constitucional para que el juzgado vuelva a resolver la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del ejecutivo, pero con observancia de la doctrina vigente en la materia y sin atarse a lo resuelto en una primera oportunidad. <\/p>\n
3. Ahora, en lo que respecta a la censura por la forma en la que fue notificado de las actuaciones judiciales reprochadas, pronto se avizora el fracaso del resguardo como quiera que revisado el expediente y la p\u00e1gina web de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que para la \u00e9poca de interposici\u00f3n de la tutela (22 sep. 2021) el gestor hab\u00eda alegado la presunta irregularidad ante el juez natural de su causa (2 sep. 2021) y la misma no hab\u00eda sido resuelta, de lo que emerge con claridad la apresurada interposici\u00f3n de la salvaguarda, sin siquiera esperar las resultas del mecanismo ordinario que interpuso y sus posibles tramites impugnativos. No en vano, en eventos de similares contornos se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC12017-2020 y STC7678-2021), (Resaltado de ahora). <\/p>\n
4. En definitiva, como quiera que luce arbitraria, y alejada de los precedentes expuestos, la decisi\u00f3n del juzgado accionado de no estudiar de fondo los argumentos expuestos por el censor respecto de la necesidad de terminar el proceso ejecutivo por falta de restructuraci\u00f3n y\/o reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado en UPAC, se impone la concesi\u00f3n el resguardo para que el asunto sea definido con observancia de lo dicho en precedencia. De otro lado, en lo relativo a la forma en que se realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n del promotor al pleito, no queda alternativa a desestimar la censura dado el presuroso actuar constitucional que se dej\u00f3 en evidencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve CONCEDER la tutela instada por Jos\u00e9 Hugo Giraldo L\u00f3pez, \u00fanicamente en lo que respecta a la forma en que se resolvi\u00f3 su petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso criticado. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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