STC13764-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13764-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-0619-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de septiembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Juan David Cort\u00e9s Barros le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura Procedimientos de Insolvencia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 45541. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de \u00abpetici\u00f3n\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la autoridad atacada \u00abpronunciarse respecto a la solicitud que impetr\u00f3 [el 14 de abril de 2021]\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 14 de abril de 2021, radic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico el \u201cpoder especial, amplio y suficiente\u201d que le otorg\u00f3 Colombiana de Vigilancia y Seguridad del Caribe Ltda. (COLVISEG del Caribe Ltda.), con el fin de que la represente en el juicio \u201cconcursal de insolvencia\u201d (rad. 45541) al que se someti\u00f3 Petrocosta CI S.A.; sin embargo, \u201ca pesar de m\u00faltiples requerimientos\u201d la delegatura convocada no ha emitido prove\u00eddo en tal sentido, transgrediendo \u201cel derecho a la contradicci\u00f3n y defensa\u201d que le asiste a su poderdante. <\/p>\n
2.- La Superintendencia accionada asegur\u00f3 no haber quebrantado las garant\u00edas superiores del quejoso, toda vez que el art\u00edculo 2.2.2.9.2.4 del Decreto 991 de 2018, regula los eventos en los que el \u201cexpediente no ingresa al despacho (\u2026) cuando la actuaci\u00f3n radicada no requiere\u201d de la emisi\u00f3n de un auto por parte del juez del concurso y, entre ellos, est\u00e1 el \u201ccorrespondiente a los poderes y sustituciones\u201d; de ah\u00ed que, por \u201cdisposici\u00f3n legal y jurisprudencial, el no reconocimiento de personer\u00eda (\u2026) no puede ser entendido como un obst\u00e1culo para actuar dentro de un proceso y ejercer las actuaciones a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo deneg\u00f3 el ruego, tras colegir que, \u00abel tutelante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues seg\u00fan las pruebas adosadas al plenario, ha actuado como representante judicial de compa\u00f1\u00eda COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA, pero es esta la titular del derecho al debido proceso alegado como vulnerado en dicho asunto y su apoderado en el mismo no est\u00e1 facultado por esa sola circunstancia para presentar la acci\u00f3n de tutela, sin aportarse el poder especial conferido para el amparo, a pesar de hab\u00e9rsele requerido en el auto que dio inicio a la presente acci\u00f3n y en armon\u00eda con la jurisprudencia antes citada\u00bb. Adem\u00e1s, no evidenci\u00f3 la irregularidad denunciada comoquiera que la enjuiciada obr\u00f3 \u00aben virtud de lo se\u00f1alado por la accionada en aplicaci\u00f3n del decreto 991 de 2018\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor sin exponer los argumentos de su inconformismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- No obstante, resulta innegable que el actor no es parte ni tercero con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en la lid \u201cconcursal\u201d que concita la atenci\u00f3n de esta Sala, circunstancia que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, las actuaciones que se susciten en ese decurso, ya que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como requisito para su ejercicio, que quien as\u00ed act\u00fae, tenga un inter\u00e9s que \u201clegitime\u201d su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivada de \u00abactuaciones o providencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del juicio o son terceros a quienes afecta. As\u00ed lo ha esbozado la Sala, de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
\u201c(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (Negritas ajenas al texto – CSJ STC12873-2018). <\/p>\n
Rec\u00e1lquese que, si bien Cort\u00e9s Barros a\u00f1ora su \u00abreconocimiento como apoderado judicial\u00bb de COLVISEG del Caribe Ltda. en esa contienda, dicha circunstancia tampoco lo habilita para alegar la transgresi\u00f3n de sus propios atributos, en raz\u00f3n a que no es viable comunicar la conculcaci\u00f3n de los litigantes a los togados en quienes conf\u00edan sus intereses. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Corte al destacar, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u201cla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018 y en STC10003-2020 entre otras). <\/p>\n
3.- Sin perjuicio de lo antelado, valga aclarar, que lo anhelado por el gestor refiere a acciones propias del pleito concursal que se sigue a favor de Petrocosta CI S.A. (rad. 45541), por lo que debe analizarse en el marco legal de dicho procedimiento sin que, por ende, resulten aplicables las reglas contenidas en el art\u00edculo 23 de la Carta Magna; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que haya requerido el \u201creconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica\u201d por v\u00eda del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, no puede pretender que, a su pedimento, se le imprima \u201crespuesta\u201d bajo la perspectiva de tal garant\u00eda y, por tanto, que su inobservancia constituya una infracci\u00f3n de la misma, en la medida que se tiene decantado que: <\/p>\n
(\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones regladas, como la judicial o la disciplinaria, la Corte ha reiterado, que las peticiones deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC11135-2015, citada en STC5621-2020). <\/p>\n
4.- Adicionalmente, de acuerdo con la evidencia allegada, surge ostensible que la Superintendencia de Sociedades procedi\u00f3 apoyada en el Decreto 991 del 12 junio de 2018, que en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.2.9.2.4., el cual reza que, la constituci\u00f3n de \u00ablos poderes y las sustituciones\u00bb, es uno de aquellos \u00abeventos en que el expediente no ingresa al despacho\u00bb y, por consiguiente, que es una actuaci\u00f3n en la que \u00abno se requiere de un pronunciamiento por parte del juez del concurso\u00bb. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que la disposici\u00f3n en cita, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modific\u00f3 parcialmente el Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015 en diversas materias afines con los \u201cprocesos concursales\u201d y se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de actualizar algunos aspectos en el modelo de gesti\u00f3n en los tr\u00e1mites de \u201cinsolvencia e intervenci\u00f3n\u201d para hacerlos m\u00e1s eficientes y garantizar las prerrogativas de los sujetos involucrados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que, posteriormente, el Decreto 065 de 2020, de igual forma \u00abmodific\u00f3\u00bb el Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015, sin derogar el 991 de 2018, previendo en id\u00e9ntico sentido, que \u00ablos poderes y sustituci\u00f3n de \u00e9stos no requieren pronunciamiento por parte del Juez Concursal, luego entonces, la actuaci\u00f3n adelantada por este Despacho no resulta lesiva para los intereses del accionante\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo antelado, se subraya que, dicha transformaci\u00f3n en la articulaci\u00f3n de las referidas contiendas se hizo a la luz de los \u201cprincipios de oralidad y concentraci\u00f3n\u201d que componen el C\u00f3digo General del Proceso y, aunado, se tuvo en cuenta, principalmente, el alto flujo de informaci\u00f3n que, en ocasiones, se incorpora en los paginarios, dado el n\u00famero de intervinientes que participan en esos labor\u00edos; de manera que, la novedosa adaptaci\u00f3n, permite una adecuada administraci\u00f3n de la \u201cinformaci\u00f3n\u201d y agiliza el curso de los litigios a trav\u00e9s de los instrumentos all\u00ed trazados. <\/p>\n
Significa que, aunque la verdadera preocupaci\u00f3n del precursor se halla cimentada en que la omisi\u00f3n de la querellada en dictar una directiva en tal sentido afecta \u201cel derecho a la contradicci\u00f3n y defensa\u201d de su representada COLVISEG, de lo anotado no puede predicarse esa conjetura, m\u00e1xime, cuando aquel a la fecha, puede ejercer la vocer\u00eda que suplica, habida cuenta que en la lid \u201cconcursal\u201d no se requiere la aceptaci\u00f3n previa de la Superintendencia para que as\u00ed proceda. <\/p>\n
5.- En s\u00edntesis, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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