STC13769-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13769-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Jaime Enrique Neira Saavedra frente a la sentencia de 30 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 060-2007 \u2013 00417 02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pretende que \u00abse sirva proteger el derecho fundamental al debido proceso\u00bb y \u00ab[e]n consecuencia (\u2026) [se ordene] emitir una nueva decisi\u00f3n declarando desierto el recurso de apelaci\u00f3n por no haber sido interpuesto en debida forma\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que fungi\u00f3 como cesionario dentro del tr\u00e1mite en comento, con ocasi\u00f3n de la transferencia de un cr\u00e9dito otorgado en UPAC que le realiz\u00f3 la parte ejecutante, coercitivo que termin\u00f3 con sentencia en segunda instancia desfavorable a sus intereses. Su reproche radic\u00f3 en que el recurso de alzada fue concedido y admitido, pese a que en el momento de su interposici\u00f3n no se precisaron los reparos concretos, por lo cual, el despacho accionado \u00abcarec\u00eda de competencia para tomar decisi\u00f3n de fondo al respecto\u00bb; no obstante, resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n vertical y \u00abexigi[\u00f3] la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria objeto de cobro que no era obligatorio agotar, pues [estaba] demostrado en el expediente, que la demanda se inici\u00f3 mientras el deudor no se encontraba en capacidad de pago, al tener otras obligaciones vencidas en su contra, una de las cuales estaba persiguiendo en remanentes, el inmueble dado en garant\u00eda real al suscrito acreedor\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expuso que la \u00absentencia [de primera instancia fue] (\u2026) apelada por el extremo [demandado], en memorial radicado el 19 de marzo de 2019, el que fuera concedido en auto del 4 de abril de 2019; decisi\u00f3n recurrida por la parte actora y mantenida por el a quo en auto del 13 de junio de 2019. Una vez se tuvo conocimiento del proceso (\u2026), [se] admiti\u00f3 la alzada en auto del 3 diciembre de 2019, en el efecto devolutivo. Providencia que, valga decirlo, no fue recurrida por ninguna de las partes (\u2026). Adelantado lo [pertinente], se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia escrita, el 15 de febrero de 2021, que revoc\u00f3 el fallo del 28 de febrero de 2019 y en su lugar, neg\u00f3 la orden de apremio y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, en virtud del estudio jur\u00eddico oficioso que se adelantara sobre el t\u00edtulo ejecutivo y los derroteros de orden constitucional, jurisprudencial y legal relativos a la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en UPAC, ampliamente disertados en la sentencia en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pedro El\u00edas Quintero Cubides, en calidad de demandado, se opuso a la prosperidad de los pedimentos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal neg\u00f3 la s\u00faplica, por un lado, porque frente a la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n se incumpli\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, y por el otro, porque la decisi\u00f3n del ad quem es razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El libelista impugn\u00f3, fincado en argumentos similares a los inicialmente expuestos; sin embargo, puso de presente otras situaciones f\u00e1cticas que no hab\u00eda dado a conocer en el escrito introductor, con el fin de intentar demostrar la incapacidad econ\u00f3mica del deudor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito de residualidad y porque los reproches realizados al prove\u00eddo del juzgado accionado no lucen arbitrarios. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ciertamente, Jaime Enrique Neira Saavedra fue cesionario dentro del proceso ejecutivo en comento, cuyo conocimiento en segunda instancia asumi\u00f3 la agencia del circuito cuestionada, quien, por medio de auto de 3 de diciembre de 2019, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de 28 de febrero de ese mismo a\u00f1o, sin que se recurriera el mismo. <\/p>\n
Con ese panorama, debe se\u00f1alarse que el ruego en relaci\u00f3n con la falta de competencia del despacho fustigado \u00abpara tomar decisi\u00f3n de fondo al respecto\u00bb es improcedente, porque no se dio cabal cumplimiento al requisito de residualidad que impera en esta materia, toda vez que el prove\u00eddo aludido no fue impugnado por el censor, de modo que desperdici\u00f3 la oportunidad con la que contaba para discutir, ante el juez natural, los reparos que aqu\u00ed trajo y ello se traduce en que se acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional sin haber agotado todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018). <\/p>\n
2. De otro lado, la sentencia de la agencia del circuito no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por este sendero. En efecto, obs\u00e9rvese que, frente al reparo de que no era necesario la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por cuanto los deudores desde el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda no ten\u00edan capacidad de pago, el juzgado accionado justific\u00f3 su car\u00e1cter de ineludible porque la ejecuci\u00f3n de obligaciones contra\u00eddas antes del 31 de diciembre de 1999 en UPAC para la adquisici\u00f3n de vivienda, deb\u00edan ser reestructuradas, pues tal olvido les restaba exigibilidad, acerca de ello manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, se cobran cr\u00e9ditos representados en los pagar\u00e9s Nos. 71495-8 y 36892-0 del 31 de mayo de 1999 y del 12 de mayo de 1993, que incorporan obligaciones pactadas en Unidades de Poder Adquisitivo Constante \u2013 UPAC \u2013 (\u2026). Ahora bien, analizando oficiosamente las calidades de la documental aportada como b\u00e1culo de la acci\u00f3n de cobro, (\u2026) no pasa desapercibido para el Despacho que no fue tra\u00edda al debate la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones por parte del extremo ejecutante (\u2026), en contrav\u00eda de lo preceptuado en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, circunstancia que, siguiendo las directrices doctrinales planteadas sobre el t\u00f3pico, impide que se predice de la obligaci\u00f3n cobrada la caracter\u00edstica de exigibilidad (\u2026). Y es que, en el presente caso, la reestructuraci\u00f3n resultaba imperativa, al concurrir en las obligaciones ejecutadas las caracter\u00edsticas de ser cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC y suscritos antes de y vigentes al 31 de diciembre de 1999\u00bb. (Negrita original). <\/p>\n
Y agreg\u00f3, sobre la falta de capacidad econ\u00f3mica de los demandados que: <\/p>\n
\u00abDebe ponerse de presente, finalmente, que en el presente caso no se observan circunstancias objetivas que eximan al acreedor de la carga de presentar la reestructuraci\u00f3n, siendo que no hay constancia de que los deudores se encuentren en liquidaci\u00f3n, en concurso de acreedores o que la prenda fuera perseguida por otros ejecutantes, o a un proceso ejecutivo de ninguna naturaleza, alterno al presente, ni persiste embargo sobre el inmueble dado en garant\u00eda, como se puede acreditar con el certificado de libertad y tradici\u00f3n ulteriormente aportado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
Respecto a lo indicado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que la reestructuraci\u00f3n de obligaciones conferidas en las anotadas condiciones resulta indispensable para iniciar o continuar ejecuciones de cara a los derroteros que se han venido desarrollando con ocasi\u00f3n de la sentencia C-955 de 2000, tanto que la inobservancia de tal exigencia apareja la terminaci\u00f3n anormal del coercitivo o su imposibilidad de iniciarlo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho reiteradamente la doctrina de esta Sala en tanto que \u00abes deber de los jueces, incluidos los de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base del recaudo la parte demandante ha acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, puesto que, como se ha remarcado insistentemente por esta Corporaci\u00f3n, esos documentos conforman \u00abun t\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (STC5248-2021). <\/p>\n
\u00abAhora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusi\u00f3n, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva impl\u00edcita la incapacidad de pago del enjuiciado\u00bb. (STC14779-2019, citada en STC5248-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corte insisti\u00f3 en tal postura, mediante el fallo STC474-2020: <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala en reciente pronunciamiento precis\u00f3 la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos como el de autos, no tenga por desvirtuada la capacidad econ\u00f3mica de los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC con la mera existencia de un embargo coactivo que recaiga sobre el predio gravado hipotecariamente, pues con el prop\u00f3sito de dar prevalencia al derecho fundamental a la vivienda es de su resorte emprender una actividad proactiva en tal materia, tesis que en esta oportunidad se reitera y que, por ende, implica una nueva postura en esta Corporaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En suma, para desvirtuar la capacidad econ\u00f3mica de los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC, con el prop\u00f3sito de garantizarles el derecho a invocar la necesidad de la reestructuraci\u00f3n de tales deudas, es insuficiente la medida coactiva de embargo que pese sobre el fundo objeto de la garant\u00eda real destinado a su lugar de habitaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC474-2020, citada en STC5248-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la existencia de cesionarios del cr\u00e9dito, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterado en CSJ STC, 20 may. 2013, rad. 00914-00; 22 jun. 2012, rad. 00884-01; 19 sep. 2012, rad. 00294-01; y 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, entre otros). <\/p>\n
En suma, la autoridad enjuiciada suministr\u00f3 razones suficientes para revocar la sentencia de primera instancia, las cuales, as\u00ed no se compartan, deben ser respetadas, pues la intromisi\u00f3n constitucional, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, est\u00e1 reservada para casos de indiscutible arbitrariedad, esto es, cuando \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb (CSJ STC4330-2021). <\/p>\n
Establecido todo lo anterior, emerge ostensible que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo del censor se reduce a exponer su inconformidad con la sentencia atacada e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Finalmente, respecto de los alegatos esgrimidos en sede de impugnaci\u00f3n, cabe observar que el gestor plante\u00f3 hechos nuevos en relaci\u00f3n con la indebida valoraci\u00f3n de los medios prueba, que en su sentir acreditan la incapacidad econ\u00f3mica del deudor, procurando as\u00ed por el camino enderezar su protesta acorde con el inter\u00e9s jur\u00eddico econ\u00f3mico que agencia en el proceso. De manera que estos nov\u00edsimos planteamientos son ajenos a la discusi\u00f3n porque el estrado cuestionado no tuvo la oportunidad para controvertirlos, de all\u00ed que examinarlos en esta sede quebrantar\u00eda el derecho de defensa que le asiste a aqu\u00e9l, conforme se ha evocado en casos similares, donde esta Corporaci\u00f3n ha subrayado que <\/p>\n
(\u2026) [r]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: (\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (15 mar. 2011, exp. 00003-01, 20 sep. 2012, exp. 2012-00195-01, CSJ STC5618-2020, CSJ STC-572-2021, y CSJ STC2544-2021, entre otras). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, deber\u00e1 convalidarse el veredicto opugnado, por un lado, por el desconocimiento del requisito de subsidiariedad, y por el otro, porque la sentencia en cuesti\u00f3n no luce arbitraria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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