STC13771-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13771-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01907-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de septiembre de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Ucr\u00f3s Barros contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n de los juicios de liquidaci\u00f3n de Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S n\u00ba 27.360 y Navelena S.A.S n\u00ba 84.767. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 revocar \u00abla decisi\u00f3n emitida en audiencia de 16 de julio de 2021 y en su lugar, se [le] reconozca (\u2026) como acreedor litigioso de primera clase\u00bb. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que ejerci\u00f3 la representaci\u00f3n judicial de la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S. en el proceso de insolvencia de Navelena S.A., bajo el radicado n\u00ba 84.767, tr\u00e1mite donde \u00abgracias a [su] gesti\u00f3n\u00bb logr\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes a favor de su poderdante por el valor de \u00ab38.341.656.049 COP\u00bb; sin embargo, con posterioridad la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S para no cancelar sus honorarios entr\u00f3 en proceso de liquidaci\u00f3n \u2013rad. n\u00ba 27.360, de ah\u00ed que en ese decurso solicit\u00f3 ser reconocido como acreedor en la cuant\u00eda no pagada de sus emolumentos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en audiencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto e inventario de bienes, la entidad convocada gradu\u00f3 su cr\u00e9dito litigioso como de quinta clase (16 jul. 2021), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, toda vez que su acreencia \u00abencuadra en los supuestos de hecho del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil\u00bb, seg\u00fan el cual \u00abla primera clase de cr\u00e9dito comprende (\u2026): 1. Las costas judiciales que se causen en el inter\u00e9s general de los acreedores\u00bb, puesto que de no ser por su labor, tampoco habr\u00eda sido posible que los activos entregados a la sociedad concursada \u00abse distribuyeran entre sus acreedores\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en la referida diligencia fue desatado negativamente el recurso horizontal, por cuanto \u00ablas agencias en derecho solo beneficiaban al abogado que las recib\u00eda y no a la liquidaci\u00f3n\u00bb, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea que en su criterio vulnera sus prerrogativas fundamentales, ya que \u00abbajo el rubro de costas (\u2026) se tienen integradas las agencias en derecho y al ser precisamente esas agencias las que se reclaman dentro de la liquidaci\u00f3n de Constructora Norberto Odebrecht de Colombia, se cumple con el primer requisito exigido por el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil\u00bb, adem\u00e1s de que esas costas se causaron en el inter\u00e9s de los acreedores por cuanto su \u00abgesti\u00f3n benefici\u00f3 a todos los acreedores del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el segundo presupuesto de la referida disposici\u00f3n. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades indic\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada es producto de una interpretaci\u00f3n plausible del canon 2495 del C\u00f3digo Civil, am\u00e9n de no acreditar los supuestos de hecho del numeral 1\u00ba ib\u00eddem. <\/p>\n
3. El Tribunal desestim\u00f3 el ruego tras colegir que \u00ablas determinaciones [de] la Superintendencia de Sociedades, adopt[adas] en la audiencia de 16 de julio de 2021, mediante las cuales, en su orden, desestim\u00f3 la objeci\u00f3n que el actor plante\u00f3 con miras a que su acreencia fuera graduada en la primera clase, y mantuvo inc\u00f3lume su posici\u00f3n, no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante, en raz\u00f3n a que las referidas providencias se ajustaron a una hermen\u00e9utica que comparta o no la Sala, no las convierte en arbitrarias\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de C\u00e9sar Ucr\u00f3s Barros Tamayo debe negarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Superintendencia de Sociedades aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En principio, debe reiterarse que esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019). <\/p>\n
Ahora bien, tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio donde la Superintendencia de Sociedades en audiencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto e inventario de bienes desestim\u00f3 la objeci\u00f3n que el actor plante\u00f3 con la finalidad que su acreencia por concepto de honorarios fuese graduada en primera clase (16 jul. 2021), cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ci\u00f1\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por el memorialista concerniente a que su cr\u00e9dito por concepto de honorarios es de primera clase y no quirografario porque \u00abbajo el rubro de costas se tienen integradas las agencias en derecho\u00bb, y que se causaron en inter\u00e9s de los acreedores ya que \u00ab[su] gesti\u00f3n benefici\u00f3 a todos los acreedores del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb, por cuanto en el proceso de insolvencia de Navelena S.A., obr\u00f3 como apoderado judicial de la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S y logr\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes a favor de su representada por el valor de \u00ab38.341.656.049 COP\u00bb, la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el acreedor Cesar Ucros Barros no ha acreditado los elementos del numeral 1 del art\u00edculo 2495 del C.C., a saber, un beneficio o inter\u00e9s general para los acreedores de la concursada, y por el contrario, tales erogaciones trata de una obligaci\u00f3n que extiende una prerrogativa que beneficia el provecho exclusivo del tutelante. <\/p>\n
De la lectura de la presentaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y adem\u00e1s del estudio del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales allegado a este despacho, documento soporte de la obligaci\u00f3n, es claro que los honorarios cuyo reconocimiento que demanda, corresponden a actividades de las que no se precisa ocurran en beneficio para los acreedores del concurso, y solo buscan honrar el trabajo hecho por el citado doctor Ucros y beneficiarlo exclusivamente a \u00e9l por los servicios prestados. <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que la decisi\u00f3n fustigada est\u00e1 soportada en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 un ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que la acreencia de C\u00e9sar Ucr\u00f3s Barros es quirografaria, situaci\u00f3n que pone en evidencia que en realidad existe una disparidad de criterios en torno a la interpretaci\u00f3n judicial desplegada en torno al art\u00edculo 2495, numeral 1\u00ba, del C\u00f3digo Civil y la consecuencia que el gestor estima m\u00e1s genuina en la resoluci\u00f3n de su pedimento, divergencia que torna invable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, CSJ STC12889-2021). <\/p>\n
En un caso de similares contornos a este, donde el juez del concurso neg\u00f3 la calidad de acreedor privilegiado a un abogado que pretend\u00eda el pago de su cr\u00e9dito por concepto de honorarios derivado del contrato de mandato judicial, al considerar que aquel no se encontraba en ninguno de los supuestos de hecho de deudas privilegiadas del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, la Sala sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) En auto de 17 de octubre de 2013 el Juzgado mantuvo la anterior decisi\u00f3n frente al recurso de reposici\u00f3n interpuesto y no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria, porque estim\u00f3 que \u00abrespecto de la persecuci\u00f3n de los bienes del deudor por actos ejecutados antes de la cesi\u00f3n de bienes o a la apertura del concurso, nuestra norma sustantiva civil estableci\u00f3 unas causales de preferencia a tener en cuenta al momento de su venta para el pago de acreencias consistente en el privilegio y la hipoteca, para el primero, que es el que concierne al punto en debate, los clasific\u00f3 como cr\u00e9ditos privilegiados de primera, segunda y cuarta clase (art. 2495 y ss.)\u201d\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Prosigui\u00f3 afirmando que \u00ab[p]or su parte el art. 71 de la Ley 1116 de 2006 reconoce preferencia sobre el pago de las obligaciones objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, a las acreencias causadas despu\u00e9s de iniciado el tr\u00e1mite concursal sin perjuicio de las correspondientes a mesadas pensionales, contribuciones parafiscales de origen laboral y cr\u00e9ditos por concepto de facilidades de pago a que se refiere el art. 34 de dicha norma\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 sosteniendo que \u00ab[a]hora bien, como quiera que el contrato con soporte en el que el libelista procura se le tenga como acreedor privilegiado no proviene de ninguna de las causales indicadas en el C\u00f3digo Civil y tampoco corresponde a una obligaci\u00f3n creada con posterioridad al 26 de enero de 2009 (fl. 44 vuelto c.1) fecha de inicio del proceso de insolvencia, toda vez que fue suscrito en enero 20 de 2008 (folios 167 y 168), lo que impide darle el tratamiento preferencial indicado en el art. 71 de la Ley de insolvencia, emerge palmaria la imposibilidad de aceptar tal acreencia como un cr\u00e9dito privilegiado de primera clase o como una obligaci\u00f3n post-concursal de car\u00e1cter preferente que en \u00faltimas es lo que pretende ahora el memorialista, tal y como se le indic\u00f3 en el auto vilipendiado, el que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume por estar ajustado a derecho, negando adem\u00e1s la concesi\u00f3n del recurso subsidiario de apelaci\u00f3n, por no estar la providencia recurrida dentro de las susceptibles de dicho medio de impugnaci\u00f3n conforme a lo dispuesto en el art. 6\u00ba de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Estudiado el asunto con vista en los documentos que se incorporaron al presente expediente no aparece que las decisiones atacadas, se traduzcan en el defecto may\u00fasculo alegado, que, como bien se sabe, reclama un proceder antojadizo y alejado de la raz\u00f3n, en tanto que las providencias proferidas por el Juzgado accionado est\u00e1n basadas en aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos apreciados no a mero capricho, sino mediando un an\u00e1lisis que debe ser respetado por el \u00abJuez constitucional\u00bb; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el funcionario acusado, esa disonancia no es motivo para calificar como absurdo el referido pronunciamiento\u00bb (CSJ STC, 22 Ene. 2014, rad. 2013-00352-01, reiterada en CSJ STC 9304-2014). <\/p>\n
Ahora bien, respecto a la apreciaci\u00f3n del memorialista acerca de que las agencias en derecho \u2013rubro que integra el concepto de costas procesales\u2013 equivalen a los honorarios profesionales y por tanto \u00abse cumple con el primer requisito exigido por el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil\u00bb, cabe observar que, como dedujo el a quo, aquellas no se deben equiparar (agencias en derecho y honorarios profesionales), ya que si bien las costas procesales est\u00e1n integradas por las expensas y agencias en derecho, ellas se decretan a favor de la parte (poderdante), mas no del profesional del derecho (apoderado judicial) y, desde otra \u00f3ptica, el juez de manera discrecional regula el monto de las agencias en derecho sin importar que coincidan con el valor acordado por honorarios profesionales y tambi\u00e9n al margen de pactos acerca de su \u00faltimo destinatario, entonces emerge con diafanidad su distinci\u00f3n y alcances sin perjuicio de la autonom\u00eda de la voluntad, aunque en todo caso aqu\u00ed su reclamo pecuniario en nada beneficia a los acreedores. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico la Corte Constitucional estableci\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) siguiendo planteamientos de la doctrina nacional, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha explicado que las costas, esto es, \u201caquella erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial\u201d, est\u00e1n conformadas por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasi\u00f3n del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados. El art\u00edculo 393-2 del C.P.C. se\u00f1ala como expensas los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, y hace referencia gen\u00e9rica a todos los gastos surgidos en el curso de aquel. Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensaci\u00f3n por los gastos de apoderamiento en que incurri\u00f3 la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervenci\u00f3n directa de un profesional del derecho. No obstante, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra \u00e9sta y aquel. (CC. C-089\/2002, reiterada en T-625-16) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13771-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13771-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01907-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de septiembre de 2021, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58499\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}