STC13772-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13772-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00110-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de septiembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maricela Zuluaga L\u00f3pez contra el Juzgado Segundo de Familia y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, dentro del asunto declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, impulsado por la aqu\u00ed solicitante frente a los herederos determinados e indeterminados de William Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rodas (q.e.p.d.), radicado con el No. 2013-00716-00. <\/p>\n
Solicita, concretamente, ordenar \u00aba la entidad p\u00fablica correspondiente para que se sirva realizar las acciones pertinentes para lograr levantar la medida cautelar (registro de demanda) que figura sobre el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-802462 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali\u00bb; y as\u00ed mismo, que se disponga llevar \u00aba cabo el tr\u00e1mite completo de registro de sentencia\u00bb respecto del predio mencionado. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos manifiesta, que dentro del tr\u00e1mite cuestionado se emiti\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones el 13 de enero de 2015, declar\u00e1ndose la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial existente entre ella y el fallecido William Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rodas; no obstante, en dicho fallo se omiti\u00f3 resolver lo pertinente sobre la inscripci\u00f3n del libelo decretada en el decurso, por lo cual, previa petici\u00f3n, en prove\u00eddo de 6 de marzo de 2020 se orden\u00f3: \u00abel registro de la sentencia (\u2026) en el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-802462 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, de propiedad del se\u00f1or WILLIAM ANDR\u00c9S MART\u00cdNEZ RODAS. L\u00edbrense los oficios correspondientes\u00bb, y, \u00abCUMPLIDO lo ordenado en el punto anterior, se dispondr\u00e1 lo respectivo al levantamiento de la inscripci\u00f3n de demanda\u00bb. <\/p>\n
A su turno, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cali emiti\u00f3 \u00abnota devolutiva\u00bb el 3 de septiembre de 2020, indicando la imposibilidad de acatar lo dispuesto por el juzgado, pues \u00abEl documento sometido a registro contiene un acto cuya naturaleza jur\u00eddica no es susceptible de inscripci\u00f3n (art\u00edculo 4 Ley 1579 de 2012). (\u2026) No existe c\u00f3digo para la inscripci\u00f3n del presente acto. Este debe registrase en el estado civil de las personas o registro civil de las personas. Art. 31 Ley 1579\/2012\u00bb. <\/p>\n
Advierte que aun cuando \u00abinstaur\u00f3 recurso de RECLAMO en contra de la mencionada nota devolutiva\u00bb, la autoridad registral querellada el 1\u00b0 de octubre siguiente mantuvo su determinaci\u00f3n, toda vez que el fallo del juicio declarativo no pod\u00eda ser objeto de inscripci\u00f3n, \u00abpor cuanto en la parte Resolutiva no dispone ninguna adjudicaci\u00f3n, ni declaraci\u00f3n ni transferencia del bien inmueble, sujeto a registro. art. 4 Ley 1579\/2012\u00bb. <\/p>\n
Indica que tras sus solicitudes, la juzgadora censurada nuevamente requiri\u00f3 a la Oficina de Instrumentos para lo de su cargo; no obstante, \u00e9sta con otra nota devolutiva de 18 de noviembre posterior, reiter\u00f3 su negativa a efectuar la anotaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Expone que en raz\u00f3n de sus requerimientos, el estrado denunciado con oficio de 2 de febrero de 2021 insisti\u00f3 en el \u00abregistro de la sentencia\u00bb ante la Oficina atacada; empero, sabe que ser\u00e1 emitida una nueva \u00abnota devolutiva\u00bb porque as\u00ed se lo comunicaron informalmente los empleados de esa \u00faltima entidad el pasado 23 de marzo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, acota que adem\u00e1s de las prerrogativas invocadas, est\u00e1n siendo lesionados sus \u00abderechos herenciales y los de la familia de [su] difunto\u00bb compa\u00f1ero permanente, pues dada la medida de inscripci\u00f3n de la demanda enunciada, no han \u00abpodido inicial la respectiva sucesi\u00f3n\u00bb del causante. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Cali se opuso al amparo manifestando la ausencia de vulneraci\u00f3n a las prerrogativas de la solicitante, pues a la fecha de su respuesta ha emitido tres \u00abnotas devolutivas\u00bb exponiendo la imposibilidad de registrar \u00abla sentencia N\u00b0 02 de 13\/01\/2015 del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali, que, se reitera, contiene un acto tendiente al reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho, el cual no es objeto de registro en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, informaci\u00f3n que se le dio oportunamente a la accionante en respuesta a [su] solicitud\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la protecci\u00f3n no debe salir avante, por cuanto la tutelante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, dado que frente a las tres \u00abnotas devolutivas\u00bb no propuso \u00ablos recursos de ley en la v\u00eda administrativa a los que hace referencia el art\u00edculo 60 de la Ley 1579 de 2012, ni realiz\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n de turno conforme lo establece el art\u00edculo 30 de la misma ley\u00bb. <\/p>\n
b. La titular del Despacho accionado relat\u00f3 los antecedentes del proceso cuestionado, acept\u00f3 los hechos relacionados por la tutelante, y asever\u00f3 que, en su criterio, no se le endilgaba \u00abninguna conducta trasgresora de (\u2026) garant\u00edas (\u2026) lo que no podr\u00eda ser de otra manera, pues se han realizado todas las diligencias necesarias para que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cali diera cumplimiento a lo ordenado en providencia del 6 de marzo de 2020, atinente a la inscripci\u00f3n de la sentencia N\u00b0. 002 del 13 de marzo de 2015\u00bb. <\/p>\n
c. Gloria Stella Rodas y Juan Camilo Mart\u00ednez Rodas, en calidad de madre y hermano del fallecido William Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rodas, respectivamente, manifestaron la veracidad de los hechos narrados en el libelo tutelar, por lo que resulta necesario el levantamiento de la medida cautelar decretada por el despacho acusado, para adelantar la sucesi\u00f3n del causante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n impetrada, tras evidenciar que la titular del estrado denunciado, adem\u00e1s de omitir en la sentencia de 13 de enero de 2015 pronunciarse sobre la vigencia de la inscripci\u00f3n de la demanda decretada en el juicio censurado, al efectuarse la manifestaci\u00f3n respectiva por la aqu\u00ed querellante, en auto de 6 de marzo de 2020 se concentr\u00f3 en imponerle a la autoridad registral el registro del fallo, atendiendo a lo consignado en el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, explic\u00f3 el tribunal, \u00absi bien literalmente la referida norma ordena la inscripci\u00f3n de la sentencia, esta inscripci\u00f3n es inexorable cuando el fallo afecta directamente derechos sobre el inmueble, como por ejemplo en un declarativo de pertenencia o en un declarativo de resoluci\u00f3n de contrato, pero para el caso particular habr\u00eda que entender que lo que ocurre es que, obtenida la sentencia favorable, de ser el caso, se tendr\u00eda que, m\u00e1s que inscribir la sentencia como tal, es aplicar las consecuencias derivadas de esa sentencia estimatoria, de cara a actos negociales o contratos celebrados despu\u00e9s de inscrita la medida, porque obviamente la finalidad de la misma es hacerlos inoponibles a la parte demandante vencedora en la litis y, por ende, cancelables, como lo dice la previsi\u00f3n legislativa contenida seguidamente de la parte que trata del registro de la sentencia. <\/p>\n
Esa disposici\u00f3n es novedosa, pero hay que entenderla en armon\u00eda con las normas propias de los decretos 1250 del 70 y la ley 1579 de 2012. Es decir, m\u00e1s que la inscripci\u00f3n misma de la sentencia, lo que se pretende con la norma del estatuto procesal es que se empleen las consecuencias respecto de los actos negociales sobre el bien objeto de la cautela, tal como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, como la peticionaria ha visto perturbado su inter\u00e9s esencial, que es la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda, que, dicho sea de paso, inclusive, bien pudo ordenarse de oficio por el juzgado, al tenor de lo normado en el inciso 2\u00ba numeral 3\u00ba del art\u00edculo 598 del C.G.P., la discusi\u00f3n entre lo dispuesto por el juzgado que ata el levantamiento de la medida a que la oficina de registro inscriba la sentencia, orden a la que se ha negado, la Sala entonces, encuentra que esa controversia afecta el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso administrativo, la cual debe zanjarse, ordenando al juzgado que en atenci\u00f3n al querer de la interesada, disponga en una nueva providencia el levantamiento de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s cuando es directamente la beneficiaria de esa medida la que lo pide y dado que, de lo expuesto por los otros interesados en la liquidaci\u00f3n de esa sociedad y del sucesorio, pareciera que entre ellos y la actora, como compa\u00f1era permanente declarada, con la consecuente sociedad patrimonial, hay acuerdo, no se avista riesgo de enajenaci\u00f3n del bien, que en todo caso, de haberlo, bien puede contrarrestarse con las medidas cautelares propias regladas para el proceso de sucesi\u00f3n en l\u00ednea de los art\u00edculos 476 y 480 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, le impuso a la juez accionada emitir un \u00abnuevo prove\u00eddo en el que ordene levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda que pesa sobre el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0. 370-802462\u00bb, debiendo proceder la Oficina de Instrumentos P\u00fabicos convocada a registrar la anotaci\u00f3n \u00abde no existir otro motivo que le impida hacerlo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el tribunal no le indic\u00f3 en cu\u00e1les defectos incurri\u00f3, por lo que, en su criterio, la vulneraci\u00f3n devino de la actividad del ente registral y no de la suya. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto observa la Sala, que la tutelante pretendi\u00f3, puntualmente, el \u00ablevantamiento de la medida cautelar (registro de demanda) que figura sobre el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-802462 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali\u00bb, pues, seg\u00fan se\u00f1ala, dicha cautela le ha impedido a ella y a la familia de su compa\u00f1ero permanente ya fallecido, adelantar la sucesi\u00f3n de \u00e9ste. <\/p>\n
3. Tal como lo dispuso el a quo constitucional, hay lugar a conceder la protecci\u00f3n impetrada frente al juzgado impugnante, pues, en realidad, es la gesti\u00f3n de \u00e9ste la que ha suscitado el menoscabo de las garant\u00edas invocadas, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El estrado denunciado dentro del proceso impulsado por la querellante para la declaraci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial constituida con William Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rodas (q.e.p.d.), decret\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda el 7 de marzo de 2014 sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0. 370-802462 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali. <\/p>\n
3.2. Surtidas las etapas correspondientes, se profiri\u00f3 sentencia el 13 de enero de 2015, favorable a las pretensiones de la demandante; no obstante, nada se aludi\u00f3 en torno a la cautela rese\u00f1ada. <\/p>\n
3.3. Previa petici\u00f3n de la censora, la juez querellada en providencia de 6 de marzo de 2020, dispuso \u00abPRIMERO: ORDENAR el registro de la sentencia N\u00b0 002 de 13 de enero de 2015, en el inmueble (\u2026) de propiedad del se\u00f1or WILLIAM ANDR\u00c9S MART\u00cdNEZ RODAS\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO: CUMPLIDO lo ordenado en el punto anterior, se dispondr\u00e1 lo respectivo al levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
3.4. Tras la \u00abnota devolutiva\u00bb expedida por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos atacada y la negativa de \u00e9sta frente a la solicitud de \u00abrevisi\u00f3n\u00bb de la misma, sustentadas en la imposibilidad de registrar la sentencia proferida en el anotado litigio, por cuanto \u00aben su parte Resolutiva, DECLARA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE William Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rodas con la se\u00f1ora Maricela Zuluaga L\u00f3pez (\u2026) [pero] no dispone ninguna adjudicaci\u00f3n, ni declaraci\u00f3n ni transferencia del bien inmueble sujeto a registro. Art. 4 Ley 1579\/12 (\u2026)\u00bb, la peticionaria concurri\u00f3 al juzgado convocado, aduciendo la situaci\u00f3n descrita, y en auto de 26 de octubre de 2020, de nuevo se le orden\u00f3 a la autoridad de registro cumplir con lo dispuesto en el pronunciamiento de 6 de marzo anterior. <\/p>\n
3.5. Emitida una nueva \u00abnota devolutiva\u00bb el 19 de noviembre de 2020 por la Oficina de Instrumentos mencionada, con sustento en similares argumentos a los citados, la juzgadora atacada el 22 de enero de los corrientes reiter\u00f3 lo ordenado en torno a la inscripci\u00f3n del rese\u00f1ado fallo. <\/p>\n
3.6. El 5 de abril de este a\u00f1o el ente de registro expidi\u00f3 otra \u00abnota devolutiva\u00bb, apoyado en un sustento id\u00e9ntico al expuesto en las dos ocasiones atr\u00e1s se\u00f1aladas. <\/p>\n
Se resalta, que como en la sentencia donde se declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial reclamadas por la demandante, nada se dispuso sobre el dominio o transferencia del predio con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 370-802462 de propiedad del causante, no resultaba acertado insistir en el registro de tal veredicto, como erradamente lo comprende la falladora accionada, pues lo procedente, en realidad, era disponer el levantamiento de la comentada inscripci\u00f3n del libelo. <\/p>\n
Lo anterior, revela, de un lado, la inexistencia de arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, pues no pod\u00eda motu proprio proceder a revocar dicha medida, y menos inscribir un fallo para el cual no existe anotaci\u00f3n; y de otro, la falta de idoneidad y eficacia de los recursos no incoados por la tutelante en la v\u00eda gubernativa, por cuanto como viene de verse, no se abr\u00eda paso la revocatoria de las \u00abnotas devolutivas\u00bb, estando conformes a derecho. <\/p>\n
5. Los anteriores razonamientos encuentran respaldo, adem\u00e1s, en lo reglado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, pues trat\u00e1ndose de juicios de familia es procedente, mantener el embargo y secuestro, \u00abhasta la ejecutoria de la sentencia; pero si a consecuencia de esta fuere necesario liquidar la sociedad conyugal o patrimonial, continuar\u00e1n vigentes en el proceso de liquidaci\u00f3n (\u2026)[, no obstante s]i dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que disuelva la sociedad conyugal o patrimonial, no se hubiere promovido la liquidaci\u00f3n de esta, se levantar\u00e1n aun de oficio las medidas cautelares\u00bb (subraya de texto). <\/p>\n
Lo anterior resulta tambi\u00e9n aplicable a la inscripci\u00f3n de la demanda, pues, revisados los efectos de tal preceptiva, ning\u00fan objeto tiene mantener la anotaci\u00f3n de aquella medida cuando, como en el caso, no se procedi\u00f3 a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, pues lo pretendido por los interesados -como se expuso en este tr\u00e1mite-, es adelantar la sucesi\u00f3n de quien fungi\u00f3 como compa\u00f1ero permanente de la tutelante, tr\u00e1mite que no ha logrado surtirse respecto del inmueble en cuesti\u00f3n, ante las dificultades suscitadas por la juzgadora querellada. <\/p>\n
Sobre la vigencia de las medidas cautelares se\u00f1aladas, en casos como el cuestionado, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunque la inscripci\u00f3n de la demanda no sustrae los bienes del comercio y, por tanto, su materializaci\u00f3n no impide que estos sean enajenados, tiene como finalidad hacer oponible frente a terceros la sentencia que al interior del proceso de familia se profiera, consecuencia que se deriva de los preceptos 303 y 591 ej\u00fasdem. Adem\u00e1s, la inscripci\u00f3n de una demanda no impide que se lleve a cabo esa misma medida cautelar o un embargo por cuenta de otros procesos, ni mucho menos que el bien respectivo sea rematado al interior del ejecutivo. <\/p>\n
Eso s\u00ed, para decretarla es indispensable que adem\u00e1s del contenido de la pretensi\u00f3n, el juez de familia verifique que el bien puede ser objeto de gananciales y que es propiedad del demandado, pues si alguno de estos requisitos se encuentra ausente, deber\u00e1 negarla o, en caso de haber accedido indebidamente a ella, levantarla por los cauces legales a que m\u00e1s adelante se har\u00e1 referencia. <\/p>\n
La inscripci\u00f3n del libelo requiere petici\u00f3n de parte, la cual puede efectuarse en cualquier momento desde la presentaci\u00f3n de la demanda y antes de que se profiera sentencia aprobatoria del trabajo partitivo de la sociedad patrimonial entre convivientes. <\/p>\n
En todo caso, por disposici\u00f3n expresa del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 590 ibid, es necesario que el solicitante preste cauci\u00f3n del 20% del valor de las pretensiones, es decir, de la cantidad que espera le sea adjudicada en la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Adicionalmente, (\u2026) el embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales que sean propiedad del demandado tambi\u00e9n es procedente en procesos de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, con miras a su posterior liquidaci\u00f3n, pues si bien el listado del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 598 ej\u00fasdem solamente refiere los tr\u00e1mites de \u00abdisoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedades patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, sin hacer referencia a los de simple declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y la mencionada sociedad, el numeral 3\u00ba de la misma disposici\u00f3n no deja dudas sobre dicha procedencia, pues se\u00f1ala que tales cautelas se mantendr\u00e1n hasta que la sentencia cobre firmeza, a menos que \u00abfuere necesario liquidar la sociedad\u2026 patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Explicado de otra manera, aunque la primera parte de la norma citada podr\u00eda suscitar dudas sobre la procedencia del embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales y sean propiedad del demandado, cuando la pretensi\u00f3n consista en declarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y de una sociedad patrimonial entre quienes tuvieron una comunidad de vida, con el fin de que luego se liquide esta \u00faltima, el numeral 3\u00ba despeja cualquier incertidumbre al respecto cuando dispone que la ejecutoria de la sentencia, por regla general, ocasiona el levantamiento de la cautela, a menos que \u00aba consecuencia de \u00e9sta fuere necesario liquidar la sociedad \u2026 patrimonial\u00bb, lo que significa que la firmeza del fallo que reconoce que existi\u00f3 una sociedad patrimonial que ha quedado disuelta y debe liquidarse, no extingue la cautela que se viene comentando, pues la misma es necesaria para garantizar los efectos de la decisi\u00f3n que se emita en la fase liquidatoria del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Eso s\u00ed, el demandante tiene la carga de solicitar oportunamente al juez de familia que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite que proceda con la liquidaci\u00f3n del acervo patrimonial, pues de lo contrario, \u00abse levantar\u00e1n de oficio las medidas cautelares\u00bb (inc. 2, num. 3, art. 598 ibid) (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, en nada err\u00f3 el a quo constitucional al imponerle a la falladora impugnante proceder a levantar la medida cautelar decretada en el juicio objeto de amparo, pues tal mandato resulta suficiente y necesario a efectos de conjurar la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13772-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC13772-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00110-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58500","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58500"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58500\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}