STC13777-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01972-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece (13) de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 16 de septiembre de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Jes\u00fas Andrade Bola\u00f1os contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias, ambos de esta capital, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en en el litigio n\u00b0 2010-00476-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 que se ordene decretar la invalidez de la sentencia de 24 de febrero de 2012, y en general \u00abde todo lo actuado\u00bb en el proceso cuestionado. <\/p>\n
En sustento, adujo que es ejecutado en el litigio objeto de revisi\u00f3n, cuya base de recaudo lo constituyen dos pagar\u00e9s cancelados un a\u00f1o antes de instaurar la demanda, en los cuales, existe una cadena de cesiones \u00abfraudulentas e ilegales\u00bb que deslegitiman a la actual cesionaria del cr\u00e9dito y \u00abson el resultado de una actuaci\u00f3n sin las debidas garant\u00edas constitucionales y legales para el demandado\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tuvo conocimiento de ese asunto seis a\u00f1os despu\u00e9s de haberse promovido, porque los \u00abrematadores\u00bb se acercaron a su residencia manifest\u00e1ndole estar interesados en el bien objeto de subasta, por tanto, indic\u00f3 que, durante ese tiempo el banco BBVA y sus apoderados, \u00abactuaron en solitario sin tener en cuenta la contraparte\u00bb y solicitaron el \u00abcobro indebido de unas obligaciones mediante pagares llenados en blanco\u00bb. <\/p>\n
2. El Estrado Treinta Civil del Circuito indic\u00f3 remitir el decurso materia de escrutinio al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias el 18 de octubre de 2013 para lo de su competencia. Esta \u00faltima autoridad, por su parte, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida e inform\u00f3 que en reiteradas oportunidades el actor ha solicitado la invalidez del juicio, peticiones \u00abrechazadas\u00bb en prove\u00eddos de 18 de junio de 2019 y 9 de julio de 2020 y \u00abconfirmadas en primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por carecer de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; el primero, por cuanto <\/p>\n
(\u2026) a la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo – 7 de septiembre de 2021, han transcurrido m\u00e1s de 9 a\u00f1os, sin que se haya demostrado un motivo para justificar la tardanza en intentar la acci\u00f3n, ya que con todo y que indic\u00f3 no haberse enterado del proceso sino hasta 6 a\u00f1os despu\u00e9s de presentada la demanda, lo cierto es que el registro de actuaciones da cuenta que el 24 de febrero de 2012 entr\u00f3 al despacho el proceso con la anotaci\u00f3n demanado notificado\u00bb (sic) y puntualmente el 17 de julio de 2015, se hace menci\u00f3n al accionante para se\u00f1alar \u00abel se\u00f1or(a): Gerardo Jes\u00fas Andrade Bola\u00f1os, Aport\u00f3 Documento\u00bb. <\/p>\n
Y, el segundo, porque <\/p>\n
(\u2026) el gestor (\u2026) ha planteado reiterativamente los mismos argumentos que en sede de tutela esgrime sobre los que se ha pronunciado la juez cognoscente; sin que corresponda al juez constitucional fungir como juez de segundo grado, como tampoco revisar tales determinaciones y menos a\u00fan sugerir siquiera el sentido de las decisiones que han de adoptarse en la causa ejecutiva. La mera inconformidad del aqu\u00ed accionante con las providencias que le han sido adversas no constituye lesi\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. El libelista se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, adem\u00e1s de enfatizar que la sentencia de 24 de febrero de 2012 est\u00e1 \u00absustentada en los fraudes de la cesi\u00f3n y lo m\u00e1s grave a\u00fan donde se vende los pagar\u00e9s pagados y cancelados, lo que es un delito agravado (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se advierte que lo pretendido no puede prosperar, en raz\u00f3n a que no se cumpli\u00f3 con la inmediatez que se requiere en este tr\u00e1mite, comoquiera que la decisi\u00f3n que se pretende invalidar data del 24 de febrero de 2012, mientras que esta acci\u00f3n de amparo fue radicada el 7 de septiembre de 2021, lo cual denota que han transcurrido, m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
De otro lado, no se avizora la acreditaci\u00f3n de circunstancia alguna que permita exculpar la inactividad procesal del precursor, a fin de superar la falta de inmediatez predicada, pues tal como lo se\u00f1al\u00f3 la primera instancia constitucional, revisado el sistema de consulta de procesos se evidenci\u00f3 que el 24 de febrero de 2012 se registr\u00f3 que el \u00abdeman[d]ado [fue] notificado\u00bb; asimismo, el 17 de julio de 2015, figura \u00abrecepci\u00f3n memorial\u00bb de Jes\u00fas Andrade Bola\u00f1os, mediante el cual solicit\u00f3 \u00abtener inc\u00f3lume decisi\u00f3n cesiones ilegales\u00bb. Lo que significa que el aqu\u00ed actor conoci\u00f3 de las actuaciones que hoy recrimina desde hace m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
Finalmente, si a juicio del impugnante la agencia convocada y el ejecutante y\/o cesionarios del decurso materia de escrutinio incurrieron en alguna conducta susceptible de ser investigada penal o disciplinariamente, puede acudir a las autoridades competentes para que si es del caso surtan la indagaci\u00f3n pertinente, sin participaci\u00f3n de esta Colegiatura, ya que su funci\u00f3n se encamina exclusivamente a \u00abgarantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Relativo al t\u00f3pico la Corte ha reiterado <\/p>\n
(\u2026) es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016)\u201d (CSJ STC011-2018, reiterado en STC4324-2018). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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