STC13786-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13786-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2021-00132-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Andrea Mej\u00eda Campos contra el fallo emitido el 19 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela que le instaur\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador, extensiva a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, al Municipio y a la Comisar\u00eda de Puerto Libertador, y a los intervinientes en el asunto que suscit\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, actuando en nombre propio y en el de su menor hija, implor\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
i) Ordenar al estrado accionado que \u00aben un t\u00e9rmino no mayor a cuarenta y ocho (48) horas remita el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que se adelanta a favor de [su] hija Sof\u00eda Hern\u00e1ndez Mej\u00eda, al juzgado que sigue en turno, tal como lo dispone el art\u00edculo 100 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018, a fin de que proceda con el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb <\/p>\n
ii) Oficiar al Consejo Superior de la Judicatura de C\u00f3rdoba \u00abpara que indique expresamente cu\u00e1l juzgador seguir\u00eda en turno, teniendo en cuenta que en dicho municipio es el \u00fanico juzgado que existe\u00bb. <\/p>\n
iii) Conminar a Lucila Hern\u00e1ndez Arias, actual cuidadora de su hija, que \u00abpermita diariamente y dos (2) veces al d\u00eda, tener contacto telef\u00f3nico [con ella], a fin de fortalecer [sus] v\u00ednculos afectivos mientras culmina todo el tr\u00e1mite procesal a\u00fan pendiente\u00bb. <\/p>\n
iv) Remitir copias \u00abante los \u00f3rganos de control competentes para que investiguen las conductas que ocasionaron la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo en esencia, que la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Libertador impuls\u00f3 inicialmente el citado procedimiento, pero en virtud del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto (12 abr. 2021, rad. 2021-00117-00), lo remiti\u00f3 al despacho enjuiciado para que definiera la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor. Lo anterior, porque perdi\u00f3 competencia para zanjar la causa por vencimiento del t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. Aunque esa agencia judicial deb\u00eda dirimir la controversia dentro los dos meses siguientes a la recepci\u00f3n del expediente, como lo prev\u00e9 esa misma regla, no lo hizo, pues lo recibi\u00f3 el 20 de abril de 2021, sin que hasta la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -23 de junio 2021- hubiese zanjado el asunto. <\/p>\n
Narr\u00f3 que a pesar de que en m\u00faltiples oportunidades se dirigi\u00f3 al Juzgado con el fin de que las diligencias se impulsaran, no obtuvo respuesta, desconociendo as\u00ed sus derechos y los de la menor a un debido proceso y, especialmente, a tener una familia, pues desde el 23 de noviembre de 2019 no ve a su hija. <\/p>\n
Relat\u00f3, a su vez, que Lucila Hern\u00e1ndez Arias, quien tiene el cuidado de la ni\u00f1a, no le permite, de forma constante, ponerse en contacto con ella o saber de su estado, lo que ha provocado el quebranto de la relaci\u00f3n madre e hija. <\/p>\n
2.- La autoridad reprochada adujo que, si bien recibi\u00f3 el expediente el 20 de abril de 2021 de la Secretar\u00eda de Gobierno del municipio de Puerto Libertador, nunca conoci\u00f3 la directriz constitucional en virtud de la cual deb\u00eda definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor, pues no recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n del Juzgado de Pasto, ni el funcionario que le mand\u00f3 las diligencias le remiti\u00f3 oficio donde se expusieran las razones de la remisi\u00f3n. <\/p>\n
El Comisario de Familia de Puerto Libertador destac\u00f3, como hechos relevantes, que en la diligencia de verificaci\u00f3n de derechos que se le practic\u00f3 a la menor el 10 de febrero de 2020, la ni\u00f1a manifest\u00f3 que \u00abal parecer es cuidada por alguien cercano a la madre y que presuntamente le toca sus partes \u00edntimas al momento de ba\u00f1arla\u00bb, raz\u00f3n por la cual, se emiti\u00f3 \u00abresoluci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb y se le entreg\u00f3 a su t\u00eda paterna Lucila Hern\u00e1ndez Arias, quien ha cuidado de ella \u00abal parecer desde los 9 meses de edad\u00bb. <\/p>\n
Esta \u00faltima se\u00f1al\u00f3 que la ni\u00f1a tiene solo 5 a\u00f1os y es ella quien no quiere separarse de su lado, pues sus padres se la dejaron desde 2016. Precis\u00f3, adem\u00e1s, que no impide el contacto con la progenitora, solo que viven en una finca y a veces el celular se queda sin se\u00f1al. <\/p>\n
Deivis Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, padre de Sof\u00eda, puntualiz\u00f3 que no es procedente entregarle la ni\u00f1a a la progenitora, hasta tanto no finalice el procedimiento atacado y se determine que la ni\u00f1a no corre peligro en su compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres precis\u00f3 que el estrado denunciado, en efecto, perdi\u00f3 competencia para fallar el decurso, comoquiera que han transcurrido los dos (2) meses se\u00f1alados en la ley para resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor. <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba inform\u00f3 que a efectos de establecer cu\u00e1l es el juez que debe asumir el conocimiento del caso de la ni\u00f1a deber\u00eda tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA14-10205 de 19 de agosto de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura y el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n -Regional C\u00f3rdoba- adujo que no estaba llamada a resistir las pretensiones de la quejosa. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El a quo concedi\u00f3 el amparo y, en consecuencia, le orden\u00f3 a despacho enjuiciado que \u00aben el t\u00e9rmino de 24 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, surta las actuaciones que correspondan dentro del proceso de restablecimiento de derechos de la menor hija de la tutelante, acorde a lo previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1878 de 2018\u00bb. <\/p>\n
Para ello, advirti\u00f3 que ante la tardanza denunciada deb\u00edan adoptarse medidas a favor de la ni\u00f1a, mas precis\u00f3, que la mora estaba justificada en diversas circunstancias que impidieron a la servidora reprochada proveer en tiempo, como la omisi\u00f3n de notificarla de la \u00abdecisi\u00f3n por medio de la cual se le hab\u00eda asignado la competencia para continuar con el tr\u00e1mite, aunado a que le fue remitido el proceso por el Secretario de Gobierno de Puerto Libertador sin dar cuenta de los fines de la remisi\u00f3n, desconociendo (\u2026), la funcionaria judicial, las actuaciones que deb\u00eda surtir\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la gestora, con el fin de que se modifique la directriz supralegal, en el sentido de que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador remitir el asunto al juzgado que sigue en turno, como lo pidi\u00f3 en la tutela. Argument\u00f3, en esencia, que no hay nada que justifique que la agencia judicial no haya decidido la cuesti\u00f3n luego de que se le remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
Por otra parte, insisti\u00f3 en que se le ordene a Lucila Hern\u00e1ndez Arias que le permita contacto telef\u00f3nico con la menor. <\/p>\n
5.- En el curso de esta instancia, Deivis Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, solicit\u00f3 que se ordene a ambos padres acreditar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Tambi\u00e9n implor\u00f3 que se dilucide, a trav\u00e9s de una entrevista a la menor por conducto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Comisar\u00eda de Familia, si fue abusada sexualmente, y se \u00abdetermine de una vez por todas\u00bb qui\u00e9n debe quedarse con la custodia y cuidado de la ni\u00f1a. Igualmente, suplic\u00f3 que se ordene a la Fiscal\u00eda que impulse la denuncia por violencia sexual que se impuls\u00f3 con ocasi\u00f3n del relato de la ni\u00f1a. <\/p>\n
6.- La Juez Promiscuo Municipal de Puerto Libertadores, por su parte, inform\u00f3 el pasado 8 de septiembre, que en cumplimiento del fallo del Tribunal, avoc\u00f3 el conocimiento de las diligencias y decret\u00f3 pruebas. Despu\u00e9s, emiti\u00f3 auto \u00abordenando requerir nuevamente al ICBF Seccional Nari\u00f1o, para que se sirviera allegar los informes solicitados, encontr\u00e1ndose pendiente dictar el auto por medio del cual se fije para llevar a cabo la audiencia\u00bb en donde se defina la controversia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se modificar\u00e1, pero no para disponer que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador remita el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de la menor Sof\u00eda Hern\u00e1ndez Mej\u00eda al \u00abjuzgado de familia que sigue en turno\u00bb, como lo anhela la actora, sino para conminarlo a efectos de que en un t\u00e9rmino perentorio zanje la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a. <\/p>\n
1.- Lo primero que debe precisarse, es que si bien la competencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertadores para rituar las diligencias confutadas surgi\u00f3 a ra\u00edz de una acci\u00f3n constitucional, en tanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto le orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad que se las remitiera, lo cierto es que esta agencia no particip\u00f3 en dicho auxilio, ni ten\u00eda por qu\u00e9 hacerlo, ya que a trav\u00e9s de \u00e9l la quejosa buscaba, nada m\u00e1s, que la autoridad administrativa se desprendiera del asunto y la enviara a la autoridad judicial. Luego, este amparo, aunque tiene como antecedente aquella determinaci\u00f3n supralegal, surgi\u00f3 por actuaciones independientes al anterior resguardo. <\/p>\n
2.- Pues bien, a efectos de resolver el problema que el caso plantea, la Sala abordar\u00e1 la siguiente metodolog\u00eda. Primero, analizar\u00e1 la regla que impone a los jueces de familia decidir asuntos como el acusado en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, so pena de perder competencia. A continuaci\u00f3n, estudiar\u00e1 los fines de esa consecuencia, as\u00ed como las razones por las cuales su ejecuci\u00f3n es injustificada frente al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. En tercer lugar, precisar\u00e1 las condiciones en que la pauta en cuesti\u00f3n debe ser aplicada frente al mencionado principio. Y finalmente, descender\u00e1 al caso planteado. <\/p>\n
2.1.- El deber de los jueces de familia de resolver el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, cuando la autoridad administrativa no los hubiese decidido oportunamente, y sus consecuencias: p\u00e9rdida de competencia y responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
El C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia establece que los jueces de familia -o quienes lo reemplacen en la respectiva localidad1- deben resolver los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, cuando la Comisar\u00eda de Familia, el Defensor o la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda se los remita por haber perdido competencia para decidirlos. La norma, igualmente, prev\u00e9 que en caso de que el fallador no cumpla con ese plazo perder\u00e1 competencia para definir el asunto, deber\u00e1 remitirlo al juez que sigue en turno e incurrir\u00e1 en responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
As\u00ed se desprende de los incisos 9\u00b0, 10\u00b0, 11\u00b0 y 12\u00b0 del art\u00edculo 100 de dicha normatividad, a cuyo tenor: <\/p>\n
Vencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. <\/p>\n
El juez resolver\u00e1 en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso, so pena que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. <\/p>\n
Si el juez no resuelve el proceso en este t\u00e9rmino, perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto, remitir\u00e1 inmediatamente el expediente al juez de familia que le sigue en turno y se pondr\u00e1 en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura (se enfatiza). <\/p>\n
Tales pautas se complementan con el art\u00edculo 119 del mismo estatuto, que en su numeral 4\u00b0 y par\u00e1grafo prev\u00e9: <\/p>\n
Competencia del juez de familia en \u00fanica instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en \u00fanica instancia: <\/p>\n
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia (\u2026). <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Los asuntos regulados en este c\u00f3digo deber\u00edan ser tramitados con prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo caso el fallo deber\u00e1 proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, seg\u00fan el caso. El incumplimiento de dicho t\u00e9rmino constituye causal de mala conducta. <\/p>\n
2.2.- La p\u00e9rdida de competencia del juez de familia: sus fines y las secuelas de su aplicaci\u00f3n a los casos concretos frente al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Aunque la p\u00e9rdida de competencia consagrada en dicha pauta se muestra estimable frente a la libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible su aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva, si en cuenta se tiene que, desde esa perspectiva, el resultado que provoca difiere del principio del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
La consecuencia mencionada ha sido instituida con el objetivo de que las garant\u00edas de dichos sujetos de especial protecci\u00f3n sean restablecidas en el menor tiempo posible, las cuales est\u00e1n en vilo en virtud de la mora en que ha incurrido la autoridad administrativa en definir su situaci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que en esa hip\u00f3tesis la autoridad judicial reemplaza a la administrativa con el prop\u00f3sito de conjurar la tardanza en que esta \u00faltima ha incurrido, a fin de que adopte de manera c\u00e9lere y eficaz las medidas que requiere el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente para disfrutar sus derechos. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte Constitucional, al estudiar la la exequibilidad del entonces par\u00e1grafo 2\u00b0 de la Ley 1098 de 20062, modificado por el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, precis\u00f3: <\/p>\n
Por otra parte, el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y la protecci\u00f3n especial que debe dispensarles el Estado, adem\u00e1s de la familia y la sociedad, exige celeridad, oportunidad y eficacia en el desarrollo de las actuaciones estatales y la adopci\u00f3n de las decisiones correspondientes. Por ello es razonable que la expresi\u00f3n demandada se\u00f1ale los t\u00e9rminos mencionados para resolver tanto la actuaci\u00f3n administrativa como el recurso de reposici\u00f3n que procede contra dicha resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido, tambi\u00e9n es razonable que si el funcionario administrativo competente incumple esos t\u00e9rminos, el legislador disponga un mecanismo sustitutivo que permita resolver la solicitud formulada, la investigaci\u00f3n oficiosa o el recurso de reposici\u00f3n en las citadas condiciones de celeridad, oportunidad y eficacia, y para tal efecto su asignaci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n especializada es claramente adecuada. Ante ella, como est\u00e1 contemplado en las normas procedimentales respectivas, los interesados podr\u00e1n hacer valer sus derechos y ejercer el derecho de defensa. <\/p>\n
Y en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 1878 de 2018, se dijo, entre otros aspectos, a prop\u00f3sito de los t\u00e9rminos establecidos para decidir el PARD: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
f) Sanciones disciplinarias tanto para las autoridades administrativas como para las judiciales. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos de ley son imperativos que obligan a las autoridades competentes a su cumplimiento, m\u00e1xime en estos tr\u00e1mites donde se busca restablecer y garantizar el goce efectivo de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n se necesita un ajuste en la norma frente a las consecuencias disciplinarias de los servidores p\u00fablicos que incumplan sin justa causa con el mandato legal perjudicando con tal actuar a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes de nuestro pa\u00eds, incluyendo al Juez de Familia (Gaceta No. 211 de 4 de abril de 2017, Proyecto de Ley No. 225 de 2017, Senado3, se enfatiza). <\/p>\n
Como puede verse, la p\u00e9rdida de competencia de la autoridad judicial para conocer el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en el evento en que no lo decida en el plazo de dos (2) meses, luego de que la autoridad administrativa se lo remita por vencimiento del plazo para fallar, est\u00e1 destinada a que las garant\u00edas de estos sean restauradas con prontitud. <\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que, en los casos concretos, ese cometido no se logra, debido a que esa hip\u00f3tesis, en la pr\u00e1ctica, genera que el asunto se traslade a tres autoridades distintas, sin recibir, en el entretanto, una soluci\u00f3n definitiva. N\u00f3tese que de la autoridad administrativa pasar\u00eda a la judicial, y esta, a su vez, enviar\u00eda el expediente a otra del mismo linaje, sin dirimirse la situaci\u00f3n del menor, quien ha debido recibir del Estado la protecci\u00f3n inmediata de sus prerrogativas. <\/p>\n
La primera remisi\u00f3n, sin duda alguna, se justifica frente al inter\u00e9s prevalente de los infantes, pues con \u00e9l se logra que la jurisdicci\u00f3n especializada aprehenda la controversia y la dirima, de una vez por todas, en dos (2) meses. No ocurre lo mismo con el segundo env\u00edo, pues, en todo caso, el conflicto seguir\u00eda sin resoluci\u00f3n, someti\u00e9ndolo, adem\u00e1s, a las vicisitudes que puede generar la asignaci\u00f3n a un tercer funcionario, que, en principio, no est\u00e1 sometido a un t\u00e9rmino espec\u00edfico para fallar, como si lo estar\u00edan las dos primeras autoridades. <\/p>\n
Es decir, en \u00faltimas, el remedio podr\u00eda resultar peor que el mal que pretende conjurar, debido a que, a trav\u00e9s del segundo env\u00edo, la soluci\u00f3n del caso podr\u00eda postergarse injustificadamente en el tiempo. <\/p>\n
Claro, es reprochable, desde todo punto de vista, que el juzgador no decida el PARD en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, toda vez que por esa v\u00eda lesiona los derechos de los menores y, por ello, debe ser investigado, pero es m\u00e1s censurable que no lo resuelva y lo remita a otro funcionario para que lo haga, pues de ese modo deja en vilo las garant\u00edas esos sujetos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed que, frente a un escenario en el que el juez de familia pierda competencia por no fallar el PARD en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, y otro en el que decida a pesar del vencimiento de ese plazo, ha de preferirse el segundo, en virtud del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, no obstante, la existencia de dicha regla. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el mencionado principio, consagrado en el canon 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y otros instrumentos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, como la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Ni\u00f1os adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia mediante Ley 12 de 1991, opera \u00abcomo norma de procedimiento\u00bb, esto es, \u00absiempre que se tenga que tomar una decisi\u00f3n que afecte a un ni\u00f1o, el proceso deber\u00e1 incluir una estimaci\u00f3n de las posibles repercusiones (positivas o negativas) que puede tener para el ni\u00f1o o los ni\u00f1os interesados. La evaluaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o requieren garant\u00edas procesales\u00bb4. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condici\u00f3n de Vulnerabilidad, las cuales, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, operan como un c\u00f3digo de conducta que debe ser acogido voluntariamente por los empleados y funcionarios judiciales de los diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, con el objetivo de garantizar a dichos sujetos el acceso efectivo al sistema judicial (CSJ STC5006-2021, STC5701-2021), establecen que \u00abtodo ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los \u00f3rganos del sistema de justicia en consideraci\u00f3n a su desarrollo evolutivo\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, a su vez, dispone que <\/p>\n
El presente c\u00f3digo tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protecci\u00f3n integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en las leyes, as\u00ed como su restablecimiento. Dicha garant\u00eda y protecci\u00f3n ser\u00e1 obligaci\u00f3n de la familia, la sociedad y el Estado. <\/p>\n
Y el canon 9\u00b0 del mismo estatuto consagra que <\/p>\n
En todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. <\/p>\n
En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. <\/p>\n
En fin, razones legales y supralegales imponen sopesar las consecuencias de la aplicaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia establecida para aquellos episodios en los que el juez de familia o quien lo reemplace no decida el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, luego de que el Comisario de Familia, el Defensor de Familia o la Inspecci\u00f3n de Familia se lo hubiese remitido por fenecimiento del t\u00e9rmino para decidirlo. <\/p>\n
2.3.- Condiciones en que deben aplicarse los incisos 9\u00b0, 10\u00b0, 11\u00b0 y 12\u00b0 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia: ausencia de p\u00e9rdida de competencia, responsabilidad disciplinaria y deber de fallar el asunto en un t\u00e9rmino adicional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conforme a los incisos 9\u00b0, 10\u00b0, 11\u00b0 y 12\u00b0 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, en caso de que el juez de familia -o su equivalente- no decida el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos dentro de los dos (2) meses siguientes a que la autoridad administrativa se lo remita para que defina la situaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, no perder\u00e1 competencia para el efecto, la mantendr\u00e1 con el fin de restablecer sus derechos de manera c\u00e9lere y eficaz. <\/p>\n
Ahora, como la infracci\u00f3n del mencionado plazo origina responsabilidad disciplinaria, el fallador deber\u00e1 informar al respectivo Consejo Seccional de Disciplina Judicial sobre su incumplimiento, sin perjuicio, claro est\u00e1, que los afectados noticien el hecho por su cuenta o lo haga el juez de tutela al desatar salvaguardas suscitadas con ocasi\u00f3n del desconocimiento del referido mandato. <\/p>\n
Y en todo caso, pasados los dos (2) meses, subsistir\u00e1 el deber del juzgador de impulsar las diligencias eficazmente, de suerte que las zanjar\u00e1 en un plazo no mayor a diez (10) d\u00edas, tiempo que se justifica por la necesidad de que se adopten en un t\u00e9rmino razonable las medidas de restablecimiento apropiadas para el menor, y la prelaci\u00f3n que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia le otorga a esas causas frente a asuntos distintos a acciones de tutela y h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
2.4.- Conclusiones <\/p>\n
En suma, los funcionarios judiciales que asumen el conocimiento de un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, luego de que el Defensor, el Comisario de Familia o el Inspector de Polic\u00eda haya perdido competencia por vencimiento del t\u00e9rmino para fallarlo, deben resolverlos dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo del expediente. Si no lo hacen, no perder\u00e1n competencia, pero, en todo caso, deber\u00e1n dirimir el asunto en un plazo no mayor a diez (10) d\u00edas, e informar\u00e1n a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial respectiva del incumplimiento de los dos (2) meses para finiquitar el asunto. <\/p>\n
2.5.- El caso concreto <\/p>\n
En este episodio, la Juez Promiscuo Municipal de Puerto Libertador no resolvi\u00f3 el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a Sof\u00eda Hern\u00e1ndez dentro de los dos (2) meses siguientes a que el Comisario de Familia de esa localidad se lo remiti\u00f3, ya que lo recibi\u00f3 el 20 de abril de 2021 y al 20 de junio siguiente no lo hab\u00eda desatado. Es m\u00e1s, a pesar de que ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o y seis (6) meses desde que el decurso inici\u00f35, y que el Tribunal de Monter\u00eda le orden\u00f3 impulsarlo por esta v\u00eda, al menos, hasta el 8 de septiembre de 2021 no lo hab\u00eda definido. <\/p>\n
Bajo los anteriores derroteros, ser\u00eda del caso declarar que la Juez Promiscuo Municipal de Puerto Libertador perdi\u00f3 competencia para conocer de esas diligencias, y ordenarle que adopte las medidas enfiladas para que lo remita al \u00abjuez que siga en turno\u00bb. <\/p>\n
No obstante, ese desenlace ralentizar\u00eda la soluci\u00f3n de la controversia, toda vez que pasar\u00eda a un tercer juzgador, cuya designaci\u00f3n, adem\u00e1s, no depender\u00eda de que la juzgadora denunciada se declarar\u00e1 incompetente, sino de un tr\u00e1mite administrativo, en virtud del cual otra autoridad debe determinar qui\u00e9n debe asumir el conocimiento de las diligencias, ya que el juzgado accionado no cuenta con hom\u00f3logos en el municipio donde cuenta con jurisdicci\u00f3n. En consecuencia, de acuerdo con las directrices anteriores, se conminar\u00e1 a la falladora de Puerto Libertador para que en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas defina la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a aludida. <\/p>\n
Igualmente se remitir\u00e1n copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Monter\u00eda, as\u00ed como a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investiguen, respectivamente, a la funcionaria accionada y al Comisario de Familia de Puerto Libertador, a prop\u00f3sito de la demora en que incurrieron al impulsar el procedimiento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.- Finalmente, se advierte que la pretensi\u00f3n relativa a que se conmine a Lucila Hern\u00e1ndez Arias a permitir contacto telef\u00f3nico peri\u00f3dicamente con la ni\u00f1a no puede salir avante, ya que quien debe dilucidarla es la juez de conocimiento. <\/p>\n
A su vez, se precisa que no es posible acceder a ninguna de las peticiones elevadas por el padre de la menor en esta instancia, ya que la competencia de esta Corporaci\u00f3n se circunscribe a analizar si las omisiones denunciadas lesionaron los derechos invocados, correspondi\u00e9ndole a las autoridades competentes, en las causas respectivas, definir su situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- En resumen, el veredicto de primera instancia se modificar\u00e1 para ordenar al estrado querellado que defina el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos mencionado en el plazo de diez (10) d\u00edas. No se acceder\u00e1 a la solicitud de la actora relativa a que se le ordene al estrado accionado remitir las diligencias el juzgado que sigue en turno, ni la que se enfil\u00f3 contra Lucila Hern\u00e1ndez Arias, como tampoco la rogativa propuesta por el padre de la menor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve: <\/p>\n
Primero.- Modificar la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Segundo.- Ordenar a la titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador, o quien haga sus veces, que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, decida de fondo el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a Sof\u00eda Hern\u00e1ndez Mej\u00eda. <\/p>\n
La autoridad accionada deber\u00e1 informar a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de esa directriz. <\/p>\n
Tercero.- Negar las pretensiones de la accionante dirigidas a que el despacho de Puerto Libertador remita las diligencias al juzgado que sigue en turno y a que se conmine a Lucila Hern\u00e1ndez Arias a permitir contacto telef\u00f3nico con la ni\u00f1a. <\/p>\n
Cuarto.- Negar las solicitudes elevadas en esta instancia por Deivis Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Quinto.- Remitir copias de esta actuaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Monter\u00eda, as\u00ed como a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investigue a la Juez Promiscuo Municipal y al Comisario de Familia de Puerto Libertador, a prop\u00f3sito de la demora en que incurrieron al impulsar el procedimiento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Sexto.- Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia: \u00ab[el] Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocer\u00e1 de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en \u00fanica instancia en los lugares donde no exista este\u00bb. Pauta que reitera el numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo General Proceso, al establecer que los jueces civiles municipales conocen en \u00fanica instancia, \u00abde los asuntos atribuidos al juez de familia en \u00fanica instancia, cuando en el municipio no haya juez de familia o promiscuo de familia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En todo caso, la actuaci\u00f3n administrativa deber\u00e1 resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentaci\u00f3n de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigaci\u00f3n, y el recurso de reposici\u00f3n que contra el fallo se presente deber\u00e1 ser resuelto dentro de los diez d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino para interponerlo. Vencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio, adelante la actuaci\u00f3n o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. <\/p>\n
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de polic\u00eda, el director regional podr\u00e1 ampliar el t\u00e9rmino para fallar la actuaci\u00f3n administrativa hasta por dos meses m\u00e1s, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ning\u00fan caso nueva pr\u00f3rroga. <\/p>\n
3\u0002 \u00abPor medio de la cual se modifican algunos art\u00edculos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, y se dictan otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed lo ha establecido la Corte Constitucional siguiendo al Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o (sentencia T-607 de 2019), quien en la Observaci\u00f3n General No. 14 destac\u00f3 que el inter\u00e9s superior del menor abarca tres conceptos, como derecho sustantivo, como principio jur\u00eddico interpretativo fundamental y como norma de procedimiento. <\/p>\n
5\u0002 El proceso inici\u00f3 en febrero de 2020, y hasta el 8 de septiembre de 2021, d\u00eda en que la falladora denunciada inform\u00f3, ante esta instancia, el estado de las diligencias, no se hab\u00eda resuelto. <\/p>\n
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STC13786-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13786-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2021-00132-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}