STC13797-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03657-00 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13797-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03657-00 <\/p>\n
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Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Se resuelve la tutela que Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo Garc\u00eda le formularon a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, extensiva a los intervinientes en el asunto n\u00b0 55899-31-03-001-2016-00212-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- Los accionantes solicitaron que se ejerza el control de convencionalidad previsto en el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u201cy de las normas que hayan ratificado los Tratados, Pactos, Convenios y dem\u00e1s Instrumentos Internacionales suscritos por Colombia\u201d, en garant\u00eda de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, garant\u00eda de la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial sobre las formas y a que los funcionarios judiciales observen con diligencia y cumplimiento los t\u00e9rminos procesales, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo que le promovieron a Ren\u00e9 Francisco Mart\u00edn Torres Ni\u00f1o. <\/p>\n
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En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 el Tribunal de Cundinamarca el 19 de noviembre de 2019, que ratific\u00f3 la del Juzgado accionado, as\u00ed como la totalidad de lo actuado en primera instancia a partir de los autos proferidos el 10 de marzo de 2017, por medio de los cuales tuvo por contestada la demanda que plantearon y se inadmiti\u00f3 la de reconvenci\u00f3n formulada por su contradictor. <\/p>\n
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Los actores relataron, en lo fundamental, que los enjuiciadores negaron la pretensi\u00f3n que formularon con el fin de que se les declarara due\u00f1os del inmueble \u201cLa Gaitana Grande\u201d, ubicado en la vereda Portachuelo del municipio de Zipaquir\u00e1, y acogieron la acci\u00f3n reivindicatoria incoada por su antagonista, orden\u00e1ndoles restituir el inmueble. <\/p>\n
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En su criterio, ese desenlace desconoce la garant\u00eda que tienen a ser juzgados con respeto a las reglas del debido proceso, en especial, aquella que demanda a los juzgadores a cumplir estrictamente con los t\u00e9rminos procesales, debido a que se expidi\u00f3 sin tener en cuenta que su antagonista contest\u00f3 la demanda principal y formul\u00f3 la de mutua petici\u00f3n extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
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Comentaron que se cumplen con todos los presupuestos para que revise de fondo el asunto, comoquiera que esta Sala mediante prove\u00eddo AC2608 de 30 de junio de 2021 inadmiti\u00f3, por falta de t\u00e9cnica, la demanda por medio de la cual sustentaron el recurso de casaci\u00f3n que incoaron frente al veredicto del Tribunal. <\/p>\n
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A\u00f1adieron que, si bien no replicaron, en su oportunidad, los prove\u00eddos que tramitaron la oposici\u00f3n del demandado, y el remedio extraordinario no rindi\u00f3 frutos, no puede atribu\u00edrseles incuria, debido a que as\u00ed aconteci\u00f3 porque no contaron con una adecuada defensa t\u00e9cnica en la primera instancia ni al formular dicha impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
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Finalmente, esbozaron que, en todo caso, en atenci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y que los autos ilegales no atan al juez y a las partes, lo procedente es remover el tr\u00e1mite que desconoci\u00f3 sus prerrogativas. <\/p>\n
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2.- La Sala reprochada aleg\u00f3 la inexistencia de la vulneraci\u00f3n denunciada. Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que los interesados no rebatieron en su momento las actuaciones que hoy fustigan, adem\u00e1s que lo decidido goza de presunci\u00f3n de legalidad. <\/p>\n
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Para el momento en que se proyect\u00f3 esta decisi\u00f3n no se hab\u00edan recibido pronunciamientos adicionales. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se precisa que la Sala est\u00e1 habilitada para tramitar esta salvaguarda, pues, si bien los interesados antes de esta ocasi\u00f3n promovieron otra tutela por los mismos hechos y pretensiones, en aquella oportunidad la Corte no defini\u00f3 si era viable o no invalidar lo zanjado en el juicio 2016-00212-00, a trav\u00e9s de esta herramienta (CSJ STC9960-2021 y STL512-2021). Esto, al estar en tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n que los libelistas plantearon frente a la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca. <\/p>\n
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A su turno, debe destacarse que la protesta no involucra directa ni indirectamente a esta Corporaci\u00f3n, pues, si bien en prove\u00eddo AC2608-2021 inadmiti\u00f3 la mencionada impugnaci\u00f3n, los gestores no protestan contra esa determinaci\u00f3n, am\u00e9n de que all\u00ed solo se verific\u00f3 si el libelo por medio del cual se sustent\u00f3 el remedio extraordinario cumpl\u00eda con los lineamientos para su admisi\u00f3n, sin abordar el fondo del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
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2.- Dicho esto, pronto se advierte que el resguardo debe fracasar porque no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
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2.1.- Aunque los gestores dirigen la queja contra el desenlace del declarativo 2016-00212-00, el cual se concret\u00f3 recientemente, con la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de AC2608 de 30 de junio de 2021, lo cierto es que el supuesto perjuicio que pretenden conjurar a trav\u00e9s de este sendero se concret\u00f3 en 2017, cuando el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 resolvi\u00f3 tramitar las r\u00e9plicas de Ren\u00e9 Torres Ni\u00f1o. Luego, es desde esa data que deben computarse los seis meses que esta Corporaci\u00f3n ha estimado como razonables para provocar la injerencia constitucional. <\/p>\n
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N\u00f3tese que la inconformidad de los actores radica en que el estrado del circuito accionado atendi\u00f3 la oposici\u00f3n del demandado; a su juicio no debi\u00f3 admitirse porque se present\u00f3 por fuera de los t\u00e9rminos conferidos por la ley. Ahora, ese hecho se consolid\u00f3 en virtud de los autos de 10 de febrero y 10 de mayo de 2017, toda vez que por medio de ellos la agencia judicial consider\u00f3 que era viable tramitar las excepciones de m\u00e9rito y la reconvenci\u00f3n enfiladas por el demandado. <\/p>\n
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En ese sentido, la Corte ha destacado que (\u2026) el plazo y el despliegue de los remedios pertinentes se miran respecto del escenario que efectiva y primariamente gener\u00f3 la aparente infracci\u00f3n (\u2026)\u201d (CSJ STC6369-2020), pues, muy breve ha de ser el tiempo que debe pasar entre la lesi\u00f3n que se pretende remediar y la radicaci\u00f3n del ruego, \u00abcon miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (STC9918-2020). <\/p>\n
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Ahora, si bien puede afirmarse que la suerte del litigio proviene de las providencias mencionadas, no por eso la inmediatez puede contarse desde que fue zanjado, pues, se insiste, la lesi\u00f3n controvertida se consolid\u00f3 en esa \u00e9poca, de modo que, desde esa perspectiva, el resultado del pleito es apenas una secuela de la firmeza de aquellas actuaciones. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, es claro que los peticionarios tardaron m\u00e1s de seis para impulsar el auxilio, comoquiera que desde febrero y mayo de 2017, hasta que los libelistas comparecieron por primera vez a esta herramienta, en 20201, han transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os. <\/p>\n
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De suerte que, si los reclamantes se demoraron todo ese tiempo para reprochar que se tuviera en cuenta la oposici\u00f3n de su antagonista, no pueden provocar exitosamente la intromisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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2.2.- Igualmente, la ayuda implorada carece de subsidiariedad, ya que los quejosos no recurrieron los prove\u00eddos de 10 de febrero y 10 de mayo de 2017, a pesar de que era viable censurarlos mediante reposici\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.- Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n la infracci\u00f3n invocada pudiera analizarse a partir del desenlace de la contienda, la suerte no ser\u00eda distinta, porque desde ese punto de vista la tutela tampoco cumplir\u00eda el requisito de subsidiariedad. Esto, porque Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo Garc\u00eda desaprovecharon el recurso de casaci\u00f3n que ten\u00edan a su alcance para remover los efectos de la sentencia de la Colegiatura de Cundinamarca, al no cumplir con los requisitos establecidos para el impulso de la respectiva demanda. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, aunque los suplicantes denunciaron la valoraci\u00f3n de las defensas del demandado a trav\u00e9s de ese mecanismo, no plantearon en debida forma la acusaci\u00f3n. Al respecto, en AC2608-2021 se indic\u00f3: <\/p>\n
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Invocando \u00abla causal contenida en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb acusaron la sentencia \u00abde ser indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso y\u2026 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Se\u00f1alaron que por \u00aberrores de hecho\u00bb se cometi\u00f3 un \u00abgrave yerro al no declarar la nulidad del proceso por haberse presentado una demanda de reconvenci\u00f3n extempor\u00e1neamente\u00bb, para lo cual narr\u00f3 [sic] las vicisitudes del libelo inicial, se\u00f1alando que luego de haberse admitido fue notificada al demandado mediante \u00abcitatorio\u2026 recibido el\u2026 21 de septiembre de 2016\u00bb, por lo que al no haber comparecido el \u00abdemandado para notificarse personalmente de la demanda, a pesar de haber conferido poder a su abogado desde el 30 de agosto de 2016\u2026 le fue enviada la notificaci\u00f3n por aviso\u2026 el d\u00eda 11 de octubre de 2016\u2026 recibido el d\u00eda 12 de octubre de 2016\u2026\u00bb. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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Rese\u00f1aron que las nulidades se presentan \u00abcuando se ejecutan actos procesales sin las formalidades de tiempo, modo, lugar, que la ley prescribe, tal y como ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Trajeron a colaci\u00f3n el art\u00edculo 29 constitucional para se\u00f1alar que el derecho fundamental al debido proceso result\u00f3 lesionado porque, de haberse examinado la tempestividad del libelo de mutua petici\u00f3n se hubiera rechazado por extempor\u00e1nea y los hechos susceptibles de confesi\u00f3n de la demanda inicial se hubieran presumido como ciertos y adem\u00e1s se hubiera constituido un indicio grave en contra del demandado respecto de los dem\u00e1s. <\/p>\n
Y luego, se precis\u00f3: <\/p>\n
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Por su parte, el segundo cargo carece de precisi\u00f3n y claridad porque los recurrentes invocaron la potestad de esta Sala de casar sentencias \u00aba\u00fan de oficio\u00bb, de acuerdo con la parte final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, en su desarrollo citaron como transgredidas una disposici\u00f3n procesal y otra constitucional, deprecaron la comisi\u00f3n de un error de hecho, la configuraci\u00f3n de la nulidad del decurso por haberse tramitado la demanda de reconvenci\u00f3n que, seg\u00fan los casacionistas, fue radicada extempor\u00e1neamente y la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, lo que muestra sin discusiones la falta de t\u00e9cnica al entremezclar cuestionamientos que podr\u00edan subsumirse en diversas causales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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Comoquiera que en esta sede extraordinaria los fallos de instancia se presumen legales y acertados, sobre los recurrentes pesa el imperativo de desvirtuar tal presunci\u00f3n mediante cargos suficientes que, seg\u00fan las causales procedentes, derroten completamente las bases de la sentencia o planteen defectos procedimentales admisibles que, igualmente, dejen sin piso el fallo recurrido. Nada de ello se deriva del cargo en cuesti\u00f3n por las razones que se explican en lo sucesivo. <\/p>\n
<\/p>\n
Los recurrentes parecen sugerir de forma liviana que la supuesta extemporaneidad de la demanda de reconvenci\u00f3n lesion\u00f3 su derecho o garant\u00eda constitucional al debido proceso, acusaci\u00f3n que no se aprecia de manera \u00abevidente\u00bb como exige la parte final del precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso para abrir paso a la denominada casaci\u00f3n oficiosa. Esto es as\u00ed porque no sustentaron si reclamaron o no oportunamente por tal defecto procedimental durante las instancias, o porqu\u00e9 [sic] raz\u00f3n se encaja en el motivo de casaci\u00f3n expresamente invocado (en vez de la causal quinta atinente a la invalidez del tr\u00e1mite). <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco se deduce del embate la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales porque no fue citada alguna de esa especie que rigiera o debiera regir la controversia, y no se precis\u00f3 la forma en que las disposiciones citadas resultaron transgredidas ni mucho menos se ilustraron verdaderos errores de hecho o de derecho al momento de sopesar probanzas concretas. <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, del embiste no trasluce la invocaci\u00f3n de una verdadera nulidad procesal, por la sencilla pero poderosa raz\u00f3n de que no se invoc\u00f3 causal de invalidez alguna ni se cumplieron los requisitos previstos en los preceptos 135 y siguientes ibidem, sobre todo el atinente a la convalidaci\u00f3n t\u00e1cita de la supuesta irregularidad que ahora, vagamente, se pretende hacer valer. <\/p>\n
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Concluyendo que: <\/p>\n
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En tal orden de ideas, la falta de precisi\u00f3n y claridad del cuestionamiento casacional resulta suficiente para inadmitirlo. <\/p>\n
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Falencias que no son irrelevantes para verificar la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela en este caso, pues si el legislador ha contemplado el recurso de casaci\u00f3n para que esta Sala revise, en ciertos eventos, las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial del pa\u00eds en materia civil y familia, el interesado debe agotarlo en debida forma cuando sea procedente. Si no lo hace, quedar\u00e1 inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1 revestida la providencia, la que, por tanto, no podr\u00e1 ser derruida en este escenario residual y excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed que, si en un asunto procede el recurso de casaci\u00f3n, no bastar\u00e1 a efectos de tener por cumplido el presupuesto de subsidiariedad para acudir a la acci\u00f3n de tutela, que la impugnaci\u00f3n se haya presentado, ser\u00e1 necesario que se agote satisfactoriamente, de modo que pueda provocar a trav\u00e9s de su interposici\u00f3n que la Corte revisi\u00f3n la cuesti\u00f3n decidida. <\/p>\n
<\/p>\n
En suma, si el afectado con la resoluci\u00f3n judicial de segunda instancia, no provoca que la Corte examine el fondo del asunto a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n cuando este es procedente, no podr\u00e1 obtener su revisi\u00f3n por medio de esta herramienta. <\/p>\n
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En un caso de similares contornos a este, la Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
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Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial (STC10393-2021). <\/p>\n
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2.4.- Por otro lado, la indebida defensa t\u00e9cnica alegada no es raz\u00f3n para que se supere la demora en que incurrieron los actores al defender sus prerrogativas fundamentales, como tampoco su incuria a la hora de hacer valer sus derechos en el proceso acusado. <\/p>\n
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En primer lugar, no se ve c\u00f3mo la defectuosa labor del profesional del derecho que los represent\u00f3 en el juicio combatido les impidi\u00f3 comparecer a este sendero tan pronto ocurri\u00f3 la infracci\u00f3n denunciada, si en cuenta se tiene que pod\u00edan acudir directamente. <\/p>\n
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En segunda medida, como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
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(\u2026) la negligencia de los abogados no permite estructurar un mecanismo como el presente, pues <\/p>\n
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\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d (CSJ STC959-2020, reiterada, entre otras, STC 10 jun. 2020, rad. 2020-00072-01, STC6241-2020, STC-959-2020, STC874-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, los suplicantes est\u00e1n llamados a soportar los resultados de la contienda en la que participaron, con independencia de la buena o mala gesti\u00f3n de quienes fungieron como sus mandatarios judiciales. <\/p>\n
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2.5.- Por otra parte, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal no puede servir de patente de corso para desconocer lo rituado en las diligencias 2016-00212-00. Ese principio, esencialmente, exige dotar de sentido a las formalidades prescritas en el estatuto adjetivo, de suerte que cumplan la finalidad para la cual han sido dise\u00f1adas: la realizaci\u00f3n de los derechos conferidos por el ordenamiento jur\u00eddico. Y lo cierto es que nada tiene que ver con eso, que se reste eficacia a la soluci\u00f3n que la jurisdicci\u00f3n ha suministrado a un conflicto, luego de superadas las etapas consagradas en la ley para su composici\u00f3n. <\/p>\n
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Es que, tempestivas o no las r\u00e9plicas de Ren\u00e9 Francisco Mart\u00edn Torres Ni\u00f1o, el caso es que los enjuiciadores accionados lo zanjaron tom\u00e1ndolas en consideraci\u00f3n, sin protesta alguna de los demandantes, lo que impide, ahora, despu\u00e9s de largos cuatro (4) a\u00f1os, alegar y reexaminar el punto. No en vano, trat\u00e1ndose de los errores de procedimiento en que puede incurrir el fallador, el estatuto adjetivo ha establecido que solo ciertos eventos tienen la virtualidad de viciar el proceso, de modo que \u201clas dem\u00e1s irregularidades (\u2026) se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este C\u00f3digo establece\u201d. <\/p>\n
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2.6.- El panorama no cambia porque los reclamantes hayan solicitado lo que denominan \u201ccontrol de convencionalidad\u201d2. <\/p>\n
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Esta Corte, en SC5454-2018 precis\u00f3, en s\u00edntesis, que el control de convencionalidad consiste en el deber de las autoridades judiciales de integrar a sus decisiones las pautas establecidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de que la aplicaci\u00f3n del derecho interno guarde armon\u00eda con dichas reglas. Asimismo, esboz\u00f3 que la comparaci\u00f3n que se realiza con otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos tambi\u00e9n sirve de gu\u00eda hermen\u00e9utica para los juzgadores, pero en este caso la labor interpretativa se hace a la luz del \u201cbloque de convencionalidad\u201d contemplado en el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y no del Sistema Interamericano. <\/p>\n
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Sobre el particular indic\u00f3: <\/p>\n
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Por control de convencionalidad se entiende \u00abla obligaci\u00f3n que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes de efectuar no solo un control de legalidad y constitucionalidad en los asuntos de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus decisiones las normas contenidas en la CADH y los est\u00e1ndares desarrollados por la Jurisprudencia\u00bb (\u2026). <\/p>\n
En ese sentido, y a tono con las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante CIDH- los Tribunales nacionales de aquellos pa\u00edses cobijados por el sistema interamericano, al momento de resolver casos particulares no pueden limitarse a hacer un examen de constitucionalidad de las disposiciones de su derecho interno, sino que, ex officio, tambi\u00e9n deben estudiar su aquiescencia con el corpus iuris de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos -en adelante CADH-, con la jurisprudencia de esa Corte y con los pronunciamientos emitidos por v\u00eda consultiva (\u2026). <\/p>\n
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(\u2026) la CIDH ha ido delimitando el contenido y alcance del control de convencionalidad, para llegar a un concepto complejo que comprende los siguientes elementos: <\/p>\n
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a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y dem\u00e1s pr\u00e1cticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los dem\u00e1s tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligaci\u00f3n que corresponde a toda autoridad p\u00fablica en el \u00e1mbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no s\u00f3lo se debe tomar en consideraci\u00f3n el tratado, sino que tambi\u00e9n la jurisprudencia de la Corte IDH y los dem\u00e1s tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad p\u00fablica; y e) Su ejecuci\u00f3n puede implicar la supresi\u00f3n de normas contrarias a la CADH o bien su interpretaci\u00f3n conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad p\u00fablica. <\/p>\n
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As\u00ed mismo, la CIDH extiende este par\u00e1metro de convencionalidad a lo que ella se\u00f1ale por v\u00eda consultiva y ha dicho que debe ser realizado aun ex officio, con miras a salvaguardar el \u00abefecto \u00fatil\u00bb de la Convenci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
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3.3 Descendiendo al caso controversial, se precisa que la Convenci\u00f3n sobre los derechos del Ni\u00f1o adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia mediante Ley 12 de 1991, no hace parte del corpus iuris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino del Universal, y por lo mismo, para comparar el advenimiento del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil Colombiano a los art\u00edculos 7 y 8 de ese instrumento internacional, en rigor, no es menester recurrir al \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb, concebido como par\u00e1metro para revisar la adecuaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas internas a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y a los est\u00e1ndares interpretativos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte IDH. <\/p>\n
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Con todo, seg\u00fan se analiz\u00f3 en precedencia, se trata apenas de un est\u00e1ndar m\u00ednimo de comparaci\u00f3n creado por la CIDH, por lo que, a tono con la doctrina contempor\u00e1nea, no se descarta que por v\u00eda jurisprudencial interna de los Estados Partes, v\u00e1lidamente se pueda ampliar el \u00abbloque de convencionalidad\u00bb a otros tratados, declaraciones, instrumentos, resoluciones, etc., emanados de organismos y tribunales internacionales. <\/p>\n
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Bajo esos derroteros, no ve la Sala c\u00f3mo la exigencia de correcci\u00f3n del derecho interno frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los instrumentos que hagan parte del \u201cbloque de convencionalidad\u201d demande que el resguardo se resuelva de forma distinta, ya que, por un lado, su realizaci\u00f3n no exime a los interesados de defender diligentemente sus derechos cuando crean que estos han sido conculcados por los administradores de justicia, y por otro, como se vio en el numeral anterior, el desenlace confutado se expidi\u00f3 luego de que los implicados tuvieron la oportunidad de hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
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3.- En conclusi\u00f3n, el amparo implorado es improcedente, toda vez que pasaron m\u00e1s de seis meses desde la vulneraci\u00f3n denunciada. Adem\u00e1s, los quejosos desaprovecharon los instrumentos que ten\u00edan a su alcance para conjurar la lesi\u00f3n, y no hay razones que justifiquen su incuria a la hora de procurar la defensa de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo Garc\u00eda. <\/p>\n
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Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el registro de actuaciones la tutela que fue definida mediante sentencias STC9960-2021 y STL512-2021 fue radicada en octubre de 2020. <\/p>\n
2\u0002 La Sala precis\u00f3 en SC que el control de convencionalidad <\/p>\n
9 <\/p>\n
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