STC13806-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13806-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2021-00147-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica -Cl\u00ednica Primavera- contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y Famisanar EPS, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Banco Agrario de Colombia SA, los Ministerios de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abel reintegro inmediato de los recursos depositados en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario\u2026 en el menor tiempo posible\u00bb; que el Ministerio de Salud y la Protecci\u00f3n Social \u00abtome las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo este tipo de pr\u00e1cticas no se permitan sobre los dineros que administra la ADRES y que forman parte del SGSSS\u00bb; y que la \u00abContralor\u00eda General de la Rep\u00fablica\u2026 tome las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo este tipo de pr\u00e1cticas no se permitan sobre los dineros que\u2026 forman parte del SGSSS y que cuentan con destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Baxter SA promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra la Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, el que en prove\u00eddos de 6 de octubre de 2020, entre otras cosas, libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares. <\/p>\n
2.2. La referida decisi\u00f3n fue recurrida por la ejecutada, por lo que en auto de 22 de junio de 2021 se resolvi\u00f3 revocar dicho mandamiento en tanto que las facturas base de la ejecuci\u00f3n no cumpl\u00edan con los requisitos exigidos, as\u00ed como decretar el levantamiento de las medidas ordenadas y practicadas. La ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que prestaba servicios de salud a los usuarios afiliados a la EPS Famisanar; que el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso contemplaba la inembargabilidad de los recursos que se hallaran en las cuentas del sistema general de participaci\u00f3n, regal\u00edas y recursos de la seguridad social, as\u00ed como la Ley 1751 de 2015 dispon\u00eda dicha inembargabilidad para todos los recursos p\u00fablicos que financiaban la salud; y que la Corte Constitucional hab\u00eda se\u00f1alado que ello no operaba como una regla sino como un principio. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en auto de 6 de octubre de 2020 se decret\u00f3 el embargo de dineros que no prevengan de acreencias ocasionadas en el desarrollo y\/o prestaci\u00f3n del servicio de salud; que Famisanar EPS desacat\u00f3 la literalidad de la orden judicial, practic\u00f3 el embargo y retuvo dineros producto de la prestaci\u00f3n de servicios de salud que le pertenec\u00edan, por lo que deposit\u00f3 a \u00f3rdenes del Juzgado la suma de $320.011.082, necesarios para mantener la continuidad de la operaci\u00f3n de la Cl\u00ednica. <\/p>\n
2.5. Adujo que dicha actuaci\u00f3n era \u00abama\u00f1ada\u00bb, totalmente contraria a lo preceptuado en las normas aplicables y a lo ordenado por el Juzgado; que se le estaba ocasionando un grave perjuicio a las finanzas de la IPS, a sus trabajadores, colaboradores y a la poblaci\u00f3n llanera; que interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y el auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, por lo que el estrado acusado revoc\u00f3 la orden de apremio, termin\u00f3 el proceso y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que los recursos retenidos a\u00fan se hallaban depositados en el Banco Agrario, pese a que en ning\u00fan momento se orden\u00f3 su embargo por tratarse de dineros pertenecientes al Sistema General de Salud y Seguridad Social, adem\u00e1s que no se aplic\u00f3 excepci\u00f3n alguna. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Contralor\u00eda Delegada para el Sector Salud de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que no advert\u00eda hechos que fueran de su resorte, omisi\u00f3n en las funciones de ese \u00f3rgano fiscal ni hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. Famisanar EPS refiri\u00f3 que hab\u00eda actuado conforme con la orden judicial ordenada por el estrado acusado; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna y las pretensiones iban dirigidas al juzgador criticado; que la aspiraci\u00f3n de la accionante era estrictamente econ\u00f3mica; que la gestora contaba con otro mecanismo de defensa, pues pod\u00eda solicitar directamente al despacho los oficios de levantamiento de medidas cautelares; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que hab\u00eda adoptado sus decisiones con el debido soporte y sustento jur\u00eddico, atendiendo de manera estricta las prerrogativas y principios se\u00f1alados por la normatividad vigente. Remiti\u00f3 copia del proceso criticado. <\/p>\n
4. El Banco Agrario de Colombia inform\u00f3 que contaba con dos dep\u00f3sitos judiciales que se encontraban pendientes de pago y constituidos a \u00f3rdenes del estrado acusado; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no era responsable del menoscabo de las garant\u00edas de la promotora ni de realizar la conducta cuya omisi\u00f3n presuntamente gener\u00f3 dicha transgresi\u00f3n. <\/p>\n
5. El Ministerio de Salud solicit\u00f3 su exoneraci\u00f3n de cualquier responsabilidad que se le pudiera endilgar, pues no era la entidad competente para realizar actuaciones administrativas o judiciales tendientes a resolver las aspiraciones de la promotora. <\/p>\n
6. Adriana Orjuela L\u00f3pez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Laboratorios Baxter SA, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el asunto no hab\u00eda sido planteado ante el juez natural a trav\u00e9s del incidente de desembargo previsto en el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, en el que podr\u00eda exponer sus razonamientos y aportar los medios de prueba tendientes a demostrar el car\u00e1cter de inembargable del dinero retenido; que tampoco se supl\u00eda el referido presupuesto para la materializaci\u00f3n de las \u00f3rdenes proferidas en el auto de 22 de junio de 2021, pues era prematura en tanto que dicha disposici\u00f3n no hab\u00eda cobrado firmeza al haber sido recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por lo que la falta de elaboraci\u00f3n de las \u00f3rdenes de pago que autoricen el reintegro del dinero se ce\u00f1\u00eda a la normatividad; y que la tutela no pod\u00eda reemplazar los mecanismos previstos para controvertir decisiones judiciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que su solicitud no estaba encaminada a acelerar el cumplimiento de la decisi\u00f3n del fallador acusado; que s\u00ed formul\u00f3 incidente de desembargo, el cual no fue resuelto por sustracci\u00f3n de materia; que los dineros fueron retenidos y depositados de forma caprichosa por Famisanar, pues la medida no reca\u00eda sobre recursos de naturaleza inembargable; que dichas sumas estaban destinadas a cubrir el desarrollo del objeto social de la cl\u00ednica; y que se pas\u00f3 por alto la urgencia, gravedad e inminencia de la necesidad de esos recursos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que se encuentra en tr\u00e1mite el recurso apelaci\u00f3n formulado contra el prove\u00eddo de 22 de junio de 2021, con el que se dispuso revocar el mandamiento de pago y se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida estaba en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Finalmente, se le recuerda a la accionante, en cuanto al perjuicio irremediable alegado, que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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