STC13807-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13807-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00790-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 frente al fallo proferido el 2 de septiembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida contra aquel despacho por Leidy Ximena Tengono Galvis, en representaci\u00f3n de sus dos hijas menores de edad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 el resguardo de las garant\u00edas esenciales de sus hijas a los \u00abalimentos y [el] derecho al inter\u00e9s supe[r]ior del meno[r] – desarrollo integral seg\u00fan convenios\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada al dejar de entregarle los dineros cautelados al padre de \u00e9stas por concepto de cuota alimentaria. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado acusado entregarle \u00ablos dinero[s] a favor de [sus] hijas\u00bb, de \u00ablas cuotas de noviembre a la fecha\u00bb, en tanto que \u00abpor vestuarios y educaci\u00f3n pued[e] presentar una demanda otra vez\u00bb. <\/p>\n
2.1. El juicio ejecutivo de alimentos impulsado por la accionante, en nombre de sus dos hijas menores de edad, contra el padre de \u00e9stas, Handerson Javier Melo Andrade, se dio por terminado con auto del 23 de agosto de 2018, por pago total de la obligaci\u00f3n; el 12 de septiembre siguiente, de conformidad con el canon 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, se dispuso mantener vigente, por dos (2) a\u00f1os, el embargo sobre el salario del ejecutado, para garantizar los alimentos futuros de aqu\u00e9llas; y el 15 de noviembre posterior se orden\u00f3 entregar \u00aba la demandante las cuotas alimentarias que se vayan causando mes a mes, en atenci\u00f3n a que el proceso se encuentra terminado pero se autoriz\u00f3 el descuento de la cuota alimentaria por dos (2) a\u00f1os\u2026, sin que sea necesario el ingreso del expediente para la orden de entrega de las cuotas\u2026 mensuales\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por tanto, como tal particular cautela perd\u00eda efectos a partir del 23 de agosto de 2020, previa solicitud de la accionante a trav\u00e9s de la Defensora de Familia Adscrita al Juzgado, a ella s\u00f3lo le entregaron t\u00edtulos hasta noviembre de tal anualidad y se dispuso i) el levantamiento de la mentada medida, ii) que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como empleadora del ejecutado, deb\u00eda consignar directamente a la cuenta de la madre de las menores las cuotas alimentarias, por acuerdo de las partes; y que el padre de las ni\u00f1as deb\u00eda autorizar a la sede judicial para poder entregar los dineros que a\u00fan se hallaban a sus \u00f3rdenes. <\/p>\n
2.3. Finalmente, con prove\u00eddo del pasado 25 de marzo se autoriz\u00f3 el desglose de los documentos requeridos por la accionante el d\u00eda 10 anterior para \u00abel inicio de una nueva demanda, teniendo en cuenta que la garant\u00eda por 2 a\u00f1os de que trata el Art. 129 del CIA venci\u00f3 en el mes de agosto del a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, se\u00f1al\u00f3 la accionante que por la situaci\u00f3n expuesta s\u00f3lo se le entregaron \u00abt\u00edtulos hasta noviembre de 2020\u00bb; que a pesar de lo dispuesto por el Juzgado, el padre de las menores no ha autorizado la entrega de los dineros que le fueron descontados desde entonces y hasta el momento de la interposici\u00f3n de la demanda supralegal, por el contrario, le ha manifestado que \u00abese tema lo debe resolver el Juzgado porque el dinero est\u00e1 [all\u00ed]\u2026 y le siguen descontando\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la falta de entrega de los dineros afrenta los derechos superiores de sus descendientes, m\u00e1xime cuando el padre de \u00e9stas no les suministra directamente las cuotas alimentarias ni autoriza la entrega de los dineros por parte del Juzgado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Defensor de Familia en ejercicio de funciones ante el Tribunal a-quo rog\u00f3 \u00abse admiren plenamente los derechos de los menores hijos de la se\u00f1ora\u2026 Tengono Galvis, a fin de exigir al juez\u2026 competente el pago de los dineros debidos que reposen [en] las arcas de[l] Banco Agrario, y ordenar que se requiera al pagador oficina de Gesti\u00f3n Humana de la Fiscal\u00eda\u2026 [para que] ponga a disposici\u00f3n de la accionante[,] directamente en la cuenta personal[,] los futuros dineros que lleguen producto del embargo de l[o]s salarios del se\u00f1or\u2026 Melo Andrade\u00bb, comoquiera que \u00ab[e]n este caso se presenta un perjuicio grave a los intereses superiores de las hijas de la se\u00f1ora\u2026 Tengono Galvis por parte Juzgado [encausado]\u2026, ya que se le est\u00e1 negando la posibilidad de que se faciliten los t\u00edtulos judiciales represados producto de los descuentos practicados a los salarios del se\u00f1or\u2026 Melo Andrade como funcionario de la Fiscal\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, tras historiar las actuaciones surtidas en el juicio recriminado, deprec\u00f3 denegar el resguardo porque \u00abse ha dado cumplimiento estricto a la ley, sin que se violentara derechos fundamentales de la accionante, debido a que el proceso ejecutivo de alimentos termin\u00f3 en auto del 23 de agosto de 2018, no obstante, se decret\u00f3 la garant\u00eda prevista en el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y la adolescencia, garant\u00eda que ya feneci\u00f3, y pese a esto se decret\u00f3 el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre del a\u00f1o 2020 para no vulnerar los derechos de los alimentarios, as\u00ed mismo, se ha requerido al ejecutado con el fin de que coadyuve la entrega de dineros a las alimentarias, sin recibir respuesta\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la quejosa \u00abno ha solicitado entrega de dineros desde el a\u00f1o 2020, pues simplemente ha peticionado el desglose de documentos para iniciar una nueva demanda, debido a que ella misma conoce que la garant\u00eda del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y la adolescencia ya feneci\u00f3, as\u00ed mismo, se orden\u00f3 el desembargo de las medidas cautelares y los oficios fueron tramitados de forma directa por la Oficina de Apoyo, por lo que los dineros que reposen a \u00f3rdenes del expediente pertenecen al se\u00f1or\u2026 Melo Andrade, sin que [ese] Estrado\u2026 tenga conocimiento de si se han realizado pagos de forma directa por parte del ejecutado a la parte demandante o si se han incido otros procesos para el cobro de las presuntas cuotas alimentarias que no se han cancelado y que afirma la parte actora le deben\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia S.A. inform\u00f3 que \u00abexisten 12 dep\u00f3sitos judiciales en los que la accionante tiene la calidad de demandante y el se\u00f1or\u2026 Melo Andrade el estatus de demandado[,] los cuales se encuentran en estado pendientes de pago en la cuenta judicial OFIC EJEC ASUNTOS FAMI BOGOT\u00c1\u00bb; y manifest\u00f3 que, \u00ab[t]eniendo en cuenta los derechos presuntamente vulnerados, los hechos y pretensiones base de la acci\u00f3n constitucional\u2026, no se dilucida causal objetiva para que\u2026 participe como parte en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb, comoquiera que \u00abno es el llamado a responder frente a la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante\u00bb, por lo cual deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal. <\/p>\n
4. La Subdirectora Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Seccional Tolima tambi\u00e9n exigi\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno ha participado en comportamientos de acci\u00f3n u omisi\u00f3n dentro del derecho objeto de amparo\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que su tesorer\u00eda \u00abrecibi\u00f3 la instrucci\u00f3n de retenci\u00f3n salarial mencionada por la Demandante y la aplic\u00f3 sobre el devengado del Se\u00f1or\u2026 Melo Andrade, hasta tanto lo dispuso el Juzgado de Familia\u2026[,] no siendo competencia legal de [esa] Entidad tomar decisi\u00f3n alguna sobre el destino de los T\u00edtulos Judiciales que se hayan constituido en el [d]esarrollo del [p]roceso [e]jecutivo\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al estrado acusado \u00abDEJAR SIN VALOR NI EFECTO la decisi\u00f3n de poner fin al proceso ejecutivo, mientras la obligaci\u00f3n siga vigente o las partes de com\u00fan acuerdo lo soliciten, DISPONER LA ENTREGA de los t\u00edtulos judiciales pendientes por pagar a nombre de la se\u00f1ora\u2026 Tengono Galvis, a favor de sus dos menores hijas[,] y VIGILAR en adelante el cumplimiento estricto de la sentencia emitida por el Juez de conocimiento, garantizando en todo caso, el pago de los alimentos debidos\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal determinaci\u00f3n, en lo medular, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el auto que puso fin al proceso, desconoci\u00f3 el mandamiento de pago y la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues, el t\u00edtulo base del cobro sigue siendo el mismo, no ha perdido vigencia y est\u00e1 claro, que merced a la interpretaci\u00f3n restrictiva del proceso, de su objeto y de la sentencia que protegi\u00f3 sus derechos, las hijas del demandado, menores de edad, representadas por la se\u00f1ora\u2026 Tengono Galvis no reciben el pago de la cuota alimentaria a la que tienen derecho desde noviembre de 2020; a pesar de que el empleador del padre obligado a suministrarlo, ha realizado los descuentos pertinentes consignados en t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial pendientes por pagar dentro del asunto, hasta el mes de julio de esta anualidad. <\/p>\n
3.3 Las explicaciones del juzgado frente al reclamo constitucional, seg\u00fan las cuales, los dineros depositados corresponden al alimentante y no est\u00e1 autorizado para ordenar la entrega, porque el proceso ejecutivo est\u00e1 terminado y en providencia de febrero pasado se dispuso levantar el embargo del salario del se\u00f1or Melo Andrade, dejan al margen la garant\u00eda del derecho de las menores de edad a recibir los alimentos, muestran una vez m\u00e1s el desconocimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de conocimiento, cuando orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n por la cuotas que se causen a futuro, y a esa disposici\u00f3n judicial, ejecutoriada y vinculante para el juez ejecutor, se desconoce con el auto que puso fin al proceso, como si la obligaci\u00f3n alimentaria hubiera cesado y la ejecuci\u00f3n no comprometiera las \u00f3rdenes de pago a futuro, adicionalmente porque ning\u00fan Juez est\u00e1 autorizado para desconocer una sentencia con esas caracter\u00edsticas, aun si la parte no hubiera interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra una decisi\u00f3n cuyos efectos actuales se materializan en el no pago de los alimentos a quienes son sujetos de especial protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3.6 Cuando el Juez no adopt\u00f3 los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria a futuro, puso fin al proceso ejecutivo que orden\u00f3 el pago de los alimentos que se causaran en adelante y de esa manera dict\u00f3 sentencia avalando el mandamiento de pago, sin que la obligaci\u00f3n alimentaria haya terminado, ni el t\u00edtulo que la respalda haya perdido vigencia, mal puede el Juez Constitucional pasar por alto la desprotecci\u00f3n de dos personas menores de edad, frente a la necesidad apremiante de garantizar el m\u00ednimo derecho a recibir sus alimentos, en una vulneraci\u00f3n flagrante de derechos fundamentales, es imperiosa la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, a pesar de faltar en este caso el presupuesto de subsidiariedad; no as\u00ed el de inmediatez teniendo en cuenta que la vulneraci\u00f3n a los derechos de la menores, especialmente a su m\u00ednimo vital, es continua y a\u00fan persiste, ante la ausencia de los alimentos. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el Juzgado reposan a sus \u00f3rdenes los dineros depositados en t\u00edtulo judicial a \u00f3rdenes de las ni\u00f1as hijas del demandado, a quien tampoco se puede ubicar en condici\u00f3n de incumplimiento, cuando se ha materializado el descuento salarial. En tal sentido, la decisi\u00f3n de poner fin a un proceso que no ha culminado, porque la obligaci\u00f3n cobrada est\u00e1 vigente y su pago no se ha hecho efectivo, solo causa perjuicio a las alimentarias menores de edad, al padre, quien puede resultar sancionado por incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria y en nada garantiza el inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Juzgado acusado cuestionando, en esencia, que se dispusiera dejar sin efectos el prove\u00eddo del 23 de agosto de 2018 -mediante el cual se dio por terminado el juicio recriminado-, pues consider\u00f3 que, adem\u00e1s de restarse valor a una decisi\u00f3n ejecutoriada, sin objeci\u00f3n alguna, desde hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os, en contra de la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, con ello tambi\u00e9n se pas\u00f3 por alto i) que, en su momento, \u00abse orden\u00f3 garantizar los alimentos futuros de los menores[,] como lo establece el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb; y ii) que una de las formas de terminaci\u00f3n de asuntos como el reprochado es por \u00abel pago de la obligaci\u00f3n debida, tal y como lo ordena el art\u00edculo 461 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que la reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n de los derechos de primer grado prevalentes de sus hijas, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque, ampar\u00e1ndose en que el juicio ejecutivo por alimentos que en nombre de ellas inco\u00f3 contra su progenitor, culmin\u00f3 mediante auto de agosto del a\u00f1o 2018, resolvi\u00f3 no entregarle los dineros retenidos al \u00faltimo, por concepto de la cuota alimentaria a favor de las ni\u00f1as, desde noviembre de 2020 hasta la interposici\u00f3n de este ruego. <\/p>\n
3.1. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, de cara al caso concreto, se tiene que el Juzgado acusado resolvi\u00f3 que los dep\u00f3sitos judiciales por retenciones efectuadas sobre el salario del padre de las ni\u00f1as con posterioridad a noviembre de 2020, deb\u00edan ser devueltos a \u00e9ste porque, en lo medular, derivaban de una cautela que perdi\u00f3 efectos a partir del mes de agosto anterior. <\/p>\n
Aplicando tales premisas al caso sub examine, advierte la Corte que el despacho accionado cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, al suspender la entrega continua de dineros que, conforme a lo dispuesto en prove\u00eddo de 15 de noviembre de 2018, ven\u00eda haciendo a favor de las menores a trav\u00e9s de su progenitora, lo que deja ver que, en verdad, con lo determinado desde esa data se termin\u00f3 alterando el fin de la cautela de que trata el precepto 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, pues los dineros retenidos deb\u00edan reservarse para garantizar los alimentos futuros de las ni\u00f1as que no para satisfacer los mismos de manera mensual, como erradamente lo termin\u00f3 disponiendo esa sede judicial desde el mismo a\u00f1o 2018. <\/p>\n
Lo dicho impon\u00eda al Juzgador acusado un an\u00e1lisis detenido y riguroso de la situaci\u00f3n presentada con el fin de proteger el derecho alimentario de las menores de edad involucradas en este tr\u00e1mite y, bajo esa l\u00ednea, la adopci\u00f3n de medidas excepcionales con tal prop\u00f3sito al evidenciar que no se contaba con ninguna garant\u00eda para satisfacer tal carga ni el padre de aqu\u00e9llas les ven\u00eda proporcionando directamente las cuotas alimentarias por cuanto, desde un principio y precisamente por la orden del fallador encausado, se vali\u00f3 de la medida dispuesta como garant\u00eda de alimentos futuros para satisfacer no \u00e9stos sino los causados mes a mes. <\/p>\n
En este sentido, ciertamente los dineros recaudados constitu\u00edan una garant\u00eda fundamental en favor de las menores que el despacho desnaturaliz\u00f3 al disponer su entrega mes a mes, por lo que, aunque ciertamente esta Corte considera que no se pod\u00eda restar valor al auto que debidamente ejecutoriado y desde hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os -agosto de 2018- dio por terminado el juicio ejecutivo recriminado, ni tampoco era viable desconocer el alcance temporal del prove\u00eddo que en el mes de septiembre de 2018 dispuso mantener por dos (2) a\u00f1os el embargo sobre el salario del ejecutado, igualmente es innegable que, dadas las particularidades del caso, impon\u00edan al fallador natural la adopci\u00f3n, se itera, de alguna medida urgente, especial y excepcional, ultra o extrapetita, en pro de la seguridad alimentaria de las menores, bajo una interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica y sistem\u00e1tica del contenido de los preceptos 129, 130 y 134 de la ley 1098 de 2006, la cual no podr\u00eda ser otra que la forzosa entrega de los t\u00edtulos que, tras la comunicaci\u00f3n de la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar en cuesti\u00f3n, reposaban a sus \u00f3rdenes y para el proceso fustigado, sin que de ello se derive afectaci\u00f3n de las prerrogativas del padre de las ni\u00f1as, m\u00e1xime si se tiene en cuenta su mutismo frente a los requerimientos efectuados en la actuaci\u00f3n recriminada como en el presente tr\u00e1mite supralegal, sin dejar de lado que, de encontrarlo necesario y para los efectos pertinentes, podr\u00e1 acreditar los pagos correspondientes. <\/p>\n
5. En consecuencia, se modificar\u00e1 la orden del a-quo constitucional, en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se da, exclusivamente y de forma excepcional, para que dentro del asunto reprochado el Juzgado haga entrega \u00abde los t\u00edtulos judiciales pendientes por pagar a nombre de la se\u00f1ora\u2026 Tengono Galvis, a favor de sus dos menores hijas\u00bb, advirtiendo que a \u00e9sta, como es de su conocimiento y si as\u00ed lo desea, le corresponde promover una nueva ejecuci\u00f3n para el cobro de las otras cuotas alimentarias. <\/p>\n
Lo dicho implica que las determinaciones adoptadas por la sede judicial recriminada con ocasi\u00f3n del fallo del Tribunal a-quo, diferentes a las relacionadas con la entrega de dineros, de existir, quedan sin efecto alguno, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de lo reglado en el canon 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.5 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado en el sentido de que la orden constitucional excepcional que se impone se restringe a que, en el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto, el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 entregue a Leidy Ximena Tengonio Galvis los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial existentes a \u00f3rdenes del juicio recriminado por descuentos salariales efectuados al ejecutado Handerson Javier Melo Andrade, en raz\u00f3n de las cuotas alimentarias a favor de sus hijas menores de edad, con el fin de proteger el derecho esencial alimentario que les asiste como sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado; sin que ello implique revivir el mentado proceso ejecutivo, advirtiendo a la quejosa que, como es de su conocimiento y si lo considerada necesario, le compete formular un nuevo asunto de ese linaje con miras a obtener la satisfacci\u00f3n de las otras eventuales cargas econ\u00f3micas insatisfechas por el progenitor de sus hijas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De los efectos de las decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13807-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13807-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00790-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Segundo de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}