STC13811-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13811-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2021-00065-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wagner Rivas Ram\u00edrez contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Choc\u00f3 y la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que se vincularon los integrantes de la lista de elegibles a que alude el escrito inicial, as\u00ed como a Romy Antonio Renter\u00eda Murillo y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. <\/p>\n
1. El accionante demanda la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb, y al trabajo, que consider\u00f3 conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al diferir su nombramiento en carrera judicial, en el marco del concurso de m\u00e9ritos convocado mediante Acuerdo n.\u00ba CSJCHA17-664 de octubre 6 de 2017, \u00ab[p]or el cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del Registro Seccional de Elegibles para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios\u00bb. <\/p>\n
Entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, pide que se ordene en lo fundamental, al Consejo Seccional de la Judicatura del Choc\u00f3, \u00absuspender los efectos de los actos de nombramiento que expidan los juzgados municipales en funci\u00f3n de las vacantes a proveer para los cargos de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal Nominado que se encuentran provistos en el Acuerdo Superior PCSJA17-10643 de 2017 y Acuerdo Seccional CSJCHA17-644 de 2017, hasta tanto no se aclare totalmente este hecho y sea subsanado el error\u00bb, y que en su lugar, se ordene \u00abaplicar nuevamente el FORMATO DE OPCI\u00d3N DE SEDES de conformidad con el Acuerdo 4856 de 2008 y los art\u00edculos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido aduce, en esencia, que particip\u00f3 y super\u00f3 con \u00e9xito cada una de las etapas del proceso de selecci\u00f3n, y \u00abmediante pronunciamiento CSJCHCER21-2 de 17 de junio de 2021, se declar\u00f3 la firmeza de los registros seccionales de elegibles, de los cargos cuyos aspirantes no interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, aprobada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Choc\u00f3 fijada en la cartelera de acceso al Palacio de Justicia y micrositio seccional de la p\u00e1gina web, el d\u00eda 18 de junio de 2021\u00bb; finalmente, el 19 de julio actual \u00abmediante Acuerdo CSJCHA21-57 de 15 de julio de 2021\u00bb, se elabor\u00f3 la lista de elegibles para proveer el cargo de Oficial Mayor de Juzgado Municipal, optando, entre otros, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, pero esa autoridad \u00abmediante Resoluci\u00f3n No. 0011-21 de 28 de julio de 2021, (\u2026) difiere el nombramiento en propiedad de quienes conforman el listado de elegibles hasta tanto quien ocupa el cargo en provisionalidad cumpla los requisitos para solicitar la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 explic\u00f3, que \u00aben la resoluci\u00f3n n\u00famero 0011-21 del 28 de julio de 2021 emitida por este despacho, est\u00e1n las consideraciones que la suscrita tuvo a bien adoptar fundamentada en la jurisprudencia constitucional, decisi\u00f3n que fue recurrida por el accionante quien present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, la cual se encuentra pendiente de tr\u00e1mite. <\/p>\n
b.) Romy Antonio Renter\u00eda Murillo, vinculado, dijo que tiene 61 a\u00f1os y en la actualidad se encuentra vinculado en provisionalidad, como oficial mayor del Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3; que la provisi\u00f3n de cargos de empleados de tribunales y juzgados \u00abconstituye una seria amenaza para mis intereses laborales y prestacionales, dado que la posible p\u00e9rdida de mi empleo afectar\u00eda mi derecho constitucional fundamental al m\u00ednimo vital\u00bb, m\u00e1xime si se repara en que ostenta la condici\u00f3n de \u00abprepensionado\u00bb, por lo que \u00abdebe garantizarse mi derecho a la estabilidad laboral reforzada\u00bb. Con todo, dijo que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe carece del requisito de la subsidiariedad, y en tal medida, debe negarse el amparo. <\/p>\n
c.) El Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, refiri\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado las garant\u00edas del gestor del amparo, comoquiera que \u00abno ha tenido injerencia en la decisi\u00f3n objeto de reproche pues la facultad nominadora radica exclusivamente en la Juez Segunda Civil Municipal de Quibd\u00f3, funcionaria que profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0011-21 del 28 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
d.) La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, afirm\u00f3 que revisada la historia laboral del se\u00f1or Romy Antonio Renter\u00eda Murillo \u00abse observa que este cuenta con un total de 1183.14 semanas de cotizaci\u00f3n y 60 a\u00f1os de edad\u00bb; por lo dem\u00e1s, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 neg\u00f3 el amparo invocado, tras extra\u00f1ar el requisito de la subsidiariedad, toda vez que \u00ablos recursos interpuestos por el precursor no han sido desatados y ello permite colegir sin manto de duda que no es posible a trav\u00e9s de esta senda constitucional pronunciarse sobre situaciones que deben ser objeto de discusi\u00f3n en el curso ordinario y ante el \u00f3rgano competente. Por tanto, el resguardo implorado no est\u00e1 llamado a prosperar, en virtud de la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n tutelar; puesto que el accionante cuenta con los medios de defensa dispuestos por el legislador para repeler las decisiones que estima contraria a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente se\u00f1al\u00f3, que \u00abla resoluci\u00f3n de la que discrepa el accionante, es un acto administrativo el cual puede ser atacado a trav\u00e9s de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo id\u00f3neo para tal efecto, por ende a la jurisdicci\u00f3n constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en tal esfera, dada la subsidiariedad de la tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el actor, quien adem\u00e1s de insistir en las primigenias alegaciones, asever\u00f3 que \u00ab[d]e conformidad con el agotamiento de la v\u00eda gubernativa el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dicho recurso se interpone y es resuelto por la misma autoridad que resuelve la solicitud inicial, por lo que su prosperidad frente a las pretensiones no es factible y la misma ha sido dilatada a tal punto que al ser interpuesto el d\u00eda 30 de julio de 2021 y el desistimiento por parte del sr. Jorge Eliecer Cuesta Guerrero que fue nombrado y tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo de oficial mayor o sustanciador de Juzgado Municipal nominado del Juzgado 01 Civil Municipal de Quibd\u00f3, hasta la fecha el juzgado no ha proferido pronunciamiento alguno sobre las acciones impetradas, por lo que el agotamiento requerido como requisito para impetrar la acci\u00f3n contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sido evidentemente dilatada por parte del juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que la censura formulada por el ciudadano Rivas Ram\u00edrez, en lo fundamental, se dirige contra la Resoluci\u00f3n n.\u00ba0011-21 del 28 de julio de 2021 proferida por la titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, a trav\u00e9s de la cual decidi\u00f3 \u00abdiferir\u00bb su nombramiento en propiedad y del se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Cuesta Guerrero, hasta tanto el actual servidor del Despacho, Romy Antonio Renter\u00eda Murillo, quien funge como sustanciador nominado en provisionalidad, \u00abcumpla los requisitos para solicitar pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n y los informes allegados al presente tr\u00e1mite, deviene con claridad que la misma es improcedente, si se tienen en cuenta los siguientes hechos probados: <\/p>\n
3.1. En el marco del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, convocado mediante Acuerdo CSJCHA17-664, el aqu\u00ed accionante se encuentra en la segunda plaza del Registro Seccional de elegibles para el cargo Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal Nominado, conformado mediante Resoluci\u00f3n CSHCH21-105 del 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
3.2. Dentro de la oportunidad conferida, el actor escogi\u00f3 sede optando por los Juzgados Primero y Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3. <\/p>\n
3.3. El 19 de julio actual, el Consejo Seccional de la Judicatura remiti\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 el Acuerdo CSJCHA21-57 del 15 de julio de 2021, a trav\u00e9s del cual elabor\u00f3 lista de elegibles para proveer en propiedad una vacante en el cargo de sustanciador de Juzgado Municipal nominado la cual estaba conformada por dos personas, entre ellas, el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3.4. Mediante Resoluci\u00f3n n.\u00ba011-21 del 28 de julio de los corrientes, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 resolvi\u00f3 \u00abdiferir el nombramiento en propiedad de los doctores: Jorge Eliecer Cuesta Guerrero (\u2026) y Wagner Rivas Ram\u00edrez (\u2026) en el cargo de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO MUNICIPAL NOMINADO de este juzgado, hasta tanto el se\u00f1or ROMY ANTONIO RENTER\u00cdA MURILLO, quien ostenta el cargo actualmente en provisionalidad, cumpla los requisitos para solicitar la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
3.5. Esa decisi\u00f3n fue recurrida por el aqu\u00ed accionante en reposici\u00f3n y subsidiariamente apelaci\u00f3n, la cual est\u00e1 pendiente de tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, anticipadamente se advierte la improcedencia de la salvaguarda rogada frente a la citada autoridad judicial, teniendo en cuenta la premura con la que acudi\u00f3 al resguardo, comoquiera que contra la resoluci\u00f3n del 28 de julio actual, el aqu\u00ed accionante elev\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que a\u00fan no han sido resueltos; entonces, estando a la espera de lo que decida el Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, es f\u00e1cil es concluir que inane resultar\u00eda emitir ahora cualquier orden, cuando existe la posibilidad que sea revocada la decisi\u00f3n en mientes, que es en \u00faltimas la aspiraci\u00f3n del quejoso, pues, mem\u00f3rese, que no puede el Juez de tutela anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el respectivo funcionario, en raz\u00f3n a que vedado tiene abrogarse facultades ajenas, m\u00e1xime cuando, se insiste, no se tiene certeza en este momento acerca de pronunciamiento alguno en este particular sentido. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6624-2021). <\/p>\n
5. Adicionalmente, la Sala advierte que el gestor del amparo tiene a su disposici\u00f3n el medio de control de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de dicha determinaci\u00f3n, o en \u00faltimas, las contradicciones que aduce respecto del citado acto administrativo, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l. <\/p>\n
Frente a casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, la Sala ha manifestado que \u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC2254-2021). <\/p>\n
6. Conviene destacar, adem\u00e1s, que la protecci\u00f3n reclamada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo transitorio, pues los actos administrativos suponen de suyo una presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada ante la jurisdicci\u00f3n mencionada, y como se dijo, en aqu\u00e9lla est\u00e1 prevista la facultad de solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, dentro de las que se cuenta la posibilidad de suspensi\u00f3n provisional del acto cuestionado a fin de mitigar el supuesto da\u00f1o que se le est\u00e1 causando con lo resuelto, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime si \u00abs\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (ib\u00eddem), presupuestos que no fueron acreditados por el inconforme. <\/p>\n
En un caso de contornos parecidos, esta Sala se\u00f1al\u00f3 en punto al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, lo siguiente: \u00ablas querellantes desperdiciaron el medio de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, consagrado en el canon 138 de la Ley 1437 de 2011, para rebatir el contenido de los actos administrativos reprochados, su motivaci\u00f3n y las supuestas arbitrariedades en las cuales se incurri\u00f3 en la etapa anterior a la expropiaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Secci\u00f3n Quinta en Descongesti\u00f3n del Consejo de Estado, en torno a los actos demandables en este tr\u00e1mite ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, explic\u00f3: \u201c(\u2026) [E]n cuanto los actos administrativos relacionados con el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n, que son susceptibles de demandarse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el fallo en comento record\u00f3 que son susceptibles de la acci\u00f3n especial contenida en el art\u00edculo 71 de la Ley 388 de 1997, (i) los que declaran los motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social y (ii) los que deciden la expropiaci\u00f3n. \u201c(\u2026) [L]os actos de tr\u00e1mite \u201cson instrumentos que permiten desarrollar en detalle los objetivos y funciones de la administraci\u00f3n, de esta manera la existencia de estos actos no se explica por s\u00ed sola, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes dentro de una actuaci\u00f3n administrativa\u201d. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin a la actuaci\u00f3n, de modo que en ellos se agota la actividad de la administraci\u00f3n, o tan s\u00f3lo queda pendiente la ejecuci\u00f3n de lo decidido. \u201c(\u2026) [L]o anterior cobra mayor fuerza en el entendido de que el mismo constituye la etapa inicial del procedimiento expropiatorio sin el cual no resulta posible habilitar a la autoridad para adelantarlo; no puede olvidarse que entre al acto expropiatorio y el que declara las condiciones de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social existe una relaci\u00f3n de causa a efecto, pues sin la existencia de los primeros no pueden expedirse los segundos. \u201c(\u2026) [B]ajo los conceptos que anteceden, el acto administrativo en estudio, al estar llamado a generar perjuicios al administrado, es pasible de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, lo anterior sin perjuicios de los instrumentos procesales de impugnaci\u00f3n dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico frente a la decisi\u00f3n de expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa (\u2026). Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, si las impulsoras insisten en las supuestas irregularidades cometidas en la actuaci\u00f3n administrativa, sufriendo con la misma un posible agravio injustificado, pueden demandar la revocatoria directa de los actos antes rese\u00f1ados, conforme a lo estatuido en el art\u00edculo 93 de la Ley referida, siempre que se cumplan los presupuestos para el efecto\u00bb (CSJ STC, 15 may. 2020, rad. 2020-00131-01). <\/p>\n
7. Ahora, frente a las presuntas irregularidades en que incurri\u00f3 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 en el tr\u00e1mite de la resoluci\u00f3n de sus recursos, pues seg\u00fan el dicho del actor, se acudi\u00f3 a una maniobra dilatoria, se advierte que tales alegatos se cimientan en hechos nuevos exteriorizados en esta instancia, por lo que no pueden ser analizados por la Corte, pues los querellados, particularmente la citada autoridad judicial no tuvo la oportunidad de ejercer su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a los mismos. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad\u2013deber del fallador de sentenciar extra y ultrapetita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (…) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC10926-2021). <\/p>\n
8. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito posible lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13811-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC13811-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2021-00065-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}