STC13816-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13832-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03458-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Residencial Park 200 P.H. frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual con radicado 2017-00369. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que el Conjunto Residencial instaur\u00f3 demanda contra el Grupo Domus S.A.S., para que se le declarara responsable de los da\u00f1os causados sobre los bienes comunes de la copropiedad, \u00abal haber incumplido las condiciones de idoneidad, calidad, seguridad y aptitud de la obra edificada\u00bb. <\/p>\n
El 12 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 civil y contractualmente responsable al Grupo Domus S.A.S. por los da\u00f1os causados al Conjunto Residencial Park 200 P.H., condenando al primero a pagar a favor de este \u00faltimo $886.457.713, \u00ab(\u2026) por concepto del valor de las obras de reparaci\u00f3n a efectuarse en las \u00e1reas comunes de la copropiedad (\u2026)\u00bb, entre otras condenas. <\/p>\n
Seg\u00fan afirma el tutelante, en la parte considerativa de dicha providencia, se puso de presente que la demandada no objet\u00f3 el dictamen pericial antes referido, cuestionando \u00ab(\u2026) la idoneidad e imparcialidad de la perito (\u2026)\u00bb y que solo \u00abhasta la etapa de alegaciones expuso sus reparos frente al parentesco de la perito con el apoderado de la parte demandante\u00bb, frente a lo cual el Juzgado cognoscente consider\u00f3 que los impedimentos de los peritos se originaban respecto del juez y no de las partes o sus apoderados. <\/p>\n
Contra la referida decisi\u00f3n, el Grupo Domus S.A.S. formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, en cuyos reparos expuso que el peritaje de la ingeniera Soljimena Monsalve Caballero, aportado por el extremo activo del litigio \u00ab(\u2026) no deb\u00eda ser tenido en cuenta, en raz\u00f3n a su parentesco con el apoderado de la parte demandante, Luis Carlos Monsalve Caballero (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el curso de la segunda instancia, mediante auto de 4 de marzo de 2021, el colegiado accionado rechaz\u00f3 el aludido dictamen, tras declarar que Soljimena Monsalve Caballero se hallaba impedida para rendir dicha experticia, y decret\u00f3 de oficio un nuevo peritaje; determinaci\u00f3n respecto de la cual la aqu\u00ed promotora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de s\u00faplica, rechazados por improcedentes en auto de 5 de agosto de 2021. <\/p>\n
Para la actora, el Tribunal acusado incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por cuanto, en su entender, \u00ab(\u2026) el C\u00f3digo General del Proceso \u00ab(\u2026) no consagra que para los peritos existan causales de impedimento y\/o recusaci\u00f3n, tampoco que los impedimentos\/recusaciones deban ser declarados por el juez y menos determina que, si en el perito concurre una causal de recusaci\u00f3n, la prueba deba ser rechazada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiere que la decisi\u00f3n criticada adolece de defecto f\u00e1ctico, pues el Tribunal \u00ab(\u2026) no valor[\u00f3] ninguna de las dem\u00e1s pruebas practicadas en el proceso, particularmente las de la parte demandada, sobre todo las pruebas testimoniales, que contrario a lo pretendido, exponen la existencia de los da\u00f1os cuya reparaci\u00f3n se pretend\u00eda con la demanda, que corresponden con los contenidos en el dictamen pericial, y la omisi\u00f3n del GRUPO DOMUS S.A.S. para atender las reclamaciones de la copropiedad; adem\u00e1s es caprichoso en la medida que en la providencia no se expone raz\u00f3n alguna [para] no llamar a interrogatorio a la ingeniera Soljimena Monsalve Caballero sobre su inter\u00e9s en el proceso y sobre las circunstancias en que tuvo lugar el peritaje y la posterior demanda y, menos, cuando no obran en el expediente prueba alguna sobre un supuesto inter\u00e9s particular del perito en los resultados del proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 los recursos, afirm\u00f3 que s\u00ed proced\u00edan, porque la decisi\u00f3n atacada declar\u00f3 un impedimento y rechaz\u00f3 la prueba pericial aportada. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, pide, en concreto, dejar sin efectos los prove\u00eddos de 4 de marzo y 5 de agosto de 2021. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, manifestando que en las providencias cuestionadas \u00ab(\u2026) se consignaron las razones de hecho y de derecho que, en el sentir de este despacho, sostienen de manera l\u00f3gica y razonada las conclusiones contenidas en la parte resolutiva (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Grupo Domus S.A.S. se opuso a la prosperidad del ruego, por cuanto la decisi\u00f3n cuestionada no vulnera derecho fundamental alguno de la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El Conjunto Residencial Park 200 P.H. censura el auto del 4 de marzo de 2021, por el cual el colegiado acusado decret\u00f3 oficiosamente un nuevo dictamen pericial en el asunto materia de controversia, y el del 5 de agosto siguiente, que rechaz\u00f3 por improcedente los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de s\u00faplica, frente al prove\u00eddo inicialmente referido. <\/p>\n
2. Revisada la providencia de 4 marzo de 2021, se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, al observarse razonables los argumentos aducidos por la Corporaci\u00f3n accionada para decretar de oficio un nuevo peritaje con el fin de determinar el alcance de los da\u00f1os causados en el Conjunto Residencial Park 200 P.H. y el costo actual de las reparaciones de los mismos. <\/p>\n
Lo antelado, luego de constatar que la perito Soljimena Monsalve Caballero \u00ab(\u2026) es hermana del apoderado judicial de la parte demandante y el dictamen fue presentado en inter\u00e9s de esta parte y para demostrar los hechos en que fundamenta las pretensiones de la demanda, (\u2026)\u00bb, circunstancia que, en criterio del Tribunal, afectaba su imparcialidad, refiriendo para ello los art\u00edculos 141 y 235 del C\u00f3digo General del Proceso y las siguientes consideraciones en torno al tema: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El perito le aporta al juez sus conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos y\/o art\u00edsticos sobre hechos relevantes en el proceso, que en este caso se reducen a verificar la obra; determinar si existen (o no) vicios en la construcci\u00f3n; si existen, determinar su naturaleza [ruin\u00f3genos, estructurales, no estructurales, de los sistemas vitales\u2026], el costo de su reparaci\u00f3n, etc. <\/p>\n
Se suele decir que el perito le presta sus ojos al juez para estudiar los temas que requieren especiales conocimientos que \u00e9ste -se supone- no tiene. De ah\u00ed que el maestro DEVIS ECHAND\u00cdA afirmara que \u2018es mejor un perito \u00fanico designado por el juez, que dos escogidos por las partes, y cuando el negocio sea de poco valor es preferible un solo perito para que el costo de la prueba no resulte desproporcionado\u2019. <\/p>\n
Si ese es el aporte del perito al proceso, no debe existir en \u00e9l sospecha de imparcialidad y, para que no quede duda alguna, el perito debe ser independiente y ajeno a las partes del proceso y, desde luego, a sus voceros judiciales. <\/p>\n
El perito ser\u00e1 imparcial si carece de todo inter\u00e9s en el proceso, si no tiene relaci\u00f3n estrecha con alguna de las partes o sus apoderados, y ser\u00e1 independiente, si sus estudios y conclusiones sobre el hecho tema de prueba no est\u00e1n subordinados a ning\u00fan inter\u00e9s diferente que al de la verdad de los hechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, en raz\u00f3n a que \u00abcada parte ha tra\u00eddo un dictamen para demostrar sus versiones, que son contrarias\u00bb, resolvi\u00f3 decretar de oficio un dictamen pericial, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 170 del C.G. del P. <\/p>\n
Ahora, frente a dicha decisi\u00f3n, la parte actora inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de s\u00faplica, los cuales fueron rechazados de plano por el tribunal confutado, en auto de 5 de agosto siguiente, determinaci\u00f3n soportada en el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab(\u2026) las providencias que decretan pruebas no admiten recurso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.1. De lo expuesto se colige que el colegiado accionado concluy\u00f3, razonada y objetivamente, que el v\u00ednculo de parentesco entre el abogado de la parte demandante y la perito que rindi\u00f3 el dictamen allegado en primera instancia pon\u00eda en duda la imparcialidad de \u00e9sta al emitir dicha experticia. As\u00ed, teniendo en cuenta lo anterior y que cada parte hab\u00eda presentado una prueba pericial con versiones contradictorias entre s\u00ed, estim\u00f3 pertinente decretar de oficio la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial para dilucidar las cuestiones materia de controversia, atinentes a los da\u00f1os causados a la parte demandante y al valor de las reparaciones de los mismos. <\/p>\n
Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso y soportado en las facultades del juez para decretar pruebas de oficio, decisi\u00f3n contra la cual, a la luz del art\u00edculo 169 del C.G. del P., no procede recurso alguno. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una valoraci\u00f3n de las probanzas allegadas a los juicios, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
Hechas las anteriores precisiones, se itera, las providencias censuradas se motivaron razonadamente, por tanto, no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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