STC13819-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13819-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03410-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia pronunciada en segunda instancia en el marco del proceso de responsabilidad contractual que en su contra instaur\u00f3 Luis Fernando Escobar Nieto, con radicado No. 2017-00327-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se invalide la determinaci\u00f3n pronunciada el pasado 20 de agosto, para que en su lugar, se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdictar sentencia teniendo en consideraci\u00f3n que ha sido probada e incluso reconocida la excepci\u00f3n de reticencia propuesta (\u2026), as\u00ed con el precedente judicial y en especial la sentencia C-232\/1.997\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce la compa\u00f1\u00eda accionante, luego de hacer una relaci\u00f3n de los hechos que motivaron la presentaci\u00f3n de la demanda de responsabilidad contractual aludida, as\u00ed como de las actuaciones acaecidas en cada una de las instancias procesales, que el 5 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones elevadas en su contra, disponiendo: <\/p>\n
\u00abPrimero: DECLARAR que la sociedad POSITIVA S.A. incumpli\u00f3 el contrato de seguro P\u00d3LIZA VIDA GRUPO DEUDORES No. 90-18-3000021 reemplazada por la P\u00f3liza No. 3400001698-00 y esta a su vez por la No. 34000002520-0, al no pagar la indemnizaci\u00f3n derivada de la ocurrencia del siniestro INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Y PERMANENTE sufrida por el asegurado LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO, seg\u00fan las motivaciones de la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: COND\u00c9NESE a POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A., a pagar a la beneficiaria dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia el importe de la deuda del cr\u00e9dito hipotecario No. 083016179-92, cuyo titular es el se\u00f1or LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO debidamente certificado por la acreedora para la fecha del pago. <\/p>\n
Cuarto: COND\u00c9NESE a POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A., a pagar al se\u00f1or LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO las sumas de dinero que haya pagado por concepto de cuotas de amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario No. 083016179-92 otorgado por BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A. ahora ITA\u00da CORPBANCA COLOMBIA S.A. por desde el 23 de septiembre de 2.016 a la data en que la aseguradora efect\u00fae el pago total de la deuda, montos debidamente certificados por la entidad acreedora, junto con los intereses bancarios corrientes sobre tales rubros\u00bb. <\/p>\n
Refiere que inconforme con esa determinaci\u00f3n, la apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues en prove\u00eddo del 20 de mayo de la presente anualidad, la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial la modific\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abPRIMERO. MODIFICAR los numerales 4.3. y 4.4. de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020, por el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., los cuales quedar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
\u20184.3. COND\u00c9NESE a POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A. a pagar a la beneficiaria, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de $180.409.846,08, correspondiente al saldo de la deuda del cr\u00e9dito hipotecario No. 083016179-92, cuyo titular es el se\u00f1or LUIS FERNANDO ESCOBAR. <\/p>\n
4.4. COND\u00c9NESE a POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A. a pagar al se\u00f1or LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO, $145.032.735.24, dinero que, seg\u00fan lo certificado por el BANCO ITA\u00da, ha pagado desde septiembre de 2016 hasta junio de 2021, por concepto de cuotas de amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario No. 083016179-92 otorgado por BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. ahora ITA\u00da CORPBANCA COLOMBIA S.A., junto con los intereses bancarios corrientes sobre tales rubros\u2019\u00bb. <\/p>\n
Que por la anterior circunstancia acude a la presente v\u00eda excepcional, pues, contrario a lo considerado por esa Corporaci\u00f3n, s\u00ed demostr\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abnulidad del contrato de seguro por reticencia\u00bb, encontr\u00e1ndose entonces, dice, facultada para acudir al juez constitucional en busca de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas primarias invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 24 de septiembre de 2021, hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil, se limit\u00f3 a remitir copia digital de las actuaciones dispuestas en el juicio declarativo base de la s\u00faplica, expuso, en s\u00edntesis, que <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta capital manifest\u00f3, en lo fundamental, que en ese \u00abdespacho judicial, curs\u00f3 el proceso verbal N\u00ba 110013103003201700327 00 adelantado por LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO contra POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGURO, litigio en el que se profiri\u00f3 sentencia en febrero 5 de 2020, providencia que fue recurrida y actualmente se encuentra cursando el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencia\u00bb, sin que a la fecha se hubiera devuelto el expediente. <\/p>\n
c. Al momento de registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas por parte de los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de los mismos, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros SA cuestiona de manera puntual, que mediante sentencia pronunciada el 20 de agosto de la anualidad que avanza, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 hubiese modificado en favor de su contraparte, la decisi\u00f3n emanada el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito tambi\u00e9n de este distrito, que accedi\u00f3 a lo reclamado al interior del proceso de responsabilidad contractual que promovi\u00f3 en su contra el se\u00f1or Luis Fernando Escobar Nieto, pues seg\u00fan su dicho, estaba m\u00e1s que demostrada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abnulidad del contrato de seguro por reticencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte considera que la salvaguarda reclamada respecto de la determinaci\u00f3n criticada no tiene lugar, toda vez que se observa de su contenido el cumplimiento de las exigencias m\u00ednimas argumentativas y de an\u00e1lisis probatorio, para predicar la imposibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en lo resuelto. <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n convocada, en torno a la mentada defensa esgrimida por la compa\u00f1\u00eda de seguros aqu\u00ed interesada, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que finalmente adopt\u00f3, luego de estudiar el asunto de manera ordenada y concreta, donde el demandante se persigui\u00f3 el pago del seguro de vida deudores No. 90-18-3000018, quien, en calidad de asegurado, fue calificado con una invalidez del 100%, seg\u00fan consta en el acta del 24 de mayo de 2016 expedida por la Junta Especial de Calificaci\u00f3n de Invalidez. <\/p>\n
Para ello, al descender al estudio de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito referida, empez\u00f3 por explicar que \u00abvale la pena resaltar el principio de la buena fe que debe reinar en toda clase de actuaciones, en la especie de estos contratos adquiere especial connotaci\u00f3n como un deber precontractual al que se le da gran importancia. <\/p>\n
El art\u00edculo 1058 del c\u00f3digo de comercio dispone que el tomador est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador; en caso contrario, esto es, si aquel incurre en reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por este, lo hubieran retra\u00eddo de asegurarlo, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas, se produce la nulidad relativa del mismo. <\/p>\n
Sobre el tema de la reticencia, la Corte Constitucional ha sostenido que \u2018el asegurador debe: a) probar la mala fe por parte del tomador (o asegurado), pues solo el asegurador sabe si la enfermedad omitida lo har\u00eda desistir del contrato o hacerlo m\u00e1s oneroso y; b) demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, a fin de evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
Luego, puso de presente que en el expediente s\u00ed obra prueba de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad rendida por el demandante, donde \u00e9ste manifest\u00f3 que para la data en que se tom\u00f3 el seguro, que se encontraba \u00aben buen estado de salud (\u2026) y no he padecido ni se me ha diagnosticado ninguna enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, vascular, pulmonar, renal, gastrointestinal, hipertensi\u00f3n arterial, c\u00e1ncer, diabetes o cualquier enfermedad preexistente ni en general grave, cr\u00f3nica, ps\u00edquicas o nerviosas\u00bb. <\/p>\n
Ahora, que seg\u00fan la historia cl\u00ednica tambi\u00e9n aportada, se encuentran como antecedentes \u00ablitiasis renal tratada con litotripsias. Osteomielitis posquir\u00fargica hace 13 a\u00f1os\u00bb, situaci\u00f3n que se acompasa con lo manifestado en el interrogatorio que Escobar Nieto absolvi\u00f3, \u00abquien al cuestion\u00e1rsele sobre su estado de salud para el d\u00eda del accidente laboral depuso que \u2018el d\u00eda del atentado terrorista estaba en perfecto estado de salud porque ten\u00eda certificado de la Aerocivil vigente (\u2026) yo siempre, y ese es el mal de los pilotos, he sufrido de c\u00e1lculos renales y una lesi\u00f3n deportiva en una rodilla (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, \u00abaun cuando la juzgadora ech\u00f3 de menos la declaraci\u00f3n suscrita por el demandante, lo cierto es que la enfermedad padecida por \u00e9l, no guarda nexo de causalidad con la que a la postre le gener\u00f3 la incapacidad y que constituye el siniestro amparado en la p\u00f3liza, en consecuencia, le correspond\u00eda a la aseguradora cubrir el saldo insoluto de las obligaciones crediticias. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se observa que en la mentada declaraci\u00f3n se dispuso que el declarante autorizaba a la entidad aseguradora \u2018para solicitar en cualquier momento y de cualquier m\u00e9dico u otro profesional de la salud y\/o centro hospitalario o similar para suministrar a las aseguradoras las historias cl\u00ednicas y dem\u00e1s informaci\u00f3n sobre el estado de mi salud,\u2019 en consecuencia, la recurrente pod\u00eda haber conocido, al menos durante la vigencia del contrato, la enfermedad que aquejaba al demandante realizando las constataciones pertinentes a su historia cl\u00ednica. Es decir, la aseguradora se encontraba facultada para consultar la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Luis Fernando Escobar Nieto, por lo que de haberlo hecho habr\u00eda podido conocer que padec\u00eda de c\u00e1lculos renales y en atenci\u00f3n a ello ajustar las condiciones en que se celebrar\u00eda el contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
4. De modo que, contrario a lo sostenido por la sociedad promotora del resguardo, fue a partir de un an\u00e1lisis atendible de los medios de convicci\u00f3n al tamiz de la jurisprudencia que se ha dictado acerca del asunto sometido a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, que el Tribunal accionado pudo arribar a la prenotada conclusi\u00f3n, luego de examinar concienzudamente cada uno de los medios de convicci\u00f3n militantes en las diligencias, de los que determin\u00f3 que no estaba demostrado el plurimencionado medio de defensa, por lo que, al margen de que la Sala comparta o no \u00edntegramente la misma, como est\u00e1 soportada adecuadamente, ello impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n del Juez de tutela para modificarla o revocarla, por no haber sido el resultado de un caprichoso proceder por parte del juzgador convocado, sin que la divergencia conceptual expuesta por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A, permita abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la supuesta vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n criticada a los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que, en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa, para tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; as\u00ed queda claro, entonces, que como lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que las desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA DUCQUE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-03410-01 <\/p>\n
Comparto la decisi\u00f3n mayoritaria en torno a que la determinaci\u00f3n del Tribunal denunciado no puede ser desconocida por este sendero, ya que est\u00e1 soportada en razones que, aunque no comparto, no son el fruto del capricho del sentenciador. Adicionalmente, esa decisi\u00f3n coincide con la postura reciente de la Sala sobre los presupuestos necesarios para que se anule el contrato de seguros en virtud de la reticencia del tomador (SC3791-2021 y STC12251-2021). <\/p>\n
Sin embargo, debo precisar las razones por las cuales estimo que no es viable, como ahora lo pregona la Corporaci\u00f3n, exigir a la aseguradora la prueba del \u00abnexo causal entre la enfermedad preexistente y el siniestro\u00bb para que opere la \u00abnulidad relativa del contrato de seguros\u00bb. <\/p>\n
En mi criterio esa tesis no solo desdice de la conducta reticente y adem\u00e1s consciente por la que opt\u00f3 el tomador del seguro, sino que se aparta del marco normativo que rige esa tipolog\u00eda contractual, as\u00ed como de la doctrina que sobre el particular ha defendido la Corte Suprema de Justicia, a\u00fan como juez de tutela (Cfr. CSJ STC566-2020, STC16889-2019, STC439-2019, STC16389-2018, STC11781-2018, entre otras). <\/p>\n
En efecto, no debe perderse de vista que en sede de casaci\u00f3n esta Sala Especializada ha sido enf\u00e1tica al advertir que \u00ab[cuando] el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanci\u00f3n de la nulidad relativa (\u2026), construy\u00f3 un r\u00e9gimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento com\u00fan de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado art\u00edculo 1058, no puede el int\u00e9rprete hacer distingos, observ\u00e1ndose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro\u00bb (Negritas fuera del texto – CSJ SC 1 jun. 2007. Exp. 2004-00179-01). <\/p>\n
Y n\u00f3tese que esa misma postura ya la hab\u00eda adoptado la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del canon 1058 del C\u00f3digo de Comercio, oportunidad en la que adem\u00e1s de analizar el \u00abr\u00e9gimen rescisorio especial\u00bb all\u00ed previsto, tambi\u00e9n resalt\u00f3 que la \u00abinfidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo\u00bb supone un \u00aberror\u00bb en los cimientos de la \u00abobligaci\u00f3n asegurativa\u00bb y, por lo mismo, \u00abes justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisi\u00f3n, anulabilidad o nulidad relativa, salga del \u00e1mbito jur\u00eddico (\u2026) con prescindencia de extempor\u00e1neas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relaci\u00f3n de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relaci\u00f3n causal que importa y que, para estos efectos, debe existir, no es (\u2026) la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la g\u00e9nesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador\u00bb (Negritas ajenas al original – C-232 de 1997). <\/p>\n
Y si bien en pret\u00e9rita oportunidad se prohij\u00f3 una hermen\u00e9utica distinta (Cfr. CSJ STC3465-2020), el reflexivo an\u00e1lisis de esta especial\u00edsima figura contractual (seguro de vida grupo deudores) y de la pac\u00edfica doctrina que sobre el particular ha defendido esta Corte llev\u00f3 a matizar aquella conclusi\u00f3n (Cfr. CSJ STC1409-2021 y STC1410-2021) y revalidar la ineludible observancia del postulado de buena fe que por mandato legal e incluso constitucional se impone, sin distingo alguno, a todas las personas que intervienen en la formaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de ese negocio. <\/p>\n
Justamente, consagrado en la Carta Pol\u00edtica el deber de los ciudadanos de ce\u00f1ir sus actuaciones \u00aba los postulados de la buena fe\u00bb (art. 83 C.N.), no debe olvidarse que el legislador comercial tambi\u00e9n sent\u00f3 el perentorio compromiso de celebrar y ejecutar los contratos \u00abde buena fe\u00bb y acatar las obligaciones convencionales, as\u00ed como las que deriven de su propia \u00abnaturaleza\u00bb, de la \u00abcostumbre\u00bb, la \u00abequidad natural\u00bb o de la misma \u00abley\u00bb (art. 871 C. Co.). Un ejemplo de ello se encuentra en la categ\u00f3rica carga en cabeza del tomador del seguro de \u00abdeclarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador\u00bb (art. 1058 ib.), imperativo que, bueno es recordarlo, no decae, como tampoco las consecuencias de su infracci\u00f3n, \u00abaunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico\u00bb (art. 1058 ib.). <\/p>\n
Por este camino, vale resaltar que el problema de la reticencia y sus efectos en la validez del pacto aseguraticio ha sido abordado por la Corte en m\u00faltiples ocasiones, particularmente en SC 1\u00b0 junio de 2007. exp. No. 66001-3103-004-2004-00179-01, se hizo una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, a partir del cual se establecieron tres (3) inferencias a saber: <\/p>\n
4.1. Que la obligaci\u00f3n del tomador de pronunciarse sinceramente frente al cuestionario que le formula el asegurador con el fin de establecer el estado del riesgo, no tiene por fuente misma dicho contrato sino que opera en la fase previa a su celebraci\u00f3n ya que su objetivo es el de garantizar la expresi\u00f3n inmaculada de la voluntad del primero de consentir en dicho v\u00ednculo, de abstenerse de hacerlo, o de contraerlo pero bajo condiciones m\u00e1s onerosas. <\/p>\n
4.2. No importan, por tanto, los motivos que hayan movido al adquirente para comportarse sin fidelidad a la verdad, incurriendo con ello en grave deslealtad que a su vez propicia el desequilibrio econ\u00f3mico en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n que se pretende de la aseguradora, cuando se le ha inquirido para que d\u00e9 informaciones objetivas y de suficiente entidad que le permitan a \u00e9sta medir el verdadero estado del riesgo; sea cual haya sido la raz\u00f3n de su proceder, con intenci\u00f3n o con culpa; lo cierto es que la consecuencia de su actuar afecta la formaci\u00f3n del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma ra\u00edz. <\/p>\n
4.3. Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanci\u00f3n de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construy\u00f3 un r\u00e9gimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento com\u00fan de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado art\u00edculo 1058, no puede el int\u00e9rprete hacer distingos, observ\u00e1ndose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro. (Negrita intencional). <\/p>\n
Estos argumentos fueron reiterados en SC 25 mayo 2012 exp. 05001-3103-001-2006-00038-01; SC 1\u00b0 sep. 2010 exp. 2003-00400 y en SC2803-2016, de ese modo, la interpretaci\u00f3n y alcance de la mencionada disposici\u00f3n constituye doctrina probable de la Corte en esta materia, particularmente en aspectos como: i) no puede exigirse nexo de causalidad entre la inexactitud o reticencia y el siniestro1, ii) no es necesario establecer cu\u00e1l fue la intenci\u00f3n del tomador al callar u omitir informaci\u00f3n relevante al momento de efectuar la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, porque \u00absea cual haya sido la raz\u00f3n de su proceder, con intenci\u00f3n o con culpa; lo cierto es que la consecuencia de su actuar afecta la formaci\u00f3n del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma ra\u00edz\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en SC 1\u00b0 sep. 2010 exp. 2003-00400, reiterada en SC 25 mayo 2012 exp. 2006-00038-01, a manera de rectificaci\u00f3n doctrinaria, dijo la Corte que \u00abla p\u00e9rdida de fuerza normativa del contrato de seguro por reticencia, no requiere la demostraci\u00f3n espec\u00edfica de que la omisi\u00f3n llevar\u00eda a la aseguradora a desistir del negocio, pues precisamente la existencia misma de la pregunta en el formulario es significativa de su importancia como insumo para ilustrar su consentimiento, es decir, si contrata o no, o si lo hace bajo ciertas condiciones econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Respecto a los seguros de vida, adem\u00e1s, la Corte se ha pronunciado acerca de la inescindible relaci\u00f3n entre los art\u00edculos 1058 que regula la reticencia y el 1158 del C\u00f3digo de Comercio, conforme al cual \u00ab[a]unque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058 ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u00bb. As\u00ed, en SC2803-2016, acot\u00f3 que \u00absiendo optativa la realizaci\u00f3n de an\u00e1lisis y ex\u00e1menes para verificar el estado de salud del asegurado, quien a su vez est\u00e1 compelido en virtud de la ley a \u00abdeclarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, no puede decirse que lo que calla lo asume irrestrictamente el asegurador\u00bb y m\u00e1s puntualmente, en CSJ SC 6 jul. 2007, rad. 1999-00359-01, <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del estado del riesgo, no ofrece duda que el tomador de un seguro de vida tiene la carga de declararlo sinceramente (fase precontractual), seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, y lo recalca, para que de ello no quede vacilaci\u00f3n alguna, el art\u00edculo 1158 de la misma codificaci\u00f3n, al precisar que, \u201cAunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n de lugar\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es pertinente poner de relieve que esta Sala en SC 26 abr. 2007 exp. 1997-04528, al advertir la distorsi\u00f3n que efectuara el Tribunal de lo expresado por la Corte en fallos anteriores sobre aspectos relacionados con las averiguaciones que pod\u00eda hacer el asegurador en los seguros de vida, precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) no es que en toda hip\u00f3tesis el matiz profesional de la actividad del asegurador desti\u00f1a los efectos de la ausencia de sinceridad del solicitante del seguro y por ende excluya de tajo la nulidad del seguro, como apuradamente lo concluy\u00f3 el tribunal citando en apoyo el sobredicho pasaje del fallo; ni por asomo la Corte ha prohijado una tesis de semejantes alcances, ni all\u00ed ni en fallo de 2 de agosto de 2001, referido tambi\u00e9n por el ad-quem al sostener que pesando en el asegurador un deber de m\u00e1xima diligencia y previsi\u00f3n, ning\u00fan efecto pod\u00eda derivar de los vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad del se\u00f1or Garc\u00eda Ord\u00f3\u00f1ez. <\/p>\n
Como f\u00e1cil se ve, otro es el contenido de esa carga de diligencia impuesta en el asegurador, de la cual, por lo dem\u00e1s, habla la mentada sentencia de 2 de agosto de 2001, donde a prop\u00f3sito de un caso donde disput\u00e1base si la sanci\u00f3n de nulidad hab\u00eda de sobrevenir fatalmente no obstante que el asegurador tuvo elementos a la mano para dudar de la fidelidad de la declaraci\u00f3n de ciencia otorg\u00f3 la cobertura, precis\u00f3 la Corporaci\u00f3n que justamente en tales eventualidades obra ese conocimiento presunto que ataja la ineficacia del contrato, en particular sobre reparar en el jaez profesional que reviste la actividad que tales instituciones desempe\u00f1an en ese \u00e1mbito. <\/p>\n
Lo del cariz profesional inherente a la actividad aseguradora es cosa que no admite discusiones. Mas, el trasunto de todo est\u00e1 en que al ponderar los alcances del concepto \u201cdebido conocer\u201d de que da cuenta la norma, es indispensable comprender que si el asegurador, teniendo a su alcance la posibilidad de hacer las averiguaciones que lo lleven a establecer el genuino estado del riesgo, omite adelantarlas, no obstante que cuenta con elementos que invitan a pensar que existen discrepancias entre la informaci\u00f3n del tomador y la realidad, queda irremisiblemente vinculado a la relaci\u00f3n aseguraticia sin que al efecto pueda invocar la nulidad para enervarla, pues en entredicho su diligencia y el cardinal principio de la prudencia -en \u00faltimas su profesionalismo, es claro que en tales condiciones emerge un conocimiento presunto de \u201clos hechos y circunstancias sobre que versan los vicios de la declaraci\u00f3n\u201d, por lo que la nulidad ya no obra, desde luego, ins\u00edstese, que el enteramiento anterior se yergue como una de las excepciones concebidas por el legislador para que la nulidad no opere fatalmente (Negrita intencional). <\/p>\n
En ese escenario no es claro c\u00f3mo pueda admitirse que tan insigne caracter\u00edstica del contrato de seguro, como lo es el principio de la ub\u00e9rrima buena fe, se desfigure al amparo de dis\u00edmiles argumentos como los que se encuentra en la inestable l\u00ednea jurisprudencial trazada por las salas de revisi\u00f3n del \u00f3rgano de cierre de la justicia constitucional, que propugna por menguar las sanciones previstas en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, unas veces producto de la situaci\u00f3n de \u00abdebilidad manifiesta\u00bb de los quejosos, otras en atenci\u00f3n a la \u00abprofesionalidad\u00bb de la actividad aseguradora y la aparente \u00abposici\u00f3n contractual dominante\u00bb de las compa\u00f1\u00edas que la ejercen, algunas por el incumplimiento de exigencias propias de los \u00abseguros de salud\u00bb o de \u00abmedicina prepagada\u00bb como los ex\u00e1menes de salud previos y, recientemente, por la ausencia de prueba de la \u201crelaci\u00f3n inescindible entre la condici\u00f3n m\u00e9dica preexistente y el siniestro acaecido\u201d (cfr. T-832 de 2010, T-151 de 2012, T-342 de 2013, T-222 de 2014, T-437 de 2014, T-830 de 2014, T-316 de 2015, T-393 de 2015, T-452 de 2015, T-577 de 2015, T-684 de 2015, T-770 de 2015, T-024 de 2016, T-058 de 2016, T-240 de 2016, T-282 de 2016, T-609 de 2016, T-670 de 2016, T-251 de 2017, T-442 de 2018, T-027 de 2019, T-061-2020, entre otras). <\/p>\n
Tan variados planteamientos contradicen, sin la debida motivaci\u00f3n, las precisiones que en su momento hiciera la Sala Plena de esa misma Corporaci\u00f3n en la sentencia C-232 de 1997, al declarar \u00abexequible, en su integridad, el art\u00edculo 1058 del decreto ley 410 de 1971\u00bb, en cuyos apartes m\u00e1s representativos record\u00f3 que \u00abel r\u00e9gimen rescisorio especial para las reticencias e inexactitudes relevantes, surge de bases objetivas, determinadas por la naturaleza de las cosas: la ineludible necesidad de contratar en masa, que constri\u00f1e a la empresa aseguradora, y la correlativa imposibilidad f\u00edsica de inspeccionar todos y cada uno de los riesgos contratados, que explica por qu\u00e9 el asegurador queda supeditado a la honradez del tomador, y por qu\u00e9 \u00e9ste debe asumir, en todo momento, una conducta de m\u00e1xima buena fe\u00bb, destacando, l\u00edneas m\u00e1s adelante, que \u00aben esta materia espec\u00edfica, a diferencia de lo que acontece en otras \u00e1reas de la regulaci\u00f3n del contrato de seguro, en las que prima la defensa de tomadores y asegurados, se busca proteger el inter\u00e9s de la parte aseguradora, teniendo en cuenta que, en lo que se refiere al conocimiento precontractual del riesgo, el asegurador, por su natural ignorancia del mismo, es el contratante que est\u00e1 en la posici\u00f3n d\u00e9bil\u00bb (Negritas ajenas al texto). <\/p>\n
En suma, difiero de la postura seg\u00fan la cual, para que opere la \u00abnulidad relativa del contrato de seguros\u00bb, la aseguradora debe acreditar el \u00abnexo causal entre la enfermedad preexistente y el siniestro\u00bb. <\/p>\n
De esta forma dejo planteadas las razones que me llevan a aclarar mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En SC 11 abr. 2002 exp. 6825, tambi\u00e9n dijo la Corte que \u00abla reticencia no tiene por qu\u00e9 ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13819-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC13819-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03410-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Positiva Compa\u00f1\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}