STC13821-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC13821-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00264-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Estella Hern\u00e1ndez Carriazo, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00abdoble instancia\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Santa Marta, que revoque el auto que orden\u00f3 declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n por cuanto la parte recurrente cumpli\u00f3 con los requisitos de ley de sustentaci\u00f3n en debida forma de la alzada y en consecuencia proceda a fallar de fondo la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Santa Marta se surti\u00f3 el proceso verbal de terminaci\u00f3n de contratos de mutuo con inter\u00e9s, instaurado por la tutelante contra BBVA Seguros de Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A., de cuyo cauce provino sentencia adversa a las pretensiones, en audiencia de 30 de julio de 2020. <\/p>\n
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2. El despacho encartado admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante frente a aquel veredicto, con auto de 1\u00b0 de octubre de 2020; empero, mediante interlocutorio de 1\u00b0 de marzo posterior se declar\u00f3 desierta la r\u00e9plica vertical, dado que \u00abno fue sustentad[a]\u00bb (acorde al decreto 806 de 2020), prove\u00eddo \u00faltimo que, a su turno, qued\u00f3 confirmado en determinaci\u00f3n del 31 de mayo pasado, en sede de reposici\u00f3n. <\/p>\n
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3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, no hab\u00eda lugar a declarar desierta la alzada por ausencia de sustentaci\u00f3n, habida cuenta que con memorial presentado el 31 de julio de 2020, esto es, dentro de los 3 d\u00edas siguientes al fallo de primera instancia, sustent\u00f3 el remedio vertical ante el a quo \u00abde manera escrita y suficiente, contemplando todos los aspectos jur\u00eddicos y probatorios que se cuestionaban a la providencia\u00bb. <\/p>\n
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4. Agreg\u00f3 que el fallador querellado desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales sobre la materia (STC5497-2021), pues al estar el asunto sometido a las disposiciones del Decreto 806 de 2020, la exigencia de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n ante al ad quem resultaba innecesario, habida cuenta de que la misma, se hab\u00eda surtido ante el juzgador de primer grado, por lo que la deserci\u00f3n del recurso configura un exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; destac\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta manifest\u00f3 que los prove\u00eddos criticados no lucen arbitrarios, pues ante la falta de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n en segunda instancia, lo procedente es declarar la deserci\u00f3n de dicho remedio. <\/p>\n
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3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, toda vez que est\u00e1 acorde con el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, pues si bien el referido decreto \u00abvari\u00f3 la forma en que se surten las actuaciones en segunda instancia, reemplazando transitoriamente la oralidad por lo escritural, mantuvo la obligaci\u00f3n de sustentar ante el Ad quem la alzada que se formule, al tratarse de una carga necesaria para resolver la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el fallo de tutela STC5497-2021 no comparte identidad f\u00e1ctica con el caso concreto, pues en ese asunto la recurrente, en el t\u00e9rmino, manifest\u00f3 al fallador de segunda instancia que la sustentaci\u00f3n de la alzada hab\u00eda sido formulada en primera instancia, mientras que, al caso concreto, la promotora, en dicho t\u00e9rmino guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la accionante sustent\u00f3 el medio de rebate vertical en primera instancia,\u2026 \u00e9sta luce insuficiente para el estudio de alzada\u00bb, esto, por cuanto en dicho escrito \u00abse centr\u00f3 exclusivamente en rebatir la configuraci\u00f3n de la declarada nulidad relativa de los contratos de mutuo por reticencia, reproche que si bien era necesario, resulta insuficiente, pues pas\u00f3 por alto la recurrente que de tener \u00e9xito, estaba obligada a sustentar la razones por las que deb\u00eda prosperar las pretensiones de su demanda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que la solicitud de amparo se formul\u00f3 con miras a demostrar que la alzada hab\u00eda sido sustentada ante el a quo, raz\u00f3n por la que no era pertinente declararla desierta, \u00abno si dicho sustento tiene la capacidad de enervar la sentencia cuestionada, porque ese es materia del ad quem en el proceso verbal y no del juez constitucional\u00bb; destac\u00f3 que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n fue sustentado con argumentos tales que se ocupan de los t\u00f3picos discutidos en el proceso, y tienen vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
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2. Por ese trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, en este nivel ha manifestado que <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el fallador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el juzgado de primer rango. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 30 de julio de 2020, en la cual el fallador a-quo dict\u00f3 su sentencia, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el decreto 806 -pues este entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio \u00eddem-, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella norma, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con el decreto referido a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones all\u00ed vertidas, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto expuso que este modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
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326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
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328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del decreto 806 de 2020, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad. <\/p>\n
Precisamente, la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los falladores abstenerse de exigir y cumplir formalidades innecesarias, pues el norte del derecho procesal est\u00e1 en servir de instrumento para lograr la eficacia de las prerrogativas sustanciales. Esto se traduce en que en vigencia de la descrita codificaci\u00f3n adjetiva la segunda instancia deb\u00eda ser oral y, por tanto, se justificaba que la alzada tuviera que sustentarse necesariamente durante la audiencia que para tal efecto se convoca; por el contrario, como el decreto 806 de 2020 fij\u00f3 la escrituralidad del segundo grado, deviene procedente que se tenga como v\u00e1lida la sustentaci\u00f3n que de esa manera se haga ante el juez a-quo. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 1\u00b0 de marzo de 2021 el Juzgado convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusiera la accionante al concluir que \u00abno fue sustentad[a]\u00bb, en segunda instancia, acorde al decreto 806 de 2020; decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de mayo siguiente, en senda de reposici\u00f3n oportunamente interpuesta por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de ese estrado judicial con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que la tutelante sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta de la apelaci\u00f3n de sentencia se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, cumpli\u00f3 la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a el Juzgado accionado impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del decreto 806 de 2020 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita (no oral), como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Ahora, lo anterior conlleva a que el fallador de segunda instancia adopte una decisi\u00f3n de fondo en el asunto fustigado, lo que inhibe al juez de tutela realizar alg\u00fan tipo de calificaci\u00f3n respecto de los argumentos presentados con la sustentaci\u00f3n de la promotora; de ah\u00ed que la apreciaci\u00f3n dada por el a quo constitucional es abiertamente prematura, pues, se itera, es una situaci\u00f3n que le compete a juez de instancia, con ocasi\u00f3n de la apertura del amparo deprecado. <\/p>\n
4. En consecuencia, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, para proteger el debido proceso de Blanca Estella Hern\u00e1ndez Carriazo, se dispondr\u00e1 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta invalide el auto de 31 de mayo de 2021 y las decisiones que de \u00e9l dependan, para que proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la gestora contra el auto del 1\u00b0 de marzo anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n de sentencia, conforme a las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Blanca Estella Hern\u00e1ndez Carriazo. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del litigio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 31 de mayo de 2021, y los que de \u00e9l dependan, en el juicio de verbal impulsado por la accionante contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. (rad. n.\u00b0 47001-40-53-007-2019-00087), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por la primera frente al auto del pasado 1\u00b0 de marzo, atendiendo lo diserto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia. <\/p>\n
Segundo. Conminar al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Santa Marta remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja tutelar al despacho Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, para que se d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC13821-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC13821-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00264-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}