STC13825-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01714-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
En reemplazo de la ponencia derrotada al Magistrado que antecede en turno, se dirime la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de agosto de 2021, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Adelia Morales M\u00e9ndez contra la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Banco Davivienda y los intervinientes e interesados en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2018-01546. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad, el debido proceso, el acceso adecuado a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La gestora, promovi\u00f3 proceso de protecci\u00f3n al consumidor ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto del contrato de seguro \u201cde vida protecci\u00f3n\u201d celebrado entre su esposo Jos\u00e9 Antonio Garc\u00eda Covaleda (Q.E.P.D) y Seguros Bol\u00edvar S.A, requerido por el Banco Davivienda para otorgar el cr\u00e9dito de vivienda solicitado por el causante. Dicho seguro incluy\u00f3 el valor asegurado por la suma de $63\u2019121.3752, siendo que el cr\u00e9dito fue otorgado por un valor inferior -$ 41\u2019132.000-, situaci\u00f3n que no fue explicada a sus tomadores. <\/p>\n
2.2. Jos\u00e9 Antonio Garc\u00eda Covaleda falleci\u00f3 el 11 de junio de 20173, estando vigente la p\u00f3liza. Por lo tanto, la accionante procedi\u00f3 a solicitar el 12 de julio de ese mismo a\u00f1o, al Banco Davivienda que obrando como beneficiaria del seguro presentara reclamaci\u00f3n formal ante la aseguradora por la ocurrencia del siniestro. <\/p>\n
2.3. El 28 de agosto de 20174, Seguros Bol\u00edvar comunic\u00f3 a la entidad financiera su negativa de realizar el pago de la p\u00f3liza, para lo cual invoc\u00f3 la nulidad relativa del contrato por la reticencia del tomador en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad. <\/p>\n
2.4. Ante el desconocimiento de esa respuesta, la actora requiri\u00f3 nuevamente a la entidad financiera para que le informara el resultado del reclamo, a lo que la entidad present\u00f3 nuevamente escrito frente a la aseguradora. Sin embargo, se reiter\u00f3 su negativa el 13 de octubre de 20175. <\/p>\n
2.5. Inconforme, el 16 de abril de 2018, dirigi\u00f3 solicitud de reconsideraci\u00f3n. No obstante, la entidad aseguradora, el 24 de mayo de ese a\u00f1o6, mantuvo su postura de no efectuar el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, present\u00f3 demanda el d\u00eda 13 de julio de 20187 ante la Superintendencia Financiera, en la cual, se le otorg\u00f3 amparo de pobreza y se le nombr\u00f3 un apoderado de oficio. Durante el tr\u00e1mite, la aseguradora present\u00f3 excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n8 de la acci\u00f3n, pues la demandante contaba con un a\u00f1o para presentar el escrito inicial, el cual feneci\u00f3 el 12 de julio de 2018. <\/p>\n
2.7. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, con sentencia del 30 de agosto de 20199, resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u201cPRESCRIPCI\u00d3N Y O CADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N DE PROTECCI\u00d3N AL CONSUMIDOR\u201d. En consecuencia, neg\u00f3 pretensiones. <\/p>\n
2.8. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 22 de julio de 202110, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.9. As\u00ed las cosas, la accionante acudi\u00f3 a esta senda, aseverando que la forma como se maneja el sistema es \u00abperverso y adem\u00e1s perjudica enormemente al ciudadano\u00bb, pues se le impidi\u00f3 conocer de forma oportuna las respuestas de la aseguradora a la entidad financiera sobre su negativa de pagar la p\u00f3liza. Adicionalmente, la informaci\u00f3n recibida por parte de la Superintendencia Financiera fue incompleta, en raz\u00f3n a que s\u00f3lo le indicaron que deb\u00eda iniciar una demanda sin advertirle la proximidad del t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que las autoridades accionadas incurrieron en graves errores con relaci\u00f3n a la clase del seguro tomado, desconocieron la prueba de confesi\u00f3n del representante legal de la aseguradora, de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relativo al t\u00e9rmino inicial para contabilizar la prescripci\u00f3n y no tuvieron en cuenta el tiempo transcurrido hasta que tuvo conocimiento de las objeciones presentadas por la aseguradora a la entidad financiera. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se remita el expediente a la Superintendencia Financiera, para que falle el proceso de \u00abfondo, teniendo en cuenta que la acci\u00f3n no se encuentra prescrita, como err\u00f3neamente lo decidi\u00f3, decisi\u00f3n respaldada, tambi\u00e9n de forma ilegal, por el juzgado demandado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de memorar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia proferida en su instancia contiene un examen de todos los puntos de la apelaci\u00f3n, pues en ella se tuvo en consideraci\u00f3n las normas legales y jurisprudenciales relacionadas con el asunto debatido. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de las partes, por lo que solicit\u00f3 que las pretensiones de la tutela fueran desestimadas. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia, se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, pues en el caso en concreto, no se configur\u00f3 ninguna de las causales de procedibilidad para su procedencia, evidenci\u00e1ndose que lo pretendido por la actora es utilizar este mecanismo como una instancia adicional. Tambi\u00e9n, realiz\u00f3 un recuento de las etapas procesales desarrolladas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que no se afectaron derechos de rango fundamental alegados por la actora, siendo que no existen pruebas de esa situaci\u00f3n. Por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Seguros Bol\u00edvar S.A., a trav\u00e9s de su representante, manifest\u00f3 que \u00ab\u2026ha sido garantista en su proceder, y es claro entonces que los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que motivan la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n son ajenos a la responsabilidad de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
4. El Banco Davivienda S.A., por medio de su apoderada judicial, afirm\u00f3 que ni las autoridades judiciales, ni su representada incurrieron en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados. Tambi\u00e9n, destac\u00f3 que las providencias cuestionadas no adolecen de los defectos imputados. En efecto, \u00ab\u2026lo que claramente se pretende es revivir un debate jur\u00eddico en torno a situaciones ya analizadas por los juzgadores de instancia, sin que pueda darse lugar a utilizar este tr\u00e1mite constitucional y preferente como una instancia adicional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abno lucen veleidosas o caprichosas las razones expuestas en las sentencias aqu\u00ed cuestionadas, de 30 de agosto de 2019 y 22 de julio de 2021, la primera declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u201d, y la segunda que confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el criterio adoptado por los juzgadores de instancia respecto del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y su interrupci\u00f3n, \u00abno contraviene la regla hermen\u00e9utica relativa a darle a las normas un efecto \u00fatil, pues si el nacimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de la aseguradora es la ocurrencia del siniestro, el asegurado, tomador o beneficiario puede reclamar ante la aseguradora en cualquier momento (art. 1077 y siguientes del C. de Co.), para evitar que se cumpla el t\u00e9rmino prescriptivo. Que con la reclamaci\u00f3n que hizo la demandante a la aseguradora, por medio del Banco Davivienda S. A., el 12 de julio de 2017 se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor, luego ten\u00eda hasta el 12 de julio de 2018 para radicar la demanda, pero lo hizo al d\u00eda siguiente.\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dichas posturas no resultan ser caprichosas, ni arbitrarias, en tanto fueron aplicadas las normas relacionadas con el caso concreto y se explicaron las razones de sus decisiones. En consecuencia, la v\u00eda constitucional no es la adecuada para cuestionar la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria de los jueces naturales, s\u00f3lo excepcionalmente en los casos en que se evidencia la arbitrariedad, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo que el juez constitucional no se pronunci\u00f3 sobre el actuar de la Superintendencia Financiera, respecto a la omisi\u00f3n de informar que la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que deb\u00eda adelantar ten\u00eda un t\u00e9rmino de vencimiento, teniendo en cuenta que es una persona de escasos recurso y que no contaba con la asesor\u00eda de un abogado. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que tampoco se refiri\u00f3 a la actitud de la entidad financiera como beneficiaria del monto asegurado, que no hace nada frente a la reclamaci\u00f3n del pago de la p\u00f3liza, siendo que hacen parte del mismo grupo financiero, correspondi\u00e9ndole toda la carga a los tomadores de iniciar la demanda para solicitar dicho pago. Por otra parte, afirm\u00f3 que no es justo que se le aplique una sanci\u00f3n por la supuesta demora de un d\u00eda para presentar la demanda, siendo que con anterioridad hab\u00eda adelantado todas las gestiones tendientes a obtener el pago a favor del Banco, en tanto que \u00abla ley sanciona es la desidia de la persona que reclama, su negligencia, el que no haga nada\u00bb. Por lo expuesto, solicit\u00f3 se revoque la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo estudio, la gestora se duele de la decisi\u00f3n que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y el prove\u00eddo que la confirm\u00f3, dictadas por las autoridades judiciales accionadas el 30 de agosto de 2019 y el 22 de julio de 2021, en consideraci\u00f3n al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n efectuada al plenario, se observa que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, mediante sentencia del 30 de agosto de 2019, resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u201cPRESCRIPCI\u00d3N Y O CADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N DE PROTECCI\u00d3N AL CONSUMIDOR\u201d. En consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. No obstante, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, decidi\u00f3 confirmarla el 22 de julio de 2021. Para ello, consider\u00f3 que la norma aplicable al caso es la prevista en el Estatuto del consumidor y no la del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, tal como se estim\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
Asimismo, con relaci\u00f3n a la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, precis\u00f3 que se produjo con la reclamaci\u00f3n a la aseguradora, en atenci\u00f3n a lo regulado por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. En el punto, agreg\u00f3 que, \u00ab\u2026si bien no ignora la posici\u00f3n adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la sentencia del 26 de septiembre de 201718, que trajo a colaci\u00f3n el apelante, la misma no es compartida y respetuosamente se aparta de tal criterio (\u2026)\u00bb. En efecto, del devenir f\u00e1ctico, encontr\u00f3 que la accionante actu\u00f3 por medio del Banco Davivienda al conminar inicialmente a esa entidad para que obtuviera la indemnizaci\u00f3n por el monto asegurable ante la ocurrencia del siniestro por muerte del tomador, siendo conocida por la aseguradora el 12 de julio de 2017, situaci\u00f3n que no resulta contraria a lo previsto por la norma del Estatuto procesal. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, resalt\u00f3 que fue en esa \u00faltima fecha en la cual se entendi\u00f3 interrumpida por una sola vez el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, que hab\u00eda iniciado en la fecha de terminaci\u00f3n del contrato que coincidi\u00f3 con la del siniestro. Por lo tanto, sostuvo que no pod\u00eda tenerse la solicitud de reconsideraci\u00f3n como el nuevo inicio para contabilizar el lapso de un a\u00f1o previsto en el mentado canon 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, el Juzgado enjuiciado recalc\u00f3 que \u00abla accionante contaba con una nueva anualidad contada a partir del 12 de julio de 2017 para proponer su demanda, oportunidad fenecida el 12 de julio de 2018, d\u00eda que, por dem\u00e1s, fue h\u00e1bil. Empero, present\u00f3 la demanda ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 13 de julio de 2018, es decir, por fuera del t\u00e9rmino legal, a\u00fan a pesar de la interrupci\u00f3n producida por cuenta de la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, para esta Sala, las decisiones cuestionadas no podr\u00edan ser recibidas como irrazonables.11 Ello pues, fueron proferidas por los jueces naturales, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido -t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva e interrupci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero- y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
3.3. Sobre la tem\u00e1tica planteada, la Sala, en un caso similar, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abPostura jur\u00eddica que esta Colegiatura recientemente estim\u00f3 razonable (STC8482-2021, al referirse a las reflexiones exhibidas por la misma Superintendencia para \u00abdeclarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb con fundamento en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) [dicho juzgador] rese\u00f1\u00f3 que, \u00ab(\u2026) al tomar como fecha de partida para contar el t\u00e9rmino prescriptivo la terminaci\u00f3n del contrato de seguro, es decir, el fallecimiento del se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Hurtado Salazar (\u2026) se llega a la inexorable conclusi\u00f3n de que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo que le asist\u00eda a la parte activa para reclamar el pago del amparo por los hechos base de la reclamaci\u00f3n a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, no pod\u00eda superar, en principio, el 23 de diciembre de 2017 (\u2026), momento a partir del cual se cuenta con un (1) a\u00f1o para interponer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Esta circunstancia no se modificar\u00e1 por la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que esta norma prev\u00e9 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino por una sola vez con el requerimiento que hace el acreedor al deudor, para este caso el que hace el demandante a la aseguradora para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, requerimiento que en este asunto se present\u00f3 el d\u00eda 19 de enero de 2018, por lo que contando un a\u00f1o nuevamente desde dicho momento, ten\u00eda el demandante hasta el 19 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explicit\u00f3 que, \u00ab(\u2026) dado que el libelo introductorio fue radicado hasta el 23 de julio de 2020 ante esta Superintendencia, se encuentra que para la citada fecha hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 58 numeral 3\u00ba de la ley 1480 de 2011 por lo que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en lo relacionado con el citado contrato de seguro (\u2026). <\/p>\n
Al pronunciarse sobre los alegatos de la parte accionante, (\u2026) aclar\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro y la prescripci\u00f3n derivada de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, son disposiciones que regulan temas completamente diferentes, una cosa son los derechos derivados del contrato de seguro y otra el t\u00e9rmino en el que se puede interponer una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, la cual no implica simplemente el conocimiento en temas relacionados con seguros, sino que ata\u00f1en cualquier conflicto originado en la relaci\u00f3n contractual entre entidades vigiladas por esta superintendencia, como lo son entre otras, las entidades financieras, no solamente las aseguradoras y los consumidores. Es por ello que, no se presenta el fen\u00f3meno indicado en los alegatos denominado antinomia, ya que no hay contradicci\u00f3n entre el art\u00edculo 58 de la ley 1480 y el art\u00edculo 1081 que regula la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro, establecida en el C\u00f3digo de Comercio, ya que establecen t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n en materias diferentes (\u2026) que en ninguna forma son contradictorios porque no regulan el mismo asunto\u00bb (Resalta la Sala).\u00bb (ver recientemente en CSJ STC9016-2021). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. De manera que, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-22-03-000-2021-01714-01 <\/p>\n
En mi criterio, el amparo solicitado por Rosa Delia Morales M\u00e9ndez debi\u00f3 concederse, comoquiera que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n llamado a regir su caso no era el consagrado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, sino el establecido en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, que contempla <\/p>\n
La prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podr\u00e1 ser ordinaria o extraordinaria. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n ordinaria ser\u00e1 de dos a\u00f1os y empezar\u00e1 a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n extraordinaria ser\u00e1 de cinco a\u00f1os, correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. <\/p>\n
Estos t\u00e9rminos no pueden ser modificados por las partes. <\/p>\n
En efecto, como lo he destacado en asuntos que guardan simetr\u00eda con este, no es razonable sostener que, en un proceso de protecci\u00f3n al consumidor, en el que se ventilen controversias derivadas de un contrato de seguro, se debe acudir al t\u00e9rmino de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb consagrado en la Ley 1480 de 2011, en lugar del especial, contemplado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio. Y, no lo es porque justamente lo contrario precept\u00faa el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
De un lado, basta remitirse al objeto de la Ley 1480 de 2011 para que se haga evidente que dicha normativa no tiene aplicabilidad en asuntos para los cuales el legislador asign\u00f3 un tratamiento espec\u00edfico, puesto que <\/p>\n
[l]as normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. (Art\u00edculo 2\u00ba. Resaltado propio). <\/p>\n
De modo que si el canon 1081 del C\u00f3digo de Comercio consagra un t\u00e9rmino especial de prescripci\u00f3n \u00abde las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen\u00bb, pierde valor el lapso de un (1) a\u00f1o que sobre esa figura contempl\u00f3 el art\u00edculo 58 numeral 3\u00ba del estatuto de protecci\u00f3n del consumidor para las \u00abcontroversias netamente contractuales\u00bb, al ser esta una regla general y aquella una especial. <\/p>\n
De otro lado, no puede desconocerse que, a voces del art\u00edculo 57 de la ley 1480 de 2011, \u00ab[e]n aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podr\u00e1n a su elecci\u00f3n someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente art\u00edculo para que sean fallados en derecho, con car\u00e1cter definitivo y con las facultades propias de un juez\u00bb (Negrillas de ahora). <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dej\u00f3 consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-7, 11EscritoDeTutela.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, 05AnexoEscritoDeTutela.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 12, 01Cuaderno1.pdf, de la subcarpeta 11001080000820180154601 PConsumidor\/ C01Principal de OneDrive <\/p>\n
4\u0002 Folio 10-11, Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1, 06AnexoEscritoDeTutela.pdf <\/p>\n
6\u0002 Folios 7-9, Ibidem <\/p>\n
7\u0002 Folios 1- 6, Ibidem <\/p>\n
8\u0002 Folios 88-110. Ibidem <\/p>\n
9\u0002 Archivo de audio, 10AudienciaSentencia20190830.mp3 de la subcarpeta Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1-28, 11FalloSegundaInstancia.pdf de la subcarpeta 11001080000820180154601 PConsumidor\/ C02SegundaInstancia de OneDrive <\/p>\n
11\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC13825-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01714-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). En reemplazo de la ponencia derrotada al Magistrado que antecede en turno, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58525","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58525\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}