STC13833-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13833-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Ricardo Jos\u00e9 C\u00e1ceres contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 59857. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica y libertad personal, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 13 de abril de 2021, se formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos al se\u00f1or C\u00e1ceres Mileo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Nemoc\u00f3n, Cundinamarca, en calidad de autor de los delitos de \u00abactos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo (\u2026) En raz\u00f3n de los hechos ocurridos el mes de agosto de 2020, en una finca del municipio de Nemoc\u00f3n, Cundinamarca y un apartamento de la Ciudad de Bogot\u00e1 D.C., en perjuicio de la menor A.C.C.\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 7 de julio de 2021, el Juzgado 29 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, instal\u00f3 audiencia para conocer la solicitud de revocatoria o suspensi\u00f3n de la medida de aseguramiento impuesta al se\u00f1or Ricardo Jos\u00e9 C\u00e1ceres. Diligencia que no cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del procesado, en la medida que, estando privado de la libertad en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Brice\u00f1o, renunci\u00f3 a su derecho a estar presente por la mala conexi\u00f3n a internet de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda. <\/p>\n
2.3. El defensor de la v\u00edctima y el ente acusador cuestionaron la competencia del juzgado, solicitud a la cual se opuso el apoderado del procesado, raz\u00f3n por la cual se dispuso la remisi\u00f3n del asunto a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, para definir la competencia. <\/p>\n
2.4. La Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 el conflicto de competencia al declarar que el conocimiento del asunto correspond\u00eda al Juzgado Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Nemoc\u00f3n y, por tanto, orden\u00f3 remitir a \u00e9ste las diligencias. <\/p>\n
2.5. A juicio del accionante, la decisi\u00f3n cuestionada \u00abdifiere de la que establece el ordenamiento jur\u00eddico de manera clara, expresa e inequ\u00edvoca, en contrav\u00eda del principio de legalidad. Adem\u00e1s, al haberse ignorado las normas legales que establecen la competencia territorial de los jueces de control de garant\u00edas, se vulner\u00f3 el principio de juez natural, en conexidad con los principios de independencia e imparcialidad en la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que cuestiona el prove\u00eddo \u00abpor la inobservancia de la Constituci\u00f3n, de la ley y de los procedentes judiciales, por la carencia de motivaci\u00f3n, y por un error f\u00e1ctico que el delegado de la Fiscal\u00eda y el apoderado de la presunta v\u00edctima indujeron en la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Evidenci\u00f3 c\u00f3mo \u00abaunque los dos operadores de justicia implicados en la impugnaci\u00f3n coinciden en que la atribuci\u00f3n legal para conocer de mi solicitud era el juez municipal de Bogot\u00e1, y que una determinaci\u00f3n en sentido contrario implica un desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, en conexidad con el derecho de acceso al sistema judicial y el derecho a la libertad personal, la Corte Suprema de Justicia opt\u00f3 por atribuir el conocimiento del asunto al juez de Nemoc\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, con tal determinaci\u00f3n, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viol\u00f3 de manera directa la Constituci\u00f3n pues \u00absustrajo al juez municipal de Bogot\u00e1 del conocimiento de la solicitud de revocatoria o de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento que me fue impuesta, sobre una base totalmente artificiosa, de orden procesal y contingente, como es el lugar donde se formul\u00f3 la imputaci\u00f3n. Es decir, la asignaci\u00f3n de la competencia del juez de control de garant\u00edas penales no se estableci\u00f3 conforme a las claras e inequ\u00edvocas directrices del art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004, sino conforme a presuntas reglas de origen jurisprudencial que, a su turno, no guardan correspondencia con la referida pauta legal\u00bb. <\/p>\n
A su turno, adujo que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo pues inaplic\u00f3 la disposici\u00f3n legal llamada a resolver la impugnaci\u00f3n de la competencia. En tal sentido, se\u00f1al\u00f3 que, si bien el precepto legal aplicable era el art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004, en su lugar el juez introdujo \u00abla regla de que el juez de control de garant\u00edas debe tener jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se formul\u00f3 la imputaci\u00f3n, cuando de manera clara, expresa e inequ\u00edvoca el mandato legal permite acudir a cualquier juez municipal\u00bb. Por dem\u00e1s, critic\u00f3 que la asignaci\u00f3n de la competencia se hubiese establecido \u00aba partir de criterios formalistas y no sustantivos, que se apartan de los fines del proceso penal, y, en particular, de la funci\u00f3n de los jueces de control de garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
A su turno, asever\u00f3 que la Sala Penal omiti\u00f3 aportar las bases de su decisi\u00f3n judicial, con lo que incurri\u00f3 en carencia de motivaci\u00f3n. En efecto, \u00abExistiendo una regla legal clara, expresa e inequ\u00edvoca que habilita a todos los jueces municipales para asumir el rol de control de garant\u00edas penales, correspond\u00eda a la Corte Suprema de Justicia precisar las razones por las que, a su juicio, el Juzgado 29 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, no se encontraba facultado para asumir dicha funci\u00f3n, pese a que en la capital de la ciudad se cometi\u00f3 uno de los dos delitos que me fueron imputados, se han venido acopiando las pruebas, y residen la v\u00edctima y la mayor parte de los testigos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidieron que se ordene a la Hom\u00f3loga Penal dejar sin efectos el prove\u00eddo dictado y, en su lugar, \u00abresuelva de nuevo la impugnaci\u00f3n de la competencia planteada por la delegada de la Fiscal\u00eda y por el apoderado de la presunta v\u00edctima, de acuerdo con las previsiones del art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004, tal como ha sido entendida por la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Presidente de la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abel prop\u00f3sito del libelista no es otro que revivir la discusi\u00f3n que se dio al interior del incidente, desde su particular postura, esto es que, al haberse cometido una de las dos conductas delictivas atribuidas por el ente fiscal al procesado en la capital del pa\u00eds, un juzgado con sede en Bogot\u00e1 deb\u00eda desatar su solicitud\u00bb. <\/p>\n
Evidenci\u00f3 que la motivaci\u00f3n defendida por el accionante no se halla trascendente \u00absi en cuenta se tiene que no s\u00f3lo la audiencia fue evacuada virtualmente, pero, adem\u00e1s, el lugar de reclusi\u00f3n del procesado, seg\u00fan se revel\u00f3, tampoco estaba en la capital del pa\u00eds, pues estaba recluido en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Brice\u00f1o, en espera de su traslado al establecimiento carcelario de Zipaquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada obedeci\u00f3 al estudio \u00abde las circunstancias exteriorizadas por las partes en la diligencia, los elementos que acompa\u00f1aron el expediente digital remitido a esta Corporaci\u00f3n, y la aplicaci\u00f3n de las normas y pautas jurisprudenciales pertinentes, acorde con la l\u00ednea trazada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para la resoluci\u00f3n de asuntos similares, precisamente, como se explica en el contenido de la providencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Nemoc\u00f3n sostuvo que \u00abla competencia debe ser asumida como en un principio se hizo para la audiencia en cuesti\u00f3n, por mi hom\u00f3logo de la ciudad capital, quien de acuerdo a las reglas de competencia, y espec\u00edficamente el muy nombrado art\u00edculo 39 de la ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 48 de la ley 1453 de 2011, donde se establece que la funci\u00f3n de control de garant\u00edas ser\u00e1 ejercida por cualquier juez penal municipal, que siendo as\u00ed tambi\u00e9n resulta competente, en tanto que, en dicho lugar igualmente tuvo lugar una de las conductas endilgadas como constitutivas del delito imputado y que materia del proceso, trat\u00e1ndose por ello de un concurso de delitos\u00bb. <\/p>\n
A su juicio, s\u00ed existe la ausencia de motivaci\u00f3n y el desconocimiento del precedente alegado, comoquiera que, contrario a lo sostenido por esta Corte, \u00abs\u00ed existen circunstancias excepcionales y son aquellas que se mencionan en el libelo tutelar y que se dan a conocer notoriamente por la parte actora, que impiden un desarrollo normal de las actuaciones procesales, as\u00ed como ya se mencion\u00f3 dificultan o imposibilitan el ejercicio mismo de las garant\u00edas fundamentales que rodean o enmarcan el debido proceso, situaciones que conllevan no solo lo anterior sino el viso para conjurar una indebida administraci\u00f3n de justicia contraria a la realizaci\u00f3n de la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con el prove\u00eddo cuestionado, la Sala Penal desconoci\u00f3 sus propias disposiciones \u00abpues, no es menos cierto que la cercan\u00eda al lugar donde se encuentran las pruebas as\u00ed como la facilidad del acceso del mismo procesado a las audiencias y al proceso, optimizan y efectivizan el ejercicio de la recta, oportuna y eficaz administraci\u00f3n de justicia, pues, lo que se ver\u00e1 en caso tal de no aplicar estos postulados, es la dilaci\u00f3n de un proceso que como muchos otros termina con el vencimiento de los t\u00e9rminos gener\u00e1ndose la desconfianza e irrespeto por parte de la sociedad en la instituci\u00f3n que representamos, ya muy arraigada y generalizada\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 3 Seccional CAIVAS juicios Zipaquir\u00e1, tomando en consideraci\u00f3n precedentes el m\u00e1ximo \u00f3rgano de decisi\u00f3n en lo Penal, consider\u00f3 que \u00abla Sala tiene decantado que cuando se ha presentado escrito de acusaci\u00f3n, el juez de garant\u00edas debe ser el del lugar donde qued\u00f3 radicado el juzgamiento, teniendo en cuenta que la competencia para conocer del asunto ya ha sido determinada, pero esta regla no es absoluta, en tanto es posible variarla excepcionalmente por motivos razonables que justifiquen la asignaci\u00f3n de competencia a un juez de garant\u00edas con jurisdicci\u00f3n diferente a la sede del proceso penal, ante situaciones extraordinarias o de urgencia\u00bb. Por tanto, inst\u00f3 a que se niegue la protecci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. El apoderado de \u00c1ngela Marian Castro Ruiz asever\u00f3 que abog\u00f3 por la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la \u00abINEXISTENCIA DE VULNERACI\u00d3N DEL DERECHO FUNDAMENTAL ALEGADO POR EL ACCIONANTE y no se interpuso para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; y por no cumplirse todas Las circunstancias gen\u00e9ricas para su procedencia ni las especiales para su procedencia\u00bb. <\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 21 de julio de 2021, con el cual declar\u00f3 que la competencia para llevar a cabo la audiencia revocatoria o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento correspond\u00eda al Juzgado Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Nemoc\u00f3n. Ello pues, a su juicio, el Tribunal incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, falta de motivaci\u00f3n, defecto sustantivo y por error inducido, que ameritan la concesi\u00f3n de la salvaguarda implorada. <\/p>\n
2. Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver el conflicto, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente asignar la competencia al juzgador de Nemoc\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, trajo de presente el art\u00edculo 39 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, del cual extrajo que \u00aben principio, estableci\u00f3 una competencia nacional para los jueces de control de garant\u00edas, de forma que cualquiera de ellos est\u00e1 facultado para ejercer dichas funciones, independientemente del lugar donde ocurran los hechos\u00bb. No obstante, hizo referencia a que, en los autos CSJ AP, 26 oct. 2011, rad. 37674 y CSJ AP, 29 ene. 2014, rad. 43.046, AP 648-2018, Rad. 52105, AP061-2019, Rad. 54408 y AP224-2019, Rad 54493, se puntualiz\u00f3 que \u00ablas partes al momento de seleccionar el Juez con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas que deba conocer determinado asunto conforme con la atribuci\u00f3n de funciones rese\u00f1adas en la Ley 906 de 2004, deben optar por aqu\u00e9l que tenga competencia sobre el lugar de ocurrencia de los hechos, pues, salvo casos excepcionales que deber\u00e1n explicarse en la respectiva audiencia, podr\u00e1n acudir, dependiendo del tipo de solicitud, por ejemplo, al del lugar donde el implicado se halle privado de su libertad o se encuentren los elementos materiales probatorios pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese orden de ideas, frente al caso en concreto observ\u00f3, en principio, que \u00abla conducta que se le atribute a Ricardo Jos\u00e9 C\u00e1ceres, esto es, actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os, est\u00e1 dada bajo la figura de un concurso homog\u00e9neo, en la medida que, se reprueban dos sucesos. Uno, cometido en el municipio de Nemoc\u00f3n en la finca \u201cEl Porf\u00edn\u201d y, otro, en Bogot\u00e1, en el apartamento del implicado\u00bb. En raz\u00f3n a ello, encontr\u00f3 necesario acudir al art\u00edculo 52 de la Ley 906 de 2004 \u00abque refiere la competencia para conocer de delitos conexos, seg\u00fan la cual, en principio, le corresponde al juez de mayor jerarqu\u00eda, pero si los funcionarios enfrentados son del mismo nivel el factor determinante ser\u00e1 el territorial, de forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: i) donde se haya cometido el delito m\u00e1s grave, ii) donde se haya realizado el mayor n\u00famero de delitos, iii) donde se haya producido la primera captura o iv) donde se haya formulado la primera imputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y si bien tales reglas aluden a la etapa de juzgamiento, \u00abnada impide que sean aplicables para establecer la competencia del juez de control de garant\u00edas, cuando se trate de delitos conexos y siempre que no se configure alguna de las situaciones excepcionales anteriormente mencionadas -a manera de ejemplo, que el procesado est\u00e9 privado de la libertad en lugar distinto al de la ocurrencia del hecho delictivo-, porque, ha de recordarse, el factor territorial es, por regla general, prevalente en punto de definir la competencia en sede de control de garant\u00edas (CSJ AP5413-2017 reiterada en CSJ AP2287 \u2013 2019)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, dada la ausencia de verificaci\u00f3n de una circunstancia excepcional que aplique la selecci\u00f3n de un juez diferente al que corresponder\u00eda de comprobarse alguno de tales supuestos, dado que \u00ab(i) el lugar de privaci\u00f3n de la libertad del imputado no se ofrece trascendente en la medida que renunci\u00f3 a asistir a la diligencia, (ii) el domicilio de la menor agredida, no tiene el alcance que sugiere la defensa en esta oportunidad, ya que no se avizora como una raz\u00f3n \u00abde urgencia en la escogencia del municipio donde se solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n del juez de control de garant\u00edas\u00bb que reclame celeridad y prioridad al asunto1 y, (iii) es equivocada la cita CSJ AP4869-2017, en el presente contexto, al remitirse al criterio que ha sostenido la Sala frente al lugar de la ocurrencia del delito de inasistencia alimentaria; la Sala debe remitirse al orden explicado en el art\u00edculo 52 citado\u00bb. <\/p>\n
Dado lo expuesto y en tanto que no hay diferencia en punto de la gravedad de las dos conductas punibles \u00abla competencia para conocer de la audiencia preliminar postulada por la defensa se debe radicar en el lugar donde se formul\u00f3 imputaci\u00f3n, esto es, en el municipio de Nemoc\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una minuciosa valoraci\u00f3n razonable de la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n
4. Por el contrario, la queja presentada por la accionante se circunscribe \u00fanicamente a mostrar un disentimiento frente a la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por el colegiado accionado- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ AP1428-2021, Rad. 59333 <\/p>\n
<\/p>\n
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