STC13885-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13885-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03680-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00d3scar Olmedo Zorro P\u00e1ez contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad y vivienda digna, presuntamente conculcados por la Corporaci\u00f3n acusada, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n seguido respecto de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama, en la ejecuci\u00f3n iniciada por Agro Help S.A.S. contra Camiones de los Andes S.A.S., Ronald Yesid Zorro P\u00e1ez y Luis Zorro, radicado bajo el No. 2020-00012-00. <\/p>\n
Aunque el censor no formula petici\u00f3n concreta, de sus manifestaciones se extrae que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo es la revocatoria de las decisiones controvertidas. <\/p>\n
2. Para sustentar su reclamo, aduce que dentro del compulsivo mencionado fue embargada, y luego rematada su \u00abcasa de sucesi\u00f3n\u00bb, y aunque concurri\u00f3 al asunto para probar que \u00e9l era el propietario, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama no se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
Advierte que por lo anterior, y alegando la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, formul\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n objeto de este auxilio; no obstante, la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo lo inadmiti\u00f3 en prove\u00eddo de 12 de agosto de 2020 por caducidad, relegando que \u00e9l \u00abjam\u00e1s\u00bb tuvo conocimiento del decurso coercitivo; adem\u00e1s, expone que si bien la almoneda se inscribi\u00f3 en el 2017, de la norma citada se colige que contaba con \u00ab5 a\u00f1os m\u00e1ximo [para incoar la demanda] (\u2026) pero de manera irregular el magistrado G\u00f3mez \u00c1ngel [le] dice que son solo 2 a\u00f1os (\u2026), eso es ilegal a [su] parecer (\u2026) y avala los errores judiciales cometidos por el juzgado\u00bb a cargo del juicio ejecutivo. <\/p>\n
Sostiene que si bien el doctor Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel, magistrado del Tribunal querellado, se encontraba impedido para conocer del caso, dado que hab\u00eda sido \u00abdenunciado penalmente por [su] familia y por [\u00e9l]\u00bb ante las irregularidades encontradas en el ejecutivo mencionado, fue quien defini\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n; as\u00ed mismo, la actividad del Juez Cuarto Civil Municipal de Duitama, pues, \u00e9ste \u00abacept[\u00f3] que se cometieron irregularidades, errores judiciales en la asignaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n y uso del comisorio 03 que fue el que inicio el proceso ejecutivo (\u2026) con lo cual se realiz\u00f3 un debido proceso ilegal\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade que inco\u00f3 s\u00faplica contra el pronunciamiento de 12 de agosto de 2020, con lo cual agot\u00f3 los instrumentos de defensa a su alcance, debiendo abrirse paso este auxilio al no contar con m\u00e1s herramientas defensivas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 7 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel advirti\u00f3 que el tutelante ha interpuesto \u00abinnumerables acciones de tutela con iguales pretensiones y hechos\u00bb, por lo cual la actual no debe prosperar. Resalt\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n criticado, se rechaz\u00f3 la demanda impetrada por el tutelante, por cuanto \u00abel recurso (\u2026) fue promovido por fuera del t\u00e9rmino legal que establece el inciso 2 del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, dos (2) a\u00f1os luego de inscrita la sentencia que remat\u00f3 el predio que hab\u00eda sido embargado, secuestrado y avaluado, en el registro p\u00fablico, la que se hab\u00eda realizado el 13 de agosto de 2017 y, s\u00f3lo hasta el 31 de enero de 2020, el interesado solicit\u00f3 la revisi\u00f3n, motivo por el cual, el recurso no pod\u00eda admitirse ni tramitarse por expresa prohibici\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama relat\u00f3 los antecedentes del litigio ejecutivo referido por el tutelante, se\u00f1alando que, tras la subasta del bien all\u00ed cautelado, se procedi\u00f3 a su entrega el 12 de octubre de 2018. Anot\u00f3 que el petente ha incoado m\u00faltiples salvaguardas con similar objeto, no obstante sus actuaciones han estado revestidas de legalidad y no ha quebrantado los derechos de los involucrados en el asunto a su cargo. As\u00ed, frente a las afirmaciones del accionante, relativas \u00aba que le hurtaron su derecho a la sucesi\u00f3n (\u2026) [explic\u00f3 que], a la fecha de realizar la diligencia de remate, tal y como obra en el plenario, no obraba en el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 095-44100, inscripci\u00f3n alguna respecto a dicho tr\u00e1mite; igualmente, aportada la certificaci\u00f3n de la existencia del proceso de sucesi\u00f3n 2015-012 no se hace referencia, en la misma, del inmueble precitado circunstancia que no aporta claridad a la finalidad de dicha certificaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el proceso que se adelant\u00f3 en este Juzgado inicio el dos (2) de octubre de dos mil trece (2013) y el proceso de sucesi\u00f3n invocado el cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015), dentro del cual debi\u00f3 advertirse, de la simple lectura del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria, la existencia de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso, el tutelante cuestiona (i) el prove\u00eddo de 12 de agosto de 2020, mediante el cual el Tribunal enjuiciado inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n impetrada por el censor contra la sentencia de 15 de junio de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama, dentro del compulsivo iniciado por Agro Help S.A.S. contra Camiones de los Andes S.A.S., Ronald Yesid Zorro P\u00e1ez y Luis Zorro, pues, seg\u00fan expone, se interpret\u00f3 de manera equivocada el lapso contemplado en el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso para interponer tal remedio extraordinario; (ii) la imparcialidad del magistrado ponente de la decisi\u00f3n discutida, dado que sostiene que debi\u00f3 declararse impedido por las denuncias penales otrora entabladas por \u00e9l y su familia; y, (iii) la actividad del juzgador a cargo del decurso coercitivo antes rese\u00f1ado. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se evidencia el fracaso del primer reparo porque la determinaci\u00f3n dictada por la Corporaci\u00f3n acusada data del 12 de agosto de 2020 y cobr\u00f3 ejecutoria sin haber sido recurrida en tiempo, pues el remedio de s\u00faplica interpuesto por el querellante, en dos ocasiones -8 de septiembre de 2020 y 29 de abril de 2021-, fue rechazado por extempor\u00e1neo; sin embargo, s\u00f3lo se acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n hasta el 6 de octubre del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y un (1) mes desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s motivos de queja tampoco se abren paso al desconocer el presupuesto de subsidiariedad, pues el tutelante en un acto constitutivo de incuria, desaprovech\u00f3 las herramientas de defensa a su alcance para ventilar las cuestiones aducidas por esta v\u00eda residual, toda vez que, en cuanto a la supuesta falta de imparcialidad del magistrado ponente de la decisi\u00f3n discutida, omiti\u00f3 alegar la causal que, en su sentir, se presentaba e impulsar el tr\u00e1mite contenido en los art\u00edculos 142 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso; y, en lo atinente a la gesti\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama, al incoar, como se vio, tard\u00edamente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, perdi\u00f3 la oportunidad de que el fallador natural estudiara los presuntos defectos cometidos en el tr\u00e1mite ejecutivo referenciado; por tanto, como lo expuso la Sala en un asunto similar, \u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
5. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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