STC13886-2021<\/p>\n
Rad. No. 11001-02-03-000-2021-03702-00 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13886-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03702-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Zenaida Osorio Orozco frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para \u00abdejar sin ning\u00fan valor ni efecto la sentencia de segunda instancia de 9 de septiembre de 2021\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abse disponga a resolver conforme a Derecho\u00bb en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce que pese a que solo hasta el 26 de junio de 2015 se declar\u00f3 judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial con su excompa\u00f1ero permanente, entre el 20 de septiembre de 2007 y el 10 de marzo de 2012, es decir, asegura, para cuando enajen\u00f3 el predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-2008-4433, esto es, el 23 de enero de 2013, por lo que el mismo era de libre disposici\u00f3n, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Catorce de Familia de la misma ciudad, y declar\u00f3 la sustracci\u00f3n dolosa del mentado bien. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la citada determinaci\u00f3n, no solo se \u00abpresumi\u00f3, sin prueba, [su] la mala fe o dolo\u00bb, sino que se desconoci\u00f3 que el demandante s\u00ed tuvo conocimiento de la venta, seg\u00fan se desprende del acta de mediaci\u00f3n familiar suscrita el 5 de julio 2012, en donde \u00abse comprometi\u00f3 a reconocer al se\u00f1or Rodr\u00edguez Mora, el cincuenta por ciento (50%) del inmueble\u00bb no por la existencia de la uni\u00f3n marital, \u00absino como un acto mercantil entre las partes\u00bb, m\u00e1s aun cuando el dinero producto del citado negocio se relacion\u00f3 en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, seg\u00fan se desprende de la audiencia de objeciones del 26 de febrero de los corrientes, circunstancias todas que, dice, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 8 de octubre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Ruth Celina Rodr\u00edguez Erazo, quien adujo actuar en representaci\u00f3n del se\u00f1or Omar Francisco Rodr\u00edguez Mora, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala de Familia, para dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de primer grado, y entonces, acoger lo reclamado al interior del asunto antes individualizado, luego de citar senda jurisprudencia y la normatividad que regula la tem\u00e1tica relacionada con el ocultamiento de bienes, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abtenemos que los extremos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho fueron se\u00f1alados por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia del 26 de junio de 2015, desde el 20 de septiembre de 2007, hasta el 10 de marzo de 2012, por lo tanto, para el 23 de enero de 2013 (fecha de la venta del bien (\u2026)), la sociedad patrimonial, se encontraba en estado de indivisi\u00f3n, y ya no se ten\u00eda la libre administraci\u00f3n, que termin\u00f3 desde el momento de terminaci\u00f3n de la sociedad patrimonial se\u00f1alado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (art. 8 ley 54 de 1990). <\/p>\n
Entonces, la demandada para el 23 de enero de 2013, hab\u00eda perdido la libre administraci\u00f3n de los bienes, quedando con esta circunstancia probado el proceder doloso de la misma, pues, a sabiendas de la existencia de la convivencia que tuvo con el demandante, al punto que la demanda de uni\u00f3n marital de hecho se present\u00f3 el mismo d\u00eda que se vendi\u00f3 el bien, por lo tanto, estaban en discusi\u00f3n las fechas de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial, a pesar de esto, enajen\u00f3 el bien (\u2026), que correspond\u00eda realmente al acervo partible, y adem\u00e1s sin informar a su compa\u00f1ero permanente sobre dicha transacci\u00f3n, por lo tanto, la sanci\u00f3n en menci\u00f3n es aplicable al caso, pues la enajenaci\u00f3n se dio entre la entre la disoluci\u00f3n de la sociedad y el momento de la liquidaci\u00f3n y partici\u00f3n; es decir, durante la indivisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la disposici\u00f3n de los bienes en vigencia de la sociedad patrimonial, (\u2026) la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia calendada el d\u00eda 19 de diciembre de 2012 [indic\u00f3] \u201cSea lo primero dejar sentado que los compa\u00f1eros, mientras est\u00e9 vigente la sociedad patrimonial, tienen plena autonom\u00eda en la administraci\u00f3n de los bienes sociales que aparecen en su cabeza; no obstante, una vez disuelta aquella, en realidad, los bienes sociales pasan a hacer parte de la masa de gananciales, esto es, que la sociedad il\u00edquida es la verdadera titular de los derechos sobre todos y cada uno de los bienes que la componen y su administraci\u00f3n se rige por las reglas del cuasicontrato de comunidad (arts. 2322 y ss del C.C. y 16 y ss de la ley 95 de 1890), de modo que la enajenaci\u00f3n de cualquiera de los efectos pertenecientes a la comunidad, por parte de uno de los comuneros, sin el consentimiento del otro u otros, es venta de cosa ajena, la cual si bien es cierto es v\u00e1lida, ello se predica sin perjuicio del verdadero due\u00f1o (art. 1871 C.C.)\u2026\u201d <\/p>\n
De acuerdo a los confines temporales declarados en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho, y comoquiera que el predio (\u2026) se adquiri\u00f3 en su vigencia, este pertenece a la masa social, cuyo valor ascend\u00eda a la suma de $25.000.000, seg\u00fan venta realizada a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No 0126 del 23 de enero de 2013. <\/p>\n
Por tanto, se ha de declarar que do\u00f1a Mar\u00eda Zenaida Osorio Arango, pierde su porci\u00f3n en el referido activ\u00f3, esto es, el 50% por haber distra\u00eddo dolosamente al bien inmueble antes descrito y en este orden de ideas debe restituir doblado al valor de su cuota de la sociedad patrimonial conformada por la demandada con Omar Francisco Rodr\u00edguez Mora\u00bb. <\/p>\n
4. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria. <\/p>\n
5. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, el Tribunal de Bogot\u00e1 en la decisi\u00f3n criticada, expuso con suficiencia los argumentos que lo llevaron a concluir que hab\u00eda lugar a declarar el ocultamiento de bienes, comoquiera que no solo la declaratoria judicial de la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes trae de suyo efectos retroactivos precisamente con car\u00e1cter patrimonial, raz\u00f3n por la cual, si el inmueble que se adquiri\u00f3 en vigencia del citado r\u00e9gimen, conforme se advierte del proceso, no solo se enajen\u00f3 cuando \u00e9ste ces\u00f3 o estaba en estado de disoluci\u00f3n, sino que el demandante careci\u00f3 de conocimiento del negocio jur\u00eddico celebrado en el 2013, a\u00f1o en que precisamente se debat\u00eda entre los consortes la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, inexorablemente conflu\u00edan los supuestos del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, advi\u00e9rtase que la prueba relacionada con el acta de mediaci\u00f3n familiar mencionada por la actora, no tiene la suficiencia necesaria para derruir los argumentos precitados, pues si bien en ese documento se dice que el demandante manifest\u00f3 que \u00abespera que se venda [la casa] para que se le d\u00e9 el 50% que es lo que le corresponde\u00bb, lo cierto es que, de manera alguna da cuenta precisamente del negocio de compraventa o que hubiese recibido recurso alguno, al punto que fue hasta el a\u00f1o 2018 que aqu\u00e9l promovi\u00f3 el proceso objeto de estudio en esta oportunidad. <\/p>\n
6. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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