STC13895-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13895-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03710-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Especial de Primera Instancia de esa Corporaci\u00f3n, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la presunci\u00f3n de inocencia, al \u00abjuez natural\u00bb, a la identidad cultural y a la privacidad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia condenatoria emitida en el marco del proceso penal en que result\u00f3 sentenciado como autor de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, y, determinador del delito de corrupci\u00f3n al sufragante, con radicado No. 54384. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia del 7 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que dentro del referido juicio, tramitado en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corporaci\u00f3n accionada, le fueron negadas varias pruebas que demostraban su inocencia, se desconocieron los principios de inmediaci\u00f3n probatoria y de congruencia entre la acusaci\u00f3n y el fallo, se presumi\u00f3 su culpabilidad, se pas\u00f3 por alto su calidad de ind\u00edgena y fue objeto de interceptaciones ilegales, as\u00ed mismo, al resolverse la segunda instancia, se incurri\u00f3 en los defectos sustancial, f\u00e1ctico y procedimental absoluto, y se violaron de manera directa varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. <\/p>\n
Explica que fue objeto de persecuci\u00f3n pol\u00edtica, porque luego de que fue elegido Gobernador del Departamento de la Guajira, la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le inici\u00f3 una investigaci\u00f3n por presuntos delitos que cometi\u00f3 durante la contienda electoral y se inici\u00f3 una campa\u00f1a para estigmatizar al departamento como el m\u00e1s corrupto del pa\u00eds, dentro de la cual se busc\u00f3 la intervenci\u00f3n administrativa del ente territorial y \u00abenlodar\u00bb a todos sus exgobernadores, todo ello en el contexto de la crisis humanitaria del pueblo wayuu, de otro lado, asevera, posee varios problemas de salud que se han agravado con la situaci\u00f3n antes descrita y es miembro del clan Girn\u00fa de la Comunidad Ind\u00edgena Way\u00fau de Mauripao, localizada en el municipio de Uribia. <\/p>\n
Sostiene que el juicio penal en su contra inici\u00f3 por informaci\u00f3n suministrada por fuentes de dudosa procedencia, y despu\u00e9s se le realizaron unas interceptaciones telef\u00f3nicas, que fueron avaladas por un juez de garant\u00edas pese a que ten\u00eda calidad de aforado por ya haberse posesionado como gobernador, adem\u00e1s se recibieron declaraciones de personas a las que no les constaban directamente los hechos investigados o que fueron recaudados con irregularidades, lo cual llev\u00f3 a que el 9 de febrero de 2017, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le imputara los delitos de cohecho por dar u ofrecer, corrupci\u00f3n al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. <\/p>\n
Se\u00f1ala que dentro del proceso se omiti\u00f3 hacer referencia a su calidad de ind\u00edgena Way\u00fau, y la misma no se acept\u00f3 posteriormente pese a las pruebas que present\u00f3 para soportarla; adem\u00e1s, no se excluyeron del juicio las aludidas intervenciones telef\u00f3nicas, ni se tuvo en cuenta una certificaci\u00f3n que probaba que durante el ejercicio de su cargo no hab\u00eda suscrito ning\u00fan contrato; se le orden\u00f3 detenci\u00f3n preventiva intramural en un establecimiento no acorde a su calidad de ind\u00edgena y a sus condiciones de salud, todo lo cual, dice, ocurri\u00f3 para nombrar como gobernador del departamento a un miembro de otro partido pol\u00edtico. <\/p>\n
Indica que luego de que se presentara la acusaci\u00f3n en su contra ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, fueron inadmitidos varias pruebas de su defensa y se admitieron otras que no resultaban id\u00f3neas, posteriormente, ante esa Corporaci\u00f3n varios testigos no dieron cuenta del il\u00edcito por el que era procesado, afirmando que la declaraci\u00f3n juramentada que hab\u00edan realizado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n vers\u00f3 sobre un suceso diferente, e incluso que hab\u00edan sido presionados por el ente acusador para dar sus versiones, probanzas todas \u00e9stas que, dice, fueron evacuadas ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, pese que la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 atribu\u00eda esa competencia a la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Narra que a la postre el expediente fue remitido a la prenombrada Sala, quien el 13 de noviembre de 2018 dict\u00f3 sentencia en su contra, sin estar a\u00fan conformada por todos sus miembros, sin haber contado con tiempo suficiente para revisar la totalidad del expediente, y, sin haber tenido contacto directo con las pruebas, fallo en el que, asevera, se incurri\u00f3 en varias irregularidades probatorias, al haberse basado en testimonios que lo desligaban de la conducta enjuiciada, en la intervenci\u00f3n telef\u00f3nica que considera ilegalmente incorporada al proceso, y en una prueba a la que la fiscal\u00eda rest\u00f3 m\u00e9rito en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente afirma, que apel\u00f3 la precitada determinaci\u00f3n, siendo modificada parcialmente el 7 de abril del presente a\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, para absolverlo del delito de cohecho por dar u ofrecer, confirm\u00e1ndose la condena por los il\u00edcitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y corrupci\u00f3n al sufragante, sentencia en la cual, asegura, se incurri\u00f3 en irregularidades probatorias similares a las acontecidas en el fallo de primera instancia, circunstancias que, en su criterio, abren paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 8 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de una de sus Magistradas, corrobor\u00f3 que el proceso penal en contra del aqu\u00ed interesado curs\u00f3 debido a conductas perpetradas por \u00e9ste durante la campa\u00f1a que lo llev\u00f3 a ser gobernador de la Guajira el 6 de noviembre de 2016, proceso que culmin\u00f3 con sentencia de 13 de noviembre de 2018, donde se conden\u00f3 al inconforme como autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal, as\u00ed como determinador del delito de corrupci\u00f3n al sufragante; decisi\u00f3n que fue apelada por la defensa y modificada parcialmente el 7 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
b). La Fiscal Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, porque lo pretendido por el inconforme es que se revisen las decisiones de fondo emitidas dentro del referido juicio, sin que se demuestren los defectos en que se incurri\u00f3 en las mismas, a la par que todas las particulares denunciadas en la tutela fueron objeto de estudio durante el juicio. <\/p>\n
c). La Secretar\u00eda del Juzgado \u00danico de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, el ciudadano Wilder David Gonz\u00e1lez Brito cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia de 7 de abril de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que modific\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del 13 de noviembre de 2018 de la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corporaci\u00f3n, para entonces condenarlo como autor de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, y, determinador del delito de corrupci\u00f3n al sufragante, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas y teniendo en cuenta otras indebidamente incorporadas al proceso; con desconocimiento de los principios de inmediaci\u00f3n y congruencia entre la acusaci\u00f3n y el fallo; presumi\u00e9ndose su culpabilidad; y sin tener en cuenta su calidad de miembro de una comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
3. No obstante, una vez revisado el prove\u00eddo de segunda instancia objeto de reparo constitucional, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 el debate aqu\u00ed planteado, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Sala Hom\u00f3loga Penal accionada para fundar su decisi\u00f3n, comenz\u00f3 por hacer un recuento de los reparos que el inconforme elev\u00f3 en la apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia y en seguida estableci\u00f3 su competencia para conocer del asunto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, frente a la nulidad del proceso que reclam\u00f3 el inconforme, con sustento en que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte no ten\u00eda competencia para adelantar el juicio oral, porque desde que se profiri\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2018, que entr\u00f3 a regir el 18 de enero de esa anualidad, la competencia para juzgar a los gobernadores le corresponde a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n\u00bb, se consider\u00f3 que \u00abal no haberse previsto en el Acto Legislativo n\u00famero 01 del 18 de enero de 2018, un r\u00e9gimen de transici\u00f3n entre el sistema anterior y el nuevo m\u00e9todo de investigaci\u00f3n y juzgamiento para aforados constitucionales, la falta de implementaci\u00f3n material de las nuevas Salas especializadas no puede ser una excusa para suspender el acceso y la administraci\u00f3n de justicia, propiciando de esa manera un limbo en el que los funcionarios del Estado del m\u00e1s elevado nivel puedan gozar de intolerables espacios de impunidad, ante la imposibilidad de controlar judicialmente sus actos il\u00edcitos (…) De esta manera, no es cierto que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, no ten\u00eda competencia para continuar con la etapa de juzgamiento que inici\u00f3 el 18 de mayo de 2017 \u2013 fecha en que se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n- , hasta el 16 de julio de 2018 \u2013 data en la que se clausur\u00f3 el debate probatorio-, pues, si bien, en ese interregno se profiri\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2018 \u2013 18 de enero de 2018-, es lo cierto que la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n s\u00f3lo entr\u00f3 en funcionamiento el 18 de julio de 2018. Es decir, para cuando se clausur\u00f3 el debate probatorio al interior de esta actuaci\u00f3n \u2013 16 de julio de 2018-, a\u00fan no estaba funcionando la Sala Especial de Primera Instancia \u2013 18 de julio de 2018-, por lo que no se configura ninguna irregularidad sustancial que afecte la estructura conceptual del proceso\u00bb. <\/p>\n
En seguida, respecto a la interceptaci\u00f3n de comunicaciones, la Sala de Casaci\u00f3n Penal consider\u00f3, que \u00abes cierto que las interceptaciones de los abonados telef\u00f3nicos referidos no se ordenaron ni realizaron al interior de esta investigaci\u00f3n, sino en la que adelantaba el Fiscal Seccional 1 EDA de Riohacha \u2013 La Guajira-, dentro del radicado 440016008788201600094; no obstante, tales documentos no pueden considerarse como prueba trasladada, en tanto, se trata de pruebas documentales adquiridas legalmente a trav\u00e9s de inspecci\u00f3n judicial, las cuales fueron introducidas al proceso en cumplimiento de las reglas previstas en los art\u00edculos 424 y siguientes de la Ley 906 de 2004, con los testimonios de los polic\u00edas judiciales que participaron en su recolecci\u00f3n \u2013 ver CSJ SP 21 sep. 2011, rad. 37205-.\u00bb; de otro lado, resalt\u00f3 que, contrario a lo alegado por el aqu\u00ed inconforme, s\u00ed estaba demostrada la realizaci\u00f3n del control de legalidad sobre la prueba; as\u00ed mismo, que \u00abno resultaba insoslayable llevar a cabo las pruebas que echa de menos el defensor \u2013 cotejo de voces y an\u00e1lisis link- con el fin de establecer la identificaci\u00f3n de los interlocutores en las conversaciones telef\u00f3nicas interceptadas, en tanto que de su propio contenido pod\u00eda obtenerse informaci\u00f3n sobre la identidad de los usuarios de las l\u00edneas telef\u00f3nica m\u00f3viles 3135095815 y 3017894477\u00bb, de otro lado, expuso los motivos por los cuales no pod\u00eda ponerse en duda la autenticidad de la prueba y como se hab\u00eda garantizado la cadena de custodia sobre la misma. <\/p>\n
En cuanto a la valoraci\u00f3n de los medios de prueba, la Sala de Casaci\u00f3n criticada emprendi\u00f3 su estudio para cada uno de los delitos enjuiciados, comenzando por el de cohecho para dar y ofrecer, para el cual encontr\u00f3 que hubo un error en la adecuaci\u00f3n t\u00edpica por parte de la Fiscal\u00eda que llev\u00f3 a una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del procesado, lo que impon\u00eda entonces, absolver a \u00e9ste por esa conducta; y en seguida estudi\u00f3 el il\u00edcito de corrupci\u00f3n al sufragante, encontrando probado que \u00ablas comunicaciones interceptadas no dejan duda de que los recursos entregados ten\u00edan dos prop\u00f3sitos, el primero, pagarle a Silbelly Silena la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), para que ella en su calidad de concejal del municipio de Maicao hiciera proselitismo a su favor; y el segundo, para que suministrara a los votantes el transporte y adem\u00e1s corrompiera a los sufragantes, entreg\u00e1ndoles mercados y dinero para que votaran a favor de Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito en las elecciones at\u00edpicas para la gobernaci\u00f3n del departamento de La Guajira. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el an\u00e1lisis probatorio no deja duda de que Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito determin\u00f3 a Silbelly Silena Solano Iguar\u00e1n para que ella torciera la voluntad del sufragante a fin de quedar electo como Gobernador del departamento de La Guajira, como en efecto aconteci\u00f3. <\/p>\n
La Corte no puede pasar por alto que los hechos de corrupci\u00f3n evidenciados en la comunicaci\u00f3n ya referida no fueron aislados; en efecto, el procesado sostuvo otras conversaciones en las que se evidencia que el ofrecimiento de d\u00e1divas a cambio del voto fue una gran estratagema defraudatoria de la campa\u00f1a de Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito\u00bb. <\/p>\n
Respecto a los testimonios que el gestor, dice, se les rest\u00f3 valor suasorio, \u00e9stos fueron estudiados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal encontrando contradicciones, de manera que, concluy\u00f3, \u00abtodas estas circunstancias explican que Juan Armando Ochoa Guti\u00e9rrez y Mario Alberto Joiro Sierra, en el juicio oral se hayan retractado de sus manifestaciones anteriores, pues, es evidente que desde el momento en que en el municipio de Carraip\u00eda se conoci\u00f3 que hab\u00edan rendido entrevistas en las que realizaron manifestaciones incriminatorias en contra de los miembros de la campa\u00f1a de Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito, varios de ellos, reconocidos l\u00edderes del corregimiento, se sintieron estigmatizados, presionados y amenazados, motivo por el cual se dirigieron a la Defensor\u00eda del Pueblo a solicitar que se adoptaran medidas de protecci\u00f3n para ellos y los miembros de su familia, y a los medios de comunicaci\u00f3n para retractarse de lo que hab\u00edan dicho, con la finalidad de que cesaran la amenazas. <\/p>\n
Por lo tanto, la Sala Especial de Primera Instancia valor\u00f3 de manera acertada los referidos testimonios, al otorgarle mayor credibilidad a las manifestaciones anteriores que a la retractaci\u00f3n que hicieron los testigos en el juicio oral. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 la Corte que \u00absi bien, en el presente asunto no se cuenta con el testimonio de una persona que hubiese declarado haber recibido de manos del procesado Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito dinero o d\u00e1diva a cambio de su voto, no puede soslayarse que el delito de corrupci\u00f3n de sufragante es de doble v\u00eda, es decir, incurre en \u00e9l quien promete, paga o entrega el dinero o la d\u00e1diva, y, tambi\u00e9n, la persona que acepte la promesa, por lo que exigir una prueba en tal sentido no solo implicar\u00eda desconocer el derecho de los ciudadanos a no autoincriminarse, sino que, adem\u00e1s, conduce a crear una tarifa legal que se alza completamente contraria al principio de libertad probatoria a cuyo influjo, a la determinaci\u00f3n del objeto central del proceso o los accesorios al mismo, puede llegarse por cualquiera de los medios l\u00edcitos habilitados en la ley, en tanto se sabe que no existe ninguna norma en la cual se imponga allegar determinado medio de prueba a efectos de verificar que se pag\u00f3 dinero o se entreg\u00f3 alg\u00fan tipo de recompensa a cambio de obtener el voto \u2013 art\u00edculo 373 de la Ley 906 de 2004-\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al delito por falsedad en documento privado, la Sala de Casaci\u00f3n Penal argument\u00f3, que \u00abes cierto que el informe individual de ingresos y gastos puede ser modificado, sin embargo, dicha facultad solo puede ser ejercida dentro del t\u00e9rmino que otorga la ley para que las campa\u00f1as presenten el respectivo informe al partido, movimiento pol\u00edtico o grupo significativo de ciudadanos que aval\u00f3 al candidato, es decir, dentro del mes siguiente a la fecha de la votaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, si las votaciones at\u00edpicas a la gobernaci\u00f3n del Departamento de La Guajira, se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 2016, el informe individual de ingresos y gastos de la campa\u00f1a pod\u00eda ser modificado hasta el 6 de diciembre de 2016, fecha l\u00edmite en la que la campa\u00f1a deb\u00eda presentar el informe ante el Partido Social de Unidad Nacional \u2013 partido de la U-. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que el Consejo Nacional Electoral puede formular requerimientos al partido, movimiento pol\u00edtico o grupo significativo de ciudadanos, frente a inconsistencias o falta de informaci\u00f3n de los informes de ingresos y gastos de la campa\u00f1a, para que los candidatos efect\u00faen las correcciones o modificaciones requeridas \u2013 art\u00edculo 13 de la Ley 163 de 1994 y 9\u00ba de la Resoluci\u00f3n 3097 de 2013-; sin embargo, ello presupone la presentaci\u00f3n oportuna del informe individual de ingresos y gastos de la campa\u00f1a, esto es, dentro del mes siguiente a los comicios – inciso 5\u00ba del art\u00edculo 25 de la Ley 1475 de 2011-. <\/p>\n
Dicho esto, dentro del presente tr\u00e1mite se acredit\u00f3 que la campa\u00f1a de Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito el 13 de noviembre de 2016 envi\u00f3 por medio del software \u201cCuentas Claras\u201d, el informe individual de ingresos y gastos con radicado N\u00b0 14F5AGO185;1 luego, el 24 de noviembre de 2016 modific\u00f3 el informe anterior y el software gener\u00f3 el radicado N\u00b0 14F5AGO195; y, finalmente el 14 de diciembre de 2016, a las 08:59:31, la campa\u00f1a envi\u00f3 el informe individual de ingresos y gastos con radicado N\u00b0 64F5AGO213. \u00c9ste \u00faltimo informe fue el que el Partido Social de la Unidad Nacional env\u00edo el 15 de diciembre de 2016 al Consejo Nacional Electoral \u2013Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica – junto con el Informe Integral de Ingresos y Gastos de la Campa\u00f1a.2 <\/p>\n
Por lo anterior, no queda duda que el informe de ingresos y gastos de la campa\u00f1a fue enviado finalmente el 14 de diciembre de 2016, es decir, por fuera del t\u00e9rmino establecido en la Ley \u2013 un mes despu\u00e9s de las elecciones-, pues, los anteriores \u201311 y 24 de noviembre de 2016- fueron objeto de modificaciones. <\/p>\n
Finalmente, sobre el delito de fraude procesal, encontr\u00f3 que \u00abaparece acreditado m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que el espurio informe individual de ingresos y gastos de la campa\u00f1a, del 14 de diciembre de 2016, fue el medio fraudulento utilizado por el procesado para inducir en error al Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica del Consejo Nacional Electoral, para que emitiera la respectiva certificaci\u00f3n contable, y a su vez, esta \u00faltima autoridad, profiriera un acto administrativo contrario a derecho en el que se reconociera el derecho a la reposici\u00f3n de gastos\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, quedando entonces en evidencia que lo expuesto por el gestor en este escenario, es su particular manera de analizar lo definido por el juez del asunto, sin que por ello pueda descalificarse la labor de \u00e9ste, quien, como se vio, abord\u00f3 en su decisi\u00f3n todas las inconformidades que aquel expuso en su apelaci\u00f3n y las defini\u00f3 con fundamento en una argumentaci\u00f3n que no puede ser catalogada como caprichosa o subjetiva. <\/p>\n
5. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por la Corporaci\u00f3n accionada, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma o al criterio jurisprudencial llamado a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, resulta improcedente la tutela para cuestionar el que, supuestamente al actor no se le haya tenido en cuenta dentro del proceso su calidad de ind\u00edgena, o que al juicio se hayan incorporado indebidamente las interceptaciones telef\u00f3nicas que a la postre sirvieron en parte para condenarlo, ya que esas inconformidades no fueron incluidas en la apelaci\u00f3n presentada por aquel contra la sentencia de primera instancia, lo que deja en evidencia el incumplimiento del requisito para procedencia del amparo de la subsidiariedad, al haberse dejado de utilizar el mecanismo establecido por el legislador para viabilizar el estudio de los citados reproches por parte del juez de segundo grado, lo que impide entonces la injerencia del juez constitucional para modificar lo acontecido al respecto, pues es criterio reiterado de esta Corte que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 A folios 12 a 16, evidencia N\u00b0 29. <\/p>\n
2\u0002 Evidencia N\u00b0 31. <\/p>\n
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STC13895-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC13895-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03710-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Wilmer […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58535","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}