STC13897-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13897-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01657-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Diana Sophia Eljadue Galindo contra la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del auxilio reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcada por la Corporaci\u00f3n accionada, en el marco de una acci\u00f3n de id\u00e9ntica \u00edndole a \u00e9sta la cual fue remitida a esa sede para su eventual revisi\u00f3n, y cuyo radicado corresponde al consecutivo n.\u00ba 2020-00115-01. <\/p>\n
Pretende, en consecuencia, que se ordene a la Corte Constitucional, proceda a \u00abdar respuesta de fondo a la petici\u00f3n mencionada para lo cual adjunto la prueba de la remisi\u00f3n\u00bb de \u00e9sta. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo simplemente dijo, que desde el 26 de agosto actual, v\u00eda correo electr\u00f3nico, dirigi\u00f3 solicitud de informaci\u00f3n al canal digital de la accionada con miras a que le fuera precisado el \u00abtr\u00e1mite de la selecci\u00f3n para revisi[\u00f3]n de la acci\u00f3n de tutela relacionada con referencia 2020-115\u00bb, sin que ello implique, dijo, que su petici\u00f3n fuera acogida de forma favorable; que pese a que el t\u00e9rmino para responder a su pedimento ya se encuentra fenecido, ninguna respuesta ha recibido sobre el particular, raz\u00f3n por la cual estima viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 8 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
a. El presidente de la Corte Constitucional precis\u00f3, que si bien el 26 de agosto de los corrientes la quejosa remiti\u00f3 solicitud de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica correospqrs@corteconstitucional.gov.co, lo cierto es que, ese canal \u00abno est\u00e1 habilitado para recibir escritos relacionados con las actuaciones judiciales que se adelantan ante la Corte, raz\u00f3n por la que el sistema realiza una advertencia sobre la no procedencia del escrito\u00bb; de modo que, \u00ab[a]l no ser este el conducto para dar tr[\u00e1]mite a la solicitud no se pudo dar respuesta porque no se tuvo conocimiento de la misma\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 adem\u00e1s, que a la fecha el asunto constitucional no ha sido siquiera remitido a esa Corporaci\u00f3n para su eventual revisi\u00f3n, pues \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n registrada por el juez de segunda instancia es del 15 de abril de 2020 y corresponde al fallo de segunda instancia\u00bb; y en todo caso, \u00ablas decisiones sobre selecci\u00f3n de fallos de tutela se adoptan mediante providencias judiciales que se notifican de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991\u00bb, razones por las cuales pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras CSJ STC13289-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Circunscrita la Corte al escrito de tutela, se observa que lo pretendido concretamente por la se\u00f1ora Diana Sophia a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, es que se ordene a la Corte Constitucional, contestar el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb presentado en el marco de una queja constitucional que ella promovi\u00f3 en favor de su menor hija, con el prop\u00f3sito que se le informe si el asunto fue o no seleccionado para revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Puestas, as\u00ed las cosas, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, por cuanto, de un lado, lo peticionado por la tutelante, sin duda, se refiere a temas propios de un asunto jurisdiccional, por cuanto requiere, concretamente, conocer el estado del proceso de selecci\u00f3n de su tutela dada la demora que, en su sentir, se ha presentado en la tramitaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, luego dicha solicitud no engloba el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo. <\/p>\n
Y de otro, observa la Corte que en todo caso, lo solicitado por la inconforme, al margen de su procedencia por la v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no fue debidamente radicado a trav\u00e9s de los canales autorizados por la Corte Constitucional, por lo que mal har\u00eda esta Sala en advertir demora alguna en el tr\u00e1mite de esa particular solicitud, ello sin perjuicio, claro est\u00e1, que en lo sucesivo acuda directamente a esa Corporaci\u00f3n, o incluso, al juez que conoci\u00f3 de su reclamo constitucional, y solicite la informaci\u00f3n que considera no le ha sido puesta en su conocimiento. <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, en el presente asunto no est\u00e1 demostrada la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda invocada, y mucho menos el supuesto da\u00f1o ocasionado por la Magistratura accionada dentro del tr\u00e1mite constitucional acusado, raz\u00f3n por la que no queda otro camino que desestimar la presente salvaguarda, m\u00e1xime cuando tal y como lo inform\u00f3 \u00e9sta, ni siquiera le ha sido remitida la acci\u00f3n constitucional en comento por la autoridad cognoscente, y cuando para la procedencia de la protecci\u00f3n superior reclamada es indispensable acreditar \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC8277-2021), lo cual, como qued\u00f3 visto, no est\u00e1 aqu\u00ed probado. <\/p>\n
6. En consecuencia, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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