STC13899-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13899-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03563-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por FAITH Z.L. S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, confianza leg\u00edtima y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que inici\u00f3 un ejecutivo contra Norbey V\u00e9lez Quintero exigiendo el cobro de las sumas de dinero contenidas en una letra de cambio, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
En ese asunto, el ejecutado formul\u00f3 tacha de falsedad del documento base de la ejecuci\u00f3n, y \u00abpara respaldar probatoriamente (\u2026) le solicit\u00f3 al despacho que decretara un dictamen pericial, indic\u00e1ndole que deb\u00eda nombrar a un auxiliar de la justicia para la realizaci\u00f3n del dictamen\u00bb, por lo que, en oportunidad, \u00able expres\u00f3 al despacho el indebido recaudo de la prueba pericial, como quiera que lo que proced\u00eda no era designaci\u00f3n de un auxiliar de la justicia, como erradamente lo hizo la parte demandada, sino que lo procedente era un dictamen pericial de parte\u00bb, tal como lo hizo aquella en su calidad de demandante. <\/p>\n
Seguidamente, agreg\u00f3 que tanto el perito designado por el estrado a solicitud del ejecutado, como el que rindi\u00f3 la experticia de la parte accionante, acudieron a la diligencia de contradicci\u00f3n, pero llegaron a conclusiones diferentes, por lo que la c\u00e9lula cognoscente \u00abdecret\u00f3 la pr\u00e1ctica de un tercer dictamen pericial\u00bb, cuyo objeto era \u00abdirimir los puntos de diferencia existentes en los informes periciales rendidos al interior de este proceso por los peritos Carlos Jos\u00e9 Julio Angulo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Nayarit Giraldo Guti\u00e9rrez como perito de parte\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, \u00abel despacho de primera instancia consider\u00f3 que para resolver el fondo del asunto solo tendr\u00eda en cuenta la prueba pericial rendida por \u201cPERITOS BOGOT\u00c1\u201d y que fue decretada de oficio, muy a pesar de que dicho dictamen pericial ten\u00eda un objeto absolutamente claro y definido\u00bb y, con base en dicha probanza, profiri\u00f3 fallo de primer grado, raz\u00f3n por la cual formul\u00f3 apelaci\u00f3n, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad, tras considerar que \u00absiempre que se trate de tachas de falsedad no resulta aplicable la limitante del dictamen de parte, porque una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del c\u00f3digo (art\u00edculos 269 y 270 del C.G.P.) contienen disposiciones que consagran la posibilidad de hacer cotejo de firmas o del manuscrito, lo que abre la puerta a la pr\u00e1ctica de pruebas periciales en t\u00e9rminos diferentes a los consagrados en el C.G.P.\u00bb, confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abordenar al Tribunal Superior de Barranquilla Sala Civil que en un t\u00e9rmino prudencial proceda a dejar sin valor y efecto la providencia atacada y se profiera nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta el respeto por lo establecido en la ley procesal respecto a la prueba pericial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, ponente de la resoluci\u00f3n confutada, manifest\u00f3 que \u00abhace ya m\u00e1s de siete meses \u2013 el 04 de marzo de este a\u00f1o \u2013 la Sala que dirijo emiti\u00f3 la aqu\u00ed criticada sentencia de segunda instancia, por medio de la cual, fue confirmado el fallo apelado y adicionado en el sentido de disponer en contra de la ejecutante, la sanci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso. Para arribar a esa determinaci\u00f3n, esta Sala explic\u00f3 el tr\u00e1mite de la tacha de falsedad cuando se trata de un documento aportado en la demanda, indicando que el legislador previ\u00f3 que la oportunidad para tal, es la promoci\u00f3n de excepci\u00f3n de m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que dijo ser el \u00abapoderado de confianza del se\u00f1or NORBEY ENRIQUE V\u00c9LEZ QUINTERO\u00bb expuso que \u00aben ning\u00fan momento se vulner[\u00f3] derecho algun[o] a las partes del proceso y adem\u00e1s [se hizo] una (sic) an\u00e1lisis juicioso del proceso y de los peritajes aportados, lo cual no deja duda alguna de la falsedad de la firma inscrita en el titulo valor que es la base del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo que inici\u00f3 la sociedad censora (radicaci\u00f3n 2018-00132), por confirmar la sentencia desfavorable de primer grado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la determinaci\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se confirm\u00f3 y adicion\u00f3 la providencia de primera instancia en el ejecutivo de la referencia, data del 4 de marzo de 20211, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 28 de septiembre de la misma calenda2; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sociedad presuntamente afectada con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La corporaci\u00f3n gestora tard\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el reporte generado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, bajo el radicado 2018-00132-01, dicha determinaci\u00f3n fue notificada por estado del 5 de marzo de 2021, es decir, al d\u00eda siguiente de su expedici\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Lo anterior, de acuerdo con el acta de reparto de este asunto constitucional, que inicialmente fue inadmitido mediante prove\u00eddo de 29 de septiembre de 2021. As\u00ed mismo, con auto de 6 de octubre siguiente, luego de la subsanaci\u00f3n, fue admitida a tr\u00e1mite. <\/p>\n
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STC13899-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13899-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03563-00 (Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por FAITH Z.L. S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}