STC13900-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC13900-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03704-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Mar\u00eda Mu\u00f1oz Pe\u00f1aloza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 57887 (radicado Corte Suprema de Justicia). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb y \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que fue procesada y condenada penalmente por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico\u00bb, en su calidad de Fiscal 26 Seccional de Codazzi. <\/p>\n
Narra que, el proceso penal tuvo su origen en dos indagaciones que le fueron asignadas por los delitos de \u00abhurto calificado\u00bb [2016-80038] y \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de arma de fuego o municiones\u00bb [2016-00016], en ambas, tras recibir a las personas capturadas por los il\u00edcitos mencionados, decidi\u00f3 dejarlas en libertad, porque advirti\u00f3 que \u00abno hab\u00eda claridad sobre el procedimiento de captura [y] porque no se explicaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar\u00bb que motivaron la detenci\u00f3n de los presuntos implicados. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, en primera instancia fue juzgada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar que, el 3 de febrero de 2020 emiti\u00f3 sentencia condenatoria imponi\u00e9ndole una pena de 88 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala de Casaci\u00f3n Penal actuando como juez ad quem mediante sentencia de 17 de marzo de 2021. <\/p>\n
Dirige entonces sus cuestionamientos contra la sentencia de la Sala Especializada, la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento de precedentes\u00bb; del primero porque, seg\u00fan alega, fue condenada por su interpretaci\u00f3n judicial \u00aby en raz\u00f3n de los juicios emitidos en el ejercicio de sus funciones, sin que est\u00e9 demostrado de manera alguna una intenci\u00f3n distinta o fraudulenta, y por lo tanto, no puede predicarse una conducta dolosa, \u00fanica modalidad admisible para este tipo penal\u00bb. Del segundo, aduce que se present\u00f3 porque respecto del delito de falsedad material en documento p\u00fablico, \u00abla prueba reina [\u2026] fue obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, por cuanto se trat\u00f3 de una prueba il\u00edcita\u00bb, refiri\u00e9ndose a la prueba grafol\u00f3gica, la que fue objeto de an\u00e1lisis a pesar de \u00abno haber sido autorizada por el juez de control de garant\u00edas\u00bb, as\u00ed mismo porque, para la Sala accionada result\u00f3 determinante el testimonio de su asistente \u00ab(\u2026) cuando manifest\u00f3 que le constaba que la falsedad la hab\u00eda consumado yo, pero desconoci\u00f3 lo manifestado durante el juicio bajo la gravedad de juramento, al indicar que no sab\u00eda qui\u00e9n hizo la enmendadura ni le constaba que hubiera sido yo quien realiz\u00f3 los tachones [\u2026] en el documento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, cuestiona que la Hom\u00f3loga acusada desconoci\u00f3 sus propios precedentes en los que se ha ocupado de explicar los presupuestos del delito de prevaricato, precisando que para la configuraci\u00f3n de ese tipo penal \u00abse requiere el entendimiento de la manifiesta ilegalidad de la providencia y la consciencia de que el acto vulnera el bien jur\u00eddico de la recta y equilibrada definici\u00f3n del asunto sometido a su juicio para que su resultado est\u00e9 acorde con el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se deje sin efecto \u00ab(\u2026) la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2021 dentro del proceso penal iniciado en mi contra por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y otro, y radicado con el n\u00famero 57887 (\u2026) ordenar se profiera una nueva sentencia que tenga en consideraci\u00f3n el precedente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal y de la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con los delitos que se me imputan y con respeto al principio de autonom\u00eda e independencia judicial. De igual manera, en dicha providencia no podr\u00e1 darse valor probatorio a las pruebas obtenidas con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la sentencia recriminada, manifest\u00f3 que las razones que llevaron a la Sala a confirmar la condena en contra de la funcionaria fiscal, est\u00e1n plasmadas en extenso en la providencia en cuesti\u00f3n. As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) lo arg\u00fcido en la acci\u00f3n constitucional fue planteado en el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, lo que fue resuelto por esta Corporaci\u00f3n en el fallo se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 3\u00aa Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, luego de efectuar un an\u00e1lisis de la sentencia atacada por la gestora, concluy\u00f3 que aqu\u00e9lla no vulner\u00f3 ninguno de los derechos de la procesada, por lo que solicit\u00f3 se declar\u00e9 la improcedencia de la tutela. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio adelantado contra la procesada Mu\u00f1oz Pe\u00f1aloza y sostuvo que, la demanda no est\u00e1 llamada a prosperar \u00ab(\u2026) porque dentro de la actuaci\u00f3n descrita, se observa el acatamiento de las garant\u00edas procesales tanto del aqu\u00ed accionante como de las dem\u00e1s partes e intervinientes que fueron vinculadas a la actuaci\u00f3n, mientras que en la decisi\u00f3n proferida en primera instancia, conforme puede observarse de su contenido, fueron vertidos los fundamentos f\u00e1cticos, legales y jurisprudenciales por los cuales se produjo la sentencia de car\u00e1cter condenatorio\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que lo pretendido por la gestora es, a trav\u00e9s de la salvaguarda, reabrir el debate a manera de tercera instancia \u00absiendo que dicha discusi\u00f3n tuvo su espacio dentro del tr\u00e1mite procesal\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la peticionaria al confirmar \u2013 sentencia de 17 de marzo de 2021 \u2013 la condena (a 88 meses de prisi\u00f3n) por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico\u00bb que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento de precedente\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto. La providencia cuestionada <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n de la Sala censurada, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, ejerciendo como juez ad quem dentro del juicio en cuesti\u00f3n, la Hom\u00f3loga tutelada, se ocup\u00f3 de examinar cuatro t\u00f3picos planteados por la defensa de la procesada frente al veredicto de primer grado, esto es, la tipicidad objetiva del delito prevaricato en los dos eventos en que se present\u00f3 (otorgar la libertad a cuatro personas capturadas por el delito de hurto calificado y a otra por porte ilegal de arma de fuego); la posible existencia de un error de prohibici\u00f3n en esas actuaciones y, finalmente, la antijuridicidad material del delito de falsedad en documento p\u00fablico. <\/p>\n
Sobre el primer punto, indic\u00f3 que, contrario a lo precisado por la defensa de la encausada, no existi\u00f3 de parte del tribunal a quo una concepci\u00f3n errada del il\u00edcito de prevaricato; en tal sentido, y del particular contexto en que se present\u00f3 (en relaci\u00f3n con la captura de los 4 indiciados por el delito de hurto calificado), dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) obligaba de la fiscal, no una investigaci\u00f3n depurada o la pr\u00e1ctica de pruebas de corroboraci\u00f3n-ya corr\u00edan las 36 horas para llevar ante el juez de control de garant\u00edas a los aprehendidos-, sino apenas examinar que lo consignado en el informe de captura y anexos contuviera lo suficiente para definir lo ocurrido, la participaci\u00f3n en ello de los capturados y la connotaci\u00f3n penal concreta de la conducta, a efectos de su encuadramiento en el tipo respectivo. Y si algo faltaba, deb\u00eda indagarlo a los agentes captores. <\/p>\n
Es por ello que no resulta pertinente traer a colaci\u00f3n, ahora, refinadas teor\u00edas acerca de c\u00f3mo debe entenderse la demostraci\u00f3n cabal, cual si se tratase del fallo, de una de las tantas causales de calificaci\u00f3n del hurto, sino apenas verificar, de cara a los elementos de juicio con los cuales contaba la funcionaria y el objeto de su actuaci\u00f3n, si en efecto pod\u00eda colegir ella razonablemente que lo referido en el informe respecto de la forma en que se ejecut\u00f3 el hurto, no comportaba pena superior a 4 a\u00f1os y, consecuentemente, no habilitaba necesario presentar ante el juez de control de garant\u00edas a los aprehendidos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, entendi\u00f3 la Sala que, dado el momento procesal y la naturaleza de la informaci\u00f3n allegada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cab\u00edan especulaciones o lucubraciones hipot\u00e9ticas acerca de la posibilidad de que el escalamiento se hubiese dado por un sitio diferente, aleda\u00f1o al inmueble objeto de sustracci\u00f3n punible, emergiendo claro que la circunstancia constitutiva de la calificante se materializaba objetiva, independientemente de lo que despu\u00e9s pudiera demostrarse o alegarse por las partes. <\/p>\n
Esto es, no exist\u00eda ninguna raz\u00f3n para controvertir la circunstancia en menci\u00f3n, de conformidad con la forma en que se encuentra dise\u00f1ada en el ordinal 4\u00b0 del art\u00edculo 240 del C.P., que de manera expresa y sucinta referencia \u201ccon escalamiento\u201d, sin siquiera demandar, como ahora lo busca entronizar la defensa \u2013omitiendo examinar la teleolog\u00eda de la causal-, que ese escalamiento opere necesariamente respecto del inmueble al que se ingresa. <\/p>\n
Se repite, para el momento en que se present\u00f3 el informe a la acusada, se ten\u00eda como sucedido, sin nada que permitiera infirmar esa informaci\u00f3n, que el ingreso al establecimiento se efectu\u00f3 con escalamiento y desprendiendo una teja del techo, sin que fuese dable, all\u00ed, especular acerca de hip\u00f3tesis atinentes a que el escalamiento operase por otro lugar o que el ingreso por el techo no implic\u00f3 fuerza violenta sino el que, dice el defensor, representa uso habitual o natural del elemento desprendido\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 resaltando que, la informaci\u00f3n que se le entreg\u00f3 a la procesada por parte de los polic\u00edas captores, se \u00abconsignaba innegable un delito de hurto calificado y agravado, a m\u00e1s que ninguna ilegalidad comport\u00f3 la captura flagrante, la ley \u2013 arts. 302, 303 y 313 del C.P.P. -, imped\u00eda que la procesada dispusiera la libertad inmediata de los 4 capturados, sin que, adem\u00e1s, alguna raz\u00f3n de peso conocida permita estimar posible pasar por alto el imperativo legal\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al otro caso que se le reprocha, esto es, el dejar en libertad a un capturado en flagrancia con un arma de fuego sin salvoconducto, adem\u00e1s de advertir confusas las alegaciones de la defensa en torno a la tipicidad objetiva en ese espec\u00edfico evento, para la Sala, el informe policial y el pericial de bal\u00edstica, entre otros, no dejaban margen para suponer \u00abilegal la a aprehensi\u00f3n\u00bb, por tanto, agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No obedece a la verdad, entonces, que no se se\u00f1alase el lugar de captura o su caracter\u00edstica de v\u00eda p\u00fablica, como lo sostiene en la orden la acusada; ni era necesario, adem\u00e1s, que se recibiera entrevista al agente captor, inexistente requisito de procedibilidad expuesto tambi\u00e9n por la funcionaria. <\/p>\n
Tampoco, por \u00faltimo, se determina extra\u00f1o o digno de verificaci\u00f3n, que no se hubiese capturado o recibido entrevista a los otros presentes en el lugar, sencillamente, porque la autor\u00eda era \u00fanica y evidente en quien portaba el instrumento. <\/p>\n
De esta manera, si a la funcionaria se le present\u00f3 el capturado, junto con el informe que detalla su aprehensi\u00f3n flagrante, reiterado en la entrevista tomada al agente captor, y la pericia respecto de las calidades del artefacto, cuando nada de irregular se advierte o fuera alegado por el aprehendido, el asunto se verificaba completamente simple y, acorde con la ley, dispuesto para que se condujera ante el juez de control de garant\u00edas al aprehendido, a fin de verificar la validez de su captura, formular imputaci\u00f3n y solicitar medida de aseguramiento [\u2026] Por lo anotado, la Corte verifica manifiestamente contraria a la ley, la decisi\u00f3n de la acusada de dejar de inmediato en libertad al capturado\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la consciencia de antijuridicidad o la posible existencia de un error de prohibici\u00f3n, explicit\u00f3 la tutelada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si lo que se busca es motivar el examen de alguna de las causales de ausencia de responsabilidad, o mejor, de la posible existencia de un error de prohibici\u00f3n, lo menos que puede esperarse es que se alegue el mismo y este cuente con elementos de juicio que lo soporten. <\/p>\n
(\u2026) es que, se precisa, la sola verificaci\u00f3n del contenido de las \u00f3rdenes de libertad proferidas, desvirt\u00faa cualquier posibilidad de atribuir esa decisi\u00f3n a un error conceptual o dificultades en el entendimiento de los que los art\u00edculos 302, 303 y 313 de la ley 906 de 2004 contemplan, o siquiera, en torno de la naturaleza concreta de los delitos que fueron puestos a su consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que, las calidades y la experiencia de la funcionaria hac\u00edan que dicha tesis acerca del error de prohibici\u00f3n no tuviera sustento, pues, <\/p>\n
\u00abPara quien ha desempe\u00f1ado por varios a\u00f1os la tarea de fiscal, local o seccional, as\u00ed llevase poco tiempo en esta \u00faltima, y ha adelantado diligencias de este tipo en gran cantidad, como adscrita a la URI, no es posible afirmar que el informe policivo, que adem\u00e1s, se reitera, fue acompa\u00f1ado de entrevista de ratificaci\u00f3n y dictamen bal\u00edstico, resulta parco o insuficiente en el cometido de delimitar los elementos necesarios en aras de conocer c\u00f3mo oper\u00f3 la captura, en qu\u00e9 lugar y a qu\u00e9 hora\u00bb. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3 que, \u00ab(\u2026) La incontrastable evidencia contraria, esto es, la determinaci\u00f3n ostensible de que s\u00ed contaba con elementos suficientes, amplios y claros, para verificar la ejecuci\u00f3n de la conducta punible y sus aristas trascendentes, obliga concluir que efectivamente, como se anot\u00f3 al inicio y lo dijo ella en el documento, la acusada conoc\u00eda cu\u00e1l era la actividad a seguir, o mejor, que no pod\u00eda ella dejar en libertad al aprehendido, pero busc\u00f3 un subterfugio -completamente contraevidente, acorde con lo consignado en el informe polic\u00eda y su anexos- para soportar argumentalmente la decisi\u00f3n tomada. <\/p>\n
Ni por asomo, entonces, surge siquiera posible la hip\u00f3tesis de error que ahora plantea sin fundamento la defensa. Todo lo contrario, el que se buscase un mecanismo artificioso para justificar la orden, verifica que la libertad otorgada no estuvo matizada m\u00e1s que por el conocimiento y la voluntad consciente de la acusada, de apartarse de lo que la ley consagra. <\/p>\n
El tiempo desempe\u00f1ado como fiscal, local y seccional, los conocimientos all\u00ed adquiridos y la naturaleza simple, para nada compleja, de los hechos puestos a su consideraci\u00f3n, se erigen en factores suficientes para advertir ajena a la ignorancia, torpeza, negligencia o confusi\u00f3n, la manifestaci\u00f3n de que lo sucedido corresponde al muy conocido \u201craponazo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la antijuridicidad material del delito de falsedad, en lo pertinente la Hom\u00f3loga concluy\u00f3 que, frente a las modificaciones evidenciadas en el informe policivo que se le atribuyeron a la funcionaria, al margen de la trascendencia que le rest\u00f3 la defensa, dicho documento, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no corresponde, dentro de la tramitaci\u00f3n penal, a un mero oficio administrativo con alcances apenas internos, sino que se erige en elemento demostrativo de hechos trascendentes e importantes para el desarrollo del proceso penal, los derechos fundamentales de las personas y la misma tramitaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la mutaci\u00f3n que se haga de datos fundamentales del mismo, en particular, la hora y fecha en que se ponen a disposici\u00f3n del fiscal los capturados, se verifica grave y da\u00f1osa, en un plano concreto y no apenas circunstancial, con independencia de que ese elemento de prueba haya o no sido usado con el fin que expone el apelante \u2013recu\u00e9rdese, para este efecto que a diferencia del documento privado, cuya configuraci\u00f3n t\u00edpica reclama del uso, en el documento p\u00fablico la sola mutaci\u00f3n de la realidad delimita el punible consumado, al punto que el uso se erige en causal de agravaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consecuencia de lo expuesto, la Corte observa que el delito de falsedad material en documento p\u00fablico, es no solo t\u00edpico, en su elemento objetivo y subjetivo, sino antijur\u00eddico en lo formal y material\u00bb (SP904-2021). <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala accionada apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico y concluy\u00f3 que se configuraban los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad respecto de las conductas imputadas. <\/p>\n
En todo caso, se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad tutelada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De suerte que, la accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la Sala Especializada accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13900-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC13900-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03704-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Mar\u00eda Mu\u00f1oz Pe\u00f1aloza contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58538","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58538"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58538\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}