STC13904-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13904-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03709-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rigoberto Rojas Sandoval contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso 2014-01332. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderada, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba una administraci\u00f3n de justicia sujeta estrictamente a la ley\u2026 al debido proceso\u2026 a la igualdad ante la ley\u2026 al comportamiento de las autoridades p\u00fablicas conforme a derechos inalienables\u2026 al postulado de la buena fe\u2026 a la interpretaci\u00f3n de los derechos y deberes constitucionales de conformidad con los tratados internacionales\u2026 a la prevalencia del derecho sustancial\u2026 a la propiedad y al patrimonio obtenido legalmente y sus derechos adquiridos\u00bb, que considera vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, se pueden extraer los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Contra Nubia Rinc\u00f3n Hern\u00e1ndez se adelant\u00f3 el proceso penal indicado precedentemente, producto de una denuncia que, por los delitos de \u00abfalsedad material en documento p\u00fablico, falsedad material en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso e invasi\u00f3n de tierras, edificaciones y los dem\u00e1s que puedan resultar\u00bb formulara Mar\u00eda Julieta Concepci\u00f3n Camargo de Le\u00f3n, por la venta irregular del inmueble distinguido con matr\u00edcula 50C-1264618. <\/p>\n
2.2. En audiencia preliminar celebrada el 17 de marzo de 2013 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 a la prenombrada persona la comisi\u00f3n, en calidad de autora, de los delitos de falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y estafa. <\/p>\n
2.4. Contra la anterior determinaci\u00f3n tanto la defensa como las v\u00edctimas reconocidas (entre ellas el ac\u00e1 gestor) interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La alzada fue dirimida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante fallo de 25 de febrero de 2019 en el que, adem\u00e1s de no acceder a una petici\u00f3n invalidatoria formulada por los perjudicados, confirm\u00f3 lo resuelto por la c\u00e9lula judicial a quo, disponiendo, asimismo, la restituci\u00f3n del inmueble a su leg\u00edtimo propietario2 dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Rigoberto Rojas Sandoval, en compa\u00f1\u00eda de otra de las v\u00edctimas, impetraron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida por la Sala Especializada de esta Corte con auto del pasado 9 de junio, frente al cual formularon insistencia, denegada el 31 de agosto siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor las decisiones de instancia adolecen de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb dado que los falladores omitieron considerar y valorar las pruebas por \u00e9l aportadas, tanto aquellas que fueron decretadas desde la audiencia preparatoria como la sobreviniente ofrecida en el transcurso del juicio oral, las cuales daban cuenta de \u00abla buena fe\u00bb con la que actu\u00f3 en la adquisici\u00f3n del predio vinculado al proceso. <\/p>\n
Asimismo, estima que los juzgadores incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto al pretermitir etapa sustancial del procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004\u2026 en cuanto a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos quebrantados con el delito, es decir, el dar aplicaci\u00f3n al numeral 4 del art\u00edculo 337 del C.P.P., respecto al deber a cargo del Ente Acusador de incluir en el escrito de acusaci\u00f3n la relaci\u00f3n de los bienes afectados con el delito\u2026\u00bb pues no se impuso medida alguna restrictiva del dominio o la disposici\u00f3n, las que, en su sentir, se tornaban indispensables para el posterior restablecimiento del derecho, de all\u00ed que, sin haberse decretado aquellas, no se pod\u00eda ordenar la invalidaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, la inscripci\u00f3n del negocio en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y, menos a\u00fan, la restituci\u00f3n del bien. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abdejar sin efectos judiciales la orden de anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u2026 y la cancelaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 as\u00ed como la entrega dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria\u2026 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Hom\u00f3loga Penal, ponente del auto por medio del cual fue inadmitida la demanda de casaci\u00f3n refiri\u00f3 que los argumentos consignados en el presente resguardo solo son una reproducci\u00f3n de aquellos propuestos a la Sala Especializada en el recurso extraordinario, sin que el censor aporte \u00abelementos de juicio que demuestren que\u2026 con la providencia en comento [se] haya trasgredido las garant\u00edas fundamentales invocadas\u00bb, por lo que solicit\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas al no existir la lesi\u00f3n atribuida. <\/p>\n
2. Un empleado adscrito al despacho del magistrado ponente del fallo de segundo grado, luego de rememorar las actuaciones surtidas en el asunto objeto de escrutinio, dijo que \u00aben la sentencia de 25 de febrero de 2019 la sala de decisi\u00f3n expuso los motivos por los cuales la orden impartida por el juzgado de cancelar el registro de la escritura falsificada era viable y, adem\u00e1s, por qu\u00e9 era menester ordenarle [al ac\u00e1 accionante]\u2026 que, en un lapso determinado, entregaran el inmueble\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que las decisiones de anular el instrumento p\u00fablico en el que se consign\u00f3 el negocio jur\u00eddico, cancelar la inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y disponer la devoluci\u00f3n del bien responden \u00abal imperativo legal del restablecimiento pleno del derecho a quien era su leg\u00edtimo titular antes de la comisi\u00f3n de los delitos cuya existencia qued\u00f3 demostrada, como claramente se expuso en las providencias cuestionadas\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 no acceder al amparo solicitado, dada la ausencia de vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales del gestor, comoquiera que \u00e9ste, \u00aben calidad de supuesto tercero adquirente de buena fe, intervino en el curso de la actuaci\u00f3n y se le respetaron sus derechos [m\u00e1xime cuando], los presuntos adquirentes de buena fe han tenido a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n penal y\/o civil contra los fraudulentos vendedores\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal Ciento Cuatro Seccional dijo desconocer por completo los hechos en los que se fundamenta el presente amparo dado que recientemente asumi\u00f3 la direcci\u00f3n de esa agencia investigativa. <\/p>\n
5. El secretario del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho habida consideraci\u00f3n que la presunta lesi\u00f3n atribuida por el quejoso recae sobre la fase de juzgamiento de la actuaci\u00f3n penal, sobre la que no tuvo injerencia. <\/p>\n
6. Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez, vinculada al presente tr\u00e1mite dada su condici\u00f3n de condenada en el asunto penal, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n de amparo en similares t\u00e9rminos a los formulados en la demanda. <\/p>\n
7. Por conducto de apoderado judicial, Dairo Le\u00f3n Camargo asegur\u00f3 que las decisiones cuestionadas encuentran soporte en la copiosa jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, referente a la intemporalidad e integralidad de las medidas de restablecimiento del derecho que deben ser adoptadas por los jueces cognoscentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por Rigoberto Rojas Sandoval, dentro del proceso penal 2014-01332 en el que fue reconocido como v\u00edctima, al disponer la anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica contentiva de la compraventa del inmueble distinguido con matr\u00edcula 50C-1264618, la cancelaci\u00f3n del registro de tal instrumento en el respectivo folio y la consecuente restituci\u00f3n del bien a su leg\u00edtimo propietario. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Sea lo primero indicar que aun cuando Rojas Sandoval extiende el reclamo a cuestionar las decisiones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto del pasado 9 de junio en que la Hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario propuesto por aquel, pues fue la providencia que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada; ello, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de las decisiones de nivel inferior pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y efectuado el estudio pertinente a los argumentos de la presente salvaguarda y con base en las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar, desde ya, que no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se evidencia la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las pruebas legal y oportunamente practicadas sino tambi\u00e9n en los precedentes sobre el tema, aunado a que se examinaron con rigor los cuestionamientos expresados por este en la instancia extraordinaria. <\/p>\n
En efecto, en el aludido prove\u00eddo, la Corte, luego de una breve rese\u00f1a f\u00e1ctica y procesal, abord\u00f3 el estudio de los reproches formulados por el casacionista, los que sintetiz\u00f3 de la manera siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el primer cargo acusan los fallos de ser \u00abnulos de pleno derecho\u00bb, por afectaci\u00f3n sustancial de la estructura del proceso, derivada del \u00abyerro de la fiscal\u00eda\u00bb en no \u00abdefinir o establecer la finalidad dentro del proceso penal\u00bb del inmueble involucrado en estas diligencias, como medio de reparaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos por las v\u00edctimas del punible de estafa y \u00abno prioriz[\u00f3] el bien inmueble, como evidencia o elemento material probatorio, o como medio o instrumento material que supuestamente fue destinado a ser utilizado para la ejecuci\u00f3n de los delitos de falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y estafa\u2026 omitiendo el deber legal contemplado en el art\u00edculo 101 del C.P.P.\u00bb [original en negrilla]. <\/p>\n
En su decir, lo anterior origin\u00f3 la orden arbitraria por parte del juez unipersonal encaminada al restablecimiento del derecho, la cual quebranta sus garant\u00edas, pues el delegado fiscal omiti\u00f3 dar curso a la solicitud de afectaci\u00f3n de bienes con medidas cautelares, imperativo legal que deb\u00eda cumplir en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n o, en cualquier momento, antes de presentarse la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, para los recurrentes, \u00abel [j]uez en la sentencia, no puede ordenar [l]a cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos y registros respectivos de un bien inmueble, que no tiene decretada, ni dispuesta materialmente la medida cautelar real y jur\u00eddica, de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el t\u00edtulo de propiedad fue obtenido fraudulentamente\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) En un segundo cargo subsidiario, los actores acusan la transgresi\u00f3n de los principios \u00abdel juez natural\u00bb, de concentraci\u00f3n y de inmediaci\u00f3n, debido a que quien dict\u00f3 la sentencia de primera instancia no estuvo en la audiencia preparatoria, tampoco en la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. En su concepto, quien preside la acusaci\u00f3n, debe decretar las pruebas, presenciar su pr\u00e1ctica en juicio y proferir la sentencia, invocando como sustento el inciso final del art\u00edculo 454 de la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En torno al primer cargo, que cabe se\u00f1alar coincide con el formulado en esta sede constitucional, el Tribunal de Casaci\u00f3n hizo notar el incumplimiento de los presupuestos l\u00f3gico-jur\u00eddicos y metodol\u00f3gicos para buscar la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los recurrentes no expusieron argumento alguno tendiente a verificar la necesidad de su intervenci\u00f3n en este caso, a partir de los taxativos fines se\u00f1alados en el ya citado precepto 180. <\/p>\n
Tampoco cumplieron el imperativo de plantear un cargo atendible en la sede extraordinaria, falencia que, unida a la anterior, no puede generar sino la inadmisi\u00f3n de los libelos, tal y como lo prev\u00e9 el segundo inciso del aludido art\u00edculo 184. <\/p>\n
(\u2026) En el asunto de la especie, el primer cargo est\u00e1 encaminado a dejar sin efecto las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por los jueces de instancia, a partir de considerar que resultaba obligatoria la adopci\u00f3n de las medidas provisionales consagradas en el art\u00edculo 101 de la Ley 906 de 2004, proceder procesal que, en criterio de los libelistas, deb\u00eda ser asumido exclusivamente por la fiscal\u00eda hasta antes de presentar la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Como ello no sucedi\u00f3, los actores invocan el remedio procesal extremo de la nulidad para que: (i) la actuaci\u00f3n se retrotraiga a la etapa instructiva, (ii) el ente instructor asuma ante el juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas el rol que echan de menos y, (iii) as\u00ed posibilitar en la sentencia la posterior adopci\u00f3n definitiva de las medidas, que consideran los afectan. <\/p>\n
Concretada de esa forma la censura, el cargo no puede ser admitido, habida cuenta que incumple uno de los principios orientadores de la nulidad, aspecto de estricto orden formal que da al traste con la postulaci\u00f3n en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Record\u00f3 la Sala que por virtud del principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales o de instrumentalidad de las formas, que gobierna la declaratoria de las nulidades, tal sanci\u00f3n se torna inviable cuando la actuaci\u00f3n surtida \u00abcumpla la finalidad prevista en la ley, siempre que no viole el derecho de defensa\u00bb habida consideraci\u00f3n que \u00ablas formas no son un fin en s\u00ed mismo\u00bb, en tal virtud dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Retrotraer el tr\u00e1mite al estadio investigativo para que all\u00ed se tomen medidas provisionales de restablecimiento de derechos por parte del juez constitucional con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, es desconocer que las mismas pueden ser adoptadas de manera definitiva por el juez de conocimiento en la sentencia, sin que exista alg\u00fan pre\u2013requisito en su invocaci\u00f3n \u2013como al parecer entienden los censores\u2013, exigencia no prevista por el legislador penal de 2004. <\/p>\n
Entonces, a pesar que en el caso concreto no se solicitaron medidas provisionales, nada imped\u00eda que el cognoscente en el fallo las ordenara, pues, lo trascendente es que alcancen la finalidad para las que est\u00e1n destinadas. Obrar en el sentido propuesto por los casacionistas es, simplemente, imponer la forma sobre lo sustancial, dar aplicaci\u00f3n a una norma procedimental con total apartamiento del sentido instrumental y finalista con que se concibi\u00f3, al extremo de convertirla en una mera forma inocua (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Asimismo, con apoyo de los precedentes de la Corte Constitucional y de la misma Sala de Casaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la v\u00edctima tambi\u00e9n puede solicitar la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para inferir que el t\u00edtulo de propiedad fue obtenido fraudulentamente, raz\u00f3n por la que el reclamo constante hacia el ente instructor a lo largo del primer reproche en casaci\u00f3n, no tiene sustento constitucional (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) de conformidad con el art\u00edculo 22 de la Ley 906 de 2004, el restablecimiento del derecho funge como un principio rector del procedimiento penal que no est\u00e1 supeditado a la responsabilidad penal, por tanto, se puede reconocer en cualquier etapa del proceso penal \u2013aun en caso de prescripci\u00f3n de la conducta punible\u2013, obligaci\u00f3n a cargo de los funcionarios judiciales (\u2026) <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala, a tono con la constitucional, en orden a asegurar el restablecimiento del derecho en cualquier momento de la actuaci\u00f3n procesal, con independencia de los resultados de las acciones penal y civil, en m\u00faltiples asuntos orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos de manera fraudulenta, por tratarse de una garant\u00eda en favor de la v\u00edctima, de \u00aborden intemporal\u00bb (Corte Constitucional CC C\u2013060\u20132008), que \u00abdimana directamente de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la cual no puede sustraerse el juez\u00bb (Cfr. CSJ SP, 31 jul. 2009, rad. 30983; STP 31 may. 2012, rad. 59485; SP, 21 nov. 2012, rad. 39858; AP, 28 nov. 2012, rad. 40246; AP, 11 dic. 2013, rad. 42737; AP5402\u20132014, 10 sep. 2014, rad. 43716; y CSJ SP, 3 jun. 2020, rad. 54131). <\/p>\n
Como el delito no puede ser fuente v\u00e1lida de derechos, con esta postura la Corte ha privilegiado el derecho de la v\u00edctima del injusto, a que las autoridades adopten las medidas eficaces y apropiadas para el restablecimiento del derecho y la reparaci\u00f3n al interior del proceso penal, tendientes a hacer cesar los efectos producidos por la conducta punible y a que las cosas retornen al estado original en que se encontraban antes de su ejecuci\u00f3n, con el fin de desvirtuar los derechos que se arrogaron de manera contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por eso, ning\u00fan yerro de estructura, menos de garant\u00eda, cometi\u00f3 el Tribunal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, en tanto que se advirtieron las razones jur\u00eddicas y probatorias que no permitieron la prosperidad de las inconformidades formuladas por el quejoso, pues los cargos propuestos, en especial el primero que coincide con la presente solicitud de amparo, no se plantearon en debida forma ni se demostr\u00f3 la existencia de yerro alguno, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica a la de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.2. La tutela como instancia adicional <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la afirmaci\u00f3n del promotor del amparo acerca de la \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb realizada por los funcionarios de instancia, es preciso indicar que la acci\u00f3n supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, puesto que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Esta herramienta no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos defectos no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias, pues ante la divergencia en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n prevalece la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Se aprecia, entonces, que la intenci\u00f3n de Rojas Sandoval es que se valoren los elementos probatorios practicados en el tr\u00e1mite penal y se interprete el ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan su personal intelecci\u00f3n, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, pues pac\u00edficamente ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
4.1. La providencia por medio de la cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda; y, <\/p>\n
4.2. No es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica de los funcionarios cognoscentes, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto de los delitos de falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso. <\/p>\n
2\u0002 Dairo Le\u00f3n Camargo. <\/p>\n
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STC13904-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13904-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03709-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rigoberto Rojas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58539","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58539\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}