STC13917-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03724-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma especialidad y localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2016-00132. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 19 de julio de 2021, mediante el cual el fallador a quo accionado se neg\u00f3 a tener por cumplida la orden que a ella le imparti\u00f3 el tribunal en la sentencia dictada (en grado de consulta) el 16 de diciembre de 2019. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, aleg\u00f3 que el juzgador de primer grado est\u00e1 tergiversando el contenido del fallo de su superior funcional, puesto que all\u00ed no se le orden\u00f3 propiamente sufragar el monto del cr\u00e9dito que actualmente adeudan los all\u00ed demandantes, ni tampoco condonar esa obligaci\u00f3n, sino simplemente negociar la eventual adopci\u00f3n de esas medidas con quien s\u00ed integra el extremo activo de esa acreencia (Bonanza 2.000 Agripecuaria Ltda.), lo cual ya satisfizo a cabalidad (aunque infructuosamente). <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos dicho auto y que, en su lugar, se d\u00e9 por cumplida la orden impartida por el tribunal. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Procuradora 19 Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y enfatiz\u00f3 que la entidad accionante sigue haciendo caso omiso a las \u00f3rdenes que le imparti\u00f3 el tribunal desde el a\u00f1o 2019, pese a que en varias oportunidades se le han indicado las opciones con las que cuenta para el efecto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si el juzgador accionado de primera instancia vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al abstenerse de tener por cumplida la orden que la magistratura de segunda instancia impuso a la hoy accionante. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la parte accionante no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 19 de julio de 2021, pese a que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser procedente frente a tal prove\u00eddo (art\u00edculo 318 C\u00f3digo General del Proceso y STC9878-2016, 21 jul., entre otros), era apto para plantear las inconformidades que aqu\u00ed se esgrimieron como fundamento de esta subsidiaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2019 (sentencia de 3 de agosto de 2011, exp. No. 11001-22-03-000-2011-00741-01)\u201d\u00bb (STC de 18 de marzo de 2013, exp. 2012-00176-02). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente todos los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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