STC13922-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13922-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03639-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Milena Garc\u00eda P\u00e9rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Quinto Penal del Circuito y Quinto Civil Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la ciudad en cita y los intervinientes en el juicio criminal n\u00ba 2010-03254-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con las sentencias de 6 de agosto de 2019 y 20 de enero de 2021, mediante las cuales los juzgadores encartados \u2013en segunda instancia y en sede de impugnaci\u00f3n especial- revocaron la sentencia desestimatoria de primera grado y en su lugar la condenaron a 48 meses de prisi\u00f3n por el delito de omisi\u00f3n de agente retenedor o recaudador. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, la actora reproch\u00f3 que en dicho juicio se le juzg\u00f3 como persona ausente, sin que se hubieran acometido mayores esfuerzos por vincularla al juicio; que las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda no tiene el m\u00e9rito probatorio suficiente para respaldar la condena; y que es evidente que ella no cometi\u00f3 el il\u00edcito que se le imputa, por cuanto para la \u00e9poca de los hechos resid\u00eda en otro pa\u00eds. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto ambas sentencias, as\u00ed como la orden de detenci\u00f3n librada en su contra. <\/p>\n
1. La Dian pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda en consideraci\u00f3n a que las fustigadas providencias no involucran v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. La hom\u00f3loga Penal hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a este tr\u00e1mite; sintetiz\u00f3 los argumentos que le fueron puestos de presente por parte de la defensora que se le design\u00f3 a la accionante y reiter\u00f3 las consideraciones sobre cuya base fueron desestimadas esas alegaciones. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la salvaguarda, defendiendo la legalidad del censurado juicio y recalcando que la problem\u00e1tica planteada no tiene trascendencia constitucional, en la medida en que a la accionante se le respetaron todas sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Veinte Seccional de Administraci\u00f3n P\u00fablica de Pereira manifest\u00f3 que, contrario a lo que sostuvo la convocante, en el proceso penal sobre el que ac\u00e1 se discute, se acometieron ingentes esfuerzos por lograr su efectiva comparecencia y, al no obtener resultados favorables, tuvo que adelantarse el juicio con la intervenci\u00f3n de un defensor p\u00fablico, con cuya comparecencia se garantizaron las formas propias de la actuaci\u00f3n y el respeto de sus derechos procesales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la hom\u00f3loga Penal vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar el fallo condenatorio dictado en contra de quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de segunda instancia del tribunal, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la condena impuesta contra la hoy accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura sostuvo que \u00abla Fiscal\u00eda delegada acredit\u00f3 que DIANA MILENA GARC\u00cdA P\u00c9REZ diligenci\u00f3 y present\u00f3 dos declaraciones de IVA correspondientes a los periodos 05 y 06 del 2008, evidenciando con ello que hab\u00eda recaudado el tributo. Lo anterior fue demostrado mediante los certificados de declaraci\u00f3n bimestral de dicho impuesto, correspondientes de los periodos 05 del a\u00f1o 2008, presentada el 24 de noviembre de 20081 por valor de $4.143.000.oo, y del periodo 06 del mismo a\u00f1o, radicada el 23 de enero de 20092 por valor de $1.640.000.oo. Con dichos documentos, el \u00d3rgano acusador del Estado tambi\u00e9n demostr\u00f3 que pese a declararle a la DIAN el recaudo del impuesto a las ventas, la procesada se abstuvo de su obligaci\u00f3n de consignar dichos tributos, pues las declaraciones fueron presentadas a la entidad bancaria \u00absin pago\u00bb, de lo cual se dej\u00f3 constancia en el sello de recibido\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abDurante la audiencia p\u00fablica del juicio, la Fiscal\u00eda tambi\u00e9n introdujo el Oficio de la Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Recaudo y Cobranzas de la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, del 1\u00ba de junio de 2010, mediante la cual certific\u00f3 que DIANA MILENA GARC\u00cdA P\u00c9REZ no hab\u00eda efectuado abonos a los conceptos adeudados. Asimismo, aport\u00f3 el oficio persuasivo penalizable del 22 de febrero de 2010, dirigido por la DIAN a GARC\u00cdA P\u00c9REZ, mediante el cual se le invita a ponerse al d\u00eda con el cumplimiento del pago de las obligaciones fiscales mencionadas. Los anteriores elementos probatorios se acompa\u00f1aron de los testimonios de la Jefe de la Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n y Cobranzas de la DIAN, doctora Diana Lorena R\u00edos Id\u00e1rraga, quien inform\u00f3, entre otras cosas, que la enjuiciada se hallaba registrada en el RUT desde el 7 de julio de 2008, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n tuvo lugar el 29 del mismo mes y a\u00f1o, as\u00ed como del aviso publicado en el diario \u00abEl Tiempo\u00bb a fin de notificarle el requerimiento del cobro. Igualmente compareci\u00f3 a testimoniar al juicio el abogado externo de la DIAN, doctor Naud\u00edn Antonio G\u00f3mez, quien adem\u00e1s de referirse en los mismos t\u00e9rminos anteriores respecto de los hechos que originaron la presente actuaci\u00f3n, inform\u00f3 que la actividad desarrollada por la enjuiciada consist\u00eda en prestar servicio de alojamiento en apartahoteles y hostales, la cual se encuentra gravada con el IVA\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 igualmente que, \u00abSeg\u00fan la impugnante, la prueba aportada por la Fiscal\u00eda para acreditar el desarrollo y explotaci\u00f3n por su representada de una actividad econ\u00f3mica determinada y sujeta a tributaci\u00f3n, no fue id\u00f3nea. Del mismo modo, manifiesta que el Ente acusador del Estado debi\u00f3 demostrar que su asistida estaba inscrita en la C\u00e1mara de Comercio como comerciante, a fin de establecer si la empresa estaba o no activa, qui\u00e9n fung\u00eda como representante legal, qui\u00e9nes integraban la junta directiva, cu\u00e1l era su objeto social, su duraci\u00f3n, domicilio, fecha de creaci\u00f3n, cambios en su estructura, y si la acusada se hallaba a la cabeza de la misma\u00bb. <\/p>\n
A su vez, record\u00f3 que \u00abLa defensora insiste en cuestionar que la Fiscal\u00eda no demostr\u00f3 la calidad de comerciante de su asistida, con lo cual la tipificaci\u00f3n de la conducta decaer\u00eda por no asistirle la condici\u00f3n de sujeto activo calificado, as\u00ed como su responsabilidad por ausencia de prueba demostrativa de su representaci\u00f3n legal de la empresa. Debido a lo anterior, la Sala recordar\u00e1 que el delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador consagrado en el art\u00edculo 402 del C\u00f3digo Penal prev\u00e9 un sujeto activo calificado, por cuanto se trata de una obligaci\u00f3n predicable de quien retiene o recauda el IVA. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-09 de 2003 se refiri\u00f3 a la naturaleza del agente retenedor o recaudador indicando: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 402 de la ley 599 de 2000 establece: i) el sujeto activo cualificado y el pasivo de la conducta punible como son, respectivamente, el agente retenedor o autorretenedor y el responsable del IVA (personas naturales o jur\u00eddicas) y el Estado; ii) la conducta reprochable y su temporalidad, referidas a las hip\u00f3tesis de \u201cno consignar\u201d las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retenci\u00f3n en la fuente, o las sumas recaudadas por concepto de IVA, dentro del plazo estipulado en la misma norma -2 meses -. Igualmente se estipula el evento de quien teniendo a cargo el recaudo de tasas o contribuciones p\u00fablicas no las consigne dentro del t\u00e9rmino legal; (iii) el bien jur\u00eddico protegido: la Administraci\u00f3n P\u00fablica…\u00bb. <\/p>\n
En el presente asunto, la Sala evidencia que la acusada se hallaba inscrita en el Registro \u00danico Tributario como persona natural comerciante3, pues en la casilla 24 de su RUT, correspondiente al tipo de contribuyente, se registra como persona natural y no como empresaria. Por ello, la alegaci\u00f3n de la defensa relacionada con la ausencia de demostraci\u00f3n de aspectos tales como la representaci\u00f3n legal de la empresa, su gerencia, junta directiva, vigencia, objeto social y estructura, carecen de incidencia en este asunto, pues se reitera, su inscripci\u00f3n en el RUT, as\u00ed como las declaraciones del IVA se hicieron a t\u00edtulo de persona natural comerciante y no empresarial. Dicho de otro modo, DIANA MILENA GARC\u00cdA P\u00c9REZ, inform\u00f3 a la DIAN que ten\u00eda, como persona natural comerciante, unas obligaciones tributarias con el Estado, en virtud de las operaciones mercantiles que realizaba, las cuales se hallaban sujetas al impuesto sobre las ventas. En desarrollo de estas, liquid\u00f3 el valor del gravamen recaudado y lo declar\u00f3, pero se abstuvo injustificadamente de trasladar dichos dineros al erario p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que, \u00abdebido a la actividad comercial registrada en el RUT -c\u00f3digo 5511, prestaci\u00f3n de servicios de alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles-, en la casilla destinada a las responsabilidades, se le asignaron obligaciones propias de los comerciantes, tales como el pago del impuesto a la renta y complementarios, la retenci\u00f3n en la fuente en el impuesto sobre las ventas, el impuesto de ventas seg\u00fan el r\u00e9gimen com\u00fan, la retenci\u00f3n en la fuente a t\u00edtulo de renta y el suministro de informaci\u00f3n ex\u00f3gena. Justamente, como resultado de la actividad mercantil registrada en el RUT, la procesada declar\u00f3 el IVA correspondientes a los periodos 05 y 06 del a\u00f1o 2008, en las cuales indic\u00f3 haber generado impuestos por valor de $4.143.000.oo y $1.640.000.oo, respectivamente. De manera que fue la propia procesada quien report\u00f3 a la DIAN de su condici\u00f3n de persona natural comerciante, y con ello asumi\u00f3 la funci\u00f3n de agente retenedora o recaudadora del IVA, adquiriendo la calidad sujeto activo calificado que el punible consagrado en el art\u00edculo 402 del C\u00f3digo Penal demanda y, por supuesto, la obligaci\u00f3n de realizar los pagos de las sumas recaudadas por dicho concepto tributario, dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la respectiva declaraci\u00f3n. Siendo ello as\u00ed, en nada incide que no se haya aportado el certificado de la C\u00e1mara de Comercio, pues la inscripci\u00f3n en el RUT, mecanismo que la clasific\u00f3 como comerciante al registrarle la actividad econ\u00f3mica referenciada con el c\u00f3digo 5511 sujeta al IVA, al igual que las declaraciones bimestrales de dicho impuesto, evidencian tal condici\u00f3n, y que su actividad mercantil se desarrollaba como persona natural y no como representante legal de alguna empresa\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00ablas declaraciones tributarias, entre ellas la bimestral del IVA, gozan, por ministerio de la ley, de la presunci\u00f3n de veracidad y, por lo tanto, le corresponde demostrar lo contrario a quien considere que en estas se incurri\u00f3 en una falsedad o imprecisi\u00f3n. La Sala corrobora que la defensa, en el juicio oral, tuvo la oportunidad de ejercer el control de autenticidad sobre las declaraciones fiscales presentadas por la Fiscal\u00eda; sin embargo, no se opuso a dichos documentos, no rebati\u00f3 ni tach\u00f3 su genuinidad, guardando silencio y refrendando con ello su veracidad. Es importante rememorar, que en la l\u00f3gica del sistema adversarial de la Ley 906 de 2004 por la que se rige el presente asunto, las partes deben probar su teor\u00eda del caso, y si bien los procesados se hallan cobijados por la m\u00e1xima del onus probandi, seg\u00fan la cual la Fiscal\u00eda tiene la carga probatoria de la responsabilidad penal, si la defensa postula su versi\u00f3n de lo ocurrido, debe acreditarle al juez su plausibilidad. Lo anterior no se traduce en la inversi\u00f3n de la carga demostrativa de la responsabilidad penal, sino, por el contrario, en el ejercicio defensivo a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de la teor\u00eda del caso presentada a consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia. En este contexto es que se produce la alusi\u00f3n por parte del Tribunal a la carga din\u00e1mica de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que \u00abLa antijuridicidad de la conducta, as\u00ed como la culpabilidad no fueron cuestionadas por la impugnante. Pese a ello, la Sala verifica que el comportamiento de DIANA MILENA GARC\u00cdA P\u00c9REZ tambi\u00e9n fue formal y materialmente antijur\u00eddico, pues conoc\u00eda, por medio del RUT y sus propias declaraciones tributarias, que abstenerse del pago de los tributos recaudados configuraba un comportamiento antijur\u00eddico, y sin justificaci\u00f3n legal alguna, omiti\u00f3 dicho pago. En el \u00e1mbito de la culpabilidad, la acusada ten\u00eda la posibilidad de comportarse conforme a derecho, pues dada su condici\u00f3n de comerciante conocedora de sus obligaciones para con el fisco, estaba en condiciones de desplegar un comportamiento compatible con el ordenamiento jur\u00eddico y, al no hacerlo, su conducta resulta penalmente reprochable. Bajo las anteriores condiciones, la Corte concluye que el comportamiento penalmente desarrollado por DIANA MILENA GARC\u00cdA P\u00c9REZ se encuentra plenamente demostrado, hall\u00e1ndose cumplidos a cabalidad todos los requisitos para declararla responsable como autora del punible de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador, de conformidad con los presupuestos exigidos por el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior por cuanto, como persona natural comerciante, de manera dolosa se abstuvo de consignar, dentro de los dos meses siguientes a las fechas se\u00f1aladas por el Gobierno Nacional, las sumas recaudadas por concepto del IVA que gener\u00f3 la actividad econ\u00f3mica que explotaba, correspondiente a la prestaci\u00f3n del servicio de alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles, durante los periodos 05 y 06 de 2008, por un valor total de $5.783.000.oo m\u00e1s sus intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que \u00aben el caso que se analiza era procedente ordenar la captura de la acusada, pues el mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria concedida, implica una restricci\u00f3n efectiva de la libertad personal, no su suspensi\u00f3n, solo que su cumplimiento se realiza en su domicilio y no en un centro penitenciario, raz\u00f3n por la cual era procedente emitir la orden de captura a efectos de iniciar el cumplimiento de la pena. Adicionalmente a ello, debe repararse en que la procesada fue declarada persona ausente. Consecuente con esta realidad, no existe otra forma de hacer efectivo el cumplimiento de la pena que ordenar su captura, pues como la enjuiciada no pudo ser localizada, a efectos de lograr su ubicaci\u00f3n f\u00edsica en su lugar de domicilio para dar cumplimiento a la sanci\u00f3n restrictiva de la libertad impuesta, se hace necesario emitir dicha orden\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folio 21 ib\u00eddem. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folio 23 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Folio 19, casilla 24, ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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