STC13923-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13923-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03740-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Dios Prada Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2019-00065. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 20 de septiembre de 2021, mediante la cual la magistratura accionada, en el proceso de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 M\u00f3nica Mar\u00eda Rend\u00f3n Gonz\u00e1lez, revoc\u00f3 la autorizaci\u00f3n que el fallador de primer grado le hab\u00eda otorgado para transitar por el predio de la all\u00ed convocante a efectos de llegar a su residencia. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, aleg\u00f3 que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Barichara fue la primera en reconocer en su favor un \u00abderecho de servidumbre de tr\u00e1nsito por statu quo\u00bb en el a\u00f1o 2017; que la legalidad de ese aval no fue cuestionado por la convocante en su libelo introductor, en el cual \u00fanicamente se le censur\u00f3 por haber introducido, inconsultamente, maquinaria pesada al predio de la actora el d\u00eda 19 de junio de 2019, para agrandar la v\u00eda por la que cruzaba hasta su residencia; que, justamente por virtud de esa delimitaci\u00f3n de las pretensiones, el fallador de primera instancia le prohibi\u00f3 incurrir en conductas como las que originaron la contienda, pero mantuvo el statu quo reconocido por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda; y que, en forma incongruente, el tribunal revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, desconociendo igualmente su condici\u00f3n de adulto mayor y que el predio de la demandante es la \u00fanica forma de ingresar a su vivienda desde la v\u00eda principal. <\/p>\n
3. Por ende, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada sentencia y que, en su lugar, se confirme lo decidido en primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretar\u00eda del tribunal convocado hizo un breve recuento de lo acontecido en el litigio materia del resguardo y enfatiz\u00f3 que el expediente se regres\u00f3 al juzgado de origen desde el pasado 28 de septiembre. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil remiti\u00f3 copia digital del expediente referente al proceso judicial sobre el que versa la queja constitucional. <\/p>\n
3. Mediante apoderado judicial, Miguel \u00c1ngel, Herminia, Martha y Odilia Prada Mart\u00ednez se opusieron a la prosperidad del resguardo, arguyendo la razonabilidad de la fustigada providencia, la existencia de un mecanismo judicial alternativo a la tutela (el proceso de servidumbre que se adelanta actualmente) y la ausencia de elementos de juicio que acrediten el perjuicio irremediable invocado por el convocante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado revoc\u00f3 el numeral de la sentencia de primera instancia en el cual se le hab\u00eda permitido al aqu\u00ed accionante que continuara atravesando el predio de la se\u00f1ora M\u00f3nica Mar\u00eda Rend\u00f3n Gonz\u00e1lez para llegar a su residencia, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante recalcar que no se observa caprichoso que la magistratura querellada hubiera entendido que la legalidad de la susodicha habilitaci\u00f3n, contrario a lo que sostuvo el fallador de primera instancia, s\u00ed formaba parte del marco litigioso que conformaron las partes a trav\u00e9s de sus escritos iniciales de defensa, pues tal entendimiento resulta plausible teni\u00e9ndose en cuenta que en el libelo introductor se pidi\u00f3, en t\u00e9rminos suficientemente amplios, \u00abordenar al demandado que cese inmediatamente todos los actos perturbatorios a la posesi\u00f3n que viene ejerciendo por s\u00ed mismo o por intermedio de dependientes suyos en el predio rural denominado Los Pomarrosos\u00bb. <\/p>\n
De hecho, as\u00ed mismo lo entendi\u00f3 el se\u00f1or Prada Jim\u00e9nez cuando, al intentar enervar el \u00e9xito de las pretensiones, excepcion\u00f3 que \u00e9l \u00abtiene permiso desde hace a\u00f1os para transitar por la v\u00eda o camino al interior del predio los Pomorrorsos\u00bb; que \u00abesta situaci\u00f3n de permiso o aceptaci\u00f3n del paso o tr\u00e1nsito ha generado de hecho una servidumbre de tr\u00e1nsito para el acceso al predio El Arbolito\u00bb y que, por tal motivo, \u00abno hay hechos constitutivos de perturbaci\u00f3n atribuibles a Juan de Dios Prada, por el contrario, \u00e9l est\u00e1 amparado a usar la servidumbre de hecho y a hacerle mantenimiento y disfrutar de ella\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, cabe resaltar que los elementos de juicio recaudados en este tr\u00e1mite constitucional no evidencian que, ante los juzgadores accionados, el querellante hubiera alegado y demostrado que su edad o cualquiera otra de sus condiciones personales ameritaba una resoluci\u00f3n distinta de la pretendida por la demandante, ni que el predio de esta \u00faltima litigante fuera de cruce obligado para arribar a su residencia, tema que no acept\u00f3 y, por el contrario, rebati\u00f3 la se\u00f1ora Rend\u00f3n Gonz\u00e1lez, quien insisti\u00f3, tanto en su memorial de r\u00e9plica a las excepciones, como en su escrito de apelaci\u00f3n, que \u00ablos hoy demandados cuentan con sus propias zonas de acceso a sus predios y sin la necesidad de perturbar el predio\u00bb. <\/p>\n
La magistratura encartada inici\u00f3 resaltando en su sentencia que \u00abno es objeto de controversia la existencia de la perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n ejercida por el demandado Juan de Dios Prada Jim\u00e9nez, por encontrarse debidamente probados los actos perturbatorios por \u00e9l ejercidos en el predio objeto de litis. As\u00ed pues, que, el problema jur\u00eddico a resolver, tal como se plante\u00f3 desde la sustentaci\u00f3n del recurso de alzada, radica en establecer si resultaba congruente mantener la medida de statu quo decretada al interior del proceso policivo, aun cuando se prob\u00f3 en el proceso y se declar\u00f3 en la sentencia, la perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel principio de congruencia de la sentencia exige que \u00e9sta debe estar acorde con los hechos y las pretensiones planteadas en la demanda, y, en el art. 281 del C.G.P. (\u2026). Adem\u00e1s, el principio de congruencia de la sentencia, se traduce en una garant\u00eda del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez s\u00f3lo se pronunciar\u00e1 respecto de lo discutido y no fallar\u00e1 ni extra petita, ni ultra petita, porque en todo caso, la decisi\u00f3n se tomar\u00e1 de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, adem\u00e1s, garantiza el derecho a la defensa de las partes, puesto que durante el debate podr\u00e1n ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los t\u00e9rminos procedentes\u00bb. <\/p>\n
A espacio seguido, record\u00f3 que \u00abal momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, se solicit\u00f3 como primera pretensi\u00f3n, \u201cOrdenar al demandado Juan de Dios Prada Jim\u00e9nez, que cese inmediatamente todos los actos perturbatorios a la posesi\u00f3n que viene ejerciendo por s\u00ed mismo o por intermedio de dependientes suyos, en el predio rural, denominado Los Pomarrosos\u2026; como segunda pretensi\u00f3n, \u201cProhibir al mismo demandado Juan de Dios Prada Jim\u00e9nez, a realizar y\/o ejecutar obras o hechos, que perturben el ejercicio normal de la posesi\u00f3n que ostentan mis poderdantes sobre el predio rural Los Pomarrosos\u2026\u201d. En el numeral tercero de la sentencia de la primera instancia se dispuso: \u201cProhibir al demandado Juan de Dios Prada Jim\u00e9nez a realizar y\/o ejecutar obras o hechos que perturben el ejercicio normal de la posesi\u00f3n que ostentan la familia Prada Mart\u00ednez sobre el predio rural Los Pomarrosos, ubicado en la vereda El Arbolito del Municipio de Barichara Sder., identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 302-11721 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barichara, haciendo la salvedad que esta prohibici\u00f3n va para cualquier acto diferente a permitir el paso del demandado sobre los predios Los Pomarrosos, que lo comunica al predio de su propiedad denominado El Arbolito, por cuanto se mantiene el Statu quo decretado por la autoridad policial\u201d\u00bb. <\/p>\n
A partir de ese contexto, concluy\u00f3 que \u00aben el presente asunto, la primera instancia estudi\u00f3 el caudal probatorio recopilado durante el tr\u00e1mite, y encontr\u00f3 soporte suficiente para efectuar el respectivo amparo posesorio solicitado por los demandantes, pero, de manera equivocada, mantuvo el statu quo que la autoridad administrativa decret\u00f3 como medida provisional mientras se acud\u00eda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria a dirimir el conflicto suscitado entre las partes. En efecto, la determinaci\u00f3n de la autoridad administrativa comprendi\u00f3 de manera provisional, el amparo de la aparente servidumbre alegada por el querellante; luego entonces, el argumento del juzgador para mantener dicha medida, no guarda congruencia con lo pedido en la demanda, si se tiene en cuenta que, se logr\u00f3 demostrar que el demandado efectu\u00f3 actos perturbatorios en el predio \u201cLos Pomarrosos\u201d ubicado en la vereda El Arbolito del municipio de Barichara, situaci\u00f3n que resulta contradictoria con lo decidido en el presente evento ya que la mera ocupaci\u00f3n o uso del espacio alegado en el tr\u00e1mite policivo como servidumbre, dio origen a la perturbaci\u00f3n alegada en el sub lite, por tanto, no resulta congruente sostener a trav\u00e9s de medidas provisionales de tipo administrativo que \u201ctienen car\u00e1cter y efectos provisionales, en raz\u00f3n a que permanecen hasta que el juez competente resuelva el fondo de la controversia\u201d, la situaci\u00f3n que en principio aquejo a los demandantes y que posteriormente dio origen a la presente Litis, motivo m\u00e1s que suficiente para acoger los argumentos plantados por el apelante en su escrito. As\u00ed las cosas, y sin que se tornen necesarias otras apreciaciones sobre el particular, se deber\u00e1 revocar parcialmente el numeral tercero de la sentencia de la primera instancia, en lo relacionado con la salvedad de mantener el statu quo decretado por la autoridad administrativa. Por lo dem\u00e1s, de conformidad con lo dispuesto en el art. 366-8 del C.G.P., se prescinde de la condena en costas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la pretendida salvaguarda tampoco se abre camino bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria. Sobre el particular, se insiste en que, aunque el accionante manifest\u00f3 que en raz\u00f3n de la fustigada providencia su predio perdi\u00f3 el acceso desde la v\u00eda principal, finalmente no alleg\u00f3 elementos de juicio suficientes que acreditaran dicha situaci\u00f3n, ni tampoco que esa fuera la \u00fanica forma de ingresar a su residencia. <\/p>\n
A ello se suma que, seg\u00fan se indic\u00f3 en la demanda de tutela, en la actualidad cursa un proceso promovido por el mismo accionante, tendiente a que se declare la existencia de una servidumbre de tr\u00e1nsito sobre el fundo de la se\u00f1ora Rend\u00f3n Gonz\u00e1lez (rad. 2019-00079), circunstancia que impide la injerencia del juez constitucional, en raz\u00f3n del principio de subsidiariedad que informa a este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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