STC13944-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13944-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02007-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de septiembre de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Livis Melida de la Ossa Ochoa contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales \u00aba la vida digna, salud, m\u00ednimo vital, al trabajo, igualdad, y a la seguridad social en conexidad con la vida y estabilidad laboral reforzada\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad acusada al proferir el Decreto n\u00ba 773 de 28 de mayo de 2021, por medio del cual fue declarada insubsistente en el cargo que desempe\u00f1aba como \u00abasesor, c\u00f3digo 1AS, grado 24 de la Procuradur\u00eda Tercera Delegada con funciones de intervenci\u00f3n para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz- JEP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aduce que, al proferir el referido acto administrativo, la convocada, no tuvo en cuenta que padece \u00abcarcinoma de tiroides papilar\u00bb, entre otras afecciones, es \u00abmadre cabeza de hogar\u00bb, que detenta la calidad de \u00abprepensionada\u00bb, en tanto que, s\u00f3lo le faltan como requisitos para acceder a su pensi\u00f3n de vejez \u00ab65 semanas y 7 meses para cumplir 57 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tiene a su cargo a su hijo Julio Alberto Caama\u00f1o de la Ossa, que, aunque es mayor de edad, ha sido diagnosticado con \u00abesquizofrenia paranoide\u00bb; quien tambi\u00e9n se ha visto afectado con la referida desvinculaci\u00f3n, pues se encuentra desafiliado del sistema de salud desde el 3 de agosto de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n: (i) el reintegro inmediato a un cargo igual al que inicialmente desempe\u00f1aba, o a uno de mayor jerarqu\u00eda, en la ciudad de Bogot\u00e1, (ii) que efect\u00fae el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y realic\u00e9 las cotizaciones pertinentes al Sistema de Seguridad Social, desde la desvinculaci\u00f3n hasta que se concrete el reintegro, (iii) se le reconozca a su favor \u00abla sanci\u00f3n establecida en el inciso segundo del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 esto es, 180 d\u00edas de salario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso a la prosperidad del auxilio, destacando que \u00abla decisi\u00f3n del nominador con la expedici\u00f3n del Decreto 773 del 28 de mayo de 2021, obedeci\u00f3 a la facultad discrecional que le otorga la constituci\u00f3n pol\u00edtica y la ley (Decreto Ley 262 de 2000), ya que la Procuradora General de la Naci\u00f3n como jefe m\u00e1ximo del Ministerio P\u00fablico, cuenta con las prerrogativas que le otorg\u00f3 el legislador para el ejercicio eficiente de sus funciones, y una de estas es conformar sus grupos de trabajo con las personas que considere m\u00e1s aptas para ello, ejerciendo de ser necesario su facultad discrecional de nombrar y remover los servidores que ostenten los empleos con esa naturaleza particular (\u2026) la decisi\u00f3n administrativa proferida por la Procuradora General de la Naci\u00f3n, contenida en el acto administrativo objeto de debate en escenario de tutela, goza de la presunci\u00f3n de legalidad, tal como lo establece el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2011 \u2013CPACA\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la naturaleza del cargo que desempe\u00f1aba la promotora est\u00e1 catalogado como de libre nombramiento y remoci\u00f3n, por el nivel de confianza, direcci\u00f3n y manejo de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que, (i) la accionante no solicit\u00f3 evaluaci\u00f3n para estabilidad laboral reforzada por causas m\u00e9dicas; (ii) no radic\u00f3 solicitud o petici\u00f3n por medio de la cual manifestara que cumple con los requisitos para ser considerada prepensionada; (iii) desde el a\u00f1o 2004 no presenta incapacidades. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, \u00abla accionante se\u00f1ala una serie de hechos y conjeturas que no corresponden a una acci\u00f3n de tutela sino a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que el escrito se enfoca en atacar la legalidad del acto administrativo por medio de la (sic) cual se declar\u00f3 la insubsistencia de su nombramiento ordinario. Si la accionante considera que el acto administrativo mencionado es contradictorio o ilegal el mecanismo id\u00f3neo para atacar estas situaciones, debe acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Saludcoop E.P.S., y el Centro de Cirug\u00eda M\u00ednima Invasiva S.A.S. -CECIMIN S.A.S., mediante escritos separados, adujeron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidieron ser desvinculadas del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Hern\u00e1n Adolfo Pe\u00f1a Berdugo, asegur\u00f3 que la Procuradora General de la Naci\u00f3n no ha vulnerado los derechos que reclama la querellante, por tanto, solicit\u00f3 que el amparo fuera denegado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional neg\u00f3 la salvaguarda arguyendo, en s\u00edntesis, que \u00ab(\u2026) la se\u00f1ora de la Ossa Ochoa estuvo vinculada en un cargo de libre nombramiento y remoci\u00f3n, donde su ingreso, permanencia y determinaci\u00f3n de insubsistencia depend\u00edan \u00fanicamente de su nominador, lo que era de su pleno conocimiento ya que en el nombramiento as\u00ed est\u00e1 estipulado (\u2026) no es viable proteger un derecho que no se tiene y que no es susceptible de excepci\u00f3n por pre-pensi\u00f3n y\/o debilidad manifiesta, como la accionante lo quiere hacer ver\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, reiterando lo aducido en el escrito inicial, y agreg\u00f3 que (i) la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 el tribunal a quo de la sentencia SU-003 de 2018 no fue adecuada; (ii) el nominador cuenta con una discrecionalidad restringida al momento de declarar insubsistente a un empleado que cuente con \u00abfuero de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb; (iii) \u00aberr\u00f3 el Honorable Tribunal Superior, al centrar el objeto de estudio (\u2026) a la calidad de vinculaci\u00f3n que ostent[a]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si con la expedici\u00f3n del Decreto n\u00ba 773 de 28 de mayo de 2021, proferido por la Procuradora General de la Naci\u00f3n, que declar\u00f3 insubsistente a Livis Melida de la Ossa Ochoa, en el cargo que desempe\u00f1aba como \u00abasesor, c\u00f3digo 1AS, grado 24 de la Procuradur\u00eda Tercera Delegada con funciones de intervenci\u00f3n para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz- JEP\u00bb se transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por la convocante. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, en la medida que la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular que declar\u00f3 insubsistente a la gestora en el cargo que desempe\u00f1aba en la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, cuyo control corresponde a los jueces contencioso administrativos, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando la interesada cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho mecanismo de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo expuesto, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones expuestas en esta instancia, en tanto que incumple el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13944-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13944-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02007-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58570","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58570"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58570\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}