STC13946-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13946-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2021-00239-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jes\u00fas \u00c1ngel Torres Pedroza contra el Juzgado Segundo Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto\u2026 los autos No. 627 del 13 de abril, No. 997 del 23 de junio y No. 1329 del 28 de julio\u2026\u00bb; y \u00aben su lugar ordene a la parte demandante efectuar el env\u00edo de la copia de la demanda y sus anexos al correo electr\u00f3nico [de su] apoderado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Lucenith P\u00e9rez Ayala promovi\u00f3 juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Jes\u00fas \u00c1ngel Torres Pedroza, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, el que con auto de 13 de abril de 2021 tuvo como v\u00e1lida la citaci\u00f3n del demandado de que trata el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, el 23 de junio siguiente lo tuvo notificado por aviso conforme con el art\u00edculo 292 \u00eddem y el 28 de julio de 2021 deneg\u00f3 la reposici\u00f3n presentada frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que la parte demandante remiti\u00f3 al siti\u00f3 de notificaci\u00f3n del demandado la citaci\u00f3n, en la que le manifest\u00f3 que deb\u00eda presentarse al juzgado dentro de los 5 d\u00edas siguientes al env\u00edo de la comunicaci\u00f3n para el enteramiento del auto admisorio de la demanda; que su abogada acudi\u00f3 al despacho solicitando que se le ordenara a la actora cumplir con el Decreto 806 de 2020 respecto del traslado del libelo, por lo que inform\u00f3 el correo electr\u00f3nico al que deb\u00eda ser enviada, empero, el extremo actor envi\u00f3 la notificaci\u00f3n, sin adjuntar copia de la demanda para su traslado. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que dicho enteramiento fue aceptado; y que si bien interpuso reposici\u00f3n, se mantuvo la decisi\u00f3n, sin atender a la nueva norma procesal, caus\u00e1ndole una grave afectaci\u00f3n a sus derechos al no poder contestar la demanda ni allegar pruebas. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el Decreto 806 de 2020 estatuy\u00f3 la forma como deb\u00eda efectuarse el enteramiento de las providencias judiciales; que la demandante deb\u00eda remitir copia de la demanda y anexos adjuntos a la notificaci\u00f3n del auto admisorio, lo que no hab\u00eda realizado; y que el fallador no examin\u00f3 la aludida normatividad. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Lucenith P\u00e9rez Ayala indic\u00f3 que la demanda ten\u00eda una solicitud de medida cautelar y la expresi\u00f3n, bajo juramento, que desconoc\u00eda el correo electr\u00f3nico del demandado, por lo que el estrado acusado dispuso que se surtieran las notificaciones de la forma tradicional; que actu\u00f3 conforme a la norma procesal y el enteramiento se surti\u00f3 en debida forma; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda incidencia en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta refiri\u00f3 que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno, pues las decisiones hab\u00edan sido emitidas de manera oportuna y eran ajustadas a derecho. Remiti\u00f3 copia del expediente cuestionado. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues para alegar cualquier irregularidad atinente a una indebida notificaci\u00f3n contaba con la nulidad procesal dispuesta en el inciso 5 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, en remisi\u00f3n expresa del numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo que no hab\u00eda sido empleado; que conforme con el art\u00edculo 134 \u00eddem la nulidad pod\u00eda alegarse en cualquiera de las instancias antes de dictarse sentencia; y que no dejaba de lado que el gestor hubiese formulado recurso de reposici\u00f3n en contra del auto de 23 de junio de 2021, empero, dicho mecanismo no era el \u00fanico mecanismo procedente, pues el id\u00f3neo era la anotada nulidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el requisito de la subsidiariedad era innecesario para la finalidad que buscaba, pues la obligaci\u00f3n incumplida era la de efectuar el traslado de la demanda con la respectiva copia; que la nulidad no ten\u00eda cabida; que se incurr\u00eda en una confusi\u00f3n; que se deb\u00eda aplicar el Decreto 806 de 2020, que era de obligatorio cumplimiento por ser posterior; y que agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el juzgador accionado, en la providencia de 28 de julio de los corrientes, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es claro que el auto objeto de censura ha de mantenerse inc\u00f3lume. A esta tesis se arriba a partir de las siguientes premisas: <\/p>\n
– Revisada nuevamente la demanda, se observa que en el escrito incoativo se solicit\u00f3 el decret\u00f3 de una medida cautelar, circunstancia que RELEV\u00d3 a la demandante de la obligaci\u00f3n impuesta en el inciso 4\u00ba, art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 806 de 2020. Raz\u00f3n por la cual, al momento en que present\u00f3 la demanda, no ten\u00eda que acreditar el env\u00edo de ese escrito y sus anexos al eventual convocado. <\/p>\n
– Ahora, entre los m\u00faltiples aspectos que regul\u00f3 el Decreto 806 de 2020, tuvo especial trascendencia la forma en que se podr\u00eda efectuar la notificaci\u00f3n de las actuaciones judiciales. As\u00ed, el art\u00edculo 8\u00ba si bien posibilit\u00f3 que esta pod\u00eda realizarse con el env\u00edo de la providencia como mensaje de datos a la direcci\u00f3n o sitio que suministrara el interesado, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual, no por ello debe entenderse que esta nov\u00edsima forma de notificaci\u00f3n elimin\u00f3 o suprimi\u00f3 lo estatuido en los art\u00edculos 291 y 292 del C.G.P., no s\u00f3lo porque el Decreto en menci\u00f3n tiene un limite temporal de aplicaci\u00f3n (dos a\u00f1os desde su expedici\u00f3n), sino porque adem\u00e1s la norma no RESTRINGI\u00d3 la anterior forma de notificaci\u00f3n, obs\u00e9rvese que en el primer segmento de ese articulado se utiliza la palabra \u201c(\u2026) tambi\u00e9n (\u2026)\u201d, lo que revela la vigencia de las dos normas, quedando a voluntad del interesado el uso del aplicativo que m\u00e1s le convenga, sin que le sea permitido, claro est\u00e1, realizar una mixtura entre el uno y el otro. <\/p>\n
Pues bien, a esa forma anterior de notificaci\u00f3n fue a la que acudi\u00f3 la aqu\u00ed demandante, quien al desconocer la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del convocado, opt\u00f3 por remitir el citatorio de notificaci\u00f3n personal (art\u00edculo 291 del C.G.P.), y al no lograr la comparecencia del demandado en el tr\u00e1mite procesal, termin\u00f3 por perfeccionar la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s del env\u00edo del aviso a la direcci\u00f3n f\u00edsica de JESUS ANGEL TORREZ PEDROZA (art\u00edculo 292 del C.G.P.), norma que a diferencia de lo que cree la recurrente NO exige el env\u00edo de la demanda y sus anexos al accionado, pues solo impone que el aviso deber\u00e1 ir acompa\u00f1ado de copia informal de la providencia que se notifica. Es decir, la notificaci\u00f3n se ejecuta conforme al vigente estatuto procesal, mismo que no ha sufrido alteraci\u00f3n por el advenimiento del decreto memorado. <\/p>\n
– Definido que la notificaci\u00f3n del demandado se surti\u00f3 a trav\u00e9s de lo consignado en el C\u00f3digo General del Proceso y no por lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, al convocado, tan pronto como recibi\u00f3 el citatorio de notificaci\u00f3n personal y m\u00e1s a\u00fan, el aviso, le incumb\u00eda entrar en contacto con este juzgado a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos dispuesto para ello, datos que claramente fueron comunicados a trav\u00e9s del aviso enviado, y donde adem\u00e1s se le advirti\u00f3 que dispon\u00eda de tres d\u00edas para realizar el retiro de la demanda y sus anexos, t\u00e9rmino que una vez vencido, iniciaba el c\u00f3mputo del traslado por diez d\u00edas para pronunciarse sobre lo pretendido, oportunidad procesal que desatendi\u00f3 totalmente el demandando y que no revisti\u00f3 el mayor inter\u00e9s por hacerse parte del mismo. <\/p>\n
Por lo brevemente explicado, sin mayores elucubraciones, no se repondr\u00e1 el auto del 23 de junio de 2021\u2026 <\/p>\n
3. Bajo el anterior contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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