STC13947-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13947-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01716-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de septiembre de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ana Isabel Babativa contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL1869-2020, rad. 64846). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que reclam\u00f3 ante la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustituci\u00f3n pensional, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de Silverio Villamil (q.e.p.d.), su compa\u00f1ero permanente, pero la petici\u00f3n fue denegada porque hab\u00eda controversia sobre las beneficiarias, en tanto tambi\u00e9n compareci\u00f3, para el efecto, Mar\u00eda Presentaci\u00f3n Jim\u00e9nez Arias, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que Jim\u00e9nez Arias inici\u00f3 el litigio laboral, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en su criterio, incurri\u00f3 en m\u00faltiples irregularidades desde la admisi\u00f3n del libelo, para, finalmente, desestimar la demanda principal y sus pretensiones como interviniente ad excludendum. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad la revoc\u00f3, para, en su lugar, condenar a Colpensiones al pago de la sustituci\u00f3n prestacional en favor de Jim\u00e9nez Arias (84.85%) y de ella (15.15%), junto con el retroactivo causado desde el 2 de agosto de 2008, bajo un \u00abequivocado entendimiento\u00bb del inciso 3.\u00b0 del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, pues, en este caso, no era viable la divisi\u00f3n proporcional de la pensi\u00f3n, porque no exist\u00eda sociedad conyugal vigente entre el causante y la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, aspecto con el que se desconoci\u00f3 su derecho como compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
Inconforme con esa resoluci\u00f3n, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo en firme la decisi\u00f3n, tras colegir que \u00abla Corte ha clarificado que el referente que le permite al c\u00f3nyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del v\u00ednculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separaci\u00f3n de bienes o la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisici\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi las accionadas hubieran aplicado correcta e imparcialmente el inciso 3\u00ba del literal \u201cb)\u201d del Art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, su fallo no hubiere sido tan desafortunado, pues si bien la sociedad conyugal de MARIA PRESENTACI\u00d3N JIMENEZ ARIAS con SILVERIO VILLAMIL (q.e.d.) que habiendo sido liquidada, tiene el efecto que impide asignar la divisi\u00f3n de la pensi\u00f3n en proporci\u00f3n al tiempo de convivencia o a la asignaci\u00f3n de la cuota parte en la proporci\u00f3n al tiempo convivido a la c\u00f3nyuge\u00bb, sumado a que ella convivi\u00f3 con el causante del 2 de junio de 2003 al 2 de agosto de 2008 (m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os), sin que hubiera vida com\u00fan del de cujus con la c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Finalmente, reliev\u00f3 que acudi\u00f3 al amparo en esta ocasi\u00f3n porque en el fallo STC9875-2021, 5 ago., rad. 2020-01249, esta Corporaci\u00f3n le puso de presente que, en ese resguardo, promovido por Colpensiones, no pod\u00eda aducir pretensiones propias en su condici\u00f3n de tercera vinculada1. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse amparen los Derechos fundamentales invocados y cualquier otro del mismo rango que se determine violado y en consecuencia solicito se ordene la suspensi\u00f3n e inaplicabilidad de las providencias proferidas por las accionadas y se disponga lo necesario para que a la accionada o quien haga sus veces en un plazo prudencial y perentorio proceda a sustituir la totalidad de la pensi\u00f3n mensual del causante SILVERIO VILLAMIL a favor de la compa\u00f1era permanente ANA ISABEL BABATIVA incluyendo las mesadas atrasadas y las prestaciones o primas de junio y diciembre con las correspondientes indexaciones anuales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, ponente de la decisi\u00f3n confutada, relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa sede excepcional y manifest\u00f3 que \u00aben este caso no se cumplen los presupuestos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, ya que la sentencia de casaci\u00f3n que se censura se profiri\u00f3 el 10 de junio de 2020 y se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional cuando hab\u00eda trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde esa decisi\u00f3n, sin que pueda considerarse que dicho t\u00e9rmino se habilit\u00f3 con el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, al resolver la impugnaci\u00f3n dentro de la anterior tutela promovida por Colpensiones, en la que fue vinculada la se\u00f1ora Babativa\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que actu\u00f3 en derecho y que no soslay\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la memorialista. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de la aqu\u00ed convocante en el asunto confutado coadyuv\u00f3 el petitum y arguy\u00f3 que \u00abexiste[n] unas serias contradicciones de las sentencias con la aplicaci\u00f3n de la Ley [797 de 2003], pues c[\u00f3]mo es que se va a asignar cuota parte de la pensi\u00f3n a MAR[\u00cd]A PRESENTACI\u00d3N JIM[\u00c9]NEZ ARIAS si existe la sociedad conyugal liquidada y la convivencia de la misma MAR[\u00cd]A PRESENTACI\u00d3N JIM\u00c9NEZ ARIAS con SILVERIO VILLAMIL (q.e.p.d.) qued\u00f3 demostrado que no hubo separaci\u00f3n de hecho sino separaci\u00f3n de com\u00fan acuerdo y que la convivencia jam\u00e1s fue simult\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo, porque la decisi\u00f3n confutada luce razonable, aunado a que \u00abel razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abde todas las pruebas documentales que se dejaron de valorar los gastos mensuales como son los servicios p\u00fablicos, los de alimentaci\u00f3n, vestuario, impuestos, que con el porcentaje asignado no me alcanza para subsistir en lo que respecta a el m\u00ednimo vital, aun es m\u00e1s cuando yo acuda al servicio m\u00e9dico la EPS me van a cobrar como cuota moderadora el 12% de cada bono sobre un salario m\u00ednimo que se aproxima a el valor que me fue asignado, luego desde ya estar\u00e9 privada de poder acudir a el servicio m\u00e9dico y me afectar\u00e1 en mis Derechos fundamentales como es a la salud y a la vida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral en el que la gestora compareci\u00f3 como interviniente ad excludendum (SL1869-2020, rad. 64846), por mantener en firme el fallo desfavorable del ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 10 de junio de 2020 y la tutela se intent\u00f3 el 20 de agosto de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme la providencia desfavorable del ad quem en el proceso laboral confutado, tras colegir que \u00aben ning\u00fan yerro incurri\u00f3 el Tribunal, pues al haber dado por establecido que no hubo convivencia simult\u00e1nea entre el causante Silverio Villamil y las se\u00f1oras Mar\u00eda Presentaci\u00f3n Jim\u00e9nez Arias y Ana Isabel Babativa, en calidad de c\u00f3nyuge y compa\u00f1era permanente, respectivamente, y que cumplieron las exigencias legales en cuanto a la oportunidad y duraci\u00f3n de la vida en com\u00fan, lo procedente era, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, asignar el derecho a ambas reclamantes en determinada proporci\u00f3n, como se hizo en la sentencia gravada\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cargos tercero, cuarto y quinto \u2013que son los directamente relacionados con la controversia tra\u00edda a colaci\u00f3n\u2013, encaminados por la senda indirecta, con fundamento en \u00abla aplicaci\u00f3n indebida del Art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, mediante (sic) de los Arts. 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral y Arts. 177 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y a falta de aplicaci\u00f3n siendo el caso de hacerlo del \u00faltimo inciso del literal b) del Art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en lo que respecta a la beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abFrente a la prueba testimonial y las declaraciones extra-juicio obrantes en el plenario, acusadas como no valoradas, es necesario precisar que, al revisar en su contexto la acusaci\u00f3n, se observa que aquello que se quiso decir fue que no se valoraron debidamente. <\/p>\n
No obstante, no es posible su estudio por cuanto no son medios de convicci\u00f3n h\u00e1biles para estructurar un yerro en casaci\u00f3n, en virtud de la restricci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 7.\u00ba de la Ley 16 de 1969. Para que proceda su an\u00e1lisis, previamente se requiere que se haya acreditado la comisi\u00f3n del error manifiesto sobre una de las pruebas calificadas, lo que como se evidencia aqu\u00ed no ocurre, circunstancia que impide a la Corte entrar a examinarlas. <\/p>\n
Cabe recordar que el ad quem, para arribar a la conclusi\u00f3n de que el causante hizo vida marital con Mar\u00eda Presentaci\u00f3n Jim\u00e9nez Arias, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuges, por 28 a\u00f1os, y con Ana Isabel Babativa, en uni\u00f3n marital de hecho, por 5 a\u00f1os, fund\u00f3 su convencimiento, esencialmente, en las declaraciones testimoniales de Blanca Estella Lara Mu\u00f1oz y Oliverio Mancipe Mu\u00f1oz, y que ratifica Pompeyo Sanabria Arias, de las cuales concluy\u00f3 que \u00abambas tienen derecho a la prestaci\u00f3n reclamada de acuerdo con lo previsto en la parte final del inciso 3\u00b0 del literal \u201cb\u201d del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, ya que no existe constancia de la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial, solo de una separaci\u00f3n de hecho y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y la convivencia del causante con una y otra super\u00f3 el plazo de 5 a\u00f1os que prev\u00e9 la citada disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, se reitera que los jueces de instancia no est\u00e1n sometidos a la tarifa legal, como quiera que, atendiendo los mandatos previstos en el art. 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y as\u00ed formar de manera libre su convencimiento, siempre y cuando atiendan el principio de la sana cr\u00edtica, lo que lleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a los reproches: (i) sexto, enfilado tambi\u00e9n por la v\u00eda indirecta, ya que el juez colegiado incurri\u00f3 en \u00abla aplicaci\u00f3n indebida del \u00faltimo inciso del Art. 13 de la Ley 797 de 2003 en lo que respecta a la asignaci\u00f3n de la cuota parte asignada a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, con la cual existe supuestamente la sociedad conyugal vigente y a falta de ello siendo el caso de hacerlo, no otorgar la cuota parte a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite con la que no existe la sociedad conyugal vigente como as\u00ed lo consagra el \u00faltimo inciso del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003\u00bb; y (ii) octavo, en el que acus\u00f3 de violaci\u00f3n directa de la ley sustancial a la sentencia de segundo grado, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, la corporaci\u00f3n denunciada se pronunci\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abLa principal raz\u00f3n que sustenta la acusaci\u00f3n en estos cargos, corresponde al hecho de que los esposos liquidaron la sociedad conyugal, lo que, a juicio de la censura, sirve de apoyo para demostrar que la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite no es beneficiaria de una cuota parte de la pensi\u00f3n \u00abque no disfrutaba con el causante\u00bb. <\/p>\n
De entrada, se advierte que no le asiste raz\u00f3n al recurrente, pues esta Corte ha determinado que tales figuras, pertenecientes al derecho de familia, no son determinantes frente al reconocimiento del beneficio pensional. As\u00ed lo explic\u00f3 en sentencia CSJ SL5141-2019, en la que se rememora la CSJ SL1399-2018: <\/p>\n
Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al c\u00f3nyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del v\u00ednculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separaci\u00f3n de bienes o la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisici\u00f3n del derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Sala, el Tribunal hizo una lectura correcta de las pruebas obrantes en el expediente, pues recogiendo lo afirmado por la demandante Mar\u00eda Presentaci\u00f3n Jim\u00e9nez Arias, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal se realiz\u00f3 luego de que el pensionado fallecido abandonara su hogar y con la finalidad de proteger \u00ablos derechos que \u00e9l ten\u00eda y las obligaciones con su hija\u00bb y con ella misma, lo cual, de manera alguna puede significar una ruptura de la unidad familiar o el incumplimiento de la solidaridad y lealtad existente entre los c\u00f3nyuges\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De otra parte, en lo atinente (i) al s\u00e9ptimo embate propuesto en sede extraordinaria, en el que, igualmente, censur\u00f3 la vulneraci\u00f3n directa del plurimencionado precepto 13 de la Ley 797 de 2003, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea; as\u00ed como (ii) el noveno cargo, fundado en id\u00e9nticos argumentos y bajo los mismos cauces, se explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPara la Sala en ning\u00fan yerro incurri\u00f3 el Tribunal, pues al haber dado por establecido que no hubo convivencia simult\u00e1nea entre el causante Silverio Villamil y las se\u00f1oras Mar\u00eda Presentaci\u00f3n Jim\u00e9nez Arias y Ana Isabel Babativa, en calidad de c\u00f3nyuge y compa\u00f1era permanente, respectivamente, y que cumplieron las exigencias legales en cuanto a la oportunidad y duraci\u00f3n de la vida en com\u00fan, lo procedente era, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, asignar el derecho a ambas reclamantes en determinada proporci\u00f3n, como se hizo en la sentencia gravada. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed porque, si bien la Corte en la interpretaci\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la c\u00f3nyuge como la compa\u00f1era permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 a\u00f1os continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado, en una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica con el inciso 3\u00ba del literal b) ib\u00eddem, cuando se trata del evento del c\u00f3nyuge separado de hecho, como es aqu\u00ed el caso, ha precisado que la convivencia de los 5 a\u00f1os puede verificarse en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que el legislador cuando se refiere a la posibilidad del c\u00f3nyuge de acceder al beneficio prestacional peri\u00f3dico cuando medie \u00abseparaci\u00f3n de hecho\u00bb, naturalmente presupone que no hay vida en com\u00fan de la pareja de casados al momento de la muerte. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan jurisprudencia de esta Sala, el c\u00f3nyuge con uni\u00f3n matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar leg\u00edtimamente la pensi\u00f3n de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 a\u00f1os, en cualquier tiempo. Criterio expuesto, entre otras, en sentencia CSJ SL2232-2019, en la que se rememora la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637. (\u2026) El anterior criterio se reivindic\u00f3 en las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017 y SL6519-2017, entre otras\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 A folio 6 se advierte: \u00abEn relaci\u00f3n con el cuestionamiento formulado de manera independiente por la se\u00f1ora Ana Isabel Babativa, quien present\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria que dio lugar al fallo confutado (SL1869-2020, rad.64846), se tiene que su intervenci\u00f3n en esta acci\u00f3n \u2013acompa\u00f1ando parcialmente la pretensi\u00f3n de invalidar la sentencia referida, pero por diferentes razones\u2013 se da como tercera vinculada, de modo que, bajo esa limitaci\u00f3n, no podr\u00eda aducir pretensi\u00f3n propia\u00bb. <\/p>\n
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STC13947-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13947-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01716-01 (Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de septiembre de 2021, proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}